Titulación de la relatoría 53.056 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia, puesto que el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en vigor para la fecha de interposición de la demanda- estableció que a esta jurisdicción le corresponde decidir las controversias originadas en actos, contratos, omisiones, operaciones y hechos sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas entidades públicas. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala la nulidad de las Resoluciones 2835 del 6 de septiembre de 2011 y 3468 del 2 de noviembre del mismo año, en las la Secretaría de Educación Distrital dispuso la terminación del contrato N° 1961 de 2010, así como de las Resoluciones 009 y 10 de 2012, en las que la misma entidad liquidó unilateralmente el indicado negocio jurídico. Ahora, la controversia ostenta vocación de doble instancia, puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V. ($294’750.000), establecidos en el artículo 152 – numeral 5 del C.P.A.C.A., vigente en la fecha en que fue incoado este proceso. En efecto, la parte actora tasó la cuantía en $7.800’376.113, como la sumatoria del daño emergente -correspondiente a las actividades ejecutadas por la Red Alma Mater, y no pagadas por la entidad demandada- y el lucro cesante solicitados en la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 165, numeral 2, literal j) del CPACA, en los procesos relativos a contratos, el término para demandar es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento; y en el caso de los contratos que requieran liquidación, de conformidad con el subapartado iv) de la misma norma, el término de caducidad de dos años allí establecido comienza a correr desde el día siguiente a la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral, según el caso. En el presente juicio, (...) se demanda la nulidad de las Resoluciones 2835 del 6 de septiembre de 2011 y 3468 del 2 de noviembre del mismo año, en las que el ente demandado terminó unilateralmente el contrato estatal materia de controversia, así como de las Resoluciones 009 del 13 de junio de 2012 y 10 del 4 de septiembre de 2012, en las que fue liquidado dicho negocio jurídico, también de manera unilateral. En ese sentido, resulta aplicable la regla especial contenida en el artículo 165, numeral 2, literal j), subapartado iv) del CPACA, teniendo en cuenta, además, que unos y otros actos administrativos demandados en este proceso guardan directa y estrecha relación, toda vez que al disponer la terminación unilateral del negocio jurídico, la SED ordenó, precisamente, la liquidación del mismo. En ese sentido se advierte, de entrada, que el acto administrativo de cierre en el que se confirmó la liquidación fue notificado mediante aviso del 13 de septiembre de 2012 (...), de suerte que el término para demandar dicho balance de cuentas expiraba el 14 de septiembre de 2014. En todo caso, resulta palmario que en el asunto sub judice no operó el fenómeno de la caducidad, puesto que la demanda fue presentada el 22 de abril de 2013, cuando no habían transcurrido dos años siquiera desde la ejecutoria de la terminación unilateral del contrato, ni desde la fecha de expedición de la resolución que la dispuso (2835 del 6 de septiembre de 2011). Por tanto, hay lugar a concluir que la demanda fue interpuesta oportunamente.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 165 NUMERAL 2 LITERAL J
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / RÉGIMEN LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / PERSONA JURÍDICA SIN ANIMO DE LUCRO / PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / UNIVERSIDAD PÚBLICA / RÉGIMEN LEGAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PÚBLICO / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público, que por estar integrada por varias instituciones de educación superior de carácter público u oficial, se encuentra regulada por el régimen aplicable a dichas universidades públicas integrantes?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional -Red Alma Mater- es una persona jurídica sin ánimo de lucro, integrada por varias instituciones de educación superior de carácter público u oficial. (...) [L]a Red Alma Mater es una persona de derecho público, ya que para entrar en esa categoría de entidades no requería que el Gobierno Nacional ni ninguna autoridad departamental, distrital o municipal autorizara a las universidades integrantes para conformar dicha asociación. En este punto la Sala se anticipa a señalar que las universidades estatales gozan de carácter autónomo y se ciñen únicamente a un régimen legal especial, todo ello por mandato de la propia Constitución Política; régimen contenido principalmente en la Ley 30 de 1992 y al que también se refiere el artículo 40 de la Ley 489 de 1998 (...). Ello guarda consonancia con el criterio establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-671 de 1999, en la cual, al resolver sobre la exequibilidad del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, subrayó que al margen de que la persona sin ánimo de lucro creada por la asociación de entidades estatales se pueda o deba sujetar a las normas civiles y comerciales que gobiernan esa categoría de organismos, en todo caso, lo concerniente a las prerrogativas y potestades públicas, los regímenes de sus actos unilaterales, su contratación, los controles y la responsabilidad “serán los propios de las entidades estatales” -que para este caso lo serían las universidades públicas integrantes de la Red Alma Mater-, “según lo dispuesto en las leyes especiales sobre dichas materias” -que para las instituciones oficiales de educación superior, es la Ley 30 de 1992-.
FUENTE FORMAL:
LEY 30 DE 1992, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 40, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l acuerdo de voluntades materia del presente juicio fue un “contrato interadministrativo”, en razón a la naturaleza pública de la Secretaría de Educación Distrital y a la circunstancia de que la Red Alma Mater agrupaba a varias universidades estatales del país bajo una figura asociativa. En efecto, el negocio jurídico objeto de litigio reunió los elementos de un auténtico contrato estatal de carácter interadministrativo, celebrado en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, puesto que las partes fijaron en él obligaciones encaminadas a cumplir unas políticas trazadas por la Secretaría de Educación Distrital, y prestaciones patrimoniales a favor de la parte ejecutora -Red Alma Mater- , así como unos efectos idénticos a los de cualquier otro contrato, caracterizado por su conmutatividad, en el que una de las partes, la Red hoy demandante, se obligó en favor del ente distrital a adelantar unas actividades y a entregar unos materiales, a cambio de un precio previamente establecido en las cláusulas por dichas partes. (...) Todas estas características están presentes en el contrato N° 1961 del 28 de diciembre de 2010, razón por la cual, es palmario que el acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater es un contrato estatal, que encuadra en la definición del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, ya señalado, y fue un contrato interadministrativo, en el que las partes no compartían intereses comunes y las prestaciones patrimoniales jugaban un papel preponderante, sin que se avizorara en el contenido obligacional incorporado a las cláusulas, ninguna voluntad asociativa entre los firmantes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las características propias de los contratos interadministrativos, consultar providencias de 23 de junio de 2010, Exp. 17860, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 20 de noviembre de 2019, Exp. 61429, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de 12 de agosto de 2019, Exp. 33555, María Adriana Marín. Acerca del convenio de cooperación, consultar providencia de 14 de junio de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2010-02552-01(AP), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1498
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN DIRECTA / LÍMITES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿El tribunal a quo contaba con mérito para examinar oficiosamente la validez o invalidez del contrato interadministrativo prescindiendo totalmente de los fundamentos de la demanda, si no consideraba procedente declarar la nulidad de dicho negocio jurídico y cuando se observa que, en todo caso, no hubo violación de la norma al celebrarse ese acuerdo de voluntades bajo la modalidad de selección de contratación directa?
Respuesta al problema jurídico: No
En el recurso de apelación la actora reprochó (...) la conclusión expuesta por el a quo sobre la supuesta ausencia de conexidad y relación entre el objeto del negocio jurídico y el objeto social de la Red Alma Mater. (...) [L]a Sala que, en efecto, en la sentencia impugnada (...) sólo se estructuró sobre un juicio oficioso de validez del contrato, que en todo caso resultó en que su nulidad no fuera declarada, pues además se tuvo por configurado el fenómeno de la cosa juzgada, cuando el mismo nunca tuvo ocurrencia en el sub judice -ya que si bien el 20 de mayo de 2014 se había dictado sentencia de nulidad absoluta del contrato N° 1961 de 2010 (dentro del proceso N° 250002326000201200002-00), la misma fue objeto de recurso y revocada por el Consejo de Estado el 5 de octubre de 2016-. En segundo término, no le asistió razón al a quo al sostener: i) que las obligaciones pactadas en el contrato a cargo de la Red Alma Mater no tenían relación directa con su objeto, señalado en sus estatutos, ii) que dicho objeto sólo se encaminaba al beneficio de las integrantes de esa asociación, y iii) que en esa medida no se atendió el presupuesto establecido en el artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007. Por el contrario, las pruebas del proceso, antes reseñadas, revelan que en la misión de la Red Alma Mater se incluyeron expresamente el apoyo a la gestión y la ejecución de proyectos “de las autoridades públicas a nivel local, regional o nacional”, cuestión que se cumplía en el caso del contrato N° 1961 de 2010, cuyo objeto consistió en desarrollar un “proceso formativo en conocimientos, capacidades y habilidades propias de la enseñanza, con énfasis en competencias lectoras, comunicacionales, gerenciales, cognitivas y de crecimiento social”, precisamente “a través de un proyecto integral de intervención a la gestión educativa”, a fin de fortalecer las condiciones para mejorar la calidad de la educación en el Distrito Capital. Asimismo, los estatutos de la Red Alma Mater señalaban que su objeto social incluía la prestación de servicios académicos “a entidades públicas o privadas de cualquier nivel”, brindar asesoría y asistencia técnica a esas mismas entidades en proyectos de desarrollo, ejecutar dichos proyectos y “celebrar contratos y convenios” para la realización de tales fines, todo lo cual se materializaba, sin duda, con el objeto del contrato N° 1961 de 2010 y con las obligaciones que en él se pactaron en cabeza de la Red Alma Mater, tales como formar en distintos ejes temáticos a 18.450 directivos y docentes del Distrito Capital, suministrar material pedagógico y prestar otros servicios propios de la actividad de educación. En ese escenario, es claro que no existía mérito para examinar la validez o invalidez del contrato N° 1961 de 2010 prescindiendo totalmente de los fundamentos de la demanda, si no se consideraba procedente declarar la nulidad de dicho negocio jurídico en la presente causa; y en todo caso, no resultan de recibo las conclusiones del fallo impugnado sobre esa pretendida nulidad absoluta del contrato, pues no hubo violación de la norma aducida por el a quo, al celebrarse ese acuerdo de voluntades bajo la modalidad de selección de contratación directa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL C
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LÍMITES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / REQUISITOS DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / PERSONA JURÍDICA SIN ANIMO DE LUCRO / CONSTITUCIÓN DE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / RÉGIMEN LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / ENTIDAD PÚBLICA / UNIVERSIDAD PÚBLICA / RÉGIMEN LEGAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / AUTONOMÍA UNIVERSITARIA / ALCANCE DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA / FINALIDAD DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA / CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL / ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la nulidad de las Resoluciones 2835 del 6 de septiembre de 2011 y 3468 del 2 de noviembre de 2011 mediante las cuales la
Secretaría de Educación Distrital -SED- dispuso la terminación unilateral del
contrato interadministrativo 1961 de 2010, por vulnerar el principio de autonomía universitaria y por la falta de configuración de la causal de terminación señalada en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el recurso de apelación la actora reprochó que, a pesar de haberse evidenciado en el fallo impugnado que la Red Alma Mater era de naturaleza pública, no se tomó en consideración que eso desvirtuaba las motivaciones de los actos demandados - Resoluciones 2835 y 3468 de 2011, referentes a la terminación unilateral del contrato-, de suerte que el Tribunal de primera instancia resultó negando las pretensiones de nulidad de tales decisiones contra la alegada evidencia de su ilegalidad y sin abordar ninguno de los cargos y fundamentos planteados en la demanda. (...) [E]ncuentra la Sala que las Resoluciones 2835 y 3468 de 2011 se oponen al ordenamiento jurídico, pues se estructuraron sobre el supuesto incumplimiento de un requisito que, si bien estaba previsto en la ley para la constitución de determinadas personas jurídicas de derecho público, no le era aplicable a la Red Alma Mater, por ser sus integrantes entes autónomos sujetos a régimen especial. Como primer cargo de nulidad, la parte actora alegó la “violación al principio de autonomía universitaria” por considerar que, al aplicar a la Red Alma Mater el parágrafo del artículo 49 de la Ley 489 de 1998 -concluyendo que las integrantes requerían autorización gubernamental para la conformación de la entidad sin ánimo de lucro-, la Secretaría de Educación Distrital impuso arbitrariamente una regla que sólo fue prevista para las entidades de la Rama Ejecutiva, de la cual no hacen parte las universidades oficiales, dado su carácter autónomo, reconocido por la Constitución Política y la Ley 30 de 1992. (...) [A] juicio de esta Sala es palmario que, para que la Red Alma Mater fuera reconocida como de derecho público, no se requería que las universidades públicas integrantes obtuvieran la autorización gubernamental exigida en el parágrafo del artículo 49 de la Ley 489 de 1998, ya que dicha norma no les era aplicable, dado que tales universidades gozaban, como hoy, de régimen especial, al cual remitió incluso la misma Ley 489 de 1998 en su artículo 40 (...), por cuanto éstas gozan de carácter y régimen autónomos, con las implicaciones que la Constitución Política y la misma ley han señalado, mientras que sí están sujetas tales instituciones al criterio jurisprudencial constitucional aquí citado, referente a que la persona jurídica resultante de la asociación entre entidades estatales -en este caso, universidades públicas- debe ceñirse al mismo régimen de éstas, señalado en su ley de creación o autorización. En razón de lo anterior, es claro que prospera este primer cargo de nulidad, y aunque ello es suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de las Resoluciones 2835 y 3468 de 2011, no está de más señalar que éstas también incurrieron en el vicio igualmente planteado por la parte actora, consistente en la “violación del artículo 45 de la Ley 80 de 1993 (…) por la no configuración de la causal del numeral 2 del artículo 44 (…)”. En efecto, el artículo 44, numeral 2, de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales adolecen de nulidad absoluta cuando “se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal”, y a su vez, el artículo 45 ibídem, en el inciso segundo, autoriza a las entidades públicas para terminar unilateralmente el negocio jurídico cuando evidencien que el mismo es absolutamente nulo, pero sólo cuando la causal de nulidad sea de las previstas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 citado. En esa medida, es palmario que la autoridad contratante no puede ejercer la facultad de terminación unilateral bajo cualquier causal de nulidad absoluta distinta a las indicadas en la norma, e igualmente, cuando tal declaratoria se pretenda sustentar en un vicio que sí corresponda a los señalados en la ley como presupuesto para la terminación unilateral, aquel debe estar plenamente configurado y adecuarse a la respectiva tipificación de los numerales 1, 2 o 4 mencionados, sin que encuadre en otra causal de nulidad no prevista por el legislador para dar paso a la potestad de terminación unilateral en sede administrativa. Para el caso de la celebración del contrato “contra expresa prohibición legal” debe tratarse, en efecto, de una exclusión que el legislador haya establecido en forma explícita, lo que se traduce en que la ley imponga de manera textual la no suscripción de determinado acuerdo de voluntades, y que éste sea justamente el negocio que las partes celebraron. En el presente caso, la Secretaría de Educación Distrital, al considerar que la Red Alma Mater carecía de naturaleza pública, concluyó que el contrato N° 1961 de 2010 debía ser terminado en forma unilateral por incurrir, a su juicio, en la causal de nulidad absoluta prevista en el artículo 45, numeral 2, de la Ley 80 de 1993, al haberse celebrado pese a estar prohibido por el ordenamiento. Agréguese a ello la circunstancia de haber procedido la entidad a cuestionar la legalidad del acto de constitución de la asociación sin ánimo de lucro, y a pronunciarse sobre la naturaleza de la persona jurídica, pese a que el ordenamiento no le otorgaba facultad alguna para esos efectos, menos tratándose de un acto jurídico anterior a la contratación hoy materia de juicio, respecto de la cual, se reitera, no existía prohibición legal expresa para que se adelantara. (...) Por todo lo anterior, la Sala declarará la nulidad de las Resoluciones 2835 del 6 de septiembre de 2011 y 3468 del 2 de noviembre del mismo año, expedidas por la Secretaría de Educación Distrital, sin que para ello resulte necesario, se reitera, examinar los restantes cargos de nulidad formulados en la demanda frente a tales actos administrativos.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la nulidad del contrato por haberse celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal, consultar providencias de 29 de agosto de 2007, Exp. 15324, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 6 de febrero de 2019, Exp. 61720, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 14 de noviembre de 2019, Exp. 43364, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 30 DE 1992, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 40, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 49, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SIN FUERZA EJECUTORIA / PROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SIN FUERZA EJECUTORIA / CAUSALES DE PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INAPLICABLE POR DECAIMIENTO / PROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INAPLICABLE POR DECAIMIENTO / ACTO ADMINISTRATIVO NULO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, por la desaparición de sus fundamentos de hecho de derecho, esto es, por la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato que le dio sustento, impide el estudio de legalidad del mismo?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 66, numeral 2, del C.C.A. -en cuya vigencia fueron expedidas todas las resoluciones acusadas en el sub lite-, los actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria, entre otras circunstancias, cuando “desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho”, lo que implica la eventualidad de que se declaren nulos los actos administrativos en que se funden las decisiones en cuestión. En ese sentido resulta claro que, en el presente caso, al declararse la nulidad de las Resoluciones 2835 y 3468 de 2011, en las que la SED terminó unilateralmente el contrato N° 1961 de 2010 y ordenó su liquidación, pierden fuerza ejecutoria y, por tanto, incurren en decaimiento, las Resoluciones 009 y 010 de 2012, por las cuales la misma entidad liquidó en forma unilateral el negocio jurídico en controversia. Tal situación da lugar a que las indicadas resoluciones no puedan generar efecto alguno a futuro, ya que su efecto vinculante desaparece merced a la pérdida de ejecutoriedad antes mencionada, cuestión esta que, dicho sea de paso, opera de pleno derecho. (…) [D]el decaimiento configurado respecto de las resoluciones en que se dispuso el balance final del contrato, se tiene que esa circunstancia no le impide a la Sala resolver en esta sentencia sobre la legalidad de dicha liquidación unilateral, a la luz de los cargos referidos en la apelación, pues como lo ha anotado la jurisprudencia, el decaimiento de los actos administrativos no impide que proceda su control de legalidad ya que éste no recae sobre los hechos que dieron lugar al decaimiento -siendo éstos posteriores a la expedición del acto- sino a la inconformidad o no de la decisión administrativa con las normas vigentes en el momento en que fue se produjo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el control de legalidad del acto administrativo que ha perdido fuerza ejecutoria, consultar providencias de 27 de septiembre de 2012, Exp. 25000-23-27-000-2008-00199-01(18373), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 2 de julio de 2021,Exp. 11001-03-15-000-2020-04467-00(CA) acumulado, C.P. Guillermo Sánchez Luque; y de 24 de septiembre de 2021, Exp. 25000-23-26-000-2017-00832-01(66251), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 66 NUMERAL 2
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / OBJETO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El principio de la confianza legítima alude a la conjugación de la buena fe con el deber de garantía de seguridad jurídica en todas las Ramas e instancias del Estado, impidiendo el desmedro del patrimonio o de los demás bienes jurídicos que los particulares hubieren comprometido en su relación con la Administración?
Respuesta al problema jurídico: Si
El principio de la confianza legítima que hoy invoca la demandante alude a la conjugación de la buena fe con el deber de garantía de seguridad jurídica en todas las Ramas e instancias del Estado, el cual, en virtud de aquella, no puede modificar en forma repentina “las reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares”, en desmedro del patrimonio o de los demás bienes jurídicos que los particulares hubieren comprometido en su relación con la Administración. En ese sentido, ciertamente, la confianza legítima protege “derechos subjetivos” frente a cambios inesperados en las bases jurídicas previamente dadas por la autoridad pública, respetando la esperanza firme que el asociado ha puesto en su permanencia y continuidad. Con todo, dado que la confianza legítima va justamente de la mano con el principio de la buena fe y se desprende de éste, presupone un correcto y legítimo proceder del administrado, en este caso, el contratista, quien sólo podría aducir la lesión a su legítima confianza cuando el cambio de las reglas de juego opere al margen de lo que la ley o la Constitución autoricen o protejan, pero no cuando tales modificaciones surjan en el marco de actuaciones previstas e incluso impuestas por el ordenamiento, y que el administrado esté jurídicamente obligado a soportar.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del principio de confianza legítima, consultar providencias de 16 de febrero de 2012, Exp. 25000-23-15-000-2011-00213-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E); de 31 de marzo de 2016, Exp. 11001-03-15-000-2016-00402-00(AC), C.P. William Hernández Gómez; y de la Corte Constitucional, C-131 de 2004.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / CALIDAD DEL PRODUCTO / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la nulidad de las Resoluciones 009 y 010 de 2012, mediante las cuales la SED liquidó de forma unilateral el contrato interadministrativo disminuyendo el valor del material suministrado por la Red Alma Mater durante la ejecución el negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: No
[R]eprocha la apelante en su recurso que el sentenciador de primer grado se hubiera abstenido de analizar los cargos de nulidad formulados contra las Resoluciones 009 y 010 de 2012, en las que la Secretaría de Educación Distrital liquidó unilateralmente el contrato hoy en litigio. En efecto, al estimar que el indicado negocio jurídico era violatorio del ordenamiento y que adolecía, por tanto, de nulidad absoluta, el a quo determinó que no existía mérito para declarar la nulidad de las resoluciones enjuiciadas, tanto las relativas a la terminación unilateral del contrato como las que dispusieron su liquidación, sin analizar, especialmente frente a este último punto de controversia, el cargo específico esbozado en la demanda. Ahora, en dichos cargos la actora planteó -y reiteró en la apelación- la pretendida “violación al debido proceso, al principio de buena fe y de la confianza legítima en el procedimiento de liquidación bilateral del [contrato] interadministrativo N° 1961 de 2010”, y la “falsa motivación”, señalando que la entidad demandada no debió cuestionar ni desestimar, en sede del balance financiero del contrato, la calidad de las herramientas y materiales entregados, menos con el propósito de disminuir la cuantía del negocio jurídico, cuando previamente había certificado el cumplimiento de la Red Alma Mater y la entrega misma del material sin reprochar la idoneidad de tales elementos ni defecto alguno en el avance del proyecto, y cuando aun antes de celebrar el contrato había conocido el proyecto FACE, con base en el cual adelantó tal contratación. Sobre el mismo punto, invocó el dictamen pericial rendido por la Facultad de Educación de la Universidad de Cundinamarca, en el que se conceptuó sobre la calidad del indicado proyecto FACE y su herramienta LEA. (...) [N]o está de más advertir que de conformidad con el artículo 1603 del Código Civil, dado que los contratos deben ejecutarse de buena fe, “obligan no sólo a lo que en ellos se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”. En esa medida, el suministro del material pedagógico pactado en el contrato N° 1961 de 2010 no generaba sin más la obligación de pagarlo, en cabeza de la SED, pues además el material debía reunir las condiciones para cumplir con el proyecto pedagógico trazado por la entidad estatal, por lo que ésta tenía la facultad y atribución legal -e incluso contractual- de verificar la calidad de los elementos entregados. En el proceso se demostró que, al evaluar el período transcurrido entre mayo y julio de 2011, el supervisor del contrato certificó la entrega completa del material contratado y la aceptación del mismo por parte de los docentes destinatarios del programa. Asimismo, es cierto que el dictamen pericial rendido en el proceso por la Universidad de Cundinamarca concluyó que la herramienta LEA ofrecía “contenidos de apoyo pedagógico que fortalecen la práctica docente y contribuyen al aprovechamiento de la lectura como experiencia esencial de todo proceso de aprendizaje”, y que el proyecto FACE, con sus distintas herramientas, “[podía] cumplir con la finalidad” buscada por la SED. No obstante, no puede pasarse por alto que, por una parte, con posterioridad al informe que rindió, el propio supervisor del contrato recomendó no efectuar el siguiente desembolso del contrato hasta tanto no se verificara la calidad de los manuales, cartillas y herramientas entregadas por la Red Alma Mater, dados los cuestionamientos surgidos sobre aquellos, no sólo por su obsolescencia sino también por posible plagio; y por la otra, el dictamen pericial mencionado no desvirtuó los puntos ampliamente cuestionados por la Universidad Pedagógica Nacional, los que además guardaron consonancia con los conceptos que sobre el material y todo el proyecto rindieron el Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico y la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, de la SED. (...) [En ese sentido,] la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) emitió concepto sobre cada uno de los módulos entregados por la Red Alma Mater y refirió algunas imprecisiones conceptuales y teóricas presentes en ellos, al tiempo que comparó el texto de más de 40 párrafos de tales módulos -expuestos como propios por la Red-, con los de documentos de varios portales educativos de internet o elaborados por otros autores, tales como la Universidad Nacional de Colombia o los tratadistas (...). Frente a la herramienta LEA, la UPN cuestionó los componentes gráficos, los soportes de diagramación, la estructura, la nitidez de las imágenes, la contextualización de las ilustraciones, la tipografía y la obsolescencia del método de lectura rápida, así como la idoneidad y efectividad de algunas actividades, exponiendo las bases teóricas de la importancia del diseño editorial en esa clase de instrumentos pedagógicos. (...) En tanto, el dictamen pericial rendido en el proceso no contiene referencia alguna a los textos con contenido idéntico al de otros documentos de autoría ajena, ni desvirtuó o refutó las inconsistencias teóricas y conceptuales esbozadas por la UPN, basando sus conclusiones sobre la pretendida idoneidad del material suministrado, únicamente en el supuesto éxito del proyecto FACE en Antioquia y Cundinamarca, documentado con informes rendidos por esas entidades territoriales acerca del adelantamiento del programa con docentes oficiales de sus departamentos. Si bien explicó que la herramienta LEA tenía un contenido temático desarrollado con anterioridad por distintos autores, señaló -sin justificarlo- que tales autores no estaban referenciados en el documento de la Red Alma Mater, pero que ello implicaba que la herramienta tenía un “soporte teórico y conceptual implícito”, circunstancia que no puede ser de recibo en esta causa, por cuanto en ella se obvian los derechos de autor, protegidos por la ley y de obligatoria garantía en la elaboración de textos escritos. En el dictamen también se expuso que el rigor del proceso de enseñanzaaprendizaje dependía de los conocimientos en didáctica y pedagogía acumulados “y aportados por los más recientes descubrimientos en la materia”, lo que suponía que esa ciencia social no era exacta y explicaba “la dedicación de la Red al permanente mejoramiento de cada versión de LEA”, sin exponer en qué consistía ese mejoramiento ni comparar las distintas versiones de la herramienta. Así entonces, la Sala considera que el dictamen pericial referido no refuta el concepto rendido por la UPN, en el cual se basó la SED para no reconocer los valores solicitados por la contratista para cubrir los costos del material suministrado. Dicho concepto, además, se acompasa con los que rindieron dos dependencias de la SED, en agosto de 2011, cuestionando el contenido, el diseño y la fundamentación teórica de los módulos, las cartillas y la herramienta LEA. (...) [L]as actuaciones adelantadas por la SED en orden a verificar y finalmente reprochar la calidad del material pedagógico no pueden estimarse en el sub judice como una violación al principio de confianza legítima ni como un acto opuesto a la buena fe contractual, pues la ley les impone a las entidades estatales, justamente, exigir y verificar la calidad de los bienes suministrados y/o de los servicios prestados en virtud del contrato, y adicionalmente, las cláusulas quinta y décima (parágrafo quinto) del contrato N° 1961 de 2010 radicaron en cabeza de la SED la obligación de exigir tal calidad a la contratista y verificar la destinación específica de los recursos desembolsados. No se desconoce que, a efectos de lo anterior, la SED no siguió propiamente un conducto regular strictu sensu para cuestionar la idoneidad del material entregado - por cuanto no declaró, v.gr., el incumplimiento del contrato ni hizo uso de las garantías constituidas por la Red Alma Mater-; sin embargo, está demostrado en el proceso que los módulos, herramientas y cartillas suministradas por la hoy demandante presentaron falencias no desvirtuadas en juicio, que fueron informadas a la Red Alma Mater sin que las refutara en sede administrativa y que se establecieron, en todo caso, en cumplimiento de los deberes legales y contractuales antes señalados, los que además procedían si se tiene en cuenta que no se probó que la SED hubiera conocido el contenido de la herramienta LEA ni del proyecto FACE en forma previa a la contratación adelantada con la Red Alma Mater, pues más allá de que se le hicieran llegar oficios de las Gobernaciones de Antioquia y de Cundinamarca con algunos comentarios positivos acerca de esos elementos, no se apreció que el material objeto de suministro se hubiera puesto a consideración de la SED antes de la celebración del contrato, por lo que mal podría reprochársele a la entidad demandada que procediera a indagar sobre la calidad de tales ítems después de su entrega, si antes del contrato no contó con las herramientas para hacerlo. Por lo demás, es palmario que las anotadas falencias impiden hacer reconocimientos a favor de la actora, por encima de lo tasado por la SED en la liquidación unilateral del contrato, y que en esa medida, no prosperan los cargos de nulidad formulados contra el acto administrativo en que se adoptó dicho balance.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SUBCONTRATISTA / TERCERIZACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿El a quo desconoció el principio de congruencia al denegar la indemnización de perjuicios, sobre la base de un supuesto incumplimiento de la actora por haber subcontratado una empresa con el objeto de adelantar actividades pactadas en el contrato interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Red Alma Mater reprochó en el recurso de apelación el hecho de que el a quo hubiera desconocido, en su sentir, el principio de congruencia, al denegar la indemnización de perjuicios únicamente sobre la base de un supuesto incumplimiento de la actora por haber subcontratado a la empresa SESA con el objeto de adelantar actividades pactadas en el contrato interadministrativo N° 1961 de 2010, subcontratación que el Tribunal de primer grado equiparó a una cesión, cuando ese tema de análisis no se incluyó en la fijación del litigio, como tampoco fue materia de debate en el proceso ni alegado por ninguna de las partes durante el juicio. (...) En lo que atañe a la alegada violación del principio de congruencia, tal infracción se aprecia palmaria, toda vez que lo relativo a la subcontratación de la empresa SESA por parte de la Red Alma Mater no fue un asunto discutido por las partes ni planteado en la demanda, la contestación ni acto procesal alguno, como tampoco reseñado en la fijación del litigio, y no se advierte que el propósito del juzgador de primera instancia hubiera sido el de comprobar adecuadamente la configuración de una excepción pasible de ser declarada de oficio, pues no hubo tal declaratoria en la parte resolutiva de la sentencia, y en todo caso, al denegarse tanto la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato como la indemnización de perjuicios, no se examinó ninguno de los fundamentos fácticos ni jurídicos de la demanda, los que en absoluto fueron contrastados con las consideraciones del fallo apelado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la subcontratación por parte del contratista estatal, consultar providencia de 12 de agosto de 2013, Exp. 52001-23-31-000-1999-00985-01(23088), C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO AL CONTRATISTA / PAGO DEL CONTRATO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Debe reconocerse el daño emergente solicitado en la demanda por concepto de actividades ejecutadas y no pagadas por la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a apelante solicitó el reconocimiento de los perjuicios calculados en el dictamen pericial rendido para ese propósito y que correspondieron, según su dicho, al daño emergente y al lucro cesante solicitados en la demanda. (...) En lo que respecta al daño emergente, esto es, al valor aducido por la actora por concepto de actividades supuestamente ejecutadas y no pagadas por la SED, debe advertir la Sala que en el presente caso no sólo no se desvirtuó la liquidación del contrato adelantada por la entidad distrital, sino que además no está demostrado que la Red Alma Mater hubiera ejecutado actividades no cubiertas con el primer y único desembolso efectuado, por la suma de $8.118’611.200. Se debe recordar que, para el mes de julio de 2011, el supervisor del contrato había certificado la entrega completa del material pedagógico pactado y la realización de dos jornadas de capacitación, de las cinco que se habían establecido; y como se desprende de la cláusula décima contractual, en la que se refirieron los desembolsos del contrato, el primero de ellos estaría destinado a la primera parte de la ejecución, lo cual debía ser posteriormente revisado y verificado por el supervisor mismo, a efectos de corroborar la destinación específica de los recursos transferidos. Pues bien, no obra prueba de que la Red Alma Mater hubiera ejecutado actividades distintas a las certificadas por el supervisor en el informe de julio de 2011, mientras que sí reposa el informe de ejecución presentado por la propia contratista el 1 de agosto de ese mismo año, en el que señaló que, del primer desembolso por la suma de $8.118’611.200, quedaba un saldo sin ejecutar equivalente a $219’677.661. (...) Los desembolsos del contrato no constituían un pago ex post de las actividades efectuadas por la contratista, sino la entrega previa de los recursos para destinarlos paulatinamente a la ejecución del objeto contractual. Era esa precisamente la razón por la que se estipuló que el supervisor del contrato debía verificar la destinación de los dineros, previo a aprobar cada uno de los siguientes desembolsos, e incluso tendría la facultad de suspender tales abonos cuando no fuera posible establecer el uso específico dado a los recursos ya entregados. Ahora, si bien reposa en el plenario un dictamen pericial sobre perjuicios, en el que se estimó como daño emergente la suma solicitada en la demanda, el cálculo del perito se fundamentó en el cuadro de ejecución presupuestal elaborado por la propia demandante, con fundamento en los balances de la Red Alma Mater -que no demuestran la ejecución de actividades no pagadas por la SED- y en facturas sobre las que no es posible establecer que correspondan a ítems no cubiertos por el primer desembolso ya descrito. En todo caso, la SED liquidó unilateralmente el valor de las actividades ejecutadas por la Red Alma Mater, quien sólo censuró en el juicio la tasación del valor de los materiales -lo que no se desvirtuó en el proceso, como ya se anotó-, sin reprochar lo demás.
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PERJUICIOS POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INGRESOS DEL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR / DAÑO AL BUEN NOMBRE / DERECHO AL BUEN NOMBRE / ALCANCE DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CALIDAD DEL PRODUCTO / CESACIÓN DE PAGO / PAGO AL CONTRATISTA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE
Problema jurídico:
¿Debe reconocerse el lucro cesante solicitado en la demanda por concepto de ingresos no percibidos por la contratista y por la afectación del buen nombre de la misma, dada la terminación del contrato interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: No
En lo atinente al lucro cesante, la actora solicitó la suma de $575’526.290, simplemente como los “ingresos no percibidos”, calculados “sobre la base de los ingresos operacionales y no operacionales de la asociación y sus gastos”, así como sobre la afectación del buen nombre de la Red Alma Mater por la terminación del convenio. Como se desprende del artículo 1615 del Código Civil, el lucro cesante es “la ganancia o provecho que deja de reportarse” a causa del daño -que en este caso consistiría en la nulidad de los actos de terminación anticipada y unilateral del contrato N° 1961 de 2010-. Así, en principio, dado que todo contrato se celebra con el propósito de que sea ejecutado en su totalidad, el acto de una de las partes que llegue a impedirlo puede dar lugar a que se indemnice a la otra por lo que no pudo percibir por culpa de la primera. Sin embargo, en este caso no se demostró el carácter cierto que debe tener el perjuicio del lucro cesante derivado de la terminación anticipada del contrato, pues al margen del acto administrativo que dispuso la clausura de la relación contractual, surgieron procesos de auditoría que cuestionaron la transparencia de todo el proceso -incluyendo la falta de suficientes estudios previos, la no justificación del proyecto general ni su inscripción oportuna en el Banco de Proyectos y la ausencia de estudios de mercado que justificaran adecuadamente el valor del contrato- y cuestionamientos del supervisor del contrato en los que recomendó no seguir efectuando desembolsos hasta que pudiera verificarse tanto la calidad del material pedagógico suministrado como la cualificación de los capacitadores. Por tanto, al margen de la nulidad de las resoluciones de terminación unilateral del contrato (...), en desarrollo del contrato se determinó la suspensión de pagos y del cronograma debido a irregularidades del material suministrado y a otras fallas que la SED pretendió dilucidar y ajustar con la contratista, sin éxito. En esa medida, estaba en entredicho la vocación de continuidad y de normal finalización del contrato, máxime cuando la estructura de los pagos dependía de la verificación previa y puntual de la destinación de los recursos; todo ello, independientemente de la terminación anticipada que se adoptó en las Resoluciones 2835 y 3468 de 2011, y de las motivaciones que en tales actos administrativos esbozó la entidad. Por lo demás, aunque la parte actora fundamenta la pretensión del lucro cesante y su cuantía sobre la base de los ingresos operacionales de la contratista, lo cierto es que dicho perjuicio se cimenta, en realidad, en el valor del negocio jurídico y los costos de su ejecución, por lo cual, desde ese punto de vista planteado por la demandante, tampoco sería posible reconocer el lucro cesante en los términos solicitados en el libelo. En razón a todo lo anterior, se denegarán las pretensiones económicas de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1615
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la condena en costas a la parte actora, dada la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia debe disponerse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto procesal civil. A su vez, el artículo 365 del Código General del Proceso establece que hay lugar a condenar en costas, entre otras, a la parte vencida en el juicio y a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya interpuesto, sin perjuicio de que, a la luz del numeral 5 de la misma norma, el juez pueda abstenerse de imponer las costas o hacerlo de manera parcial, si prospera una parte de las pretensiones de la demanda. Por tanto, en el presente caso la Sala se abstendrá de imponer condena en costas a la sociedad demandante, por cuanto prosperaron algunos de los argumentos de su recurso de apelación y se accedió a una de las súplicas del libelo. Sin perjuicio de ello, es de anotar que no resulta de recibo el argumento esbozado en la apelación, en el sentido de que, de confirmarse el fallo impugnado, en todo caso no sería procedente la imposición de costas a la demandante, dado que el artículo 365 del Código General del Proceso no preveía que esa condena fuera “objetiva”, como lo había precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado. Tal planteamiento no se ajusta a derecho porque, contrario a lo manifestado por la recurrente, bajo el régimen del CGP la condena en costas no tiene ningún componente subjetivo y depende de la comprobación de aspectos tales como la gestión de quien apodere judicialmente a la contraparte y la prosperidad o no de la demanda, acto o recurso, según el caso. Con todo, dadas las circunstancias anteriormente señaladas sobre la prosperidad parcial de la apelación y, por consiguiente, de la demanda, en el presente caso no se impondrá condena en costas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365