Titulación de la relatoría 33.840 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO / ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EXISTENCIA DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO ESCRITO / FIRMA DEL CONTRATO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / APROBACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / REGISTRO PRESUPUESTAL / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO SOLEMNE
Problema jurídico:
¿Cuáles son los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 80 de 1993, desde sus orígenes, distinguió dos momentos que se presentan en sede inaugural de los contratos estatales, a saber, el que define los elementos que llevan a su perfeccionamiento, y el que revela los requisitos para su ejecución. Al respecto, (…) del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (…) se extrae (…) que (i) el contrato es perfecto cuando en él convergen los elementos esenciales que determinan su existencia; (ii) los requisitos allí advertidos definen que un contrato se ha perfeccionado siempre que exista acuerdo de voluntades, al menos, sobre el objeto del negocio y su contraprestación, y que se eleve a escrito; (iii) entonces, desde el momento en que las partes firman el contrato, éste se reputa existente; (iv) luego de lo anterior, dicho negocio será ejecutable cuando se cumpla con la aprobación de la garantía y la realización del registro presupuestal . En suma, el contrato existe y es perfecto cuando cumple con los requisitos esenciales de orden legal antes aludidos, establecidos para que la voluntad de los contratistas produzca efectos jurídicos en la forma o solemnidad exigida para ello.
NOTA DE RELATORÍA:
sentencias de 29 de enero de 2014, Exp. 27263, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia de 9 de octubre de 2014, Exp. 31382, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, sentencia de 27 de mayo de 2015, Exp. 38600, C.P. Hernán Andrade Rincón(E), sentencia del 30 de abril de 2012, Exp. 21699, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41
EJECUCIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ADICIONAL / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO / EXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL / RECURSOS PÚBLICOS / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DEL GASTO PÚBLICO / PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
La inobservancia de los requisitos necesarios para la ejecución del contrato, por su misma naturaleza, no torna inexistente el pacto negocial, en tanto su alcance y contenido son diversos a los que establece la ley para su perfeccionamiento, por ello no es posible atribuir a aquellos y a estos efectos análogos, como si no mediaran diferencias. (…) Así, se tiene que la disponibilidad presupuestal es entendida como el ejercicio de afectación de recursos públicos vinculados a un determinado objetivo con el fin de respaldar los compromisos que adquiere la administración para la satisfacción de las necesidades públicas; este mecanismo materializa en el contrato estatal la regla de planeación presupuestal que define y pone límite al gasto público comprometido tanto preliminarmente, al dar inicio a la selección del contratista, como de forma definitiva al vincular los recursos con que se atenderán las obligaciones contractuales específicas. Por su parte, la constitución de la garantía única de cumplimiento pretende asegurar la indemnidad del patrimonio público ante los eventuales perjuicios que un incumplimiento contractual puede acarrear. Por ende, la ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento se traducen en el desconocimiento de una obligación legal, y ello puede dar lugar al surgimiento de una responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida pero, sin lugar a equívocos, no tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del negocio jurídico sino la regularidad de su ejecución, con la consecuencia contingente del incumplimiento del mismo por parte de la entidad pública y del contratista, según el caso.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EXISTENCIA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / VALIDEZ DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / REGISTRO PRESUPUESTAL / CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL / INEXISTENCIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / CONTRATANTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / DEPARTAMENTO / GOBERNADOR / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD TERRITORIAL / CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN LEGAL / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA
Problema jurídico:
¿La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento al no ser requisitos esenciales del contrato, tiene como efecto una alteración en la regularidad de la ejecución del negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las partes, conformadas por el departamento del Magdalena y el señor (…), elevaron a escrito el acuerdo logrado entre ellas, enmarcado bajo la naturaleza de un contrato de prestación de servicios, en el que se pactó (…) objeto y contraprestación (…). [E]l contrato de prestación de servicios profesionales en estudio existió y nació a la vida jurídica y, si bien no aparece consignado un número específico para su identificación, ni se anotó el día y mes de su suscripción (…), lo cierto es que esas falencias no tienen la envergadura para desconocer la existencia del pacto escrito, pues tales elementos no son de su esencia y, bien por el contrario, la clara precisión sobre el objeto a desarrollar y la contraprestación debida son aspectos que corroboran el cumplimiento de los requisitos legales consagrados en la Ley 80 de 1993, para el perfeccionamiento del contrato estatal. (…) la falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento no afectó la existencia del aludido contrato, puesto que, como se vio, ello no deshace la concurrencia de los requisitos esenciales que dieron lugar al perfeccionamiento del acuerdo negocial; lo que sí produjo fue una alteración en la regularidad de la ejecución del negocio jurídico, dado que, por un lado, al departamento le correspondía realizar la operación de registro presupuestal, trámite interno de la respectiva entidad pública que no se verificó en el sub examine y que afectó la regla presupuestal y de legalidad del pago, al desconocer tanto la obligación contenida en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993- como la estipulación contractual –cláusula décima cuarta-; y, por otro lado, frente a la garantía de cumplimiento, podría vincular la responsabilidad del contratista, en virtud de la ley y el contrato, en tanto le correspondía aportar la póliza única de cumplimiento para asegurar la ejecución del negocio ante la ocurrencia de los riesgos amparados por ella.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / MORA DEL CONTRATANTE / MORA DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRESTACIONES MUTUAS
Problema jurídico:
¿En qué consiste la excepción de contrato no cumplido?
Respuesta al problema jurídico: Si
En términos del Código Civil, la excepción de contrato no cumplido consiste en que ninguna de las partes está en mora aun dejando de cumplir lo pactado, mientras la otra parte no cumpla o no se disponga a cumplir (1609 C.C.). (…) [S]olo se activará la autorización referida en la citada disposición, cuando la obligación que se alega como inejecutada tiene fuente para su cumplimiento en la rectitud de comportamiento del sujeto comprometido, pues nadie puede exigir que se observe un contrato si no está dispuesto a cumplir lo que le corresponde. De esta regla se deriva que existe una simetría en las obligaciones, pues de no existir la excepción, es decir, si no media un incumplimiento relevante que afecte la realización de las mutuas prestaciones, tal excepción no está llamada a activarse como elemento justificativo de quien incumple, sin considerar, además, que su invocación lleva inscrita la aceptación del sujeto que la propone, de haber dejado de cumplir el compromiso que se le demanda. (…) Así, la excepción de contrato no cumplido que prevé el Código Civil ha sido admitida en el campo de la contratación estatal por autorización directa que la Ley 80 de 1993 estableció en orden a la utilización de las normas civiles y comerciales en los contratos del Estado (art. 13), por lo que, con el alcance limitado que la jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado, se ha abierto paso a su aplicación atendiendo la naturaleza misma de los contratos de derecho público y los fines de interés general que se busca satisfacer con éstos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la excepción de contrato no cumplido, ver sentencia de 19 de septiembre de 2002, Exp. 12726, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, sentencia del 15 de marzo de 2001, Exp. 13415, C.P. Ricardo Hoyos Duque, sentencia del 14 de septiembre de 2000, Exp. 13530, C.P. Ricardo Hoyos Duque, sentencia de 13 de abril de 1999, Exp. 10131, C.P. Ricardo Hoyos Duque y sentencia del 29 de abril de 2015, Exp. 21081, C.P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / CONTRATO BILATERAL / CONTRATO SINALAGMÁTICO / OBLIGACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES ESTATALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MORA DEL CONTRATANTE / MORA DEL CONTRATISTA / PAGO AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO
Problema jurídico:
¿En qué eventos procede la excepción de contrato no cumplido?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se tiene por averiguado que esta excepción procede en sede de contratación estatal si se acredita: i) la existencia de un contrato bilateral, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas, lo cual implica que una de las partes se obliga a asumir determinados compromisos, a cambio de la prestación que la otra parte le debe satisfacer, regla “do ut des” (te doy para que me des); ii) el no cumplimiento actual de obligaciones a cargo de una de las partes contratantes; iii) que el incumplimiento de una de las partes sea grave, de entidad y gran significación, por manera que ponga al otro contratante en una razonable imposibilidad de cumplir, iv) que ese incumplimiento pueda identificarse como fuente o causa del incumplimiento ante el cual se opone y que ha de justificarse por la configuración de aquel; y, v) el cumplimiento de sus demás obligaciones por parte de quien la invoca o, al menos, la decisión seria y cierta de cumplirlas mediante el allanamiento correspondiente. (…) En esa medida se concluye que, toda vez que sí existió un contrato estatal entre las partes que conforman este litigio y la reclamación hace referencia al incumplimiento de la obligación de pago de la remuneración debida, la acción ejercida fue la acertada, al tenor de lo señalado en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, aplicable a los procesos iniciados a partir del 8 de julio de 1998 y hasta el 2 de julio de 2012.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿A partir de la culminación del último proceso que hizo parte del objeto del contrato de prestación de servicios profesionales, debe contarse el término para liquidar el contrato y por consiguiente, el término de caducidad de la acción queda sujeto a dicha fecha?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se advierte que la interposición de la demanda ocurrió en tiempo, pues al recaer la controversia en un contrato de prestación de servicios, que es de aquellos que requerían de liquidación, la acción fue ejercida dentro de los dos años siguientes al momento en que la administración contratante debió liquidarlo de manera unilateral. Tal como se lee en la prueba documental que reposa en el expediente, el contrato aludido no se sujetó al cumplimiento de un plazo específico, sino al alcance del objeto en él estipulado, en los términos de su cláusula cuarta, (…) y puesto que, en cumplimiento de dicho objeto, la parte actora interpuso tres procesos judiciales –dos de simple nulidad (…) y uno de controversias contractuales (…)-, los cuales culminaron en distintas fechas, el término para demandar debe contabilizarse con base en el proceso que concluyó en forma posterior, (…) a través de sentencia (…) que cobró ejecutoria (…), momento a partir del cual se colige que se agotó el objeto contractual. Por ende, desde el día siguiente a la aludida fecha, (…) empezaron a correr los 4 meses que tenían las partes para alcanzar una liquidación de común acuerdo –se aplica el plazo supletivo que establecía el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, vigente para la época de los hechos -, razón por la cual dicho término se extendió (…), fecha a la cual se agregan los 2 meses adicionales con que contaba la Administración para realizar la liquidación unilateral del contrato . Así las cosas, ante el incumplimiento del deber de liquidar unilateralmente el contrato (…), el término de caducidad de la acción contractual transcurrió (…); no obstante, dicho plazo se suspendió con la solicitud de conciliación prejudicial (…). El mencionado término se reanudó (…) día siguiente a la expedición de la constancia de celebración de la audiencia de conciliación (…); así, dado que la demanda se instauró (…) es evidente que ello ocurrió dentro del plazo legal previsto para tal fin.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
VALIDEZ DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / REGISTRO PRESUPUESTAL / INEXISTENCIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PRESTACIONES MUTUAS / APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO / RECURSOS PRESUPUESTALES / PAGO AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿La falta de constitución de la garantía única de cumplimiento por parte del contratista da lugar a la prosperidad de la excepción de contrato no cumplido alegada por el contratante como justificación a la falta de pago de la contraprestación?
Respuesta al problema jurídico: No
Vistos los reparos esgrimidos por el recurrente, considera la Sala que los mismos no tienen vocación de prosperidad, por cuanto no constituyen motivos válidos, relevantes, recíprocos ni proporcionales para configurar los elementos de una excepción de contrato no cumplido que, aunque no invocada de manera expresa, está en la base del alegato exculpatorio de la entidad pública demandada, quien reconoce haber dejado de hacer el pago debido ante presuntos incumplimientos de su colaborador contratista. (…) Respecto de la falta de identificación del contrato de prestación de servicios profesionales con un número particular y la ausencia de anotación del día y mes en que se suscribió, si bien son defectos que dificultan su particularización en el ámbito administrativo en la medida que pueden entorpecer su individualización, de ninguna manera constituyen vicios que invaliden el contenido del acuerdo. (…) Sobre la falta de constitución de la garantía única de cumplimiento, la cual es tanto una obligación legal como negocial -cláusulas quinta, décima primera y décima cuarta del contrato de prestación de servicios-, se resalta que ésta no edifica la excepción de contrato no cumplido (…), la inobservancia endilgada al contratista en función de la garantía única de cumplimiento, no tiene el calibre ni la significación equiparable, en clave de simetría de las mutuas prestaciones, que autorice o dé lugar a que la entidad no pague la contraprestación a la que se comprometió, cuando el objeto principal del contrato se acreditó que fue ejecutado.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / HONORARIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / VALIDEZ DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL POR UN ABOGADO / MONOPOLIO ESTATAL DE LICORES / DEPARTAMENTO / NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / VALIDEZ DEL CONTRATO / EXISTENCIA DEL CONTRATO / PAGO DEL CONTRATO / PAGO DE HONORARIOS / FALTA DE PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Se acreditó el cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios por parte del contratista al instaurar y desarrollar las acciones judiciales tendientes a mejorar la situación del departamento en relación con el monopolio de licores?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al advertir que las obligaciones principales del contrato bilateral que se estudia estaban enmarcadas, de un lado y a cargo del contratista, en instaurar y desarrollar las acciones judiciales tendientes a mejorar la situación del departamento en relación con el monopolio de licores y, de otra y en cabeza de la entidad, al pago de la remuneración pactada por el logro del objeto estipulado, el cual fue alcanzado –(…)-, resulta totalmente desproporcional que por la no constitución de la referida póliza, el departamento justifique la ausencia total de pago de los honorarios convenidos a favor de éste, sin perjuicio de abrir paso a los correctivos que guarden relación y proporcionalidad frente a este último. (…) Se concluye la efectiva prestación del servicio ejecutado por el doctor (…), en la medida que alcanzó el objeto pactado en el contrato que suscribió con la parte demandada, toda vez que recuperó el manejo del monopolio de licores a favor del departamento mediante una estrategia de litigio que se concentró en obtener, como primera medida, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que sustentaron la suscripción del contrato de concesión y, en segundo lugar, alcanzar la nulidad absoluta del referido negocio jurídico, ante la advertencia de la nulidad de los actos que lo fundamentaron, entre ellos, aquél que le otorgó competencia al Gerente de la Industria Licorera del Magdalena, para suscribir el contrato de concesión.
CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / FUNCIONES DEL APODERADO / GESTIÓN DEL ABOGADO / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / MONOPOLIO ESTATAL DE LICORES / DERECHOS DEL CONTRATISTA / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL
Problema jurídico:
¿En virtud del derecho de defensa y contradicción, la Administración Pública debe garantizar al contratista su intervención en la etapa previa a la expedición del acto administrativo sancionatorio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las cláusulas del contrato deben interpretarse en forma sistemática, atendiendo la intención y voluntad de las partes, la cual, se insiste, se enmarcaba en la defensa del departamento para la recuperación del monopolio de licores, mediante la obtención de la nulidad del contrato de concesión que la Licorera suscribió con Colimag (…). Precisa la Sala que es imperiosa la aplicación del debido proceso en toda clase de procedimientos contractuales, por medio de actuaciones que garanticen que el afectado pueda intervenir en la etapa previa a la expedición del respectivo acto administrativo, con el objeto de que pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción, para lo cual debía conocer el inicio de la actuación, las razones en las cuales se funda, tener oportunidad de aportar y discutir las pruebas que en su contra se adujeran y, en general, presentar los descargos que considerara pertinentes; sin embargo, al presente asunto no se aportó prueba que demostrara manifestación alguna sobre este tópico por parte de la entidad, de modo que ahora no puede sorprender al contratista con un reparo que no le comunicó en sede de ejecución contractual, sobre el cual no pudo manifestarse durante la vigencia del negocio ni presentar pruebas para debatir la infracción alegada.
IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EXISTENCIA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / VALIDEZ DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PAGO DEL CONTRATO / REGISTRO PRESUPUESTAL / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / REQUISITOS DEL CONTRATO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿La ausencia de registro presupuestal constituye causal de nulidad absoluta del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
La parte demandada solicitó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios profesionales, debido a la omisión del principio de planeación, por la ausencia de los certificados de disponibilidad y registro presupuestal. Más allá de que prima facie tal argumento luce como una petición nueva que no se formuló desde que se trabó la litis, y ello bastaría para declarar la improcedencia de su examen por modificar la causa petendi y vulnerar con ello el derecho de defensa de que asiste a la parte actora; lo cierto es que dicho argumento fue planteado por el censor como línea de la alzada, cuando indicó que tal omisión hacía inejecutable el contrato y de esa manera el demandante estaba imposibilitado para fundar allí sus reclamaciones. (…) [C]omoquiera que el requisito de tener disponibilidad y registro presupuestal es, por mandato legal, un requerimiento que sólo es exigible en sede de ejecución y no de validez o perfeccionamiento del contrato estatal, el señalamiento anulatorio, además de tardío, es infundado pues carece de la virtualidad de anular el contrato tal como ya fue analizado puntualmente a lo largo de esta providencia. En efecto, la ausencia de la disponibilidad o registro presupuestal no denota un juicio de invalidez por la constatación de irregularidades o vicios que inciden en el valor del acto o contrato, pues su carencia lo que produce es una afectación a la viabilidad y legalidad del pago y puede comprometer la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios por los perjuicios que se ocasionen con el desconocimiento de las normas presupuestales y contractuales antes citadas. De modo que, es evidente que la falta de dicho requisito de ejecución genera una alteración que puede perjudicar el pago del negocio jurídico, en términos de su determinación presupuestal –lo que además sería imputable exclusivamente a la autoridad pública contratante–, mas no da lugar a la declaración de nulidad absoluta del contrato estatal.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el registro presupuestal en los contratos, ver sentencia del 12 de noviembre de 2014, Exp. 34324, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / PAGO DE HONORARIOS / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / IPC / INTERÉS LEGAL / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA
Problema jurídico:
¿Procede la modificación de liquidación judicial del contrato cuando no fue objeto de recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la cláusula tercera del contrato, antes transcrita, las partes acordaron que la contraprestación en favor del contratista, (…) estaba sometida al resultado de la gestión (…). Por ende, como se demostró el éxito del objeto contractual pactado, el fallador de primer grado liquidó el negocio jurídico, para lo cual determinó, de conformidad con el Decreto 679 de 1994, el valor histórico actualizado de la contraprestación estipulada, mediante la aplicación “a la suma debida, por cada año de mora, el incremento del índice de precios al consumidor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior”, así como la aplicación de la tasa equivalente al doble interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, al advertir que no se pactó una tarifa de intereses moratorios. (…) Al examinar el recurso de apelación, la Sala constata que la entidad territorial no manifestó reparos sobre la liquidación del contrato hecha por el a quo (…). Así las cosas y al no encontrar verdaderos motivos dirigidos a desvirtuar la liquidación elaborada por el Tribunal, debe la Sala abstenerse de modificarla, razón por la cual la decisión en esta instancia se limitará a indexar o actualizar la condena proferida por el a quo, utilizando los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, para lo cual se tendrá en cuenta que el índice inicial corresponde a la fecha en la cual se cumplió el objeto contractual (…) y que el índice final corresponde a la fecha de esta providencia. A su vez se calcularán los intereses moratorios respecto del capital actualizado, conforme a la tarifa supletiva consagrada en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 –el doble del interés legal civil (12%). Se advierte que en esta liquidación se está actualizando el valor de los honorarios pactados, lo cual no comporta una inobservancia al principio de la no reformatio in pejus, dado que lo que se persigue es conservar el valor presente de ese resultado y no alterar la cuantía o el método de su liquidación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación judicial del contrato ver sentencia del 4 de marzo de 2022, Exp. 66390, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 25 de enero de 2017, Exp. 49015, C.P Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 7 de mayo de 2021, Exp. 48746, C.P. José́ Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 679 DE 1994, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / FINALIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDUCTA DE LAS PARTES / TEMERIDAD EN RECUSACIÓN / TEMERIDAD PROCESAL / SANCIÓN POR TEMERIDAD PROCESAL / REQUISITOS DE LA TEMERIDAD PROCESAL / MALA FE / CARENCIA DE TÉCNICA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿La condena en costas procede mediante un análisis subjetivo de la conducta observada por las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, en todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la parte vencida en el proceso, incidente o recurso. De manera que, en materia contencioso-administrativa y en los procesos que, como este, se rigen por ese código por haber iniciado su curso bajo su vigencia, la condena en costas procede mediante un análisis subjetivo de la conducta observada por las partes y no con fundamento en los factores objetivos establecidos en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, normas a las que remite el citado artículo 55 únicamente para efectos de determinar la forma de su liquidación. Para formular un juicio de reproche sobre la conducta de las partes dentro del proceso a efectos de determinar la procedencia de la condena en costas, la jurisprudencia de esta Corporación ha hecho alusión a lo previsto en el artículo 74 del CPC que señala que hay temeridad o mala fe cuando, entre otros eventos, “1. […] sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a éste [o] “2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad” ; de manera concordante, ha analizado el cumplimiento de los deberes que la ley les impone a ellas y a sus apoderados (art. 71 del CPC), entre ellos: “1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la condena en costas ver sentencia del 9 de julio de 2014, Exp. 48683, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz y sentencia del 7 de julio de 2016, Exp. 40413, C.P. Jaime Orlando Santofimio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 74, 392, 393, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDUCTA DE LAS PARTES / ACTUACIÓN TEMERARIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO / TEMERIDAD PROCESAL / MALA FE / FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Problema jurídico:
¿Se acreditó una conducta temeraria por parte del demandado que dé lugar a la condena en costas y agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente y a las que la Sala hizo alusión previamente, se colige que la actuación del departamento del Magdalena estuvo revestida de temeridad, conclusión a la que se arriba no por la ausencia de prosperidad de los argumentos esgrimidos, sino por desplegar una conducta carente de fundamento jurídico que implicó un desgaste para la administración de justicia y, en especial, para la parte vencedora. En efecto, más allá del desempeño de la entidad accionada, visto desde la órbita de sus planteamientos de defensa y de que éstos no resultaran victoriosos, la Sala subraya que la calificación de su comportamiento como temerario deriva de que tal conducta se fundamentó en unas argumentaciones totalmente desprovistas de sustento real y verificable, pues no solo expuso raciocinios contradictorios –la inexistencia del contrato y a la vez su incumplimiento, en contraposición del acervo probatorio que demostró que el contratista si logró el objeto convenido (…). Así, según lo dispuesto en el artículo 392 del CPC, en esta misma providencia se fijarán las agencias en derecho, en atención a lo previsto en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura; teniendo en cuenta que se trata de un proceso declarativo en segunda instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las agencias en derecho ver sentencia del 18 de febrero de 1999, Exp. 10775, C.P Ricardo Hoyos Duque.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 392