⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará la decisión del Tribunal en este punto
Sentencia — Sentencia
2023-05-25
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020180053402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Indumil estaba facultada para modificar unilateralmente el acta de liquidación bilateral del contrato para descontar sumas de dinero al contratista por concepto de multa? No
La entidad que pacta descuentos o multas solo puede aplicarlos si cumple los términos del pacto, incluido el trámite previsto en la garantía, y no puede hacer un uso abusivo de su facultad unilateral. La regla se apoya en que el juez verifica el cumplimiento de los requisitos contractuales de la facultad y que la cláusula que regula las multas exige ese trámite antes de cualquier descuento de los saldos a favor del contratista. Por ello, la multa impuesta sin seguir el procedimiento de la póliza no puede descontarse de la liquidación. En el asunto, la entidad impuso una multa por la fecha de entrega sin adelantar el trámite de la póliza, por lo que el tribunal acertó al concluir que no podía descontar esas sumas de la liquidación bilateral, y la Sala confirmó esa decisión. En la práctica, los descuentos incluidos en una liquidación bilateral deben tener sustento en el procedimiento pactado.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos emitidos por la entidad contratante en el marco de un contrato regido por el derecho privado tienen la naturaleza de actos administrativos?
¿Procede la condena en costas ante la prosperidad parcial del recurso de apelación?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Acto jurídico: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-08-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 68001233100020100026202
ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos emitidos por Ecopetrol durante la ejecución del contrato objeto de análisis, referidos a la multa y a la terminación anticipada y unilateral ostentan de naturaleza jurídica privada y por ello su revisión de legalidad no procede por la vía de nulidad? Sí
El contratista no puede impugnar por vía de nulidad los actos emitidos por Ecopetrol durante la ejecución del contrato, referidos a multas y terminación anticipada y unilateral, ya que estos actos tienen naturaleza jurídica privada y su revisión de legalidad se limita al análisis de los incumplimientos de las obligaciones derivados del negocio jurídico pactado, conforme a la autonomía de la voluntad en la contratación estatal. La Sala confirma que, cuando el contrato se rige por el derecho privado, los actos de la entidad no constituyen actos administrativos, sino que deben evaluarse en función del cumplimiento de las cláusulas contractuales y sin hacer un uso abusivo de las facultades unilaterales pactadas. Además, la tacha de los testigos no hace improcedente la recepción o la valoración de los testimonios, sino que impone al juez un análisis más profundo para determinar el grado de credibilidad y eficacia probatoria de dichas declaraciones, en aplicación del principio de la sana crítica y las reglas de la lógica y la certeza.síntesis automática
También resuelve:
¿La tacha de los testigos hace improcedente la recepción o la valoración de los testimonios?
¿Ecopetrol incurrió en incumplimiento contractual por la falta de reconocimiento de la mayor permanencia y mayores cantidades de obra por parte del contratista?
¿Ecopetrol generó el rompimiento del equilibrio económico del contrato por motivo de la falta de reconocimiento de las mayores actividades y mano de obra…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala revocará la decisión de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2022-11-23
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 05001233100020110182401
ACCION CONTRACTUAL
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.síntesis automática
También resuelve:
¿Las “deducciones por incumplimiento”
¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020140053501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, incluidas las universidades públicas, y el Consejo de Estado conoce de la apelación cuando el asunto tiene vocación de doble instancia por razón de la cuantía. Esta regla se apoya en el régimen contractual de la universidad pública, que puede estar sujeto al derecho privado en ciertos aspectos, sin que ello excluya la competencia de la jurisdicción. Por ello el carácter público de la entidad determina la jurisdicción, y la cuantía de la pretensión determina la segunda instancia. En el caso concreto la corporación conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del tribunal, y la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la competencia del Consejo de Estado en apelación depende de la cuantía y del carácter público de la entidad.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos?
¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa…
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago
Sentencia — Sentencia
2024-08-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020170100701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato?
¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente?
¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso
Sentencia — Sentencia
2023-12-01
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 20001233300320140012701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conta la sentencia de primer grado? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos corresponde al Consejo de Estado, según el artículo 150 del CPACA, y que la doble instancia ante esa corporación procede también por razón de la cuantía de la pretensión mayor, cuando supera el monto exigido para el medio de control respectivo. Una razón es que el artículo 150 expresamente atribuye a la corporación la segunda instancia de las apelaciones de sentencias y de autos apelables, sin que la naturaleza del medio de control impida esa competencia. Otra razón es que en el asunto la pretensión mayor, correspondiente a la administración dejada de percibir, superaba el umbral de doble instancia fijado para el medio de control aplicable, de modo que el recurso del demandante era conocido por la Sala. En el caso, el demandante apeló la negación de sus pretensiones, y la Sala confirmó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, determinada al momento de la demanda, fija la competencia para la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente cuando el daño se deriva del acto precontractual, en un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios…
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?
¿El acto de adjudicación en un contrato regido por el derecho privado, tiene la naturaleza de acto administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-02-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 66001233300020120005401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve:
¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa…
¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo?
¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
Consejo de Estado
Providencia
Sentencia de unificación: Sentencia Unificación
Sentencia Unificación — FALLO
2020-09-03
Sección Tercera (Subsección B)
Rad. 25000232600020090013101
ACCION CONTRACTUAL
¿Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios públicos domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío normativo? Sí
El contratista o la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, en ausencia de norma legal específica sobre la jurisdicción competente para resolver controversias, debe acudir a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, establecida en el artículo 104 del Código Procesal Administrativo (anteriormente en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo), para determinar la jurisdicción competente. Esta regla se aplica salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, y reconoce que los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, con las excepciones que la ley determine. Además, las controversias relativas a estos actos precontractuales, que no son actos administrativos, deben tramitarse a través de la acción de reparación directa, y el juez de conocimiento resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado el medio de control que corresponda, garantizando así el derecho de acceso a la administración de justicia. Esta sentencia unifica la jurisprudencia y establece una regla clara para resolver el vacío normativo existente en la materia.síntesis automática
También resuelve:
¿Ha existido línea unívoca en la jurisprudencia en relación con el el conocimiento, o no, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo e controversias de naturaleza contractual o…
¿La cláusula general de competencia, vigente para la época del caso concreto, era el artículo 82 del CCA?
¿La corporación ha tenido una postura uniforme sobre la determinación de la naturaleza jurídica de los actos precontractuales emitidos por entidades que tienen regímenes de contratación exceptuados…
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020130218602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en virtud de la naturaleza FONTUR como patrimonio autónomo conformado por capital público? Sí
Cuando un patrimonio autónomo de naturaleza pública, conformado con capital público y que ejerce funciones de la misma naturaleza, adopta decisiones dentro de un procedimiento de selección, sus actuaciones pueden ser controvertidas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en razón del criterio orgánico del artículo 104 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en dos razones: el patrimonio carece de personería jurídica pero administra recursos públicos provenientes de una contribución parafiscal, de un impuesto y de asignaciones del presupuesto general, y está sujeto a las directrices del ministerio sectorial. En el caso, la adjudicación de una invitación abierta adoptada por ese patrimonio fue controvertida, y el Consejo de Estado asumió la competencia en segunda instancia porque la mayor cuantía de la demanda superaba los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el numeral 3 del artículo 152 del C.P.A.C.A. El documento cita conceptos y sentencias sobre la capacidad de los patrimonios autónomos para ser parte, pero no señala que reitere o unifique precedente; la consecuencia práctica es que la competencia se determina por la naturaleza pública del capital y no por la personería jurídica del administrador.síntesis automática
También resuelve:
¿El acto de adjudicación en los contratos regulados por el derecho privado tiene la naturaleza de acto administrativo?
¿El medio de control de reparación directa es el idóneo para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado?
¿FONTUR como patrimonio autónomo se encuentra legitimada en la causa por pasiva al proferir el acto del cual se deriva el daño por el que se demanda?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020130180702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente declarar que el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria directa del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante la “Resolución 099 del 20 de marzo siguiente” estuvo viciado, pues, a juicio de la parte recurrente, los yerros que se alegaron para tal proceder no existieron, en tanto no hubo un error aritmético que variara el hecho de que la mejor oferta era la suya, ni incumplió ningún requisito del manual de contratación de la entidad, circunstancia que se debió, entre otros, a hechos como que no se le permitió al aquí apelante acceder a las propuestas en la primera etapa del procedimiento? No
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en adelante CAPROVIMPO, adelantó una solicitud privada de ofertas, con el objeto de contratar la "prestación de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados con: i) administración de aportes, 11) reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y, iii) administración de cesantías". Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO. Tras advertir que se cometieron errores en la evaluación económica de las propuestas y que no se tuvieron en cuenta algunas reglas del manual de contratación de la entidad, el 20 de marzo de 2013 CAPROVIMPO, con consentimiento previo del CONSORCIO BDO, revocó esta decisión y saneó el proceso contractual.
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para resolver controversias contractuales con ocasión de la solicitud privada de oferta donde una de las partes es una Empresa Industrial y Comercial del Estado…
¿Las consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes…
¿El giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: la jurisprudencia se había alejado de los claros mandatos de las Leyes 142 y 689
Aclaración voto Unificación — ACLARACION DE VOTO
2020-09-03
Sección Tercera (Subsección B)
Rad. 25000232600020090013101
ACCION CONTRACTUAL
¿La jurisprudencia se había alejado de los claros mandatos de las Leyes 142 y 689, al extraviarse en cómodos criterios de corte “administrativista”, cuando las normas -en consonancia con el artículo 365 CN- ordenan un régimen de competencia que exige reglas simétricas, sin importar si los agentes del mercado son públicos, privados o mixtos? Sí
La jurisprudencia se había alejado de los claros mandatos de las Leyes 142 y 689, al extraviarse en cómodos criterios de corte “administrativista”, cuando las normas -en consonancia con el artículo 365 CN- ordenan un régimen de competencia que exige reglas simétricas, sin importar si los agentes del mercado son públicos, privados o mixtos. La decisión no solo es consonante con la legislación, sino también con la postura que el Pleno de esta Corporación sostuvo -hace casi un cuarto de siglo- en histórico fallo de 23 de septiembre de 1997 Rad. El planteamiento es muy simple: los actos de los futuros contrayentes -sometidos a regímenes exceptuados- no son actos administrativos y, por ende, no pueden ser estudiados en nulidad y restablecimiento del derecho. PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA…
También resuelve:
¿El medio de control procedente dependerá de si el contrato se perfeccionó, según las reglas de la oferta y la demanda, en especial…
¿Si en los regímenes exceptuados no hay lugar a expedir acto administrativo alguno, no puede alegarse la nulidad del contrato que está concebida para la fase precontractual regulada por una actuación…
¿Esta obsesión por los trámites burocráticos, es compatible con la agilidad que demandan de las relaciones contractuales, incluidas -por supuesto- las del Estado?