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Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Servicios públicos domiciliarios
05001233300020170031501 de 2025
2025-10-20
Sección Tercera
Rad. 05001233300020170031501
De este modo, y en línea con la jurisprudencia unificada, las actuaciones en sede precontractual que desplieguen las ESP deben ser analizadas bajo el medio de control de reparación directa, dispositivo diseñado para examinar la responsabilidad de la administración con fuente en hechos, omisiones, operaciones administrativas, y “cualquier otra causa” generadora de un daño antijurídico, según se desprende del artículo 140 del CPACA. De hallarse configurada la transgresión del principio de buena fe en el periodo precontractual, es decir, en los casos en que se acredite el daño, se pasará a analizar el factor de resarcimiento derivado de la responsabilidad civil por culpa in contrahendo que corresponde, por regla general, al denominado interés negativo o de confianza. La Sala quiere remarcar la distinción entre el daño y el perjuicio que se puede reclamar bajo el circuito que atañe a la responsabilidad in contrahendo.
También resuelve:
Servicios públicos domiciliarios: régimen jurídico, Ley 142 de 1994, etapa precontractual, actos precontractuales
Medio de control: sentencia de unificación del año 2020, corrección de medio de control, inexistencia de actos administrativos, actos contractuales
Escogencia del medio de control: escogencia a partir de la fuente generadora del daño, acto de carácter privado, medio de control de controversias contractuales, improcedencia
Consejo de Estado
Providencia
Concurso de méritos: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-09-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 41001233100019950838501
ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen normativo aplicable al concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, era el contenido en el Decreto 222 de 1983? Sí
El concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, iniciado por el ICEL como establecimiento público, estaba sujeto al Decreto 222 de 1983. La Sala reitera la aplicación de este decreto, que establece que los contratos celebrados por los establecimientos públicos se someten a las reglas del Estatuto General de Contratación. Además, la Sala valora las copias simples presentadas, considerando que no fueron tachadas de falsas y su validez no fue controvertida. En cuanto a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, la Sala determina que es competente, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato, y su caducidad debe contarse a partir del momento en que se abrió una nueva licitación pública con objeto análogo.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la valoración de las copias simples ya que obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?
¿La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2025-10-21
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020100041102
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, siempre que la cuantía de la demanda supera los 500 SMLMV al momento de su presentación, conforme a lo establecido en los artículos 129, 132-6 y 181 del Código Contencioso Administrativo. En el caso particular, el Consejo revocó la decisión del tribunal al determinar que la cuantía de la demanda superaba el umbral legal, lo que le confería competencia para resolver el recurso de apelación. Además, la corporación reiteró su jurisprudencia sobre la facultad del juez de adecuar la acción en casos excepcionales, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa del demandado y no haya variación en la causa petendi o en las pretensiones de la demanda. Asimismo, el Consejo estableció que los actos precontractuales emitidos por entidades sometidas al derecho privado, como Ecopetrol, no constituyen actos administrativos, sino actos de gestión contractual, por lo que la acción de reparación directa es el mecanismo adecuado para demandar responsabilidad bajo las reglas de la culpa in contrahendo.síntesis automática
También resuelve:
¿Excepcionalmente, el juez administrativo puede adecuar la acción, siempre que el derecho de defensa del demandado no se vea afectado?
¿Los actos precontractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos?
¿La acción de reparación directa es adecuada para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado, y, en caso de haberse acudido a una acción inadecuada…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se presentó incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa
Sentencia — Sentencia
2021-10-08
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600020060077901
ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentó incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa, la lealtad y la corrección que orientan las fases de negociación previas? Sí
El contratista no puede demostrar la responsabilidad precontractual de la entidad estatal si no demuestra que su oferta era la mejor y que la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona, conforme al principio de buena fe y lealtad contractual que rige las fases de negociación previas. En este caso, la entidad permitió al proponente completar su propuesta en aspectos que las reglas de participación habían señalado como obligatorios e insubsanables, lo que configuró un incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa y la lealtad contractual. La entidad, al no seguir las reglas que había establecido para determinar cuál era el mejor oferente, incurrió en responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo, lo que impidió que el proceso de selección continuara de manera justa y transparente. Esta decisión reitera la importancia de que las entidades públicas cumplan con las reglas que establecen unilateralmente para evaluar las ofertas y seleccionar al mejor proponente, garantizando así la seriedad y la integridad del proceso de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿La entidad podía, después de recibir todas las ofertas, permitir al proponente completar su propuesta en aspectos obligatorios e insubsanables?
¿El proponente debe demostrar que su oferta era la mejor y que no obstante ser así la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona?
¿La intención de la entidad era invitar a que se presentaran propuestas para estudiarlas de acuerdo con las reglas que estableció?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso
Sentencia — Sentencia
2023-12-01
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 20001233300320140012701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conta la sentencia de primer grado? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos corresponde al Consejo de Estado, según el artículo 150 del CPACA, y que la doble instancia ante esa corporación procede también por razón de la cuantía de la pretensión mayor, cuando supera el monto exigido para el medio de control respectivo. Una razón es que el artículo 150 expresamente atribuye a la corporación la segunda instancia de las apelaciones de sentencias y de autos apelables, sin que la naturaleza del medio de control impida esa competencia. Otra razón es que en el asunto la pretensión mayor, correspondiente a la administración dejada de percibir, superaba el umbral de doble instancia fijado para el medio de control aplicable, de modo que el recurso del demandante era conocido por la Sala. En el caso, el demandante apeló la negación de sus pretensiones, y la Sala confirmó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, determinada al momento de la demanda, fija la competencia para la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente cuando el daño se deriva del acto precontractual, en un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios…
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?
¿El acto de adjudicación en un contrato regido por el derecho privado, tiene la naturaleza de acto administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Sentencia de unificación: Sentencia Unificación
Sentencia Unificación — FALLO
2020-09-03
Sección Tercera (Subsección B)
Rad. 25000232600020090013101
ACCION CONTRACTUAL
¿Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios públicos domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío normativo? Sí
El contratista o la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, en ausencia de norma legal específica sobre la jurisdicción competente para resolver controversias, debe acudir a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, establecida en el artículo 104 del Código Procesal Administrativo (anteriormente en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo), para determinar la jurisdicción competente. Esta regla se aplica salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, y reconoce que los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, con las excepciones que la ley determine. Además, las controversias relativas a estos actos precontractuales, que no son actos administrativos, deben tramitarse a través de la acción de reparación directa, y el juez de conocimiento resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado el medio de control que corresponda, garantizando así el derecho de acceso a la administración de justicia. Esta sentencia unifica la jurisprudencia y establece una regla clara para resolver el vacío normativo existente en la materia.síntesis automática
También resuelve:
¿Ha existido línea unívoca en la jurisprudencia en relación con el el conocimiento, o no, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo e controversias de naturaleza contractual o…
¿La cláusula general de competencia, vigente para la época del caso concreto, era el artículo 82 del CCA?
¿La corporación ha tenido una postura uniforme sobre la determinación de la naturaleza jurídica de los actos precontractuales emitidos por entidades que tienen regímenes de contratación exceptuados…
Consejo de Estado
Providencia
Las manifestaciones de voluntad expuestas en el ámbito precontractual no tienen la connotación de actos administrativos
Sentencia — Sentencia
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 05001233300020170031501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos solo tienen naturaleza de acto administrativo cuando existe habilitación legal expresa? Sí
El contratista no puede promover el medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos precontractuales de una empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no tienen la naturaleza de acto administrativo salvo que exista habilitación legal expresa, como establece la Ley 142 de 1994. La jurisprudencia unificada de la corporación sostiene que los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado y no por el EGCAP, por lo que el medio adecuado para analizar cualquier controversia derivada de estos actos es el de reparación directa. Esto implica que el contratista debe utilizar el medio de control de reparación directa para reclamar responsabilidad precontractual y no el de controversias contractuales, ya que este último es inaplicable a los actos privados y a las etapas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales promovido por la parte actora, considerando que los cuestionamientos formulados se circunscriben a la etapa precontractual y que el…
¿Puede configurarse responsabilidad precontractual por parte de una entidad estatal sometida a un régimen exceptuado de contratación cuando defrauda las expectativas legítimas de un proponente…
¿Puede una invitación a presentar propuestas ser considerada jurídicamente como una oferta mercantil irrevocable, en los términos del artículo 846 del Código de Comercio…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020130180702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente declarar que el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria directa del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante la “Resolución 099 del 20 de marzo siguiente” estuvo viciado, pues, a juicio de la parte recurrente, los yerros que se alegaron para tal proceder no existieron, en tanto no hubo un error aritmético que variara el hecho de que la mejor oferta era la suya, ni incumplió ningún requisito del manual de contratación de la entidad, circunstancia que se debió, entre otros, a hechos como que no se le permitió al aquí apelante acceder a las propuestas en la primera etapa del procedimiento? No
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en adelante CAPROVIMPO, adelantó una solicitud privada de ofertas, con el objeto de contratar la "prestación de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados con: i) administración de aportes, 11) reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y, iii) administración de cesantías". Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO. Tras advertir que se cometieron errores en la evaluación económica de las propuestas y que no se tuvieron en cuenta algunas reglas del manual de contratación de la entidad, el 20 de marzo de 2013 CAPROVIMPO, con consentimiento previo del CONSORCIO BDO, revocó esta decisión y saneó el proceso contractual.
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para resolver controversias contractuales con ocasión de la solicitud privada de oferta donde una de las partes es una Empresa Industrial y Comercial del Estado…
¿Las consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes…
¿El giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el daño está circunscrito a la comprobación de la ruptura del principio de buena fe en los tratos preliminares
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-06-14
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020100132701
ACCION CONTRACTUAL
¿El daño está circunscrito a la comprobación de la ruptura del principio de buena fe en los tratos preliminares? Sí
Los acercamientos negociales aun cuando tienen la característica de no imponer la celebración del contrato ni generar obligaciones en su etapa germinal, “cuando han llegado a tal punto que permita prever que el contrato debería poderse formalizar y una de las partes rompe las negociaciones sin un justo o atendible motivo (culpa in contrahendo, es decir, culpa en el curso de negociaciones contractuales; responsabilidad precontractual), la contraparte tendrá derecho al resarcimiento del daño”. No será lo mismo estar en presencia v. gr. de una oferta, que de una invitación a presentar ofertas, o una licitación privada, de suerte que la determinación de este escenario, de forma integral y precisa, es base fundamental del escrutinio judicial al ser el lugar donde se analiza la fuente del daño.
También resuelve:
¿En la responsabilidad in contrahendo el sujeto con el que se celebre el contrato no tiene vínculo ni interés en esta pugna?
¿Las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual so pena de indemnizar los perjuicios que se causen?
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: la jurisprudencia se había alejado de los claros mandatos de las Leyes 142 y 689
Aclaración voto Unificación — ACLARACION DE VOTO
2020-09-03
Sección Tercera (Subsección B)
Rad. 25000232600020090013101
ACCION CONTRACTUAL
¿La jurisprudencia se había alejado de los claros mandatos de las Leyes 142 y 689, al extraviarse en cómodos criterios de corte “administrativista”, cuando las normas -en consonancia con el artículo 365 CN- ordenan un régimen de competencia que exige reglas simétricas, sin importar si los agentes del mercado son públicos, privados o mixtos? Sí
La jurisprudencia se había alejado de los claros mandatos de las Leyes 142 y 689, al extraviarse en cómodos criterios de corte “administrativista”, cuando las normas -en consonancia con el artículo 365 CN- ordenan un régimen de competencia que exige reglas simétricas, sin importar si los agentes del mercado son públicos, privados o mixtos. La decisión no solo es consonante con la legislación, sino también con la postura que el Pleno de esta Corporación sostuvo -hace casi un cuarto de siglo- en histórico fallo de 23 de septiembre de 1997 Rad. El planteamiento es muy simple: los actos de los futuros contrayentes -sometidos a regímenes exceptuados- no son actos administrativos y, por ende, no pueden ser estudiados en nulidad y restablecimiento del derecho. PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA…
También resuelve:
¿El medio de control procedente dependerá de si el contrato se perfeccionó, según las reglas de la oferta y la demanda, en especial…
¿Si en los regímenes exceptuados no hay lugar a expedir acto administrativo alguno, no puede alegarse la nulidad del contrato que está concebida para la fase precontractual regulada por una actuación…
¿Esta obsesión por los trámites burocráticos, es compatible con la agilidad que demandan de las relaciones contractuales, incluidas -por supuesto- las del Estado?