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Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2025-05-16Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 08001333300920230005401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia en procesos de controversias contractuales, por el factor territorial, se determinará por el lugar donde se ejecutó el contrato y, en el evento en que sean varios los jueces o tribunales competentes para conocer de asunto, conocerá a prevención el juez o tribunal ante el cual se hubiere presentado la demanda; por lo que, en vista de lo estipulado en el objeto de los contratos de prestación de servicios y dada la voluntad de la parte demandante expresada en la solicitud dirigida ante el Tribunal donde radicó la demanda, la autoridad judicial competente para tramitar el proceso de la referencia será el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla? Sí
El artículo 156 del CPACA -con la modificación de la Ley 2080 de 2021- señala que la competencia en procesos de controversias contractuales, por el factor territorial, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.
¿Se acreditó que Cajanal SA EPS, con ocasión de la ejecución del contrato de prestación de servicios de salud no. 258 de 2003, incurrió en el incumplimiento de la obligación de pago de los servicios efectivamente prestados, facturados y no pagados, generando con ello unos perjuicios económicos a la parte actora susceptibles de indemnización? No
La Corporación Médica CMD SA pretende la declaración de incumplimiento de Cajanal SA EPS de la obligación de pago y el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por cuenta de ello, peticiones que sustenta con un total de trescientas dos (302) facturas… . El análisis de los documentos y facturas que conforman el expediente evidencia que de un total de trescientas dos (302) facturas, ciento ochenta y ocho (188) ya habían sido objeto de pronunciamiento por parte del agente liquidador de Cajanal SA EPS, razón por la cual, tales súplicas comportaban actos administrativos cuyo cuestionamiento de legalidad debió ser objeto de demanda, pues, su motivación se circunscribió al cumplimiento de la orden de supresión y liquidación de Cajanal SA EPS emitida con el Decreto 4409 de 2004, por lo que deberán denegarse tales pretensiones.
También resuelve:¿Los actos del liquidador de la sociedad Cajanal SA EPS tienen naturaleza jurídica de actos administrativos, con presunción de legalidad…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2023-11-21Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 05001233300020230076501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Tribunal Administrativo de Antioquia conocer del presente proceso de controversias contractuales en razón al factor territorial de competencia, cuando se observa que el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato de prestación de servicios comprendía los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Tolima, Quindío y Risaralda? Sí
El artículo 156 del CPACA -con la modificación de la Ley 2080 de 2021- señala que la competencia en procesos de controversias contractuales, por el factor territorial, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2024-05-06Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001334305920230029501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Como la ejecución del contrato tuvo lugar tanto en el municipio de Arauca como en Bogotá, la competencia recae sobre el juez administrativo de Arauca, al haber sido este el lugar en el que se radicó la demanda? Sí
En las motivaciones que dieron lugar a la celebración del negocio jurídico, se consagró que la E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca presentaba cuentas de servicios pendientes por facturar y/o cobrar al Fondo de Solidaridad y Garantías -Fosyga- (actualmente administrado por el ADRES), por concepto de atención a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos; por esa razón se hizo necesario contratar los servicios profesionales de una persona natural o jurídica con experiencia especializada en la realización de dichos cobros; además, se constató que AAACPT Consultores S.A.S. contaba con sede en Bogotá D.C., lo que implicaba que no debía incurrir en costos de desplazamientos o representación para realizar las gestiones de cobro.… En la cláusula décima primera se pactó que el domicilio contractual del negocio jurídico, para todos los efectos legales, sería el municipio de Arauca.… En el contrato 22451 de 2016…
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre juzgados administrativos de distinto distrito judicial?¿Para determinar la competencia judicial por razón del territorio en los procesos de controversias contractuales, debe establecerse el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato?
¿El objeto del contrato previó el trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial para recuperar los recursos adeudados al departamento del Valle del Cauca por concepto de las cuotas partes pensionales en mora de pago? Sí
El contratista, al liquidar un contrato de prestación de servicios con la entidad estatal, puede acordar en el acta de liquidación los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, así como expresar sus reparos o salvedades, siempre y cuando no asuma obligaciones ajenas a las establecidas en el contrato original. En este caso, la entidad contratante y el contratista acordaron en la cláusula vigésima sexta del contrato la obligación del contratista de brindar apoyo en la sustanciación del trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial de las cuotas partes pensionales en mora de pago. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que el acta de liquidación no configura un nuevo contrato, sino que implica el reconocimiento de las obligaciones asumidas dentro del contrato inicial, y que la demanda por incumplimiento del contrato debe interponerse dentro del plazo previsto por la normativa vigente al momento de la liquidación, en este caso, el Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿En el acta de liquidación las partes pueden disponer de los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual, llegar a acuerdos sobre los ajustes…¿Según lo consignado en el acta, la demandante aceptó la liquidación y declaró a paz y salvo a la entidad contratante sin expresar salvedad alguna?¿Cómo la presentación de la demanda fue extemporánea, se impone declarar de oficio la caducidad de la acción contractual?
¿Se acreditó la demora injustificada en la firma del acta de inicio por parte del contratante? No
La Sala empieza por señalar que el contratista tramitó oportunamente la póliza una vez se perfeccionó el contrato, pero al hallar ciertos errores de fechas, la Universidad pidió su corrección en enero y febrero; así las cosas, el tiempo que transcurrió en este trámite fue producto de ajustes que el contratista efectuó el 27 de enero de 2015, periodo justificado, incluso si se considera el error en que al parecer incurrió la Universidad el 3 de febrero al pedir otra corrección, de manera que, al menos por ese lapso, no hay reproches relevantes que endilgar a la contratante bajo la tesis de que se presentó una demora de tres meses en la firma del acta de inicio.
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento de obligaciones por parte del contratante durante la ejecución del contrato de procesamiento bibliográfico?¿El dictamen pericial debe exponer la metodología usada y tener coherencia con el objeto de su decreto para que proceda su valoración?¿Es improcedente la tacha de testigos por quien solicitó la prueba?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020220001101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la acción por presentación extemporánea de la demanda? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa, ante la ausencia de liquidación bilateral dentro del plazo convenido por las partes en el contrato, a partir del vencimiento de dicho plazo contractual, debiendo descontarse debidamente los periodos de suspensión de términos ordenados por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdos generales, de modo que si la demanda se presenta una vez transcurrido en su integridad el plazo legal previsto opera inexorablemente el fenómeno procesal de la caducidad, sin que resulte jurídicamente aplicable la suspensión de términos por conciliación extrajudicial cuando dicha solicitud se radica de manera extemporánea con posterioridad al vencimiento del término previsto por el legislador para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirmará la decisión de primera instancia que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿Las partes acordaron en cláusula del contrato que este sería liquidado dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo señalado para su ejecución?¿La contratación con la sociedad demandada se rige por las reglas del derecho privado en atención a su régimen jurídico?
¿La determinación del a quo de incluir en la liquidación judicial un saldo a favor del municipio de Palmira, constituye una inobservancia al principio de congruencia, en la medida en que está definiendo aspectos relacionados con el incumplimiento de la aludida obligación contractual? No
La liquidación judicial de un contrato puede incluir un saldo a favor de una de las partes sin que ello vulnere el principio de congruencia, cuando la determinación se limita a establecer las cuentas del negocio con base en el soporte financiero acreditado y no decide sobre el incumplimiento. Una razón es que el saldo fijado a favor de la entidad correspondía a un concepto de defensa judicial que no fue ejecutado, ni ordenado ni reconocido al contratista, de modo que el juez solo reportó el balance final. Otra razón es que el reparo de la apelación se limitó a un cálculo matemático, sin acreditar que las prestaciones se ejecutaron y debían pagarse, por lo que no pudo establecerse el efectivo cumplimiento que lo sustentara. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que fijó el saldo y no encontró prosperidad en el primer cargo de la apelación. Su consecuencia práctica es que el recurrente que objeta un saldo de liquidación judicial debe acreditar con pruebas la ejecución de las prestaciones que reclama.síntesis automática
También resuelve:¿El a quo tuvo en consideración todos los documentos que mostraban la ejecución a cabalidad de la obligación contenida en el otrosí 2 relacionada con la presentación de demandas de lesividad?¿La confesión realizada por el accionado en la contestación de la demanda, relacionada con el recibo efectivo reconocido por concepto de proyección de actos administrativos de compartibilidad…¿Se acreditó el cumplimiento de la obligación emanada del otrosí 2 al contrato de prestación de servicios, asociada a la proyección de actos administrativos de compartibilidad o no de la pensión?
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
El apelante en un proceso de controversias contractuales tiene la carga de sustentar su recurso mediante argumentos dirigidos a rebatir las conclusiones y la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, pues si se limita a reiterar lo expuesto en la demanda o formula un cargo nuevo incongruente con la base de la decisión impugnada, el juez de segunda instancia no puede suponer las razones de inconformidad y debe confirmar el fallo. En el ámbito sustancial de los contratos de prestación de servicios de salud, las liquidaciones bilaterales constituyen negocios jurídicos en los que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, realizan un cruce de cuentas sobre las obligaciones ejecutadas. Por tanto, el contratista no puede pretender posteriormente el cobro de facturas que dejó de radicar oportunamente bajo un trámite conocido ni excusarse en hechos sobrevinientes cuando omitió revisar sus cuentas pendientes pese al requerimiento previo a la etapa liquidatoria.síntesis automática
También resuelve:¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa?¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda?¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
¿Cuáles son los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal, como el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, y la elevación del contrato a escrito, para que éste se reputa existente y perfecto. La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento no afectan la existencia o la validez del contrato, sino que impiden su regular ejecución, generando responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida. La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento, no siendo requisitos esenciales del contrato, sí tiene como efecto una alteración en la regularidad de la ejecución del negocio jurídico, lo que puede dar lugar a incumplimientos por parte de la entidad pública y del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del…¿La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento al no ser requisitos esenciales del contrato…¿En qué consiste la excepción de contrato no cumplido?
¿Para la época en que fue proferido el acto que declaró la caducidad del contrato, era obligatorio o existía un procedimiento previo que la entidad demandada tuviera que realizar para garantizar los derechos al debido proceso, audiencia y defensa del contratista? Sí
El contratista tiene derecho al debido proceso administrativo en el momento de la declaratoria de caducidad del contrato, lo que implica que la entidad estatal debe garantizarle la posibilidad de ser oído y ejercer su defensa, independientemente de la ausencia de un procedimiento específico en la época en que fue proferido el acto. Esto se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política y en la jurisprudencia que lo desarrolla, así como en el Decreto 01 de 1984, que establece la obligación de la administración de comunicar al contratista las actuaciones que puedan afectar sus intereses y darle la oportunidad de expresar sus opiniones. La Sala reitera que la omisión de estos procedimientos vicia de nulidad el acto administrativo que declara la caducidad del contrato, lo que puede conllevar una indemnización por pérdida de oportunidad si el contratista demuestra que estaba en una posición jurídicamente relevante para celebrar contratos con el Estado y que esa posibilidad fue truncada por la declaratoria de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la indemnización de perjuicios por la pérdida oportunidad derivada del acto que declara la caducidad de un contrato estatal…¿Es procedente reconocer a favor del contratista indemnización de perjuicios a título de pérdida de oportunidad, cuando no se acreditó que, en los años de la inhabilidad…¿Es procedente reconocer indemnización de perjuicios por el 15% del valor de las cuotas partes que le hubieran correspondido al demandante “sí el contrato se hubiera desarrollado en feliz término”?
¿Se causó la prima de éxito acordada en un contrato de prestación de servicios profesionales para la representación judicial en un proceso arbitral? No
La prima de éxito pactada como porcentaje del ahorro que obtenga la entidad respecto de las pretensiones de una convocatoria arbitral solo se causa cuando ese ahorro es cierto, lo que exige que el conflicto se resuelva de manera definitiva mediante laudo, conciliación u otra forma de terminación anormal del proceso. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el adverbio efectivamente empleado en el pacto significa que el ahorro debe ser real y verdadero, y no puede presumirse por el solo hecho de que no se haya proferido condena. Segundo, la condición de la que depende la exigibilidad de la prima se verifica en función de lo que se resuelva sobre las pretensiones, de modo que si el tribunal no se pronuncia de fondo sobre ellas, no puede tenerse por cumplida. Tercero, la remuneración por la defensa judicial, como obligación de medio, es distinta de la prima por resultado, por lo que el pago adicional depende del resultado concreto y no de la gestión realizada. La providencia confirma la decisión de primera instancia que negó la prima; en la práctica, la prima de éxito debe pactarse con una condición de resultado cierta y verificable.síntesis automática
También resuelve:¿Sobre la terminación anormal del proceso, el proceso arbitral puede finalizar por varias circunstancias, la mayoría con efectos netamente procesales de cara al juez de la causa?¿Entre las diversas formas de remuneración, es compatible que las partes puedan acordar el pago de unos valores fijos y, adicional a ello, una suma por concepto de prima de éxito?¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿Las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales se presentaron de forma oportuna, de conformidad con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución? Sí
El contratista presenta oportunamente las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución. La Sala determina que el plazo del contrato se estableció inicialmente por un término fijo de cinco años, pero en caso de que las gestiones para lograr el pago se debieran adelantar ante los estrados judiciales, el plazo se convierte en indeterminado pero determinable en función de la duración de los procesos judiciales. La Sala reitera la importancia de interpretar las cláusulas del contrato de manera sistemática y coherente con el objeto convenido y las obligaciones de las partes, lo que implica que las demandas presentadas dentro del plazo judicial son oportunas y no caducan. Esta interpretación permite que los procesos judiciales se desarrollen sin restricciones temporales adicionales, garantizando la efectividad del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias…
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato celebrado entre una sociedad y un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el contrato de prestación de servicios especializados para la modernización tecnológica de la gobernación se origina en la actividad contractual de una entidad territorial; el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA define la competencia de segunda instancia por la cuantía de la demanda a la fecha de su interposición. Por ello, la competencia de la jurisdicción y del Consejo de Estado se determina por la naturaleza del contrato y la cuantía. La providencia de primera instancia se revoca.síntesis automática
También resuelve:¿Como el asunto sub judice se refiere al presunto incumplimiento del contrato, a la ruptura de la ecuación económica y a su liquidación judicial…¿Las partes estipularon de manera expresa que una vez finalizado el plazo de ejecución, el contrato sería objeto de liquidación conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación?¿La nulidad absoluta de los contratos estatales puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no sea susceptible de ser saneada mediante ratificación?
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver disputas relacionadas con la liquidación y pago de bonificaciones de éxito pactadas en contratos de prestación de servicios, siempre que la cuantía de la pretensión exceda los 500 SMLMV. La demanda debe presentarse dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, que comienza a correr una vez vencido el plazo para la liquidación del contrato, incluso si este no se realiza. Además, la declaración de la representante legal del IDU, aunque no puede considerarse confesión judicial debido a la prohibición legal, puede ser valorada como prueba testimonial anticipada para interpretar el alcance de las estipulaciones contractuales, siempre que se ajuste a los principios de sana crítica y coherencia. Esta decisión modifica precedentes y establece un marco claro para la aplicación del medio de control de controversias contractuales en casos de incumplimiento relacionados con bonificaciones de éxito.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de controversias contractuales fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA…¿Resulta procedente otorgar valor probatorio, como testimonio anticipado y sin desconocer la prohibición legal respecto de la confesión…¿Procede interpretar la cláusula relativa a la bonificación de éxito del contrato de prestación de servicios con fundamento en la intención común de las partes…
¿La aclaración de voto se fundamentó en que el contrato de prestación de servicios celebrado para actividades de naturaleza tributaria y fiscal transfirió indebidamente funciones propias de la entidad —como la liquidación y fiscalización de tributos—, lo cual configura un vaciamiento de la función administrativa y, en consecuencia, genera la nulidad absoluta del contrato conforme a la línea jurisprudencial iniciada en la sentencia del 17 de mayo de 2007 y desarrollada por la Sala de Consulta y Servicio Civil? Sí
El contrato de prestación de servicios que transfiere funciones de liquidación y fiscalización de tributos propios de la entidad pública incurre en nulidad absoluta por vaciamiento de la función administrativa. Aunque acompañé la sentencia, aclaro voto frente a las hipótesis que originan la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios cuando su objeto se relaciona con actividades de naturaleza tributaria y fiscal. El antecedente principal y que dio origen a una línea jurisprudencial en la materia se encuentra en la sentencia de 17 de mayo de 2007, desarrollada posteriormente por la Sala de Consulta y Servicio Civil en relación con la indebida transferencia de funciones públicas esenciales a contratistas particulares.síntesis automática
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