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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta

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Fecha
2021-09-23
Radicado
08001233100019980003601
Número interno
34773
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LTDA. SEPECOL
Demandado
ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta

Lo que dijo la Sala

La legitimación en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación es de quien acredite que el acto lesionó sus derechos, como ocurre con los proponentes que participaron en el proceso de selección. A su vez, la legitimación en la causa por pasiva es de la entidad que profirió el acto acusado. Sepecol Ltda. está legitimada por activa, pues participó en la licitación pública n.° L.P.001/97… . El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado por pasiva, pues fue la entidad que declaró desierta la licitación pública… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación cuando acredita que el acto administrativo le ha lesionado sus derechos, como ocurre con los proponentes que participaron en el proceso de selección. A su vez, la entidad estatal que adoptó la decisión de declarar desierta la licitación está legitimada por pasiva. Sin embargo, la entidad no está legitimada por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por los oferentes, ya que estas no las formuló. La Sala reitera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente contra el acto de declaratoria de desierta, y que las copias simples de documentos aportadas en la demanda cuentan con valor probatorio, según la jurisprudencia de la Sección Tercera.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación al ser uno de los proponentes que participaron en el proceso de selección, y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado por pasiva al ser la entidad que adoptó dicha decisión?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado en la causa por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por varios oferentes?
  • ¿La demandante está legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del acto que adjudicó por contratación directa el contrato de prestación del servicio de vigilancia?
  • ¿Procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto que declara desierta una licitación pública?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Descriptores temáticos

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN PROPONENTE SOLICITUD DE NULIDAD PROPUESTA DEL PROPONENTE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA INEXISTENCIA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CONTRATACIÓN DIRECTA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO OBJETO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CAUSAS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DOCUMENTO PÚBLICO CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA SISTEMA DE SANA CRÍTICA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE LEGALIDAD ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONCEPTO DE PRINCIPIO DE LEGALIDAD CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONTRATACIÓN ESTATAL COMPETENCIA COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA CAPACIDAD CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PÚBLICA ACTO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD DEL ESTADO ACTO DE PODER DE LA ENTIDAD DEL ESTADO COMPETENCIA REGLADA FALTA DE COMPETENCIA NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL ALCALDE ALCALDE ENCARGADO DESIGNACIÓN DE ALCALDE ENCARGADO EJERCICIO DEL ALCALDE ENCARGADO FACULTADES DEL ALCALDE DELEGACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ALCALDE FUNCIONES DEL ALCALDE COMPETENCIA DEL ALCALDE FALTA TEMPORAL DEL ALCALDE AUSENCIA TEMPORAL DEL ALCALDE IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DISTRITO PORTUARIO E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA REQUISITOS PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN FACULTAD DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTOS PARA EL RECHAZO DE LA OFERTA RECHAZO DE LA OFERTA RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA MEDIOS DE PRUEBA BALANCE BALANCE GENERAL CERTIFICADO VALOR PROBATORIO DEL LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES ELABORACIÓN DE INVENTARIOS Y BALANCES DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO VALORACIÓN DE LA PRUEBA PLIEGO DE CONDICIONES CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES MINUTA DE CONTRATO USO INDEBIDO DE LA FACULTAD DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTO AUTÉNTICO COPIA DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NEGACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MEJOR OFERENTE MEJOR OFERTA ECONÓMICA MEJOR PROPUESTA PROPUESTA MÁS CONVENIENTE PRUEBA DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE OFERTA MÁS FAVORABLE FALTA DE PRUEBA

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Titulación de la relatoría 41.698 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN / DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN / PROPONENTE Problema jurídico: ¿La demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación al ser uno de los proponentes que participaron en el proceso de selección, y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado por pasiva al ser la entidad que adoptó dicha decisión? Respuesta al problema jurídico: Si La legitimación en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación es de quien acredite que el acto lesionó sus derechos, como ocurre con los proponentes que participaron en el proceso de selección. A su vez, la legitimación en la causa por pasiva es de la entidad que profirió el acto acusado. Sepecol Ltda. está legitimada por activa, pues participó en la licitación pública n.° L.P.001/97 (…). El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado por pasiva, pues fue la entidad que declaró desierta la licitación pública (…). LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE NULIDAD / PROPUESTA DEL PROPONENTE / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado en la causa por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por varios oferentes? Respuesta al problema jurídico: No La legitimación en la causa por pasiva frente a una pretensión de nulidad de una propuesta u oferta –proyecto de negocio jurídico– es de quien la formuló. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla no está legitimado en la causa por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por las sociedades (…), pues esta entidad no las formuló o elaboró (…). LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INEXISTENCIA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA / CONTRATACIÓN DIRECTA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Problema jurídico: ¿La demandante está legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del acto que adjudicó por contratación directa el contrato de prestación del servicio de vigilancia? Respuesta al problema jurídico: No La Sala reitera, en relación con la legitimación en la causa por activa para solicitar la nulidad del acto de adjudicación, que los oferentes no favorecidos, la Administración y el Ministerio Público son quienes tienen un interés legítimo para demandarlo. Alguien ajeno al proceso de selección, que no fue lesionado en sus derechos y que pretende asegurar la regularidad de la actuación administrativa, no puede demandar la legalidad del acto. Sepecol Ltda. no está legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la Resolución n°. 0789 de 1997, que adjudicó por contratación directa el contrato de prestación del servicio de vigilancia (…), pues no hizo parte del proceso de selección y no acreditó que se lesionara derecho alguno con ese acto. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la titularidad para demandar el acto de adjudicación de un contrato estatal, consultar providencias de 13 de junio de 2011, Exp. 19936, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OBJETO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CAUSAS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto que declara desierta una licitación pública? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 85 CCA, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989 –vigente al momento de la presentación de la demanda (art. 40 Ley 153 de 1887)–, disponía que los actos administrativos podían ser demandados mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Según la jurisprudencia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho era procedente contra el acto de adjudicación, el de declaratoria de desierta y el de calificación y clasificación de proponentes ante la Cámara de Comercio. Como se solicitó la nulidad del acto administrativo que declaró desierta una licitación pública, la acción idónea es la de nulidad y restablecimiento del derecho. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consultar providencia de 14 de octubre de 2011, Exp. 20811, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 85, DECRETO 2304 DE 1989 - ARTÍCULO 23, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar providencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. DOCUMENTO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA Problema jurídico: ¿El documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico al existir certeza sobre la persona que lo ha elaborado, y cuyo mérito probatorio lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC). (…) Está en el proceso la Resolución n°. 0679 de 1997, que declaró desierto el proceso de selección. Conforme al acto administrativo, Sepecol Ltda. presentó un balance que tenía «incongruencias». Dejó consignado que esa inconsistencia incumplía las condiciones de los pliegos y la ley y que, esa circunstancia, impedía la selección objetiva (…). Ese documento público se presume auténtico, pues no fue tachado de falso (…) y acredita que para la entidad la diferencia entre el balance general «original» y la «copia» era motivo suficiente para declarar desierta la licitación. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 243 LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE LEGALIDAD Problema jurídico: ¿Los actos administrativos estarán conforme a derecho cuando han sido proferidos por una autoridad pública u órgano dentro del marco de las facultades asignadas por la Constitución, la ley o el reglamento? Respuesta al problema jurídico: Si El principio de legalidad es una de las garantías esenciales de todo Estado de Derecho. La competencia, como expresión del principio de legalidad, es la facultad que tiene un órgano o entidad pública para ejercer determinada capacidad decisoria en una materia y dentro de cierto tiempo y ámbito territorial. Como el Estado tiene un carácter instrumental, para la defensa de la libertad y para evitar la arbitrariedad, sus tareas deben despersonalizarse y limitarse a través de un orden jurídico. En un Estado de Derecho (art. 1 CN), la atribución de capacidad decisoria institucional tiene que tener fundamento en la Constitución –norma que es superior justamente por ser la primera fuente del poder público– o en la ley –expresión también de la voluntad soberana que se encarga de terminar el reparto de las distintas facetas del poder público– (preámbulo, arts. 3, 4, 6, 121, 123 y 230 CN). El reglamento, a su vez –y en plena consonancia con la Constitución y la ley–, distribuye entre los distintos servidores de la correspondiente entidad sus funciones, es decir, el conjunto o serie de procedimientos necesarios para poner en acto la competencia (art. 122 CN). Constitución, ley y reglamento (dentro de sus respectivos ámbitos) son claras manifestaciones de la necesaria limitación al ejercicio del poder público en democracia, para lograr el sometimiento de la administración a la normatividad jurídica. Los servidores públicos, en el desempeño de su cargo, pueden únicamente ejercer las funciones atribuidas por el ordenamiento. De ahí que, los actos administrativos estarán conforme a derecho cuando han sido proferidos, precisamente, por una autoridad pública u órgano dentro del marco de las facultades asignadas por la Constitución, la ley o el reglamento. Por el contrario, los actos administrativos estarán viciados de nulidad, según el artículo 84 CCA, cuando hayan sido proferidos sin competencia, pues las normas de asignación de funciones revisten carácter de orden público y al ser desacatadas, acarrean que desaparezca la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos. El principio de legalidad se traduce en los medios de control judicial, concebidos para lograr la sumisión de la actividad administrativa a la ley. NOTA DE RELATORÍA: En relación con de principio fundamental de la legalidad del obrar administrativo, consultar providencias de 10 de mayo de 1990, Exp. 2870, C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo; y de 20 de octubre de 2005, Exp. 14579, C.P. German Rodríguez Villamizar. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 230, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 3, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 4, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO PREAMBULO, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 84 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONTRATACIÓN ESTATAL / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CAPACIDAD / CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PÚBLICA / ACTO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / ACTO DE PODER DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / COMPETENCIA REGLADA Problema jurídico: ¿La capacidad legal o de ejercicio de la Administración para celebrar contratos, se ubica en la órbita de los actos de gestión y no de los actos de poder? Respuesta al problema jurídico: Si En el ámbito del derecho público, la legislación equipara a la capacidad legal o de ejercicio para celebrar contratos (posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, un elemento de validez del contrato, cuando este es la fuente de la obligación) con la «competencia». La Ley 80 de 1993 y la ley orgánica del presupuesto, lo denominan «competencia», aunque de manera acertada la Constitución habla de «capacidad» (art. 352). Si la contratación se ubica en la órbita de los «actos de gestión» y no de los «actos de poder», es más preciso denominarla «capacidad» y no «competencia» para celebrar contratos. No ocurre lo mismo, con el proceso de selección previo, que es evidentemente un acto reglado y que se exterioriza en una manifestación unilateral de la Administración, que se expide en ejercicio de función administrativa –la actividad contractual solo lo es por excepción en los casos expresamente señalados por la ley–, que produce efectos jurídicos por sí mismos sobre la situación correspondiente y, por ende, es vinculante [«actos administrativos»]. En definitiva, en un derecho administrativo de la libertad, solo las relaciones de la Administración y el «administrado» protegidas por el principio de legalidad son del ámbito del derecho administrativo («actos de poder»), las demás –aunque intervenga la Administración– son propias del derecho común («actos de gestión»). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 352 ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL / ALCALDE / ALCALDE ENCARGADO / DESIGNACIÓN DE ALCALDE ENCARGADO / EJERCICIO DEL ALCALDE ENCARGADO / FACULTADES DEL ALCALDE / DELEGACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ALCALDE / FUNCIONES DEL ALCALDE / COMPETENCIA DEL ALCALDE / FALTA TEMPORAL DEL ALCALDE / AUSENCIA TEMPORAL DEL ALCALDE / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO / BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO / DISTRITO PORTUARIO E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA Problema jurídico: ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo que declaró desierta la licitación pública, por estar viciada de falta de competencia, al haber sido proferida por el alcalde encargado del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla? Respuesta al problema jurídico: No El acto legislativo 1 de 1993 organizó a Barranquilla como Distrito Especial, Industrial y Portuario y su régimen administrativo corresponde al determinado por la CN y las leyes especiales y, en lo no previsto, al de los municipios. En consonancia, el artículo 314 CN dispone que en cada municipio habrá un alcalde, que será jefe de la administración local y representante legal. A su vez, el artículo 11.1 –en armonía con el artículo 2– de la Ley 80 de 1993 prevé que la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas es del jefe o representante de la entidad, y el numeral 3(b) dispone que los alcaldes de los distritos capitales y especiales tienen «competencia» para celebrar contratos. Como los alcaldes de los distritos especiales son los representantes legales de estas entidades territoriales, son competentes para adelantar los procesos de selección y, si hay lugar a ello, declararlos desiertos. El artículo 106 de la Ley 136 de 1994 reguló el procedimiento a seguir cuando los alcaldes se ausentan de manera temporal o permanente. En los eventos de faltas temporales, salvo los casos de suspensión, corresponde al alcalde encargar sus funciones a uno de sus secretarios o a quien haga las veces. El funcionario encargado tiene las mismas funciones y atribuciones que el alcalde titular. (…) Según la demanda, (…) [el] alcalde encargado del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, no tenía competencia para declarar desierta la licitación pública, porque el encargo estaba condicionado a la ausencia del titular y este se encontraba en la ciudad ese día. Como la presunción de legalidad es una característica y atributo o requisito de eficacia del acto administrativo (art. 4 CN, art. 66 CCA y art. 91 CPACA), que consiste en que la manifestación de voluntad de la Administración se tiene como conforme a derecho y lleva aparejada la obligatoriedad de lo que dispone (ejecutividad). Presunción que solo puede ser desvirtuada por el juez del acto, por suspensión o anulación. Como no se acreditó que el Decreto 1599 de 1997 hubiera sido retirado del ordenamiento jurídico, ni tampoco que al momento en que se declaró desierto la licitación el encargo había terminado, no se configuró la causal de nulidad alegada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la capacidad de los alcaldes para celebrar contratos, consultar providencia de 7 de febrero de 2002, Exp. 18736, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Acerca de las facultades del alcalde encargado, consultar concepto de 8 de octubre de 1999, Rad. 1219, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 1 DE 1993, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 314, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 4, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 66, DECRETO 1599 DE 1997, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 106, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 91, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 11 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 11 NUMERAL 3 LITERAL B, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN / REQUISITOS PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Para que se pueda declarar desierto el proceso de selección debe cumplirse el supuesto normativo, esto es, el hecho debe impedir la selección objetiva dentro del marco dispuesto por el ordenamiento jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si La licitación pública debe terminar, por regla general, con el acto administrativo final de selección o adjudicación al proponente que hizo la oferta más favorable, mediante resolución motivada que obliga a la entidad y al adjudicatario, como consecuencia natural del procedimiento previo y que, por supuesto, está revestido de presunción de legalidad (arts. 30.10 y 30.11 Ley 80 y 9 Ley 1150). Excepcionalmente, puede frustrarse el proceso de selección cuando se presentan motivos o circunstancias que impidan la escogencia objetiva. La Administración puede optar por no elegir ninguna de las propuestas recibidas para la adjudicación del contrato, mediante acto administrativo que declare desierto el proceso de selección. En vigencia del Decreto 222 Ley de 1983, la Administración podía declarar desierta la licitación en los supuestos expresamente señalados en el artículo 42. (…) La Sección Tercera, sin embargo, aclaró que, independientemente de la causal alegada, la Administración debía motivar este acto administrativo en forma suficiente. La Ley 80 de 1993 modificó sustancialmente la regulación de la declaratoria de desierta, al suprimir las causales del Decreto 222 de 1983. Según los antecedentes legislativos de esa ley (art 27 CC), se buscaba que únicamente se declarara desierto el proceso por motivos que impidieran la selección objetiva, como ocurría cuando los proponentes no cumplían los requisitos del pliego de condiciones, circunstancia que, en todo caso, obligaba a la Administración a sustentar en forma precisa y detallada las razones de su decisión. Así, la Ley 80 de 1993 dejó en claro que la declaratoria de desierta no puede ser una decisión subjetiva, ni caprichosa. (…) Este precepto ratifica que debe declararse a través de acto administrativo en el que se señalen expresa y detalladamente los motivos de la decisión. De manera que, la Administración no puede declarar desierto el proceso de selección a su arbitrio. Para que se pueda declarar desierto el proceso de selección debe cumplirse el supuesto de la norma, esto es, el hecho debe impedir la selección objetiva dentro del marco dispuesto por el ordenamiento jurídico. Los motivos para declarar desierta la licitación pueden derivarse de la falta de presentación de ofertas, errores en la presentación de las ofertas o el incumplimiento del pliego de condiciones. Sin embargo, no cualquier error en la presentación de las ofertas da lugar a su descalificación, este debe incidir en la futura celebración y ejecución del contrato, por lo cual es inadmisible el rechazo de proponentes por requisitos formales. En todo caso, no se podrá declarar frustrado el proceso de selección por errores propios de la Administración. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la posibilidad de la declarar desierta una licitación pública, consultar providencia de 3 de diciembre de 2007, Exp. 24715, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre la motivación del acto que declara desierta la licitación, consultar providencia de 20 de febrero de 2003, Exp. 14107, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En relación con la procedencia de la declaratoria de desierta de la licitación, consultar providencias de 27 de abril de 2011, Exp. 18293, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 14 de octubre de 2011, Exp. 20811, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 3 de mayo de 2013, Exp. 23734, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E). FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 42, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 9, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5 LITERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 10, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 9, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 27 PROPUESTA DEL PROPONENTE / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / FACULTAD DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / PRESUPUESTOS PARA EL RECHAZO DE LA OFERTA / RECHAZO DE LA OFERTA / RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA Problema jurídico: ¿Cualquier disconformidad entre el pliego y la propuesta da lugar a su rechazo, sin importar si se trata de un requisito que permita la comparación de las ofertas? Respuesta al problema jurídico: No La Ley 80 de 1993 facultó a las entidades públicas para conceder a los proponentes la oportunidad de subsanar los errores de la propuesta, cuando correspondieran con aspectos «formales» que no tuvieran incidencia en la comparación de las ofertas. El artículo 25.15 dispuso que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no serviría de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. Conforme a esa norma, en consonancia con el artículo 84 CN, las autoridades no estaban habilitadas para exigir sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exigieran leyes especiales. (…) Este mandato legal prohibió a la Administración rechazar ofertas por motivos intrascendentes para el objeto a contratar y, en contrapartida, reconoció a los proponentes, el derecho a subsanar todo aquello que no afectara sustancialmente sus ofrecimientos. De manera que no cualquier disconformidad entre el pliego y la propuesta daba lugar a su rechazo, pues debía analizarse si se trataba de un requisito que permitía la comparación de las ofertas. La Sala reitera, pues, que no es posible rechazar ofertas por requisitos nimios o inútiles (art. 25.15 original de la Ley 80). Aunque el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 derogó el artículo 25.15 de la Ley 80 de 1993, el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 retomó su texto. Esta norma definió a los requisitos necesarios para comparar las propuestas como aquellos que no afectaban la asignación de puntaje, que podrían ser solicitados por las entidades en cualquier momento hasta antes de la adjudicación del contrato (art. 28 CC). De modo que, la Ley 1150 precisó la posibilidad de subsanar los requisitos del pliego que no fueran indispensables para comparar las propuestas, es decir, aquellos que no otorgaban puntaje. Al efecto, el artículo 5 diferenció los requisitos habilitantes, indispensables para participar en el proceso y de simple verificación por la entidad, de aquellos a los cuales se asignarían puntajes y con base en los cuales se escogería la oferta más favorable. Según la Ley 1150 de 2007, entonces, los requisitos que no pueden ser subsanados son aquellos a los que se asignan puntajes. De allí que, si en un proceso de contratación, un requisito no se evalúa con puntos, sus deficiencias se pueden corregir y la entidad debe solicitar al oferente que aporte lo que falta para que su propuesta se evalúe en igualdad de condiciones con las demás. El artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, a su vez, modificó el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Dicha norma prescribió que los proponentes podrán subsanar los requisitos no indispensables para la comparación de propuestas, porque no otorgan puntaje, hasta el término del traslado del informe de evaluación de acuerdo con cada modalidad de selección. Ese precepto dispuso, además, que durante este término los proponentes no están habilitados para subsanar defectos de la propuesta ocurridos con posterioridad al cierre del proceso. Según los antecedentes legislativos de la Ley 1882 de 2018 (art 27 CC), era necesario establecer un plazo legal preclusivo que clarificara el momento hasta el cual era procedente subsanar las propuestas. La norma retomó la regulación entonces prevista en varios decretos reglamentarios, con el fin de impedir a los proponentes que, durante el lapso para subsanar las propuestas, acreditaran circunstancias que tuvieron lugar con posterioridad al cierre, así como el hecho de que la no presentación de la garantía de la seriedad era causal de rechazo de la oferta. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el rechazo de propuestas consultar providencias de 26 de abril de 2006, Exp. 16041, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 8 de febrero de 2012, Exp. 20811, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de 8 de febrero de 2012, Exp. 18560, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 84, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5 PARÁGRAFO 1, LEY 1882 DE 2018 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 15, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 27, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 28 MEDIOS DE PRUEBA / BALANCE / BALANCE GENERAL CERTIFICADO / VALOR PROBATORIO DEL LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES / ELABORACIÓN DE INVENTARIOS Y BALANCES / DOCUMENTO PRIVADO / AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Cuentan con valor probatorio los balances generales allegados por la demandante, al ser documentos privados auténticos que no fueron desvirtuados por otras pruebas? Respuesta al problema jurídico: Si Al proceso se aportó el balance general «original» de Sepecol Ltda. a 31 de diciembre de 1996 presentado a la entidad (…). Conforme al documento, el «total activos» era de $1.375.319 y el «total patrimonio» era de $524.270.000. También obra el balance general a 31 de diciembre de 1996 de Sepecol Ltda. que fue aportado como «copia» de la propuesta (…). Según ese balance, el «total activos» era de $1.730.994 y el «total patrimonio» era de $761.505.000. Estos documentos privados son auténticos conforme con el artículo 252 CPC (…), no fueron desvirtuados por otras pruebas y acreditan que el balance general aportado como «copia» no era una reproducción literal del balance general que fue aportado como original con la propuesta. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252 PLIEGO DE CONDICIONES / CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / MINUTA DE CONTRATO Problema jurídico: ¿Los pliegos de condiciones son un marco de referencia fundamental en la etapa precontractual, por lo que deben contener reglas claras, objetivas y completas de escogencia del contratista, y sirven como como borrador del clausulado del contrato por celebrar? Respuesta al problema jurídico: Si La Administración debe elaborar los pliegos de condiciones conforme a lo dispuesto en los artículos 24.5 y 30.2 de la Ley 80 de 1993 [antes previsto en el art. 30.h Decreto 222 de 1983]. De modo que, los pliegos regulan el procedimiento de selección y, por ello, deben contener reglas claras, objetivas y completas de escogencia del contratista [factores de selección]. Los pliegos, pues, disciplinan el desarrollo y las etapas del proceso de selección. Además, los pliegos consignan el borrador del clausulado [minuta] del contrato por celebrar. En todo caso, en los contratos se podrán incluir todas las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias, siempre que no contravengan normas imperativas, ni los principios de la Ley 80 [transparencia, economía y responsabilidad, según el artículo 23 y con el preciso alcance fijado en los artículos 24, 25 y 26, respectivamente] y los fines que no son otros que los del Estado (art. 3 en armonía con el art. 2 CN), todo de conformidad con el artículo 40 del estatuto. Los pliegos son «documentos contractuales» de enorme significación. Y como tales, constituyen un imprescindible marco de referencia para la ejecución del contrato y, claro está, sirve para interpretarlo, con el fin de desentrañar la intención de las partes (arts. 23 y 28 de la Ley 80 y 1618 y ss. CC). De modo que, aunque son de enorme importancia, los pliegos en modo alguno «prevalecen» sobre el contrato y sus estipulaciones. Lo acordado es ley para las partes y solo se extingue por mutuo disenso de ellas (arts. 1602 y 1625 CC), por declaración judicial de resolución o terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los contratantes (arts. 1546 y 1625.9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa (arts. 1625.8 y 1740 CC y 44 Ley 80). En definitiva, los pliegos son un marco de referencia fundamental en la etapa precontractual, como durante la ejecución del contrato. Los pliegos son a la vez expresión del «principio de transparencia», que propende por la igualdad de oferentes y la selección objetiva (art. 24) y del «principio de economía», con arreglo al cual, los procedimientos contractuales son mecanismos para cumplir los fines estatales (art. 25). FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 870, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 30 LITERAL H, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1740 ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN / DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / RECHAZO DE LA OFERTA / RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / PRESUPUESTOS PARA EL RECHAZO DE LA OFERTA / FACULTAD DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / USO INDEBIDO DE LA FACULTAD DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / DOCUMENTO AUTÉNTICO / COPIA DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Procedía la declaratoria de desierta de una licitación pública, en la que se rechazó una oferta por una diferencia entre el original de un documento y sus copias presentadas por uno de los proponentes, cuando ser observa que la licitación se rigió por la Ley 80 de 1993, antes de las modificaciones de la Ley 1150 de 2007 y 1882 de 2018? Respuesta al problema jurídico: No Según la demanda, el acto de declaratoria de desierta de la licitación n°. L.P.001 de 1997 era nulo, porque fue proferido por un funcionario que no era competente y desconoció que su propuesta cumplió todos los requisitos de los pliegos de condiciones. (…) El juez debe, pues, determinar el régimen aplicable al proceso de selección en cada caso, para establecer, de acuerdo con las normas correspondientes, si lo que motivó la declaratoria de desierta de la licitación pública impedía la selección objetiva del contratista. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla abrió el proceso de selección el 3 de febrero de 1997 (…) y expidió el acto de declaratoria de desierta el 14 de agosto siguiente (…). Como se trata de un proceso de selección dirigido por una entidad de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico aplicable al proceso de selección era el previsto en el estatuto de contratación, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007 y 1882 de 2018. (…) Según la demanda, la entidad no podía declarar desierta la licitación pública, ni rechazar su oferta por una «simple» discordancia entre las copias y el original de los estados financieros. Está acreditado que el 3 de febrero de 1997, la Alcaldía del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla ordenó la apertura de la licitación pública n.° 001/97, para contratar la prestación del servicio de vigilancia privada para sus instalaciones (…). Sepecol Ltda. presentó propuesta en ese proceso de selección (…). La propuesta fue evaluada y el comité de evaluación de la entidad recomendó declarar desierto el proceso (…). La Administración acogió la recomendación y declaró desierta la licitación el 14 de agosto de 1997 (…). La existencia de una diferencia entre la versión «original» de la propuesta y sus «copias», no supone su rechazo automático. Desde el punto de vista de la selección objetiva, es indispensable determinar, con fundamento en las normas que regían el proceso de selección y el pliego de condiciones (art 25.12 Ley 80 de 1993), si dicha diferencia impedía la comparación de las propuestas y, en consecuencia, frustraba la escogencia objetiva del contratista o si, por el contrario, era un error de «forma» que podía subsanarse. (…) Según el pliego de condiciones, los factores de comparación de las propuestas eran: (i) el valor del servicio; (ii) la experiencia y organización interna y (iii) la capacidad técnica. Uno de los criterios para calificar la experiencia y organización era la solvencia económica de los proponentes, la cual debía acreditarse con sus estados financieros, debidamente auditados y autenticados (…). Este requisito podía ser tenido en cuenta para otorgar puntaje, pues no se había producido la reforma del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. En el marco de esos parámetros, es claro que para la comparación de las propuestas era necesaria la presentación de los estados financieros, pues era a partir de ellos que se evaluaba la solvencia económica del proponente. De modo que, la inconsistencia entre los estados financieros incluidos en la propuesta «original» y las «copias», por tratarse de un asunto innecesario para la comparación de las propuestas, no podía implicar el rechazo de la oferta, según el artículo 25.15 de la Ley 80 de 1993. La entidad debió, antes de rechazar la propuesta, permitir al proponente que allegara las copias del documento «original» y que explicara la diferencia (art. 30.7 Ley 80 de 1993). Una vez cumplido el requerimiento, debió tener por subsanada esa exigencia formal y proceder a evaluar la propuesta nuevamente una vez analizadas las demás observaciones presentadas por los proponentes. Como la entidad contravino lo prescrito por los artículos 25.15 y 30.7 de la Ley 80 de 1993, en relación con la posibilidad de subsanar requisitos «formales» y la prohibición de rechazar ofertas por aspectos que no son indispensables para la comparación de las propuestas, incurrió en la causal de nulidad de expedición irregular del acto administrativo de adjudicación (art. 84 CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 84, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 7 ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NEGACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / MEJOR OFERENTE / MEJOR OFERTA ECONÓMICA / MEJOR PROPUESTA / PROPUESTA MÁS CONVENIENTE / PRUEBA DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE / OFERTA MÁS FAVORABLE / FALTA DE PRUEBA Problema jurídico: ¿Hay lugar a la indemnización de perjuicios derivados de la nulidad del acto de declaratoria de desierta de la licitación, cuando no se acreditó que la propuesta del demandante, era la mejor? Respuesta al problema jurídico: No La Sala reitera que no basta con demostrar la ilegalidad del acto de declaratoria de desierta de la licitación para que prospere la indemnización de perjuicios, sino que es indispensable que el demandante pruebe que la mejor propuesta era la suya y que, por tanto, debió ser escogido durante el proceso de selección. Según el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, vigente al momento de los hechos, la selección era objetiva si la escogencia se hacía al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella buscaba, sin considerar aspectos subjetivos. Para su selección, la Administración debía tener en cuenta los factores de escogencia contenidos en los pliegos de condiciones y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos. Además, debía cotejar los diferentes ofrecimientos recibidos. (…) Está acreditado que en la primera evaluación la entidad calificó con el mayor puntaje a la sociedad Seguridad Constante Ltda. con 9.97 puntos, Sepecol Ltda. obtuvo 9.73 puntos y Su Servicio Oportuno Ltda 9.57 (…). Frente a esa calificación, los proponentes presentaron observaciones (…). La Sala no puede realizar la comparación de las propuestas para determinar cuál era el ofrecimiento más favorable a la entidad, pues sólo se aportaron al proceso las ofertas presentadas por Seguridad Constante Ltda. y Sepecol Ltda. La ausencia de la oferta presentada por Su Servicio Oportuno Ltda. impide cotejar todos los ofrecimientos recibidos, requisito indispensable para seleccionar la propuesta más favorable a la entidad. Como correspondía al demandante demostrar los supuestos de nulidad que alega, debió allegar al proceso todas las propuestas y no limitarse a afirmar que la suya era la mejor. Ante la falta de pruebas que permitan determinar si su oferta era la más favorable, se impone negar las pretensiones de indemnización de perjuicios. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la indemnización de perjuicios por la ilegalidad del acto de declaratoria de desierta de la licitación, consultar providencia de 27 de abril de 2011, Exp. 18293, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 29

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=080012331000199800036011100103