REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 85001-23-33-000-2014-00010-02 (54.008)
Demandante: DEPARTAMENTO DE CASANARE
Demandado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA
PRODUCTIVIDAD (CD&P)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - CADUCIDAD DEL MEDIO
DE CONTROL JURISDICCIONAL
Síntesis del caso: las partes celebraron un convenio de cooperación y el particular no
cumplió la totalidad de las actividades pactadas; la entidad pretende la nulidad absoluta de
unos documentos contractuales, la declaratoria de incumplimiento y la liquidación judicial
del negocio. Se revoca la sentencia apelada que accedió a las súplicas de la demanda por
haber operado la caducidad del medio de control ejercido.
La Sala decide el recurso de apel ación interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia de 10 de marzo de 2015 proferida por e l Tribunal
Administrativo de Casanare (fls. 917 a 950 cdno. ppal.) mediante la cual se dispuso
lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de caducidad e
indebida acumulación de pretensiones propuestas por la entidad
accionada, por las razones indicadas en las consideraciones.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad absoluta de los siguientes actos
contractuales:
• Otrosí número 2 de fecha 13 y 14 de diciembre de 2010.
• Actas de recibo parcial del 1 y 2 de mayo de 2011.
TERCERO: Consecuencialmente a la declaración anterior:
1.- DECLARAR el incumplimiento parcial del Convenio 98 de 2010
suscrito entre el departamento de Casanare y la Corporación para el
Desarrollo y la Productividad CD&P, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
2.- ACCEDER a liquidar judicialmente el convenio referido.
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Expediente: 85001-23-33-000-2014-00010-02 (54.008)
Actor: Departamento de Casanare
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
3.- DECLARAR deudor a la Corporación para el Desarrollo y la
Productividad CD&P a favor del departamento de Casanare por la suma
de $150.000.000.
Este valor deberá indexarse desde el vencimiento del término máximo
para la liquidación del convenio (10 de enero de 2012) hasta la fecha de
ejecutoria de esta sentencia, conforme con los parámetros indicados en
el acápite ‘DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO’.
CUARTO: CONDENAR en costas, a la parte demandada en favor de la
parte actora. Inclúyanse como agencias en derecho el equivalente a 10
SMLMV al momento de ejecutoria de la sentencia.
QUINTO: Sin esperar ejecutoria, ORDENAR compulsar copias de todo lo
actuado, incluido este fallo a la Procuraduría General de la Nación, a la
Contraloría Departamental de Casanare y a la Fiscalía General de la
Nación para que hagan parte de los procesos que se hayan adelantado
con base en las denuncias presentadas po r el doctor Fabio Pinilla por
estos mismos hechos, o para que se hagan las investigaciones a que haya
lugar.
SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, ORDENAR devolver al
interesado el remanente de la suma que se ordenó cancelar para gastos
ordinarios del proceso si la hubiere; dejar las constancias a que haya lugar
y archivar el expediente .” (fls. 949 y 950 cdno. ppal. - mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
La demanda
Mediante escrito radicado el 29 de enero de 2014 (fl. 21 cdno. ppal.) el departamento
de Casanare presentó demanda de controversias contractuales (fls. 11 a 21 cdno.
ppal.) con las siguientes súplicas:
“PRIMERA: Que se declare la nulidad absoluta del OTROSÍ No. 2 de
fecha 14 de diciembre de 2010, del convenio de cooperación No. 98 del
26 de Noviembre de 2010.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad absoluta del OTROSÍ No. 2 de
fecha 13 de diciembre de 2010, del convenio de cooperación No. 98 del
26 de noviembre de 2010.
TERCERA: Que se declare la nulidad absoluta del acta de inicio de fecha
10 de diciembre de 2010, del convenio de cooperación No. 98 del 26 de
noviembre de 2010, suscrita por el secretario general de la Gobernación
Jairo Bossuet Pérez Barrera con el contratista.
CUARTA: Que se declare la nulidad absoluta del acta de liquidación
parcial de fecha primero (1 º) de mayo de 2011, del convenio de
cooperación No. 98 del 26 de noviembre de 2010, por medio de la cual el
secretario general la Gobernación Jairo Bossuet Pérez Barrera, le
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Expediente: 85001-23-33-000-2014-00010-02 (54.008)
Actor: Departamento de Casanare
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reconoce la suma de $578.080.384, a la contratista Corporación para el
Desarrollo y la Productividad.
QUINTA: Que se declare la nulidad absoluta del acta de liquidación
parcial de fecha dos (2) de mayo de 2011, por medio de la cual el
secretario general la Gobernación Jairo Bossuet Pérez Barrera, reconoce
la suma de $578.080.384, a la contratista Corporación para el Desarrollo
y la Productividad CD&P.
SEXTA: Como consecuencia de lo anterior se declare el incumplimiento
del convenio de cooperación No. 98 del 26 de noviembre de 2010.
SÉPTIMA: Liquidar judicialmente el convenio de cooperación No. 98 del
26 de noviembre de 2010, cancelando únicamente el 10 % del ítem de
resguardos ya que no se hicieron las actividades en los otros nueve (9)
resguardos.
OCTAVA: Que se reconozca que el contratista Corporación para el
Desarrollo y la Productividad CD&P, no tiene derecho al otro 50% del valor
del contrato correspondiente a la suma de setecientos cincuenta millones
de pesos ($750.000.000), correspondiente a los recursos no ejecutados.”
(fls. 14 y 15 cdno. ppal. - mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso , en
síntesis, lo siguiente:
1) El 26 de noviembre de 2010 las partes celebraron un convenio de cooperación
para la implementación de veedurías ciudadanas en 19 municipios y 10 resguardos
indígenas del departamento de Casanare.
2) El 10 de diciembre de 2010 el jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión del
departamento de Casanare en la condición de supervisor del convenio y la
representante legal de CD&P firmaron el acta de inicio.
3) El 13 de diciembre de 2010 el director de contratación , a quien se le delegó la
competencia para contratar, y el cooperante suscribieron el documento contractual
otrosí número 1 para que en lo sucesivo el secretario general de la gobernación
ejerciera la supervisión del convenio.
4) El mismo 13 de diciembre el secretario general, actuando como gobernador
encargado, y el particular ahora demandado firmaron el documento contractual
otrosí número 2 porque “en el convenio de cooperación se dijo que beneficiaría a
diecinueve (19) municipios y diez (10) resguardos indígenas cuando lo correcto es
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que beneficia a diecinueve (19) municipios y diez (10) resguardos indígenas o
pueblos indígenas omitiéndose la palabra ‘o pueblos indígenas’ por lo cual se debe
incluir esta palabra en el objeto y demás cláusulas” (fl. 87 cdno. ppal.); no obstante,
el sec retario general fue encargado como gobernador solo durante el 14 de
diciembre 2010.
5) Sin embargo, “ el cooperante anexo (sic) un documento donde aparecía un
gemelo del otrosí No. 2, esta vez ya con fecha del 14 de diciembre de 2010 ” (fl. 12
cdno. ppal.) y “ posteriormente hicieron llegar otra ‘acta de inicio’ fechada el 10 de
diciembre de 2010, esta vez suscrita por [el secretario general] (…) sin percatarse
de este dislate ya que no coincidía la fecha en la que este funcionario tomó la
supervisión y en la que se suscribió la supuesta acta de inicio” (fl. 12 cdno. ppal.).
6) Aunque el particular no ejecutó las actividades acordadas en los 10 resguardos
inicialmente pactados , el 1º de mayo de 2011 –día feriado –, el funcionario en
comento y el particular suscribieron un acta de liquidación parcial donde se
reconocían $578.080.384 en favor del cooperante correspondientes al 40% de los
aportes del departamento pero, “al darse cuenta de lo absurdo de la fecha (…) no
reparan en realizar una nueva acta esta vez fechada el 2 de mayo de 2011 ” (fl. 13
cdno. ppal.), luego, con fundamento en las actas el cooperante promovió demanda
ejecutiva1.
Cargos de la demanda
El demandante considera que el otrosí celebrado el 13 de diciembre de 2010 fue
suscrito por quien no tenía competencia porque para esa fecha aún no había sido
encargado como gobernador del departamento y, en todo caso, tampoco estaba
habilitado para pactar el otrosí de 14 de diciembre del mismo año porque la
competencia para contratar era del director de contratación.
De igual forma , el secretario general del departamento firmó sin competencia un
acta de inicio con fecha de 10 de diciembre de 2010 como supervisor , pero, para
ese momento todavía no se había modificado el contrato para designarlo como tal,
lo cual solo tuvo lugar el 13 de diciembre siguiente.
1 Sobre el proceso ejecutivo, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 11
de octubre de 2021, exp. 57.387, CP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 85001-23-33-000-2014-00010-02 (54.008)
Actor: Departamento de Casanare
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Las actas de liquidación parcial del 1º y 2 de mayo de 2011 se suscribieron con
desviación de las atribuciones propias del funcionario dado que tenían la exclusiva
finalidad de favorecer al particular que no había ejecutado las actividades pactadas.
Contestación de la demanda
Mediante escrito radicado el 19 de mayo de 2014 (fls. 147 a 156 cdno. ppal.) la
Corporación
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