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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia

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Fecha
2025-04-04
Radicado
76001233300020160026502
Número interno
72101
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO AUTOMATIZACIÓN 2010
Demandado
GERENTE DE EMCALI EICE E.S.P

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia

Lo que dijo la Sala

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales, procede la Subsección a decidir la segunda instancia de la presente litis. Con ese propósito, se abordarán los asuntos en discusión… [pues]… le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos específicos presentados en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede presentar reparos contra la sentencia de primera instancia y el juez de segunda instancia debe emitir pronunciamiento de fondo siempre que se cumplan los presupuestos procesales del medio de control y no se configure ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, lo que implica que el juez debe analizar los argumentos específicos presentados en el recurso de apelación. En otro caso, el contrato celebrado entre Emcali y el concesionario puede ser modificado durante su vigencia siempre que se acuerde sobre su objeto y contraprestación y sea firmado por las partes, considerándose perfeccionado cuando se alcance este acuerdo. La Sala reitera que la modificación del contrato debe ajustarse a las cláusulas pactadas y a la regulación del derecho privado, y no confundir mayor cantidad de obra con obras adicionales distintas a las acordadas contractualmente, lo que tiene implicaciones en la determinación del pago correspondiente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia, cuando se cumplen los presupuestos procesales del medio de control y no se configura ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, art. 328

También resuelve

  • ¿El negocio jurídico que celebró el consorcio y Emcali correspondió a un contrato de obra encaminado al correcto funcionamiento de las plantas y sedes de esa empresa de servicios públicos…
  • ¿El contrato de obra celebrado entre Emcali y el concesionario podía ser modificado durante su vigencia y se consideraba perfeccionado cuando se acordara sobre su objeto y contraprestación y fuera…
  • ¿El acta de recibo final ofrece, por sí sola, la convicción necesaria para determinar que el contratista efectivamente ejecutó las actividades por las cuales reclamó el pago por mayores cantidades de…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NULIDAD NULIDAD PROCESAL NULIDAD DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL PRESUPUESTO PROCESAL PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ CONTRATO NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO TIPOLOGÍA DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARTES DEL CONTRATO CONSORCIO EMCALI ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NATURALEZA JURÍDICA DE EMCALI RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LEY 142 DE 1994 MANUAL DE CONTRATACIÓN PAGO PAGO AL CONTRATISTA PAGO PARCIAL PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL OTROSÍ AL CONTRATO REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DERECHO PRIVADO CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO INAPLICACIÓN DE LA LEY 142 DE 1994 PRECIO UNITARIO MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBRA PÚBLICA ADICIONAL ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO CONTRATO ESCRITO ACUERDO DE VOLUNTADES CONTRATO ESTATAL CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA FALTA DE PRUEBA INTERVENTOR FACULTADES DEL INTERVENTOR FUNCIÓN DEL INTERVENTOR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA VOLUNTAD JURÍDICA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PRINCIPIO DE OPONIBILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INCREMENTO DEL PRECIO ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATISTA RELACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO ADICIONAL CONTRATO ADICIONAL ESTATAL EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES TESTIMONIO CONCEPTO DE INTERVENTOR OBJETO DEL INTERVENTOR OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR DECLARACIÓN DE TESTIMONIO VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO VALORACIÓN DEL TESTIMONIO VALIDEZ DEL TESTIMONIO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INFORME DEL INTERVENTOR BALANCE PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIÓN DEL PROCESO INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 28.927 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD / NULIDAD PROCESAL / NULIDAD DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ Problema jurídico: ¿Debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia, cuando se cumplen los presupuestos procesales del medio de control y no se configura ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado? Respuesta al problema jurídico: Si Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales, procede la Subsección a decidir la segunda instancia de la presente litis. Con ese propósito, se abordarán los asuntos en discusión (...) [pues] (...) le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos específicos presentados en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la potestad oficiosa del juez para pronunciarse sobre los presupuestos procesales del medio de control, consultar, la sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, proferida el 6 de abril de 2018, exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / TIPOLOGÍA DE CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO / CONSORCIO / EMCALI / ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NATURALEZA JURÍDICA DE EMCALI / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / LEY 142 DE 1994 / MANUAL DE CONTRATACIÓN / PAGO / PAGO AL CONTRATISTA / PAGO PARCIAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL / OTROSÍ AL CONTRATO / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / INAPLICACIÓN DE LA LEY 142 DE 1994 Problema jurídico: ¿El negocio jurídico que celebró el consorcio y Emcali correspondió a un contrato de obra encaminado al correcto funcionamiento de las plantas y sedes de esa empresa de servicios públicos domiciliarios, en el que se fijaron precios según cada ítem pactado y su regulación se rigió por el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente asunto, el contrato 800-GA-CO-224-2010 fue suscrito por Emcali, entidad constituida como empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios dotada de personería jurídica y patrimonio propio e independiente. Así, se advierte que, en su gestión contractual, se encuentra sometida, por regla general, a las normas consagradas en la Ley 142 de 1994 y a lo establecido en la Resolución 1169 de 2009, por medio de la cual se adoptó el Manual de Contratación de la entidad. Al respecto, el negocio jurídico se suscribió con el objeto de: “Realizar la construcción, diseño y montaje del sistema de automatización en las plantas de Puerto Mallarino, Río Cali, La Reforma y Río Cauca (…)”. Como contraprestación, se pactó inicialmente el pago de $5.807’764.952, IVA incluido. Aunque en el clausulado no se hizo referencia a la tipología contractual, se advierte que el contrato se suscribió para el desarrollo de obras y otras actividades para “el correcto funcionamiento de las plantas y sedes de la empresa”. De conformidad con el objeto descrito del negocio, se evidencia que no se trató de aquellos contratos especiales contemplados en el artículo 39 de la Ley 142 de 1994 y, por ende, se encontró excluido de la regulación del EGCAP y se rigió por las normas de derecho privado. En el evento analizado, se reitera que, según el objeto del negocio, el Consorcio (…) se comprometió a realizar la construcción y montaje de un sistema de automatización para diferentes plantas de tratamiento a cargo de Emcali. Como retribución al contratista, se pactó la suma de $5.807’764.952, cuyo reconocimiento se daría “mediante actas parciales de pago proporcionales al avance de la ejecución de las actividades que incluye en el trabajo” (cláusula sexta), y que fue desglosada en la cláusula vigésima tercera del acuerdo, donde se incluyó un cuadro de cantidades, valores y precios por cada ítem a ejecutar, según las unidades requeridas. Además, se evidencia que el valor del contrato fue incrementado mediante otrosíes 1 y 4 (…). En ese orden, la Sala concluye que lo convenido entre Emcali EICE E.S.P. y el Consorcio (…) correspondió a un contrato de obra en el que se fijaron precios según cada ítem pactado y que se rigió por el derecho privado. FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 39, RESOLUCIÓN 1169 DE 2009 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO UNITARIO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBRA PÚBLICA ADICIONAL / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / EMCALI / MANUAL DE CONTRATACIÓN / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO ESCRITO / ACUERDO DE VOLUNTADES / PARTES DEL CONTRATO / OTROSÍ AL CONTRATO Problema jurídico: ¿El contrato de obra celebrado entre Emcali y el concesionario podía ser modificado durante su vigencia y se consideraba perfeccionado cuando se acordara sobre su objeto y contraprestación y fuera firmado por las partes? Respuesta al problema jurídico: Si Para efectos de valorar este punto, la Sala se referirá, para aplicar en este caso, a la diferencia entre los conceptos de mayor cantidad de obra y las obras adicionales distintas a las acordadas contractualmente, debido a que la jurisprudencia de esta Sección ha abordado las dos nociones de manera diferente. Esta determinación cobra relevancia de cara a: (i) la causa expuesta por el demandante, al solicitar el pago de una mayor cantidad de obras, la cual contrasta con (ii) el entendimiento que le habría otorgado el Tribunal al contenido del acta de recibo final como obras adicionales. Sobre el particular, se destaca que, cuando, siguiendo las previsiones contractuales, se ejecutan mayores cantidades de las inicialmente previstas en un negocio con precios unitarios, sin que ello implique alterar el alcance de las obligaciones, no es necesario suscribir un acuerdo adicional para el reconocimiento de dichas labores, porque lo desarrollado corresponde a la realización de un número añadido de los ítems previstos. Por el contrario, en aquellas ocasiones en las que se evidencia una variación sustancial de las prestaciones del negocio jurídico, con independencia de la forma de remuneración pactada, estas actividades deben materializarse a través de un contrato adicional, debido a que repercuten en lo pactado inicialmente. En efecto, esta Corporación ha recalcado que la adición del contrato implica la modificación de lo inicialmente contratado, por el hecho de agregar obras o trabajos que, aunque relacionados con el objeto inicial, exceden el alcance del texto del contrato por no haber sido primigeniamente previstos. Si bien el contrato objeto de estudio es regulado por el derecho privado, el sometimiento a sus propias previsiones (principio de normatividad) y su naturaleza estatal permiten aplicar los criterios señalados previamente por la jurisprudencia de esta Corporación. En todo caso, se destaca que, según el manual de contratación de Emcali, “la contratación de EMCALI se perfeccionará mediante documento escrito en el que conste el mutuo acuerdo de las partes” (artículo 27), y los negocios jurídicos de la entidad pueden ser modificados las veces que sea necesario, siempre y cuando se realice dentro de su vigencia y se documente dentro del expediente administrativo. De igual forma, la cláusula vigésima primera del acuerdo señaló que “este contrato se considera perfeccionado cuando haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y sea firmado por las partes”. Así, lo anterior ratifica que toda variación sustancial a las prestaciones convenidas debía encontrarse elevada a escrito y aprobada por las partes, como ocurrió con los diferentes otrosíes evidenciados en el plenario. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el pago de la mayor cantidad de obras a las previstas inicialmente en el contrato, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 31 de agosto de 2011, exp. 18.080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre la variación sustancial de las prestaciones del negocio jurídico, con independencia de la forma de remuneración pactada, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 10 de octubre de 2024, exp. 67.508, C.P. Fredy Ibarra Martínez. Sobre la celebración de un contrato adicional cuando se varía, de forma sustancial, lo pactado inicialmente, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 13 de agosto de 2024, exp. 70.470, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Sobre la adición del contrato como modificación de lo inicialmente contratado, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 10 de octubre de 2024, exp. 67.508, C.P. Fredy Ibarra Martínez. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, RESOLUCIÓN 004 DE 2020 - ARTÍCULO 27 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL / FALTA DE PRUEBA / INTERVENTOR / FACULTADES DEL INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO / MANUAL DE CONTRATACIÓN / VOLUNTAD JURÍDICA / EMCALI / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PRINCIPIO DE OPONIBILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El acta de recibo final ofrece, por sí sola, la convicción necesaria para determinar que el contratista efectivamente ejecutó las actividades por las cuales reclamó el pago por mayores cantidades de obra, a pesar de que no se demostró que Emcali autorizó dicho pago y que esas obras fueron materializadas? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el presente asunto, se solicitó el reconocimiento y pago de una mayor cantidad de obra ejecutada por el contratista que fue consignada en el acta de recibo final -es decir, no se alega el reconocimiento de prestaciones adicionales de las convenidas-, sino de unas actividades ejecutadas con el fin de cumplir las prestaciones ya pactadas, sin que -a juicio de la actora- ello hubiese implicado modificación alguna al objeto negocial. Al respecto, se evidencia que el contratista reclama la supuesta ejecución de mayores cantidades de obra, y no de obras adicionales, de conformidad con el contenido del acta de recibo final en la que se consignó la suma de $372’684.737 en su favor, por labores relacionadas con la dosificación de coagulantes para las plantas de tratamiento y el suministro de baterías, cableado y tubería para equipos en los distintos puntos de ejecución del negocio. Según la demandante, ello coincide con ítems previstos en el listado desglosado en el cuadro de cantidades y precios del contrato, lo cual buscó reforzar con el testimonio del interventor del contrato que habría constatado que dichas actividades correspondieron a mayores cantidades ejecutadas con el fin de cumplir el objeto contractual pactado. (...) Esta Subsección ha considerado que la procedencia del reconocimiento dinerario por mayores cantidades de obra se supedita a que éstas hayan sido autorizadas por el ente estatal (quien, a ese efecto, puede actuar por conducto del interventor), y su materialización debe estar demostrada. En ese contexto, la gestión que emprende la interventoría también radica en la revisión de las labores ejecutadas por el contratista; de manera que -en este proceso- la suscripción por su parte del acta de recibo, sin respaldo en lo previamente acontecido, no es suficiente para hacer oponible al contratante el reconocimiento de mayores valores. Tal como se evidencia en el caso concreto en el que el documento referido se aportó sin anexos, ni documentos que permitan constatar la ejecución de su contenido, por lo que debían ser acreditadas con los soportes necesarios. La Sala considera que el accionante no probó las mayores cantidades que dijo ejecutar y cuyo pago reclama, por lo que, en este caso, el acta de recibo no resulta exigible en ese tópico específico. A su vez, ni el contrato, ni el manual de contratación de la entidad le otorgaron al interventor la potestad de comprometer la voluntad de Emcali, en el sentido de reconocer -a posteriori y sin soportes- una mayor actividad, aunque podía autorizarla. De manera que, con el propósito de que el acta hubiese sido suficiente para cobrar el monto allí consignado, debió ser suscrita por el representante legal de la demandada. En efecto, en el marco del contrato 800-GA-CO-224-2010 se encuentra que el interventor, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Producción de Agua Potable de la Planta del Río Cauca, tenía a su cargo la labor de verificar y constatar el adecuado cumplimiento de las obligaciones para lograr con el objeto pactado en el negocio jurídico. En ejercicio de dicha función, suscribió el acta de recibo final del 4 de diciembre de 2013, en la que se dijo establecer un valor de $372’684.737 en favor del contratista. En cuanto al documento objeto de estudio, se advierte que se consignó que la suma de dinero había sido aprobada por la entidad contratante mediante ficha de inversión No. 3.3101.0447; sin embargo, dicho soporte no fue aportado al sub lite. Así las cosas, de cara al caso concreto, se concluye que el acta no ofrece convicción necesaria para determinar, por sí sola, que el contratista efectivamente hubiere ejecutado las actividades por las cuales reclama el pago, debido a que no se demostró que las cantidades relacionadas hubieran sido efectivamente consumadas, ni se comprobaron sus costos, por lo que el documento referido no es suficiente para acreditar la ejecución (diferente a la autorización) de las actividades ahí consignadas ni para hacer oponible el saldo registrado a cargo de la entidad contratante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia del reconocimiento dinerario por mayores cantidades de obra cuando ha sido demostrada su materialización y ha sido autorizada por el ente estatal, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 13 de noviembre de 2013, exp. 23.829, C.P. Hernán Andrade Rincón. Sobre la insuficiencia del acta de recibo sin respaldo, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 27 de octubre de 2023, exp. 69.668, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / OTROSÍ AL CONTRATO / INCREMENTO DEL PRECIO / ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERVENTOR / CONTRATISTA / RELACIÓN CONTRACTUAL / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / FALTA DE PRUEBA / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES Problema jurídico: ¿El acervo probatorio allegado al proceso da cuenta de que las actas de suspensión y los otrosíes suscritos por los contratantes tuvieron relación con las actividades mencionadas en el acta de recibo final, las cuales fueron reclamadas como mayores cantidades? Respuesta al problema jurídico: No Una vez realizado el anterior recuento probatorio, la Sala constata que el demandante pretendió demostrar las mayores cantidades que, según se adujo, fueron ejecutadas, con fundamento en diferentes documentos suscritos durante la ejecución contractual, que fueron decretados como pruebas y se relacionaron en precedencia. Sobre dicho acervo, se encuentra que esas piezas no permiten dar cuenta de la materialización de dichos ítems, por las razones que pasan a explicarse. En primera medida, se halla que los sujetos del contrato suscribieron los otrosíes 1 y 4 con el objeto de ajustar la ejecución de las obras civiles según las necesidades requeridas para las plantas de tratamiento de agua intervenidas durante el negocio. Como contraprestación a esos ajustes y, de común acuerdo entre los contratantes, se aumentó el valor del negocio en las dos ocasiones, en: (i) $4.582’000.000; y (ii) $873’146.606. Por otra parte, sobre las actas de suspensión 3, 3A, 4 y 4A firmadas entre el interventor y el contratista durante el año 2013, se evidencia que tuvieron una finalidad específica que consistió en superar los inconvenientes en: (i) el cambio del equipo para la “lechada de cal en el agua cruda” de un transporte mecánico a uno automático; y (ii) la afectación de las bombas adquiridas para la planta de Puerto Mallarino. La Sala constata que estos instrumentos se perfeccionaron para cumplir con las actividades previstas en virtud de los otrosíes 1 y 4, pese a lo cual no se acreditó su relación con las actividades relatadas en el acta de recibo y aquí reclamadas como mayores cantidades, debido a que, en ese instrumento se consignaron ítems que no están sustentados en las suspensiones del negocio. En efecto, una vez cotejadas las descripciones de los documentos referidos con el acta de recibo final, la Sala no encuentra plena identidad entre unos y otros, ni la indicación de la correspondencia entre las prestaciones convenidas y los elementos enlistados, lo cual impide concluir que, verdaderamente, se trate de la ejecución de dichos acuerdos adicionales. Lo anterior implica que, y solo para este litigio, al no haber sido objeto de acuerdo ulterior (como lo admitió el testigo en audiencia), no sea viable deducir la obligación -a cargo de la entidad- de reconocer su pago. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferencia entre el recibo final de obra y el acta de liquidación del negocio, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 8 de mayo de 2020, exp. 63.216, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TESTIMONIO / INTERVENTOR / CONCEPTO DE INTERVENTOR / FACULTADES DEL INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / OBJETO DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / DECLARACIÓN DE TESTIMONIO / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / VALIDEZ DEL TESTIMONIO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / CONTRATISTA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBRA PÚBLICA ADICIONAL / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La declaración general que rindió el interventor del contrato sobre el contenido del acta de recibo final tiene la suficiencia para soportar la obligación del contratante respecto de los montos exigidos por la supuesta mayor cantidad de obra? Respuesta al problema jurídico: No En cuanto a la declaración rendida por el interventor, se destaca que ésta no tiene la suficiencia para soportar la obligatoriedad de los montos exigidos por el contratista derivado de la supuesta mayor cantidad de obra, por los motivos que se explican a continuación. Al respecto, la Sala recuerda que el papel del interventor del negocio consiste en ejercer un seguimiento técnico, financiero y jurídico del negocio, lo cual se traduce en que debe cumplir unas labores delimitadas que se encuentran reguladas en el negocio jurídico, así como también debe velar por la correcta inversión de los recursos destinados a la ejecución del acuerdo. Esa materialidad aplica al presente juicio, a pesar de la incorporación de la figura del interventor interno, en tanto no resulta ajena a la vigilancia y seguimiento del contrato que aquél asumió. No obstante, ni el clausulado del negocio ni el manual de contratación de la entidad previeron facultad alguna en cabeza de dicho funcionario para comprometer la voluntad de Emcali, pese a tratarse de un empleado vinculado a ella. Con la precisión del rol del interventor en el contrato, se encuentra que en la diligencia el testigo reconoció que, previo al acta de recibo final, se suscribieron múltiples otrosíes con el visto bueno de la dirección jurídica y la Gerencia General de Emcali que permitieron adicionar el contrato. Sin embargo, dicho procedimiento no fue realizado para efectos de la formalización de los ítems consignados en el acta de recibo final, porque, desde su punto de vista, esas actividades no implicaron una alteración del objeto contractual. Si bien el testigo afirmó haber constatado la ejecución de mayores cantidades por el valor de $372’684.737, consignado en el acta de recibo final, y que ello correspondió a 21 actividades ejecutadas por el contratista, no logró indicar con precisión en qué consistieron esas labores adicionales, ni las condiciones en que se requirieron. Por el contrario, únicamente, mencionó la necesidad de ampliar los estudios de ingeniería de detalle, pero no puntualizó sobre su contenido o las exigencias de mayores cantidades de trabajo. Así las cosas, no es posible derivar la existencia (entiéndase ejecución, no autorización) de las mayores cantidades de obra reclamadas a partir de la manifestación general del interventor del contrato sobre el contenido del acta de recibo final, máxime cuando lo declarado no se encuentra debidamente precisado y sustentado con otros medios de prueba que acrediten la consumación de las actividades que, se dice, fueron añadidas. En efecto, en el plenario no obran más medios que permitan deducir que dichas labores fueron realmente materializadas por el contratista, o recibidas materialmente por la contratante, más allá de lo consignado en el acta de recibo final. La anterior conclusión permite desestimar el cargo formulado en el recurso de apelación de la demandante. En ese orden de ideas, de la valoración conjunta de las pruebas documentales allegadas y del testimonio practicado, la Sala recapitula que, en este proceso, no se demostró la ejecución de las actividades (rotuladas como mayores cantidades) señaladas en el acta de recibo final y que, según el contenido de dicho documento, ascendió al valor de $372’684.737. En este punto, la Subsección destaca que, a la luz del principio de carga de la prueba, consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP): “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Por ende, la deficiencia probatoria del demandante conlleva a consecuencias negativas para la prosperidad de sus pretensiones debido a que no demostró los motivos en que estas se fundaban. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el papel del interventor del negocio jurídico, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 27 de octubre de 2023, exp. 68646, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la finalidad de la interventoría, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 24 de abril de 2024, exp. 67.095, C.P. Nicolas Yepes Corrales; el 13 de septiembre de 2024, exp. 71.205, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Sobre el concepto de carga de la prueba, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 18 de febrero de 2010, exp. 18.076, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INTERVENTOR / INFORME DEL INTERVENTOR / BALANCE / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO AL CONTRATISTA / IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Resulta procedente modificar el balance final que realizó el Tribunal, en el que declaró a las partes del contrato a paz y salvo? Respuesta al problema jurídico: No [D]e cara a la liquidación del negocio, los documentos obrantes en el plenario, entre los que se encuentra informe final del interventor del contrato, se evidencia que el valor ejecutado correspondió a $11.262’911.558 y el valor pagado al contratista fue, igualmente, $11.262’911.558. Excluyendo, entonces, el rubro correspondiente al acta del 4 de diciembre de 2013, no hay lugar a modificar el balance final realizado por el Tribunal de primera instancia, que declaró a paz y salvo a las partes y dio como resultado un balance final de cero pesos. COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / GESTIÓN DEL PROCESO / INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, debido a que el recurso de apelación que impetró se resolvió de manera desfavorable. Igualmente, se le debe imponer agencias en derecho, al demostrarse la gestión que realizó la demandada en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 del CPACA y según lo establecido en el numeral cuarto del artículo 365 del CGP, para el caso particular procede la condena en costas, en esta instancia, a la demandante, porque el recurso de apelación será resuelto desfavorablemente y será confirmada la sentencia de primera instancia. A su vez, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En la medida en que se encuentra acreditada la gestión de la parte demandada, en segunda instancia, a través del memorial de alegatos de conclusión en el que se pronunció sobre la impugnación del consorcio demandante, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la fijación de agencias en derecho en favor de Emcali E.I.C.E. ESP. Sobre este asunto, el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en el artículo 6 numeral 3.1.3., estableció las tarifas de agencias en derecho en los procesos con cuantía de asuntos contenciosos administrativos, para la segunda instancia hasta el 5% de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho en esta instancia que estarán a cargo del Consorcio Automatización 2010, demandante vencido en el proceso, y a favor de Emcali EICE ESP, en el 1% de la pretensión económica negada, lo cual corresponde a tres millones setecientos veintiséis mil ochocientos cuarenta y siete pesos ($3’726.847) FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201600265021100103