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Concepto
Las entidades estatales solo pueden iniciar procesos de selección de contratistas cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales, por cuanto es necesario que la entidad que se obliga cuente con disponibilidad presupuestal que cubra el valor total de la contraprestación, de manera que garantice que cuentan con los recursos necesarios para asumir las obligaciones pactadas.
C-411 de 2025
2025-05-16
¿Cuándo se predica la existencia y perfeccionamiento de un contrato estatal?
El contrato estatal existe y se perfecciona cuando consta por escrito, pues la solemnidad escrituraria es sustancial en la contratación estatal según los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. El escrito debe contener el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, además de los elementos esenciales del derecho común, como la capacidad legal de los contratantes, el consentimiento sin vicios y el objeto y la causa lícitos del artículo 1501 del Código Civil. Para los contratos de prestación de servicios, que son un tipo típico del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80, la diferencia con el contrato laboral radica en la subordinación o dependencia. Si se acredita que la entidad imparte órdenes, fija horarios y la prestación es personal y continua, la relación puede configurarse como contrato realidad, con derecho a prestaciones sociales. Según la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado con radicado 1317-2016, se exige un intervalo de treinta días hábiles entre la terminación de una vinculación y el inicio de la siguiente, lo que la entidad debe tener en cuenta al celebrar sucesivos contratos.síntesis automática
También resuelve:
Existencia del contrato estatal: elementos esenciales del contrato
Contrato de prestación de servicios: características
Diferencia entre contrato realidad y contrato de prestación de servicios: límite de 30 días entre vinculación
Consejo de Estado
Providencia
El decreto de pruebas en segunda instancia ante la jurisdicción contencioso-administrativa se rige exclusivamente por el artículo 212 del CPACA.
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300420170053301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El presente asunto se tramita ante la jurisdicción contencioso-administrativa, razón por la cual le resulta aplicable la normatividad aplicable que gobierna este tipo de actuaciones contenidas en el CPACA? Sí
El juez contencioso administrativo aplica el marco normativo del CPACA en los asuntos tramitados ante su jurisdicción. En este proceso, ante la solicitud probatoria del extremo pasivo fundamentada en el Código General del Proceso, se concluye que el decreto de pruebas en segunda instancia procede únicamente en los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. Al no configurarse tales supuestos ni acreditarse la relación contractual o los presupuestos fácticos de las pretensiones con los documentos aportados, se niega la solicitud de pruebas.síntesis automática
También resuelve:
¿De la revisión efectuada a los documentos allegados por el apoderado de la entidad demandada, se advierte que estos no constituyen medios de convicción idóneos para acreditar los hechos que sirven…
¿Los documentos aportados contienen información carente de valor probatorio para los supuestos fácticos discutidos al interior del plenario?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
No tiene legitimación en la causa por activa para reclamar intereses moratorios derivados
Sentencia — Sentencia
2023-05-08
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 08001233300020140004901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Tiene legitimación en la causa por activa para reclamar intereses moratorios derivados de un contrato quien ha cedido sus derechos económicos a través de un contrato de fiducia mercantil? No
Quien cede sus derechos económicos a un patrimonio autónomo mediante un contrato de fiducia mercantil pierde, una vez notificada y aceptada la cesión, la legitimación en la causa para reclamar los intereses moratorios que se causen sobre esos derechos. La regla se sostiene en que los derechos salen del patrimonio del cedente y se radican en cabeza del patrimonio autónomo, que pasa a ser el titular de la acreencia. Por ello, el cedente carece de interés para pedir para sí el reconocimiento de intereses por pagos que se hicieron después de la cesión. En el asunto, la cesión de los derechos económicos de los contratos fue notificada a la entidad distrital y aceptada por esta, por lo que la demandante, que había cedido esos derechos, carecía de legitimación, y la Sala revocó la sentencia apelada. En la práctica, la cesión de derechos económicos a una fiducia traslada la legitimación para reclamar sus intereses al patrimonio autónomo.síntesis automática
También resuelve:
¿En el escenario de las controversias contractuales, son las partes del negocio jurídico en el que se origine la controversia quienes pueden formular, entre otras pretensiones…
¿El fideicomitente puede seguir fungiendo como titular de los bienes fideicomitidos?
¿Para que la cesión tenga efectos jurídicos frente al deudor cedido y frente a terceros, debe haber publicidad del acto de cesión para otorgar seguridad jurídica a los terceros que puedan verse…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio.
Sentencia — Sentencia
2024-12-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150161701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio? Sí
El contratista no puede omitir el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad antes de radicar la demanda, ya que el juez puede constatar permanentemente el incumplimiento de este presupuesto procesal y declarar la inhibición del proceso si no se ha cumplido adecuadamente, sin que pueda sanearse en etapas posteriores del trámite. Además, la medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial, por lo que debía cumplirse el requisito de procedibilidad estudiado, lo que releva al juez de poder resolver la controversia y obliga a inhibirse para analizar de fondo la litis. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, en virtud de la competencia funcional del juez de segunda instancia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿La medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial y, por lo tanto, se debía agotar el requisito de procedibilidad estudiado, sin que se haya procedido de esa manera?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia?
¿El medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se pretende el retiro del ordenamiento jurídico de actos administrativos contractuales?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se procede a actualizar a valor presente la cuantía del lucro cesante reconocida en el auto apelado.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2023-12-14
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600019951170402
ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve:
¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen?
¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos?
¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado
Sentencia — Sentencia
2024-09-11
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 05001233300020140102301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:
¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida?
¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del…
¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se impone revocar la decisión que se adoptó en la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020160051501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la…
¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales?
¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no es posible entrar a discutir e introducir modificaciones a lo ya definido so pretexto de aclarar o adicionar una providencia
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 25000233600020190062901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La finalidad de la potestad de aclarar o adicionar la sentencia es que el juzgador se pronuncie sobre aspectos que dejaron de considerarse y decidirse, pero no reabrir el debate o reformar las decisiones tomadas en la providencia? Sí
El contratista no puede reabrir el debate o reformar las decisiones tomadas en la sentencia mediante una solicitud de aclaración, ya que la finalidad de esta potestad es que el juez se pronuncie sobre aspectos que dejaron de considerarse y decidirse, no sobre cuestiones ya resueltas. La entidad estatal no está obligada a discutir la legalidad del acto administrativo de adjudicación si este no es el objeto del litigio, y la Sala no está compelida a pronunciarse sobre aspectos que no fueron disputados. Además, el perfeccionamiento del contrato estatal es un concepto jurídico general sometido al régimen jurídico que impone solemnidades, y no requiere aclaración si no genera dudas en su concepción. La Sala niega la solicitud de aclaración, reiterando que la sentencia es inmutable y no admite modificaciones que no se ajusten a los casos excepcionales previstos en la ley, lo que implica que las partes deben respetar la decisión judicial sin intentar reformarla.síntesis automática
También resuelve:
¿La discusión sobre la legalidad del acto administrativo con el que se adjudicó la licitación pública no era necesaria para dirimir el objeto de la litis?
¿El perfeccionamiento del contrato estatal comporta un concepto jurídico general y se encuentra sometido al régimen jurídico que gobierna las actuaciones del sujeto contratante en punto de las…
¿La intención del memorialista es reprochar la decisión de esta colegiatura de mantener el término de 10 meses para la producción de los efectos de la nulidad calificándola de indeterminada?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Por contera, las declaraciones y condenas innominadas deberán estar íntimamente conectadas con este, no con el acto administrativo producido en curso de su ejecución.
Sentencia — Sentencia
2023-06-02
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 47001233300020190061901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para declarar la existencia de un acto administrativo contractual de reconocimiento de desequilibrio económico del contrato estatal, y de las órdenes de pago para su restablecimiento? No
El medio de control de controversias contractuales no es idóneo para declarar la existencia de un acto administrativo contractual que reconoce el desequilibrio económico del contrato estatal ni para ordenar los pagos que se derivan de él, porque las pretensiones admisibles en este medio son las que enumera el artículo 141 del CPACA. La regla se fundamenta en la delimitación legal de las pretensiones del medio de control, de modo que la causa petendi debe encuadrarse en alguna de ellas. Además, la solicitud de restablecimiento del equilibrio y la respuesta favorable que el ente territorial dio a ella no sustituyen esa delimitación. En el asunto, el contratista demandó con base en la solicitud de restablecimiento y en el incumplimiento de la entidad respecto de una resolución que ordenaba un desembolso, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, el reconocimiento del desequilibrio debe discutirse por el medio de control que corresponda a sus pretensiones y no por el de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿La pretensión encaminada a declarar la existencia de un contrato del Estado se justifica cuando la regulación normativa de su tipología exija la formalidad del escrito?
¿Resulta procedente adecuar el cauce de este proceso al de un juicio ejecutivo, en el que la Resolución aportada al proceso funja válidamente como título de reconocimiento del desequilibrio económico…
¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple, salvo en lo que concierne a los procesos ejecutivos?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales
Sentencia — Sentencia
2024-05-22
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 27001233300020190006501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales? Sí
Cuando el daño que se reclama en una demanda de controversias contractuales tiene origen en actos administrativos expedidos por el agente liquidador de una entidad en liquidación que rechazaron una reclamación, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones: los actos del agente liquidador que deciden sobre acreencias son actos administrativos que exteriorizan la voluntad de la administración de manera particular y concreta; esos actos gozan de presunción de legalidad, que debe desvirtuarse a través del medio de control correspondiente; y el daño reclamado proviene de la decisión que rechazó la reclamación y no del incumplimiento del contrato. En el caso, la demanda no cuestionó esos actos, por lo que se configuró la ineptitud de la demanda y se confirmó la decisión que la declaró. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación contra el rechazo de una acreencia en un proceso liquidatorio debe demandarse mediante nulidad y restablecimiento dentro de su término.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de controversias que giran en torno a la actividad de una entidad pública?
¿Cuando lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto que se considera ilegal…
¿Procede la valoración de los documentos aportados en copia simple que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas
Sentencia — Sentencia
2021-12-14
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233300020120020901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:
¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado
Providencia
La Sala estudiará este presupuesto procesal de forma separada
Sentencia — Sentencia
2025-05-14
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100019970183903
ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte, y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, por otra? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar la nulidad del acto que impuso una multa y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de iniciarse el proceso. La demanda se interpuso dentro del plazo de dos años desde la notificación de la resolución que impuso la multa y desde la notificación del acto que liquidó unilateralmente el contrato, por lo que no se declara la caducidad de la acción. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que las demandas presentadas en estos términos no serán declaradas extemporáneas.síntesis automática
También resuelve:
¿La ineptitud de la demanda en forma, constituye ina ecepcion que debe ser declara de oificio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia?
¿Como el municipio de Medellín fue parte del contrato de obra público objeto de controversia y lo celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico que le resulta aplicable…
¿La liquidación unilateral del contrato de obra pública se realizó de forma oportuna, pese a que fue efectuada luego de haberse cumplido el término de dos meses dispuesto para tal efecto en la…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-07-06
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 47001233100020110003701
ACCION CONTRACTUAL
¿Cuáles son los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal, como el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, y la elevación del contrato a escrito, para que éste se reputa existente y perfecto. La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento no afectan la existencia o la validez del contrato, sino que impiden su regular ejecución, generando responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida. La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento, no siendo requisitos esenciales del contrato, sí tiene como efecto una alteración en la regularidad de la ejecución del negocio jurídico, lo que puede dar lugar a incumplimientos por parte de la entidad pública y del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del…
¿La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento al no ser requisitos esenciales del contrato…
¿En qué consiste la excepción de contrato no cumplido?
Consejo de Estado
Providencia
Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo.
Sentencia Unificación — FALLO
2013-09-25
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 25000232600019970393001
ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo Sí
El contratista, en calidad de consorcio o unión temporal, tiene capacidad procesal para comparecer como parte en juicios relacionados con derechos o intereses jurídicos que le conciernen, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual implica que puede actuar en el proceso judicial por conducto de su representante legal, sin necesidad de que los integrantes actúen individualmente. Esta regla se establece para modificar la jurisprudencia anterior que limitaba la capacidad procesal de estos consorcios y uniones temporales, reconociendo ahora su legitimación ad processum en controversias contractuales y procedimientos administrativos de selección contractual. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambia su posición anterior, permitiendo que los consorcios y uniones temporales puedan participar en procesos judiciales sin restricciones basadas en la falta de personalidad jurídica propia, lo que amplía sus posibilidades de defensa y acción en el marco del derecho administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato celebrado por una entidad del Estado y cuál es el régimen aplicable?
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la procedente para demandar la nulidad del acto administrativo que adjudicó el contrato de obra?
¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto administrativo de adjudicación?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto
Sentencia — Sentencia
2025-05-19
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 17001233300020120019202
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el proceso de controversias contractuales en el que se elevaron pretensiones en torno a un contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por una entidad pública, Empresa Departamental para la Salud EDSA? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias contractuales relativas a un contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por una entidad pública, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación de la sentencia del tribunal, según el artículo 150 del mismo código, en la versión vigente al presentarse la demanda. La regla se apoya en que una de las partes del contrato es una entidad pública departamental de salud, lo que sitúa la controversia en el ámbito de los contratos estatales. En el caso, la entidad pública departamental de salud que celebró el contrato de concesión habilita la competencia del Consejo de Estado en apelación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las controversias sobre concesiones de juegos de suerte y azar celebradas por entidades públicas son competencia de la jurisdicción, y la apelación contra la sentencia de primera instancia se resuelve por esta Corporación.síntesis automática
También resuelve:
¿La Empresa Departamental para la Salud EDSA y la sociedad SUSUERTE S.A. se encuentran legitimados por pasiva y por activa, respectivamente, en los dos procesos acumulados…
¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción…
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la existencia del contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por la Empresa…
MODIFICA
Procuraduría General de la Nación
Fallo disciplinario
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO: en tratándose de contratos por calamidad pública no es requisito la solemnidad del escrito
Decisión disciplinaria — CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
2025-10-06
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-La solemnidad escrita como requisito de existencia del contrato estatal (contrato solemne) ni la previa disponibilidad presupuestal como condición de ejecución El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso de controversias contractuales identificado en la referencia. Por lo tanto, cualquier acuerdo o contrato celebrado, sin este requisito es nulo de pleno derecho. En ese orden, no existe fundamento legal, jurídico o acto administrativo que sirva como fuente generadora o título que obligue a reconocer y pagar de las pretensiones de la demanda. Luego de verificar que en el sub examine no se presenta caducidad del medio de control, tampoco causal de nulidad que invalide la presente actuación, por tanto, se procede a estudiar los argumentos constitutivos del recurso de alzada.
También resuelve:
Accion de controversias contractuales: Declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta en el municipio de Florida
Contrato estatal: Validez del contrato para atender calamidades públicas
Contrato estatal: Limites a las solemnidades de la Ley 80 de 1993
Consejo de Estado
Providencia
Enriquecimiento sin causa: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 41001233300020140031501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La imposibilidad de estudiar el enriquecimiento sin causa, deviene del propio dicho del demandante, quien reconoció que la conducta que realizó en favor de la entidad demandada tuvo una causa, a saber, el contrato de obra? Sí
Si bien comparto la conclusión según la cual “no procede estudiar el enriquecimiento sin causa”, considero pertinente enfatizar que esta conclusión obedece a que, según lo indicó la propia parte demandante en su recurso de apelación, “debía entregar la obra con esos ítems no previstos en virtud del artículo 1603 del Código Civil” y “las obras no contratadas… eran necesarias e indispensables para la conclusión del objeto contractual”; en otras palabras, las pretensiones de enriquecimiento sin causa son negadas porque la parte demandante reconoció que la conducta que realizó en favor de la entidad demandada tuvo una causa, a saber, el contrato de obra… .
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: la exigencia de contrato escrito se cumple con la aceptación de la oferta
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-09-11
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 76001233300020170135901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La exigencia de contrato escrito se cumple con la aceptación de la oferta en la que se consignan los requisitos previstos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993? Sí
El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispone que «Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito». Esta norma no implica que deba existir un solo documento suscrita por las partes, sino que el acuerdo logrado conste por escrito, requisito que se cumple con el documento de aceptación de oferta, como en el caso objeto de resolución en la sentencia. Contrario a lo señalado por la sentencia de la que me aparto, considero que lo dispuesto en el literal d del numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en relación con que la aceptación de la oferta en los procesos de mínima cuantía constituye el contrato, no es una regla excepcional a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, sino que es un ejemplo de que la solemnidad de constar por escrito puede cumplirse de manera distinta a lo entendido por la sentencia.
También resuelve:
¿La ausencia de solemnidad de un contrato conlleva a la declaratoria de nulidad, y no de inexistencia?
¿Los actos demandados mantenían su naturaleza de contractuales y, por lo tanto, a ellos no les era aplicable la caducidad de la acción?
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: la declaratoria de incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Agricultura fue una decisión judicial
Salvamento voto — Salvamento de voto
2023-11-10
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020120028501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaratoria de incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Agricultura fue una decisión judicial que violó el principio de congruencia por no estar dentro de las pretensiones de la demanda? Sí
Considero, en primer lugar, que el fallo del cual me aparto incurrió en violación del principio de congruencia al declarar el incumplimiento del Ministerio de Agricultura por expedir las resoluciones enjuiciadas y dejar sin efecto las mismas, pese a que el incumplimiento contractual de esa entidad estatal no era una pretensión de la demanda. Las solicitudes del libelo, reiteradas en la apelación, se encaminaron expresamente a la nulidad de unas decisiones unilaterales adoptadas por el Ministerio, bajo la consideración de que se trataba de actos administrativos; conclusión ésta que, además, comparto con la parte demandante, pues toda declaración unilateral de la voluntad de una entidad administrativa, que genere determinados efectos jurídicos, constituye acto administrativo, al margen del régimen jurídico del contrato en cuyo marco se expida.
También resuelve:
¿El negocio jurídico objeto de controversia contractual cumplió los requisitos para ser tenido como un convenio especial de cooperación científica y tecnológica?
¿El régimen normativo aplicable al convenio era el Estatuto General de Contratación Estatal al tratarse de un negocio jurídico con elementos de carácter netamente contractual?
¿El Ministerio de Agricultura tenía la competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento contractual del IICA e imponerle la cláusula penal…