Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
¿Se acreditó la demora injustificada en la firma del acta de inicio por parte del contratante? No
La Sala empieza por señalar que el contratista tramitó oportunamente la póliza una vez se perfeccionó el contrato, pero al hallar ciertos errores de fechas, la Universidad pidió su corrección en enero y febrero; así las cosas, el tiempo que transcurrió en este trámite fue producto de ajustes que el contratista efectuó el 27 de enero de 2015, periodo justificado, incluso si se considera el error en que al parecer incurrió la Universidad el 3 de febrero al pedir otra corrección, de manera que, al menos por ese lapso, no hay reproches relevantes que endilgar a la contratante bajo la tesis de que se presentó una demora de tres meses en la firma del acta de inicio.
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento de obligaciones por parte del contratante durante la ejecución del contrato de procesamiento bibliográfico?¿El dictamen pericial debe exponer la metodología usada y tener coherencia con el objeto de su decreto para que proceda su valoración?¿Es improcedente la tacha de testigos por quien solicitó la prueba?
¿Se acreditó el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados por el demandante? No
El contratista no acredita el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados, ya que no demuestra que las consecuencias económicas negativas sean resultado directo de las suspensiones acordadas por mutuo acuerdo con la entidad estatal. En este caso, las suspensiones pactadas antes de la suscripción del acuerdo de 4 de abril de 2000 fueron tomadas para superar dificultades económicas, y no se presentó prueba alguna que vincule estas suspensiones con un desequilibrio financiero o daños económicos en el contratista. Además, las partes acordaron zanjar reclamaciones futuras durante las suspensiones, y no se acreditó incumplimiento por parte de la entidad estatal en el reconocimiento y pago de costos adicionales. Por lo tanto, la Sala rechaza las pretensiones de declaración de incumplimiento y restablecimiento, y niega la indemnización por daños, al no existir evidencia que demuestre un desequilibrio económico del contrato por actos de la administración o incumplimiento de una de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió la entidad demandada sus obligaciones contractuales por el no pago de supuestos mayores costos durante las suspensiones del contrato?
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
¿El acto de declaratoria de incumplimiento y efectividad de la póliza de cumplimiento se fundamentó en una estipulación contractual que en realidad contenía una cláusula penal? Sí
El contratista puede impugnar la declaratoria de incumplimiento y la efectividad de la póliza de cumplimiento si la entidad estatal fundamentó su decisión en una cláusula contractual que, a pesar de denominarse de "multas", en realidad establecía una sanción por incumplimiento contractual, conforme a la interpretación del contenido del pacto y no a su denominación. La entidad no puede exonerarse del pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las facturas, incluso si estas fueron presentadas tardíamente o fuera del plazo del contrato, ya que el contrato no establece reglas que permitan tal exoneración ni que el pago tardío no genere intereses de mora. Esta decisión reitera la importancia de interpretar las cláusulas contractuales según su contenido y no según su denominación, y subraya que la mora del contratante no exonera al contratista de sus obligaciones de pago dentro del plazo estipulado, con las consecuencias legales correspondientes.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las…¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la falta de pago de los…¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado, por el no pago de las facturas presentadas con posterioridad a la firmeza de la liquidación…
Sentencia — Sentencia2023-07-14Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 11001032600020230000500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia del juez de la anulación se encuentra circunscrita a las causales estrictamente invocadas y sustentadas? Sí
En el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, el juez de la anulación se circunscribe a las causales expresamente invocadas y sustentadas por el recurrente, y no puede examinar motivos que no encajan en ellas. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el control del laudo es de carácter restrictivo y se limita a las causales legales, de modo que la alegación genérica de que el tribunal decidió más allá de su competencia no basta. Segunda, cuando la afirmación del recurrente no encuadra en los supuestos de las causales invocadas, el juez no puede reconstruirlas de oficio. En el caso, el recurrente sostuvo que el laudo decidió más allá de la competencia arbitral, pero la afirmación no se ajusta a las causales 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y la providencia declara infundado el recurso. En la práctica, el recurrente debe identificar la causal exacta del artículo 41 y sustentar su configuración con los hechos del laudo, porque el juez no la completará.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación no constituye una segunda instancia del proceso arbitral y el juez de anulación no puede corregir la apreciación jurídica realizada por el panel arbitral?¿Las consideraciones del Tribunal no fueron más allá del petitum y de la causa petendi, puntos que decidió congruentemente?¿El Tribunal sostuvo que la entidad podía declarar incumplimientos contractuales sin tener que acudir al juez para declararlos, pero no lo hizo?
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida?¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del…¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
¿Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación? Sí
Como en efecto en el proceso quedó probado que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación, pues ordenó la disminución del ritmo de avance de la obra, porque no tenía los recursos para pagarle al contratista… y el contrato de obra se quedó sin interventoría, debido a que el contrato de la firma interventora terminó por vencimiento del término… , la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del contrato.
También resuelve:¿Es posible calcular los intereses moratorios debidos al contratista por el retardo en el pago?¿Se probaron los daños que la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato le causó a la demandante?¿Las cifras presentadas en la experticia se fundamentaron en documentos que no obran en el proceso?
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su…¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras…¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
¿Está probado que la mayor permanencia del contratista en obra por las suspensiones del contrato, hubiera generado un rompimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos? No
El contratista que reclame sobrecostos por una mayor permanencia en obra debido a las suspensiones del contrato debe acreditar costos adicionales a los previstos en el contrato que efectivamente afecten su patrimonio, pues la sola presencia de personal, equipos y maquinaria en la obra no demuestra por sí misma el desequilibrio. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contratista renuncia a los costos por el tiempo adicionado, solo pueden revisarse los sobrecostos causados después de agotado el plazo original y durante los periodos de suspensión. Segundo, los gastos que el contratista afronta por actividades connaturales a sus obligaciones no constituyen sobrecostos reclamables. Tercero, cuando las suspensiones tienen origen, en parte, en riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos del contrato, como la demora en el trámite de licencias ambientales, el reclamo no prospera. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista debe demostrar costos efectivamente incurridos y ajenos a los riesgos que le fueron asignados.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio de una de las partes, frente a las modificaciones o adiciones del contrato, constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones en un proceso…¿Conforme al principio de buena fe contractual, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre las estipulaciones acordadas por las partes en relación con las prórrogas del contrato…¿Para que la mayor permanencia en obra configure una ruptura del equilibrio financiero del contrato, es necesario acreditar un incumplimiento del contratante o la ocurrencia de un riesgo imprevisible…
¿La exigibilidad de la obligación de pago a cargo del INVIAS estaba sujeta a que el Consorcio elaborara las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos? Sí
El contratista no puede exigir el pago inmediato del INVIAS por la ejecución de obra pública sin cumplir con los requisitos establecidos en el contrato, como la elaboración de las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos, avaladas por el interventor y los gestores del proyecto y del contrato. Además, el INVIAS tiene un plazo de 90 días calendario para pagar las facturas presentadas por el contratista, y si no lo hace, incurre en mora y debe pagar intereses moratorios. Sin embargo, si el contratista presenta las actas de obra después de vencida la vigencia fiscal correspondiente, renuncia a reclamar intereses, actualizaciones y sobrecostos, lo que constituye una cláusula limitativa de responsabilidad válida siempre y cuando no haya culpa del INVIAS en la tardanza, la cual debe probarse por la entidad. Esta interpretación reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad del pago en contratos de obra pública y establece límites a las cláusulas limitativas de responsabilidad para proteger la buena fe contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál era el plazo con el que contaba el INVÍAS para pagar las actas de obra presentadas por el contratista?¿la cláusula limitativa de responsabilidad solo surtía efectos si el contratista presentaba tardíamente las actas de obra por su propia culpa?¿La elaboración y presentación de la factura de venta era una carga que correspondía al Consorcio para efectos de recibir el pago por parte del contratista?
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante? Sí
El contratista no puede aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en favor de la Unión Temporal demandante cuando no acredita la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses por los computadores objeto del contrato de suministro, ya que la cláusula de reajuste establece que solo se aplica si la variación de la TRM supera el 8,81%, lo cual requiere pruebas precisas sobre la fecha de los pagos. La entidad estatal actuó de buena fe al negarse a aplicar la fórmula por falta de evidencia, garantizando al contratista la posibilidad de allegar la información faltante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en contratos estatales que implican pagos en moneda extranjera, y subraya que la falta de acreditación de la fecha de los pagos impide la aplicación de la fórmula de reajuste, lo que puede afectar significativamente los reclamos por sobrecostos.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de…¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales?¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo…
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007? Sí
Las partes de la relación contractual no pactaron un término de liquidación distinto del previsto en la Ley 1150 de 2007 para efectos de adelantar el trámite de liquidación contractual, norma que, ante la ausencia de un plazo convencional, prevé: i) que la liquidación bilateral se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término de ejecución, ii) en defecto de lo anterior la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes a dicho término, y iii) que si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha producido la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente.… Así, la competencia temporal de la administración para ejercer sus facultades a través de un acto administrativo (elemento subjetivo de validez del mismo) se verifica en el momento en que esa manifestación de voluntad se forma…
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos…¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y…¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme?
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública? Sí
El contratista puede ejercer la acción de controversias contractuales dentro del término de dos años que comienza a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública, según establece el artículo 136 numeral 10 literal c) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando el contrato es liquidado bilateralmente y se reanuda el término de caducidad si se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial antes de que éste vence. La entidad estatal cumple parcialmente con su obligación de entregar oportunamente los estudios y diseños al contratista para la fase previa a la ejecución de las obras, lo que no implica necesariamente la extensión del plazo del contrato, ya que la mora del contratista en revisar y ajustar estos documentos puede ser la causa principal de la demora. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos en el contrato y la necesidad de presentar la acción de controversias en tiempo y forma.síntesis automática
También resuelve:¿El Instituto de Desarrollo Urbano cumplió parcialmente con su deber de entregar oportunamente al contratista los estudios y diseños para la fase previa a la ejecución de las obras?¿El incumplimiento de la Unión Temporal en su deber de revisar, evaluar y ajustar los documentos de los estudios y diseños para la ejecución de la obra…¿El juez de primera instancia valoró adecuadamente el documento en el que el contratista solicitó el restablecimiento económico del contrato al IDU…
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente…¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión…¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…
¿Cuáles son los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal, como el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, y la elevación del contrato a escrito, para que éste se reputa existente y perfecto. La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento no afectan la existencia o la validez del contrato, sino que impiden su regular ejecución, generando responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida. La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento, no siendo requisitos esenciales del contrato, sí tiene como efecto una alteración en la regularidad de la ejecución del negocio jurídico, lo que puede dar lugar a incumplimientos por parte de la entidad pública y del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del…¿La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento al no ser requisitos esenciales del contrato…¿En qué consiste la excepción de contrato no cumplido?
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
¿Las circunstancias relacionadas con el esquema de remuneración pactado y con las condiciones técnicas anunciadas por la entidad estatal durante el proceso de selección, no verificadas o alteradas durante la ejecución del contrato, constituyen una infracción del principio de planeación que exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales? No
El contratista no puede eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales basándose en infracciones del principio de planeación por parte de la entidad estatal, ya que este principio no exonera al contratista de cumplir con las obligaciones específicas del contrato, salvo que se demuestre que la entidad estatal dejó de ejecutar una obligación contractual o que la alteración del equilibrio económico del contrato impidió efectivamente el cumplimiento de las obligaciones del contratista. La Sala establece que las condiciones técnicas anunciadas durante el proceso de selección no constituyen obligaciones contractuales propiamente dichas, sino supuestos o hipótesis para la ejecución, por lo que su alteración no exime al contratista de responsabilidad. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del principio de planeación y sus implicaciones en la responsabilidad contractual, lo que implica que el contratista debe cumplir con las obligaciones específicas del contrato, independientemente de las circunstancias externas no controlables por él.síntesis automática
También resuelve:¿Es vinculante para el contratista la metodología de muestreo y el umbral de error empleados para evaluar la calidad de los paquetes auditados…¿Configura un vicio de nulidad del acto administrativo sancionatorio la irregularidad alegada en la valoración de un dictamen pericial rendido en el procedimiento administrativo…¿Exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales la entrega tardía, por parte de la entidad estatal, de la metodología de evaluación del contrato…