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¿Las entidades demandadas están legitimadas en la causa por pasiva por el presunto incumplimiento de un contrato del cual no fueron parte? Sí
El contratista no puede demandar a entidades que no fueron parte del contrato de compraventa, ya que estas no tienen relación directa con la obligación de entrega del bien, que recae en la entidad vendedora original. La legitimación en la causa por pasiva de las entidades demandadas no se configura cuando no participaron en la relación contractual como propietarios vendedores, y el desplazamiento patrimonial alegado tiene su origen en una causa jurídica, el contrato de compraventa, que ya se está perseguiendo a través del medio de control de controversias contractuales. Por lo tanto, no se cumplen los requisitos para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa como pretensión subsidiaria. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de que la entidad demandada tenga una relación directa con la obligación incumplida y que no existan otras acciones contractuales para resolver el conflicto.síntesis automática
También resuelve:¿Como el desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica –el contrato de compraventa–, que fue perseguida a través del medio de control de controversias contractuales…¿Cuáles son los presupuestos del contrato de compraventa?¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, especialmente la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en asuntos…
¿Resulta procedente abordar el asunto sub lite desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual soportada en el enriquecimiento sin causa, cuando se observa que las pretensiones de la demanda tienen naturaleza estrictamente contractual? No
El contratista no puede basar su demanda en la responsabilidad extracontractual de enriquecimiento sin causa cuando las pretensiones de la demanda tienen una naturaleza estrictamente contractual, ya que la controversia se centra en el alcance de las obligaciones derivadas del contrato. Además, la Sala confirma que es procedente analizar las reclamaciones del contratista en sede judicial respecto a las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato, siempre y cuando el material probatorio en el plenario permita establecer el contenido de dichas salvedades, incluso si el documento remitido no se encuentra en el expediente. Esto implica que las partes deben aportar pruebas concretas y específicas en la liquidación del contrato y que la entidad judicial puede considerar otras pruebas en el plenario para determinar la correspondencia entre las pretensiones y las situaciones expuestas en los oficios, siempre que no se supla la carga de la prueba que les corresponde a las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el análisis de las reclamaciones del contratista realizadas en sede judicial con miras a objetar el acta de liquidación bilateral del contrato de obra…¿Mediante la modalidad de pago del contrato a precio global, el contratista asume el riesgo por mayor cantidad de obra, salvo que los costos adicionales tengan causa en prestaciones ajenas al objeto…¿Resulta procedente declarar la ruptura del equilibrio económico del contrato No. 062-3 de 2009 y reconocer el valor actualizado de las obras ejecutadas…
¿Cuál es el elemento determinante para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa en materia contenciosa administrativa? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de enriquecimiento sin causa para reclamar el pago de obras o servicios ejecutados sin un contrato estatal previo, ya que esta acción requiere que no se pretenda desconocer o contrariar normas imperativas, como la exigencia de solemnidad en la celebración de contratos estatales. La Sala establece que la buena fe objetiva, que debe regir en el contrato, implica el cumplimiento de principios como la transparencia y la selección objetiva, y no permite eludir mandatos legales. Aunque existen hipótesis excepcionales en las que podría proceder la acción sin contrato, estas son interpretadas restrictivamente. En materia contenciosa administrativa, la pretensión de enriquecimiento sin causa se ejerce mediante la acción de reparación directa, y el procedimiento se rige por las reglas de la reparación directa, incluyendo la competencia y los términos de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Se vulnera el principio de la buena fe al pretenderse la restitución del contrato por hecho cumplido?¿En qué eventos es procedente la actio de in rem verso por hecho cumplido?¿Cuál es la acción contenciosa procedente para reclamar los perjuicios derivados del enriquecimiento sin justa causa?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción administrativa como guardiana del orden jurídico y en la necesidad de garantizar el debido proceso en controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas. La modificación de la regla implica que los litigantes deben considerar la cuantía de sus pretensiones para determinar la jurisdicción competente en segunda instancia, lo que puede afectar significativamente la estrategia procesal y los costos asociados a la litigación.síntesis automática
También resuelve:¿Es la reparación directa el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por enriquecimiento sin justa causa?¿La acción de reparación directa fue presentada dentro de los dos años siguientes al registro del trámite de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato?¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿La caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal por medio del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción, que opera por mandato normativo al verificarse el cumplimiento del plazo extintivo? Sí
El contratista no puede presentar una acción contractual después de que caduca el término legal, que se inicia a partir de la firma del acta de liquidación bilateral o, en su defecto, del plazo que tenía la entidad para realizarla, según lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en la necesidad de brindar seguridad jurídica al conglomerado social, protegiendo los intereses colectivos y generales mediante la institución de la caducidad de la acción, que es de orden público e irrenunciable. La Sala reitera su jurisprudencia sobre la contabilización del término de caducidad en contratos que requieren liquidación, lo que implica que las partes deben cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para evitar la caducidad de la acción contractual.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos que requieran de liquidación, como lo son los contratos de tracto sucesivo y los que señala el artículo 60 de la ley 80 de 1993…¿El acta de liquidación bilateral es un negocio jurídico que nace de la autonomía negocial de quienes suscribieron el contrato estatal y que se orienta a dar firmeza o definición a las prestaciones…¿El acta de liquidación del contrato estatal se puede realizar con posterioridad al término pactado o supletorio de 4 meses para su adopción por mutuo acuerdo y del período de 2 meses en que la…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, que establece la competencia del Consejo para resolver recursos de apelación. Esta competencia se extiende a casos en que la cuantía de la pretensión supera la suma prevista en el artículo 132 numeral 8 del mismo decreto, según el artículo 20 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo. La modificación de este precedente facilita el acceso a la justicia en controversias contractuales de alto valor, permitiendo una revisión más amplia de las decisiones judiciales en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los…¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
Dado que el régimen del convenio de asociación que se analiza corresponde al derecho privado, y en este escenario no se ejercen prerrogativas de poder público, ¿resulta indispensable su cuestionamiento en sede judicial para avanzar en el examen de incumplimiento, pues tal exigencia está referida exclusivamente a los actos administrativos? No
En un convenio de asociación regido por el derecho privado, en el que no se ejercen prerrogativas de poder público, el examen del incumplimiento no exige cuestionar judicialmente actos administrativos, pues esa exigencia se refiere exclusivamente a los actos de esa naturaleza. La regla se apoya en que el régimen privado del negocio determina las obligaciones y el análisis de su cumplimiento, sin que la impugnación de actos administrativos sea presupuesto para estudiarlo. Por ello, la discusión sobre el incumplimiento puede avanzar con el análisis de las obligaciones pactadas y de las pruebas aportadas al proceso. En el asunto, la Sala examinó primero las generalidades del negocio jurídico que originó el litigio y luego los supuestos específicos del incumplimiento alegado, y confirmó la decisión de la primera instancia. En la práctica, en los convenios de derecho privado el incumplimiento se examina con las cláusulas pactadas y no con la impugnación de actos administrativos.síntesis automática
¿Se probó el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada? No
En la acción de enriquecimiento sin causa el demandante debe probar el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada y su propio empobrecimiento, así como la prestación efectiva de los servicios que alega, de modo que no basta con afirmar la existencia de la prestación ni con un dictamen que se limite a actualizar el valor de las facturas. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el demandante que no formula reparos a la conclusión del tribunal sobre la inexistencia del enriquecimiento no sustenta su pretensión en segunda instancia. Segundo, el empobrecimiento exige probar la prestación alegada, y las pruebas documentales y periciales deben acreditar su realización. Tercero, un peritaje que solo actualiza el valor de las facturas y del monto total del proyecto no demuestra el enriquecimiento ni el empobrecimiento. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la prueba de los servicios prestados y del beneficio obtenido por la entidad debe aportarse de manera específica en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Los requisitos del enriquecimiento sin causa están ausentes de prueba en el caso que ocupa la atención de la Sala?¿El Tribunal advirtió que no se había acreditado el enriquecimiento alegado?
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia?¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión?¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
¿Aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos, es deber del juez estudiar las pretensiones, desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos? Sí
En los contratos estatales, el juez debe estudiar las pretensiones relativas a la ejecución aunque la parte no haya formulado reclamación específica ni salvedad al suscribir suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o contratos adicionales. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el alcance de estos acuerdos debe interpretarse en cada caso, pues su firma no implica necesariamente la renuncia a reclamar. Segunda, el deber del juez consiste en desentrañar la verdadera intención de las partes frente a esos acuerdos, con el fin de determinar si la reclamación está vigente. En el caso, la providencia niega la pretensión de la parte que alegaba que su silencio al firmar los acuerdos impedía el estudio de sus reclamaciones. En la práctica, la firma de prórrogas o adicionales sin salvedad no cierra automáticamente la discusión de los perjuicios de la ejecución, y el juez examinará si las partes quisieron renunciar a ellos.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se legan los perjuicios originados en una…¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales?
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación?¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
¿Es improcedente resolver la controversia con fundamento en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensión alguna ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual? Sí
El contratista no puede basar la resolución de una controversia en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensiones ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual, debido a que la jurisdicción es de carácter rogado y las pretensiones de las partes resultan vinculantes. El juez no puede modificar la causa petendi ni el petitum de la demanda, ni introducir pretensiones que no fueron instauradas por las partes, y debe respetar el principio de congruencia y el derecho contractual celebrado entre las partes. Por lo tanto, es improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta controversia y la resolución debe basarse en el medio de controversias contractuales, atendiendo el régimen legal aplicable al negocio suscrito por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato?¿La parte demandante desvirtuó la presunción de legalidad de la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-18Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 20001233300020150064701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los autos proferidos por tribunales administrative, mediante los cuales se resuelve un incidente de regulación de honorarios? Sí
La providencia que resuelve un incidente de regulación de honorarios es apelable, conforme al numeral 5 del artículo 321 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, y su resolución en segunda instancia corresponde al magistrado ponente, según los artículos 125 y 243 del CPACA. El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de los recursos de apelación contra los autos de los tribunales administrativos respecto de los cuales resulte procedente ese medio de impugnación, de acuerdo con el artículo 150 del CPACA. En el caso concreto, la abogada reclamó honorarios por actuaciones realizadas después del vencimiento del plazo del contrato de prestación de servicios profesionales con el fondo, y la providencia confirmó la negativa del reconocimiento, porque esas actuaciones no se realizaron en virtud de una relación contractual vigente con el Estado. Como consecuencia práctica, los honorarios por defensa judicial solo son reconocibles en la medida en que la actuación se encuentre cubierta por el contrato que las sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Las actuaciones desarrolladas por la profesional del derecho con posterioridad al 25 de junio de 2018, fecha en la que se cumplió el plazo estipulado en el contrato de prestación de servicios…¿Dado que las prestaciones ejecutadas por la abogada entre el 22 de noviembre de 2018 y el 28 de marzo de 2019 se efectuaron sin contar con un vínculo obligacional vigente con el Estado…
¿La legitimación en la causa refiere a la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto, y, por tanto, a la vinculación funcional o material que tienen los sujetos procesales frente a la situación fáctica y jurídica alegada en el mismo? Sí
La legitimación en la causa es la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto y se refiere a la posición que los sujetos procesales ocupan frente a la situación fáctica y jurídica alegada, de modo que quien formula pretensiones o las controvierte debe tener un interés legítimo en la declaración pedida. La regla se sostiene en que la legitimación está relacionada con el objeto mismo de la litis, pues es un elemento sustancial vinculado con la pretensión y un presupuesto fundamental para dictar la sentencia de fondo. Por ello, las peticiones solo pueden dirigirse contra quienes cuentan con un interés legítimo frente al derecho discutido, y su ausencia impide decidir el fondo. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia con base en esa noción de legitimación. En la práctica, la falta de legitimación en la causa se examina como un presupuesto de la sentencia de fondo y no como una simple formalidad del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Turbo se encuentra legitimado en la causa por pasiva en la presente acción de controversias contractuales, al ser responsable solidario como beneficiario de la obra?¿Resulta procedente el análisis de los argumentos nuevos del demandante tendientes a imputar responsabilidad al ente territorial demandado por cuenta de un supuesto enriquecimiento sin causa…¿El municipio de Turbo se encuentra legitimado en la causa por pasiva en la presente acción de controversias contractuales, al estar representado por Fundacubo en la ejecución del contrato de obra…
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación, salvo las excepciones que se derivan de los principios o normas constitucionales, los compromisos vinculantes asumidos por el Estado y las normas legales de carácter imperativo? Sí
El juez de segunda instancia se circunscribe al contenido del recurso de apelación, salvo excepciones derivadas de principios constitucionales, compromisos internacionales del Estado y normas legales imperativas, lo que implica que su competencia se limita a los aspectos específicamente planteados por el recurrente, a menos que se trate de materias que por su naturaleza deben ser decididas oficiosamente. En otro orden, el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para resolver disputas que surgen de la ejecución de contratos estatales, como en el caso de una Unión Temporal que reclama el pago de mayores cantidades de servicios prestados en el marco de un contrato de asociación y apoyo, siempre y cuando la controversia tenga su origen en el contrato y no en un enriquecimiento sin causa. Esta decisión reitera y refuerza la jurisprudencia existente sobre la competencia del juez de segunda instancia y la procedencia del medio de control de controversias contractuales, lo que tiene implicaciones significativas para la interpretación y aplicación de la ley en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el reconocimiento y pago de una mayor cantidad de servicios educativos prestados en el marco de un Contrato de…¿Aunque las partes denominaron “contrato” al negocio jurídico por ellas contraído, lo que realmente suscribieron fue un “convenio” de asociación para “la prestación del servicio público educativo en…¿Debe declararse de oficio la caducidad del medio de control de controversias contractuales incoado para reclamar el pago de las sumas por concepto de mayor cantidad de servicios de educación…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte, y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, por otra? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar la nulidad del acto que impuso una multa y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de iniciarse el proceso. La demanda se interpuso dentro del plazo de dos años desde la notificación de la resolución que impuso la multa y desde la notificación del acto que liquidó unilateralmente el contrato, por lo que no se declara la caducidad de la acción. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que las demandas presentadas en estos términos no serán declaradas extemporáneas.síntesis automática
También resuelve:¿La ineptitud de la demanda en forma, constituye ina ecepcion que debe ser declara de oificio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia?¿Como el municipio de Medellín fue parte del contrato de obra público objeto de controversia y lo celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico que le resulta aplicable…¿La liquidación unilateral del contrato de obra pública se realizó de forma oportuna, pese a que fue efectuada luego de haberse cumplido el término de dos meses dispuesto para tal efecto en la…
¿Es procedente reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por mayor permanencia en la obra, a pesar de que las partes en el marco de la autonomía de la voluntad, pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo? No
El contratista no puede reclamar por sobrecostos originados por una mayor permanencia en la obra, cuando las partes en el marco de la autonomía de la voluntad pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni por la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia, y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo. La intención de las partes, claramente exteriorizada en el contrato, prevalece y no es posible interpretar el contrato de manera que vaya en contra de lo acordado por los contratantes. Esta regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la necesidad de respetar la intención de las partes, lo que implica que los contratistas deben cumplir con los acuerdos pactados y renunciar a cualquier reclamación en los términos acordados.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que la demandada incumplió el pago de las actas de reajuste reclamadas, según lo pactado por las partes en el contrato de obra pública…¿El desplazamiento patrimonial alegado por el demandante, que tiene origen en el contrato de obra pública, perseguido a través de la acción de controversias contractuales…¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de los contratos administrativos?
¿El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos con ocasión del negocio jurídico, son actos contractuales? Sí
El contratista no puede anular la resolución de EPM que liquida unilateralmente un contrato de obra, ya que este régimen de contratación se rige por el derecho privado y no por el derecho administrativo, por lo que los actos expedidos en el marco del contrato no son actos administrativos sino contractuales. La Sección Tercera del Consejo de Estado confirma que la liquidación unilateral es un acto contractual y no administrativo, por lo que no está sujeto a los mismos requisitos y efectos que un acto administrativo. Esta decisión reitera la jurisprudencia que establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios como EPM se rigen por el derecho privado en sus contratos, lo que implica que las cláusulas de liquidación son pactos accesorios y no actos administrativos obligatorios.síntesis automática
También resuelve:¿Es pasible de anulación la Resolución 196502 de 2001, mediante la cual EPM liquidó unilateralmente el contrato de obra 1104308 de 1999, después de que, como aduce la parte recurrente…¿Es procedente incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en los contratos, en cuanto esta estipulación no implique una condonación del dolo futuro…¿Incumplió EPM su obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato 1104308 de 1999, al no reconocer, a favor de la contratista…
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
Cuando la controversia contractual se origina en la actividad negocial de una entidad pública y la suma de las pretensiones supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; la apelación de esas sentencias corresponde a la corporación, conforme al artículo 129 del mismo código; y la suma de las pretensiones se determina con el artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil. En el caso, la suma de las pretensiones superó el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo, por lo que la corporación asumió la competencia y resolvió el recurso. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la demanda, y no la instancia del tribunal, determina la competencia en la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro del término establecido por la Ley?¿La unión temporal Jerusalén Ciudad Bolívar está legitimada en la causa por activa y el IDU por pasiva?¿Tiene valor probatorio el documento aportado en copia simple?
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