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CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

Auto que resuelve excepciones previas: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas 2024-04-05 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 11001032600020170001400 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El liquidador de la sociedad demandante ostentaba la capacidad y facultad para interponer la presente demanda y representar a la sociedad actora en el este caso concreto? Sí
El liquidador de una sociedad en liquidación conserva capacidad para demandar y representar a la sociedad cuando el acto de liquidación ordena la continuación de los litigios en curso, de modo que la excepción de incapacidad o indebida representación no prospera. La conclusión se sostiene en tres razones. Primera, el acto de liquidación expedido por la autoridad de supervisión dispuso expresamente la continuación de todos los litigios, incluido el proceso en curso. Segunda, la capacidad se determina a partir del contenido de ese acto y no de la mera condición formal de liquidador. Tercera, el magistrado ponente es competente para resolver las excepciones previas mediante auto, conforme al numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. El auto además señala que la nota aclaratoria que modificó el monto de una multa penal es un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional, porque altera una situación jurídica. En cuanto a la caducidad, se remite a lo resuelto en un auto previo, que el auto reitera. La consecuencia práctica es que el liquidador puede comparecer mientras el acto de liquidación mantenga los litigios.síntesis automática
NO PROSPERA
Consejo de Estado Providencia

El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico.

Sentencia — Sentencia 2022-07-15 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233100020060020401 ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico? Sí
El artículo 83 del C. de P.C., aplicable al sub examine en virtud de la remisión normativa que consagra el artículo 267 del CCA, establece que, en caso de no haberse vinculado a los litisconsortes necesarios en la admisión de la demanda, el juez puede, de oficio o a petición de parte, siempre que no haya proferido sentencia de primera instancia, vincularlos en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. En aplicación del anterior marco normativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 5 de noviembre de 2013 y previo a proferir sentencia de primer grado, vinculó a la sociedad Escobar y Martínez S.A., en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, por ser el proponente beneficiado con la adjudicación de la licitación pública 2 de 2005.
También resuelve: ¿Una vez celebrado el contrato los actos precontractuales pasan a ser inseparables a este y para efectos de su control jurisdiccional solo procede la acción de controversias contractuales? ¿Se configura la excepción de inepta demanda ante la indebida escogencia de la acción al no plantearse la pretensión de nulidad absoluta del contrato contra los actos precontractuales? ¿En aplicación del principio iura novit curia el juez puede adecuar las pretensiones de la demanda?
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 19001233100020110057302 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la providencia apelada

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 15001233300020190020601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La decisión adoptada por el tribunal de arbitramento correspondiente a cesar en el ejercicio de sus funciones, deja sin efectos el pacto arbitral? No
El contratista no puede dejar sin efectos el pacto arbitral mediante la decisión de cesar en el ejercicio de sus funciones, ya que esta acción solo afecta la demanda arbitral específica y no la cláusula compromisoria autónoma y válida pactada entre las partes. La renuncia al pacto arbitral requiere un acto expreso o tácito que priva de efectos la cláusula arbitral, lo cual no se evidencia en el expediente. Además, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para conocer de la nulidad de un acto administrativo cuando en la demanda no se ha formulado ninguna pretensión de nulidad, y este asunto debe decidirlo el tribunal de arbitramento al fijar su competencia.síntesis automática
También resuelve: ¿El pacto arbitral puede quedar sin efectos por renuncia expresa o tácita de las partes, siempre y cuando en el expediente haya constancia de la existencia de un acto, expreso o tácito… ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene competencia para conocer la nulidad de un acto administrativo, cuando se advierte que en la demanda objeto de estudio no se formuló ninguna…
Consejo de Estado Providencia

¿Es procedente declarar de oficio la ineptitud de la demanda dada la improcedencia de examinar los fundamentos de alzada y los propios de la causa petendi, al hallar acreditado que la parte actora omitió su deber de pedir el análisis de legalidad de los actos administrativos en los cuales la entidad efectuó la liquidación del contrato de concesión?

Sentencia — Sentencia 2024-12-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180065502 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente declarar de oficio la ineptitud de la demanda dada la improcedencia de examinar los fundamentos de alzada y los propios de la causa petendi, al hallar acreditado que la parte actora omitió su deber de pedir el análisis de legalidad de los actos administrativos en los cuales la entidad efectuó la liquidación del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede demandar la revisión de los fundamentos de alzada y los propios de la causa petendi si omite solicitar el análisis de legalidad de los actos administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato de concesión, ya que estos actos gozan de presunción de legalidad y deben ser cuestionados específicamente en juicio para derribar tal presunción. En este caso, la entidad concedente liquidó el contrato de concesión 012 de 1987, y el contratista no solicitó la nulidad de los actos administrativos que liquidaron el contrato, lo que impidió examinar los argumentos sobre el desequilibrio económico del contrato. La Sala revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y declaró de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda, reafirmando la necesidad de solicitar en juicio la nulidad del acto administrativo que liquide unilateralmente el contrato cuando se pretenda el reconocimiento de un derecho o prestación no reconocido en el balance definitivo. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la importancia de cuestionar específicamente la legalidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente un contrato de concesión.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la condena en costas de ambas instancias a la parte demandante, por cuanto no prosperó su recurso y dado que será revocada totalmente la sentencia de primer grado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra la sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 05001233100019980164501 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, y el tribunal administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales cuya cuantía excede tres millones quinientos mil pesos. La Sala se pronuncia de fondo sobre un acto administrativo expedido extemporáneamente, declarando su nulidad cuando no se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales, y restablece el derecho afectado por la liquidación unilateral, considerando que las multas impuestas por la entidad estatal fueron declaradas nulas en sentencias con efectos de cosa juzgada. Esta regla reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la procedencia del control judicial de actos administrativos extemporáneos, con implicaciones significativas para la protección de los derechos de los contratistas en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el control judicial de acto administrativo expedido extemporáneamente? ¿Procede la declaración de nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por haber sido proferida extemporáneamente? ¿Procede el restablecimiento del derecho afectado con la liquidación unilateral, teniendo en cuenta que existen dos decisiones con efectos de cosa juzgada que resolvieron que las multas impuestas por…
Consejo de Estado Providencia

El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020250000100 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas prestablecidas en la ley para ese fin? Sí
El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, ya que el juez contencioso administrativo no actúa como superior de los árbitros, sino que su función es verificar el acatamiento de las causales precisas establecidas en la ley para anular un laudo arbitral. El artículo 116 de la Constitución Política de 1991 prevé que los particulares pueden ejercer la función estatal de administración de justicia en forma transitoria, y el fallo arbitral adquiere características de inmutabilidad y ejecutoriedad. En este caso, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que los árbitros no tienen competencia para pronunciarse sobre los actos administrativos dictados por la administración en el ejercicio de sus poderes excepcionales, y que las medidas de reconocimiento y pago de compensaciones e indemnizaciones son inescindibles al ejercicio de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, el recurso de anulación no puede ser utilizado para cuestionar la validez de un acto administrativo, sino solo para verificar si el laudo arbitral se dictó conforme a las causales establecidas en la ley, lo que implica que no es admisible que con su interposición se intente continuar, reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe anularse el laudo arbitral de 10 de octubre de 2024 que negó las súplicas de la demanda arbitral mediante la cual se pretendía la declaración de incumplimiento y el restablecimiento del… ¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso extraordinario de anulación, en la medida de su comprobación?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer del medio de control de repetición contra exrepresentante

Sentencia — Sentencia 2023-11-16 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020140009600 LEY 1437 REPETICION
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer del medio de control de repetición contra exrepresentante de una entidad del orden nacional? Sí
La competencia en única instancia para conocer de la acción de repetición que se ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional corresponde al Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, con prescindencia del monto de la pretensión. Una razón es que la calidad del sujeto pasivo, que es el exrepresentante de una entidad nacional, define la competencia en única instancia y no la cuantía. Otra razón es que en el caso los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron durante la vigencia de la Ley 678 de 2001, por lo que el régimen de presunciones de dolo del artículo 5 de esa ley resulta aplicable, y la parte actora lo invocó de manera expresa. En el asunto, la condena se había conciliado y el pago se hizo dentro del término pactado en la conciliación, de modo que la demanda fue oportuna. La providencia negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la competencia única del Consejo de Estado depende de la calidad del demandado como representante legal de una entidad nacional, y que el régimen de presunciones se aplica según la fecha de los hechos.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro del término establecido en la conciliación para realizar el pago de la condena? ¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, puesto que los hechos que produjeron la condena ocurrieron en vigencia de dicha norma? ¿Está configurado el dolo de ex Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por la expedición de un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La entidad demandada incumplió el contrato

Sentencia — Sentencia 2026-02-27 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 41001233300020150065302 LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿La entidad demandada incumplió el contrato, desconoció la buena fe contractual cuando en la parte resolutiva de las Resoluciones 562 y 755 de 2014, incluyó también al contratista como su destinatario, pese a que esta particular situación jurídica ya había sido definida previamente por la administración? Sí
El contratista puede prosperar parcialmente en su demanda cuando la entidad demandada desconoce la buena fe contractual al incluirlo como destinatario en resoluciones que ya fueron definidas previamente por la administración en otro acto administrativo. En este caso, la entidad demandada incluyó al contratista como destinatario en las resoluciones 562 y 755 de 2014, a pesar de que la situación jurídica ya había sido resuelta en las resoluciones 429 y 500 de 2014. Esta actuación contraviene la buena fe contractual y constituye un incumplimiento del contrato, lo que justifica la declaratoria de incumplimiento del contrato por parte de la entidad demandada. La sentencia reitera la jurisprudencia según la cual los actos contractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen la naturaleza de actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado, lo que implica que las controversias deben ser examinadas desde la perspectiva del cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos expedidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios ostentan la naturaleza de actos administrativos? ¿Resulta procedente declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, en relación con la pretensión económica consecuencial… ¿Resulta improcedente condenar en costas en primera y segunda instancia, por cuanto la demanda prosperó parcialmente y fue necesario complementar la sentencia objeto del recurso de alzada en favor…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-06-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020170001400 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA que permite la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento, no ha operado la caducidad y el mismo juez sea competente para conocer de todas? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en única instancia para procesos que involucran la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento y no haya operado la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA. Esta regla especial de competencia por conexidad no viola el principio de la doble instancia y se aplica a casos específicos, como la nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. En un caso particular, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol para determinar si el medio de control de nulidad simple es aplicable, dado que la entidad se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, incluyendo sus reglamentos internos, lo que implica que no son actos administrativos sujetos a control jurisdiccional.síntesis automática
También resuelve: ¿Por razón de la solicitud de saneamiento del proceso, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol que se cuestionan en este proceso? ¿Ecopetrol se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, lo cual incluye el alcance y validez de sus reglamentos internos? ¿El cuestionamiento en contra del manual de contratación no conlleva un estricto juicio de legalidad que deba abordarse a través del medio de control de nulidad simple por no ser un acto…
REMITE POR COMPETENCIA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020160019000 LEY 1437 REPETICION
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve: ¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis? ¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal? ¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2023-09-29 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020130039602 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la caducidad opera cuando la acción no se presenta dentro del plazo que corre desde que el acto de liquidación unilateral quedó en firme. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el plazo se cuenta desde la firmeza del acto, que consta en la constancia de desfijación del edicto, y no desde la fecha de su expedición. Segunda, el cómputo se hace conforme a la norma vigente en ese momento y no conforme a demandas que se presenten después en otro régimen. En el caso, el acto que confirmó la liquidación quedó en firme con la constancia de desfijación del edicto, y las partes presentaron sus demandas cuando el término ya había vencido, lo que llevó a declarar configurada la caducidad. La providencia confirma la sentencia apelada por esas razones. En la práctica, la parte interesada debe calcular el término desde la firmeza del acto de liquidación con las constancias de notificación y desfijación del expediente, para evitar que la demanda sea rechazada por caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Al momento en que las resoluciones que liquidaban unilateralmente el contrato y su confirmatoria cobraron firmeza, la acción contractual ya no estaba disponible para debatirlas? ¿El término de dos años para demandar bajo el medio de control de controversias contractuales se extendió hasta el 3 de septiembre de 2010? ¿El conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 08001233300020150000301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El derecho que la demandante pretendió hacer efectivo ante el Distrito debió ser exigido, discutido y definido en el marco del procedimiento de liquidación contractual? Sí
El contratista no puede exigir el pago de saldos insolutos fuera del procedimiento de liquidación contractual, ya que este es el marco adecuado para discutir y definir tales derechos conforme al principio de universalidad y las normas que lo regulan. El liquidador debe incluir en el inventario de pasivos las acreencias debidamente comprobadas, es decir, las reconocidas, no las rechazadas, y cualquier reclamo debe ser discutido a través del cuestionamiento en vía administrativa y judicial de los actos del liquidador. Además, la entidad que realiza la liquidación es la única llamada a definir el reconocimiento de las acreencias, y no puede subsanarse a través de una petición extemporánea a otra entidad. Esta regla reitera la importancia de seguir el procedimiento de liquidación para garantizar la universalidad y la prelación de créditos, lo que implica que los acreedores deben participar en el proceso de liquidación para obtener el reconocimiento y pago de sus acreencias.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidación de entidades públicas tiene por propósito realizar la disolución y liquidación de una entidad, a fin de que sean enajenados sus activos para proceder con el pago de las obligaciones… ¿Al agente liquidador le corresponde integrar la totalidad de los activos y pasivos que tiene la entidad en su patrimonio… ¿Para que proceda la cancelación de las acreencias a cargo de una entidad en liquidación, la obligación deberá estar relacionada en un inventario de pasivos y debidamente comprobada?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 15001233100020100004701 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado que de su texto propuso la firma demandante? No
El liquidador de una entidad estatal en liquidación ejerce una función pública cuyos efectos se extienden en el tiempo incluso después de que concluya la liquidación, y es responsable indirectamente por los perjuicios ocasionados por su actuación dolosa o gravemente culposa. La entidad en liquidación mantiene su capacidad jurídica para concluir operaciones pendientes y enajenar bienes de la masa en liquidación, siendo representada por el liquidador. La Sala confirma que no es posible invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado de su texto, reafirmando la importancia de la liquidez del negocio jurídico y la necesidad de una interpretación integral del contrato. Esta decisión reitera la responsabilidad del liquidador y la continuidad de la función pública que ejerce, con implicaciones significativas para el control jurisdiccional de los actos administrativos durante y después del proceso de liquidación.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidadora está llamada a responder por los perjuicios que indirectamente hubiera generado la nulidad en cuanto hubiera sido ocasionada por el actuar doloso o gravemente culposo en el desempeño… ¿El liquidador ejerce una función pública atribuida a él directamente, cuyos efectos se extienden en el tiempo pese a que la liquidación concluya? ¿La entidad demandada insiste en la excepción de falta de legitimación en la causa que le asiste?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-11-21 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 88001233300020180001002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que el juez de lo contencioso administrativo resuelva la pretensión de liquidación judicial del contrato, esta debe tener como causa un conflicto o litigio entre las partes en torno al balance de cuentas de la relación negocial? Sí
El contratista no puede solicitar la liquidación judicial del contrato ante el juez de lo contencioso administrativo si no existe un conflicto o litigio entre las partes relacionado con el balance de cuentas de la relación negocial, ya que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede intervenir en casos donde la administración no ha agotado sus facultades unilaterales previstas en la ley para resolver controversias y liquidar contratos. La entidad estatal tiene la obligación de ejercer sus potestades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, y su omisión en este sentido genera una consecuencia jurídica que puede ser objeto de control judicial. La Sala reitera que el juez puede pronunciarse de oficio sobre los presupuestos necesarios para proferir una decisión de fondo, lo que implica que debe verificar si la administración ha agotado sus facultades antes de someter el caso a la jurisdicción. Esto limita la intervención judicial en casos donde la administración no ha cumplido con sus obligaciones legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las entidades públicas tienen potestades unilaterales consagradas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 de 2011… ¿El legislador dotó a las entidades públicas de diversas prerrogativas, les otorgó la facultad de interpretar, modificar y terminar unilateralmente los contratos cuando la prestación del servicio… ¿Procede la condena en costas en eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

No se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020180035101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve: ¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado? ¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista? ¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020090094301 ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa… ¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación… ¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
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De cara a la función jurídica y económica atribuida por ley, la liquidación del contrato constituye el cierre integral y definitivo de todo tipo de relación surgida a partir de su ejecución al que se puede llegar de manera convencional o en ejercicio de una prerrogativa del poder público.

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233300020130152601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En la liquidación bilateral del contrato, el estudio de las pretensiones en lo contencioso administrativo, está atado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades? Sí
El contratista y la entidad estatal, al liquidar bilateralmente un contrato de obra pública, deben incluir en el acta de liquidación las salvedades que reflejen los aspectos no acordados, pues estas revelan un presupuesto de orden material para la prosperidad de las pretensiones en lo contencioso administrativo, ya que si los asuntos debatidos quedaron cobijados por el acuerdo, no es posible desconocer sus efectos vinculantes. La Sala reitera que las salvedades deben ser claras y concretas, no abstractas o genéricas, y que su ausencia implica que el contrato se cerró sin reparos sobre los puntos no excluidos del acuerdo. En consecuencia, la entidad estatal y el contratista deben asegurar que el acta de liquidación contenga todas las salvedades pertinentes para evitar conflictos posteriores en la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve: ¿Se estableció que las reclamaciones invocadas en la demanda, todas ellas hubieren quedado contenidas en el oficio del 23 de diciembre de 2010 al que se remitió el consorcio para fundamentar su… ¿La tipología contractual especial llave en mano, es aquella por medio de la cual el contratista se obliga, a cambio de una contraprestación… ¿Se acreditaron los mayores costos en los que habría incurrido el contratista en el diseño y construcción de la obra, al establecerse un metraje superior al previsto en el pliego de condiciones?
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La competencia del Juez de segunda instancia se limita a lo estipulado y sustentado en el recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160010801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia del Juez de segunda instancia se limita a lo estipulado y sustentado en el recurso de apelación? Sí
En la apelación, la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad que el recurrente expresa en la sustentación del recurso. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el objeto del recurso se define a partir de los juicios de reproche que el apelante formula contra la sentencia de primera instancia, de modo que el ad quem no puede decidir sobre aspectos que el recurrente no cuestionó. Segunda, el margen de decisión del juez de segunda instancia depende de ese objeto, y ello garantiza el principio dispositivo y la congruencia de la sentencia. La providencia confirma la decisión y aplica esta limitación al recurso formulado en el proceso. Esta regla se aplica sin importar la extensión de los demás argumentos de la sentencia de primera instancia. En la práctica, el apelante debe precisar en la sustentación cada motivo de inconformidad, porque los temas no controvertidos quedan fuera de la revisión de segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿El control jurisdiccional de los actos administrativos solo procede respecto a los que producen efectos de carácter definitivo? ¿Se acreditó que el acto administrativo que obligaba al contratista al pago del canon superficiario fue expedido con falsa motivación? ¿El trámite de la consulta previa es una causal de suspensión de pleno derecho del contrato de concesión minera y por tanto el contratista estaba relevado del pago del canon superficiario?
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Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020130063501 LEY 1437 REPETICION
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
Cuando el medio de control de repetición se dirige a declarar patrimonialmente responsables a servidores o exservidores por el pago de una condena judicial, el medio es procedente si la conducta fue dolosa o gravemente culposa, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia si la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: la repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra quien dio lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio del Estado, según el artículo 2 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 90 de la Constitución; la competencia de segunda instancia se encuentra en los artículos 150 y 152, numeral 9, de la Ley 1437 de 2011; y la caducidad se computa desde el pago de la condena o el vencimiento del plazo para pagarla. En el caso, la pretensión superó el umbral legal y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión de repetición determina la doble instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de repetición es procedente porque se solicita declarar a ex servidor público patrimonialmente responsable del pago de un condena judicial? ¿El medio de control de repetición fue presentada dentro de los dos años siguientes al pago de la condena? ¿El régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?
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