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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado

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Fecha
2024-06-04
Radicado
25000233600020190086702
Número interno
70371
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS (AD. DEL FONDO-CUENTA DE IMP. AL CONSUMO DE PRODUC. EXTRANJEROS
Demandado
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado

Lo que dijo la Sala

Las partes de la relación contractual no pactaron un término de liquidación distinto del previsto en la Ley 1150 de 2007 para efectos de adelantar el trámite de liquidación contractual, norma que, ante la ausencia de un plazo convencional, prevé: i) que la liquidación bilateral se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término de ejecución, ii) en defecto de lo anterior la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes a dicho término, y iii) que si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha producido la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente.… Así, la competencia temporal de la administración para ejercer sus facultades a través de un acto administrativo (elemento subjetivo de validez del mismo) se verifica en el momento en que esa manifestación de voluntad se forma…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Síntesis síntesis automática

La entidad estatal expide el acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo dentro de los términos temporales previstos en la Ley 1150 de 2007 cuando las partes no han pactado un plazo convencional distinto, debiendo verificarse la competencia temporal de la administración en el momento en que se profiere el acto. Los contratos interadministrativos suscritos entre entidades públicas para cumplir finalidades misionales y de interés público se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, debiendo ser objeto de liquidación los contratos de tracto sucesivo y aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, garantizando los elementos de existencia y validez de los actos administrativos contractuales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1150 de 2007

También resuelve

  • ¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos…
  • ¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y…
  • ¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO REQUISITOS DE VALIDEZ EN EL ACTO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA TEMPORAL COMPETENCIA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO ESTATAL FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTOS DE LA ENTIDAD ESTATAL CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA PROTECCIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CONTRATO PARA ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE PRECIO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE CONTRAPRESTACIÓN ELEMENTOS DEL CONTRATO CONTRATO CONMUTATIVO CONTRATO BILATERAL CONTRATO SINALAGMÁTICO ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO FACULTADES DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONTRATACIÓN ESTATAL CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO UTILIDADES DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO VOLUNTARIO FORMALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO OPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PUBLICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO HECHO CARGA DE LA PRUEBA ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MORA DEL CONTRATANTE DEMORA EN LA GESTIÓN ENCOMENDADA FALTA DE PRUEBA PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL CONDICIONES DE LA OFERTA ELEMENTOS DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEBERES DEL CONTRATISTA ESTUDIO DE MERCADO PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA PRINCIPIO NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO PRINCIPIO DE OPONIBILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO GESTIÓN DEL ABOGADO CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA

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Liquidación del contrato Contratación directa Nulidad del contrato estatal Contratos y convenios interadministrativos Condena en costas y agencias en derecho

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE VALIDEZ EN EL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA TEMPORAL / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Problema jurídico: ¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007? Respuesta al problema jurídico: Si [L]as partes de la relación contractual no pactaron un término de liquidación distinto del previsto en la Ley 1150 de 2007 para efectos de adelantar el trámite de liquidación contractual, norma que, ante la ausencia de un plazo convencional, prevé: i) que la liquidación bilateral se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término de ejecución, ii) en defecto de lo anterior la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes a dicho término, y iii) que si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha producido la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente. (…) Así, la competencia temporal de la administración para ejercer sus facultades a través de un acto administrativo (elemento subjetivo de validez del mismo) se verifica en el momento en que esa manifestación de voluntad se forma, esto es, cuando el acto es proferido. Considerando, entonces, que de conformidad con los hitos contractuales del caso concreto, reseñados previamente, el término para la liquidación bilateral o unilateral del Contrato Interadministrativo n° 415 de 2015 fenecía el 1 de febrero de 2019, y que el acto administrativo que dispuso la liquidación (Resolución n° 00221) fue expedido el 25 de enero de 2019; resulta forzoso concluir que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tenía competencia temporal para su expedición y, por ende, no le asiste razón a la entidad demandante sobre este aspecto del recurso de alzada, lo que de suyo supone que el cargo de nulidad por falta de competencia invocado en el libelo introductorio no estaba llamado a prosperar, como acertadamente lo resolvió el a quo. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL / FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTOS DE LA ENTIDAD ESTATAL / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA / PROTECCIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD / CONTRATO PARA ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE / PRECIO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONTRAPRESTACIÓN / ELEMENTOS DEL CONTRATO / CONTRATO CONMUTATIVO / CONTRATO BILATERAL / CONTRATO SINALAGMÁTICO / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / FACULTADES DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / CONTRATACIÓN ESTATAL CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / UTILIDADES DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO Problema jurídico: ¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos, reúne los elementos de un contrato interadministrativo oneroso, conmutativo, sinalagmático y bilateral? Respuesta al problema jurídico: Si [D]e las consideraciones expresadas en el contrato se constata que el mismo se celebró en uso de la modalidad de selección de contratación directa, invocando para tal efecto lo previsto en el artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. (…) Esta Subsección ha precisado que el contrato interadministrativo, a diferencia del convenio interadministrativo, es un acuerdo de contenido patrimonial, característicamente oneroso, donde existe una prestación y una contraprestación en función del interés de cada una de las partes, y que se expresa a través de la estipulación de obligaciones recíprocas que se miran como equivalentes, según las previsiones iniciales acordadas al momento de proponer o contratar. Así, considerando el momento de suscripción del negocio fuente de la controversia, la norma vigente que establecía el marco funcional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social era el Decreto 4155 de 2011 (…). [E]l acuerdo de voluntades que se analiza es, efectivamente, un contrato interadministrativo, pues: i) fue suscrito por dos entidades públicas, en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993; ii) su objeto perseguía la satisfacción de una finalidad pública que se inscribe dentro del deber misional del DPS (la ejecución de programas y políticas de atención a víctimas de la violencia y grupos poblacionales vulnerables, así como la reintegración social y económica de los mismos), así como guardó una correspondencia directa con los estatutos de la Federación Nacional de Departamentos; y iii) existió un ánimo o interés remuneratorio en el acuerdo interadministrativo de una de las partes (la Federación), pues se pactó una contraprestación (dineraria en este caso) a cambio de una prestación ejecutada. De ese modo, el negocio jurídico en cuestión estuvo sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Así, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 señala que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferencia entre convenios y contratos interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de marzo de 2023, rad. 58623, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.4, DECRETO 4155 DE 2011, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL C, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO VOLUNTARIO / FORMALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PUBLICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y, por la misma circunstancia, no condiciona su validez? Respuesta al problema jurídico: Si El acto administrativo, como lo ha sostenido esta Corporación, “tiene como elementos esenciales los de existencia, que han sido ubicados en el órgano y su contenido; los de validez, que son relativos a la voluntad y las formalidades o el procedimiento, y la eficacia u oponibilidad, sumergidas en las ritualidades para hacerlo eficaz y capaz de producir efectos jurídicos”. Asimismo, ha señalado de forma pacífica y uniforme, a través de sus diferentes Secciones, en línea con la Corte Constitucional, que deben diferenciarse los elementos que integran la manifestación de voluntad de la administración, al momento de su formación, de aquellos que condicionan la producción efectiva y definitiva de sus efectos. Mientras los primeros determinan la existencia del acto administrativo, los segundos impactan en su eficacia. La notificación o publicación del acto administrativo, según se trate, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad a su destinatario, esto es, a la posibilidad de que sus efectos jurídicos puedan ser exigibles y ejecutables por la administración que produce tal manifestación de voluntad, de manera que se trata de un elemento extrínseco al acto administrativo, que no incide en su formación o expedición y, por la misma circunstancia, no condiciona su validez. Por otro lado, la validez de un acto administrativo consiste en su conformidad con el ordenamiento jurídico, consecuencia del respeto a la legalidad o del sometimiento a las exigencias del derecho vigente. Por diseño normativo, la competencia del juez para el control de legalidad de los actos administrativos está limitada a los eventos en que los mismos “hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos de existencia, validez y eficacia del acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 5 de octubre de 2017, rad. 17001-23-31-000-2004-01043-02(1563-10), C.P. César Palomino Cortés. Sección Cuarta, sentencia del 27 de junio de 2018, rad. 21235, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 23 de enero de 2014, rad. 18841, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; sentencia de 20 de noviembre de 2014, rad. 18943, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia; sentencia de 28 de mayo de 2015, rad. 21116, C. P. Jorge Octavio Ramírez, sentencia del 19 de abril de 2018, rad. 21176, C. P. Jorge Octavio Ramírez; sentencia del 3 de diciembre de 1997, rad. CE-SEC1-EXP1997-N4660. C. P. Juan Alberto Polo Figueroa; sentencia del 31 de agosto de 2000, rad. 6073, C. P. Olga Inés Navarrete Barrero; sentencia del 30 de septiembre de 2010, rad. 11001-03-24-000-200700203-00, C. P. Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta. CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ Problema jurídico: ¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló en el fallo impugnado que no había lugar a estudiar las demás pretensiones de la demanda (distintas a las referidas a la falta de competencia temporal), bajo el argumento de que “estando liquidado el referido contrato y manteniendo su legalidad, no hay lugar a revivir debates sobre la ejecución del mismo (…) pues la liquidación pone fin al negocio jurídico preexistente”. La Subsección no comparte el argumento del Tribunal, por tres razones esenciales: i) la firmeza del acto de liquidación unilateral del contrato no priva a los sujetos contractuales de discutir su legalidad por vía judicial. Ello constituye un supuesto no contemplado normativamente y desnaturaliza la finalidad del medio de control de controversias contractuales; ii) contrario a lo anterior, la firmeza del acto administrativo de liquidación es lo que habilita a las partes contractuales a acudir al juez contencioso administrativo y cuestionar su legalidad; y iii) si bien la liquidación unilateral puede poner fin al negocio jurídico, ello no supone en modo alguno que los puntos sobre los cuales subsista controversia no puedan ser discutidos en sede judicial, máxime si la controversia radica, por ejemplo, en la forma o contenido de ese acto de liquidación y los términos en los que se ha adelantado ese balance final. (…) [L]a interpretación sistemática del texto de la demanda, en conjunto con la fijación del litigio efectuada por el a quo, obliga a considerar que, efectivamente, tal como lo alegó la parte demandante en su recurso de apelación, la falsa motivación de las Resoluciones 00221 del 25 de enero de 2019 y 01566 del 10 de junio de 2019 hacía parte de los puntos de derecho que debían ser resueltos por la sentencia de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la interpretación de la demanda, ver: Corte Constitucional, sentencia SU 061 de 2018, M. P. Diana Fajardo Rivera. INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / HECHO / CARGA DE LA PRUEBA / ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MORA DEL CONTRATANTE / DEMORA EN LA GESTIÓN ENCOMENDADA / FALTA DE PRUEBA / PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El cargo de nulidad por falsa motivación debe ser negado, al encontrarse que los hechos que la Administración tuvo en cuenta para motivar el acto de liquidación unilateral estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa, sin omitir ningún aspecto fáctico? Respuesta al problema jurídico: Si En lo que respecta a la motivación de la Resolución 00221 del 25 de enero de 2019 (acto administrativo de liquidación), esta Corporación ha precisado que la prosperidad de la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación, exige que se demuestre una de dos circunstancias: a) que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente. (…) Al respecto debe señalarse que ni el clausulado del contrato ni su anexo técnico especifican que la entidad demandada tuviese que efectuar el proceso focalización en un plazo determinado, respecto del que se pudiera predicar la tardanza alegada por la demandante. Así mismo, de un lado, ninguno de tales elementos de juicio permite acreditar que el DPS hubiese incurrido en la alegada tardanza en el proceso de focalización; y, del otro, la entidad demandante tampoco aportó prueba alguna que soporte cuáles fueron esos mayores costos en los que afirma haber incurrido y que se hubiesen derivado de la alegada tardanza en la focalización (si en gracia de discusión la misma se hubiese presentado). (…) No existe, por lo tanto, evidencia de que la Administración haya pretermitido elementos que se encontraran debidamente probados al momento de proferir sus decisiones, como tampoco que el hecho que se afirma omitido por los actos administrativos cuestionados se hubiese presentado efectivamente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la nulidad de un acto administrativo por falsa motivación, ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 2 de febrero de 2012, rad. 17490, C. P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas; sentencia del 4 de noviembre de 2015, rad. 21151, C. P. Marta Teresa Briceño Valencia. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL / CONDICIONES DE LA OFERTA / ELEMENTOS DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Problema jurídico: ¿El deber de planeación del contrato estatal es compartido entre las entidades estatales y los oferentes, lo que también obliga a los segundos, durante la etapa previa a la suscripción del contrato, a actuar de manera diligente? Respuesta al problema jurídico: Si La Sección Tercera de esta Corporación se ha pronunciado sobre el deber de planeación del contrato estatal, con el fin de precisar que es compartido entre las entidades estatales y los interesados en celebrar un negocio jurídico con aquellas, lo que también obliga a los segundos, durante la etapa previa a la suscripción del contrato, a actuar de manera diligente, con el cuidado y rigor de un especialista que pretende suscribir un negocio jurídico con el Estado por las calidades y experiencia que ostenta en determinada materia. Dicha exigencia se ha equiparado con el deber de actuar conforme a la buena fe objetiva, es decir, un comportamiento ajustado a derecho y a los postulados de la lealtad y la corrección sin que la creencia de estar actuando de acuerdo al ordenamiento jurídico convalide la inobservancia de mandatos imperativos consagrados en la ley, lo que implica el deber de informar a la entidad contratante sobre las falencias o errores evidenciados antes de la celebración del negocio, de conformidad con el artículo 1603 del Código Civil. (…) [L]os oferentes interesados no pueden omitir su debida diligencia y, en desarrollo de la misma, es su deber advertir a la entidad desde el inicio sobre aquellos aspectos que considere confusos o equívocos del negocio jurídico a celebrarse y de los documentos que soportan su estructuración, bien sea que se trate, como ocurre en el caso bajo estudio, de elementos que debieron hacer parte de la oferta presentada por la entidad contratista (el valor de la remuneración pactada, con un impacto definitivo en el valor del contrato a celebrar) o del estudio de mercado utilizado por la entidad contratante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de planeación contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2020, rad. 46057, C. P. María Adriana Marín; sentencia del 19 de noviembre de 2012, rad. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 8 de mayo de 2019, rad. 59309, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / ELEMENTOS DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / ESTUDIO DE MERCADO / PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA / PRINCIPIO NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS / FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / PRINCIPIO DE OPONIBILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS Problema jurídico: ¿Los aspectos cuestionados por la Federación Nacional de Departamentos frente al negocio jurídico celebrado obedecieron a las condiciones en las que presentó su oferta y a aspectos propios de la estructuración del negocio jurídico que debió advertir desde antes de su suscripción conforme al principio de planeación precontractual, por ello resulta improcedente sostener que los actos acusados se encuentran viciados por falsa motivación? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l hecho de que el principio de planeación opere en doble vía -según se precisó- implica una carga para el contratista, en el sentido de que “no podrá desconocer los términos y condiciones que aceptó y mucho menos aquellos que negoció con la entidad pública [contratante]”. Por consiguiente, si al momento de estructurar su oferta el contratista omitió incluir determinado rubro en la contraprestación pactada, circunstancia de su exclusivo resorte, no puede pretender beneficiarse de su propia culpa para elevar posteriormente pretensiones indemnizatorias frente a la entidad contratante; ello contraría el principio “nemo auditur propriam turpitudinem allegans” y la jurisprudencia de esta Corporación. En similar sentido, tampoco pueden ser acogidas las conclusiones consignadas en el dictamen pericial analizado, según las cuales para el estudio de mercado del Contrato Interadministrativo 415 de 2015 se tomaron como base los estudios previos de otro negocio jurídico, y que ello derivó en que en el presupuesto final del contrato se hubiesen calculado equivocadamente el valor de la utilidad, los costos directos, los costos asociados a la administración, el costo de envío de las dotaciones y los costos indirectos. Y no se acogen por razón de la explicada carga que el principio de planeación impone al contratista, que le impide invocar en sede judicial imprecisiones o deficiencias en la estructuración del negocio jurídico sobre aspectos que debió advertir desde antes de su suscripción. En consecuencia, tampoco puede afirmarse, en punto al segundo y tercer argumento que sustentan el cargo de nulidad propuesto, que en la parte considerativa del acto administrativo de liquidación contractual, ni del que lo confirmó en sede de reposición, se hubiese omitido alguna circunstancia que debiera conducir a una decisión sustancialmente distinta o que el hecho que se afirma soslayado por los actos administrativos cuestionados se hubiese presentado efectivamente. (...) Por ende, los valores reclamados no podían ser reconocidos por el DPS y, en consecuencia, no hay lugar a sostener que los actos acusados se encuentran viciados por falsa motivación, como se afirma por la entidad contratista, de manera que este aspecto de su recurso de alzada también resulta impróspero. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de que nadie puede pretender beneficiarse de su propia culpa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de mayo de 2019, rad. 59309, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sentencia de la Corte Constitucional T 122 de 2017. CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL ABOGADO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas en primera instancia contra la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si [D]e conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen. (…) [L]e asiste razón a la entidad demandada en su recurso de alzada, en la medida que la no prosperidad de las pretensiones elevadas por la Federación Nacional de Departamentos imponía al a quo el deber de efectuar la correspondiente condena en costas. Así, considerando que la entidad demandante resultó vencida en el curso de la primera instancia, debe revocarse el ordinal segundo de la sentencia impugnada y, en su lugar, condenarla en costas, las cuales serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal de origen, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. A su vez, para la determinación del monto de las agencias en derecho, deben atenderse los criterios y tarifas señaladas en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura y vigente para la fecha en que se presentó la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Subsección condenará en costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante, en la medida que, de un lado, los argumentos de su recurso de apelación resultaron imprósperos; y, del otro, la entidad demandada intervino activamente en esta instancia, pronunciándose sobre el recurso de apelación impetrado por aquella. Así, las costas de segunda instancia serán liquidadas, de forma concentrada, por la Secretaría del Tribunal de origen, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP, al tiempo que, por agencias en derecho, en los términos del citado Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, se fijará la suma de 1 salario mínimo legal mensual vigente. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 No tiene permisos para visualizar este documento en este proceso con su Nivel de Acceso: {"NivelAcceso":"0","cedulaUsuario":"","RadicacionAcumulada":"","idDependencia":"","EntidadRadicadora":"","Rol":"","buzon":"","PonenteActivo":"1","Perfil":"","validado":"False","mensajeValidacion":"CRITERIO PERFIL:Publico sin Loguear, Sin permisos, Público logeado. CRITERIO VISUALIZACIÓN DOCUMENTO: PUEDE VER LOS NO RESERVADO Y NO CLASIFICADOS SOLO BORRORIG EN ORIGINAL. CRITERIO FINAL: NO SE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE VISUALIZACIÓN, FIRMANTE, ORIGEN Y/O DECISIÓN"} Rama Judicial de Colombia | © 2026 Copyright: Consejo de Estado

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