Titulación de la relatoría 19.501 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conta la sentencia de primer grado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Le asiste competencia a la Sala para conocer del presente proceso en segunda instancia, en vista de que el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), aplicable a este proceso, establece que el Consejo de Estado “(…) conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”. Adicionalmente, la Sala conoce del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primer grado, dado que la pretensión mayor ascendió a $351’032.567, por concepto de la administración dejada de percibir por INCER S.A., mientras que el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación era de $308’000.0006.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150
APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALCANCE DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO PRECONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO JURÍDICO PRIVADO / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD EN EL ACTO PRECONTRACTUAL / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUMULACIÓN MIXTA DE PRETENSIONES / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONCEPTO DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Problema jurídico:
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente cuando el daño se deriva del acto precontractual, en un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios, regulado por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a parte actora, realmente, acumuló los medios de control de controversias contractuales y de nulidad y restablecimiento del derecho, en cuyo marco pretendió, en primer lugar, la nulidad del acto de adjudicación de la solicitud pública de ofertas SPO-0015-GENSA-12, que entendió era un acto administrativo; con fundamento en ello, pretendió también la nulidad absoluta del contrato que, a la postre, fue suscrito entre GENSA y el Consorcio I.A. & Tamayo La Paz. Gestión Energética GENSA S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos mixta constituida como una sociedad anónima. Según los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, el régimen de los actos y de los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios es el derecho privado. Las consecuencias jurídicas de esta regulación no se circunscriben solamente al ámbito de la celebración y ejecución del contrato, sino que, también, influyen en los actos de las partes encaminados a su formación. (…) Sobre la naturaleza jurídica de los actos precontractuales proferidos por las entidades sometidas al derecho privado, particularmente de las empresas de servicios públicos domiciliarios, esta Corporación unificó su jurisprudencia, en el sentido de que estos no tienen el carácter de actos administrativos, por cuanto son actos jurídicos de carácter privado. En consecuencia, la acción (o medio de control) procedente para controvertirlos es la de reparación directa. (…) En ese sentido, y de acuerdo con las reglas establecidas en la sentencia de unificación, esta Sala procede a realizar la adecuación de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho por la de reparación directa, dado que el acto previo que se cuestiona no tiene el ropaje de un acto administrativo, sino que es un acto jurídico de carácter privado.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la naturaleza de los actos precontractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2022, rad. 55731, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la adecuación del medio de control en lo contencioso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32
CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD EN EL ACTO PRECONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / ALCANCE DE LA REFORMA DE LA DEMANDA / REFORMA DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA REFORMA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l término para presentar la demanda, de conformidad con el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es de dos (2) años, que se cuentan desde el día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o desde que el demandante lo conoció o debió tener conocimiento, si fue en fecha posterior, y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. La parte demandante alegó la responsabilidad de GENSA S.A. por no haberla seleccionado para celebrar el contrato, a pesar de presentar la mejor oferta. Por esta razón, el término se contará desde el momento en que tuvo conocimiento de que no resultó seleccionada, circunstancia que ocurrió el 13 de marzo de 2013, cuando la entidad demandada publicó en su página web una comunicación mediante la cual adjudicó el contrato al Consorcio I.A. & Tamayo La Paz, el cual, según la demanda, no ocupaba el primer orden de elegibilidad, ni tenía la capacidad para ofertar. Así, el término de caducidad corrió del 14 de marzo de 2013 al 14 de marzo de 2015 y, como la solicitud de conciliación prejudicial se formuló el 21 de agosto de 2013 y la demanda se radicó el 2 de mayo de 2014, puede concluirse que el medio de control de reparación directa fue presentado en tiempo (incluso, sin entrar a valorar la suspensión del término por el aludido trámite de la conciliación extrajudicial). (…) [C]omo en la reforma de la demanda la parte accionante solo modificó unas pretensiones que fueron elevadas desde un inicio, al tiempo que excluyó otras (es decir, no se formuló una nueva solicitud), no es necesario constatar la caducidad en relación con este documento, debido a que solo se requería verificar el cumplimiento de los lineamientos fijados en el artículo 173 del CPACA.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la reforma de la demanda, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de unificación de 25 de mayo de 2016, rad. 40077, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 173
IMPROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN DECLARATIVA / IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO PRECONTRACTUAL / CLASES DE ACTO PRECONTRACTUAL / DAÑO PRECONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD EN EL ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CULPA IN CONTRAHENDO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El acto de adjudicación en un contrato regido por el derecho privado, tiene la naturaleza de acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala no se pronunciará sobre la nulidad del contrato suscrito entre GENSA y el Consorcio I.A. & Tamayo La Paz, porque aquella pretensión perdió su fundamento al estar sustentada principalmente en la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación, el cual, como se dijo, no corresponde a un acto administrativo, sino a un acto precontractual que se rige por el derecho privado. (…) [A]l ser la decisión de aceptación de la oferta un acto privado, no se podía adelantar un juicio de nulidad de un acto administrativo y la consecuente nulidad absoluta del contrato. (…) [C]omo la petición de nulidad de los actos previos es improcedente, por cuanto estos, cuando los expide una ESP, no tienen el carácter de actos administrativos, no hay lugar a tramitar la pretensión contractual de nulidad del negocio jurídico, cuyo fundamento estuvo referido a la supuesta ilegalidad de aquellos, con proyección en la celebración del contrato; de manera que el examen judicial de los actos precontractuales demandados, se sitúa en el escenario de la responsabilidad in contrahendo, conforme al régimen de derecho privado que así lo prescribe. Para la Sala es claro que, a diferencia de los procesos en los que se estudian contratos sometidos a la Ley 80 de 1993, en los cuales es válido que el proponente que no resultó favorecido solicite la nulidad del contrato con fundamento en la nulidad de los actos previos, en los contratos de derecho privado esta causal de nulidad (numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80) no es procedente, porque en el régimen del derecho común la misma no se encuentra prevista (recordando que no aplica el Estatuto General de Contratación Pública), lo cual vacía de contenido cualquier pretensión del actor orientada a lograr la nulidad del acuerdo negocial.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la naturaleza del acto de aceptación de la oferta, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020. rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 4
BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / DAÑO PRECONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD EN EL ACTO PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿El actuar sin atención a la buena fe en la etapa precontractual, tiene como consecuencia la indemnización de los perjuicios que se causen?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 863 del Código de Comercio impone el deber de actuar de buena fe en la etapa precontractual. El incumplimiento de este deber supone la indemnización de los perjuicios que se causen. Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia unificada de esta Corporación, las entidades regidas por el derecho privado -en sus actuaciones contractuales y precontractuales- deben observar los principios de la función administrativa, lo que implica, además, que deben sujetarse a las reglas dispuestas en sus procesos de contratación.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al principio de buena fe en la etapa precontractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 863
LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / OFERTA / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / FACTORES DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / MEJOR OFERTA ECONÓMICA / OFERTA MÁS FAVORABLE / PRESUPUESTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA / PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / VALOR DE LA OFERTA / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / EMPATE ENTRE OFERENTES / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Problema jurídico:
¿Con ocasión del procedimiento de selección de ofertas adelantado por GENSA S.A., se configuró su responsabilidad por culpa in contrahendo, por no haber escogido la propuesta de INCER S.A., a pesar de que cumplió con todos los requisitos contemplados en el denominado pliego de condiciones?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l apelante no cuestionó uno de los argumentos estructurales de la decisión del a quo, esto es, que GENSA no debía modificar el informe de evaluación del 19 de octubre de 2012, porque las observaciones mediante las cuales se buscó generar tal efecto fueron presentadas de manera extemporánea. Por lo mismo, como este aspecto del fallo no fue objeto de reproche, no puede ser alterado en esta instancia. (…) E]l tribunal, luego de asegurar que el informe del 19 de octubre de 2012 era inmutable, hizo el ejercicio de evaluar las ofertas, valorando el puntaje que originalmente se le había asignado al demandante. Como este aspecto, que también ayudó a estructurar la decisión de primera instancia, sí fue objeto de reproche, en tanto el apelante arguyó que su oferta fue la mejor, es necesario definir si GENSA estaba en el deber de escoger esta propuesta, en lugar de la del consorcio. Al respecto, se tiene que: Si bien el documento denominado adjudicación del contrato se refirió al informe preliminar de evaluación, en el que se indicaba que el primer orden de elegibilidad lo tenía la oferta presentada por INCER S.A., con 600 puntos, en el mismo documento también se expresó que se revisaron nuevamente las propuestas, se modificó el informe preliminar y se publicó un nuevo informe -el del 19 de octubre de 2012-, en el que GENSA S.A. determinó que el primer lugar de elegibilidad le correspondía al Consorcio I.A. & Tamayo La Paz, con un puntaje de 600 puntos. De este modo, para el momento en que se decretó la terminación del procedimiento de selección, los dos proponentes debían tener el mismo puntaje -sin que en el plenario se evidencien motivos que conlleven a colegir que alguno de ellos debió enmendarse -; por consiguiente, se debía acudir al criterio de desempate prescrito en el pliego de condiciones. (…) La oferta del Consorcio I.A. & Tamayo La Paz tenía un valor inferior -$3.024’165.256- al presentado por INCER S.A. -$3.031’897.779-, ambas con un puntaje de 600 puntos; por ello, la demandante no podía haber sido la beneficiaria del proceso de selección, ya que su propuesta no resultaba ser la más favorable para la entidad y, bajo esos términos, no sufrió una afectación al derecho a ser adjudicataria del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la valoración de observaciones presentadas por los oferentes en el proceso de selección, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 2022, rad. 68781, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
CONSORCIO / OBLIGACIONES DEL CONSORCIO / MIEMBROS DEL CONSORCIO / NATURALEZA DEL CONSORCIO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSORCIO / CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El consorcio adjudicatario tenía capacidad para presentar su oferta?
Respuesta al problema jurídico: Si
El otro argumento del apelante, consiste en que el Consorcio I.A. & Tamayo La Paz no tenía capacidad para presentar su oferta. En efecto, diferente a lo plasmado en el recurso, para la formación del aludido consorcio no era necesaria la autorización de la asamblea de accionistas, porque esta solo se requería para constituir una sociedad filial o subsidiaria. Según el certificado de existencia y representación legal de la sociedad IA S.A. Ingenieros Asociados, allegado con la oferta, el cual fue expedido el 3 de agosto de 2012 por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la asamblea de accionistas tenía la función de “Autorizar la constitución de sociedades filiales o subsidiarias para el desarrollo de actividades o negocios comprendidos dentro del objeto social, conforme a los estatutos”. En tales condiciones, en los estatutos de IA S.A. Ingenieros Asociados se previó que la asamblea de accionistas tenía que autorizar a su representante legal para la conformación de sociedades, es decir, personas jurídicas, en calidad de filiales o de subsidiarias, pero nunca para integrar consorcios -que es una figura asociativa o colaborativa mediante la cual se aúnan esfuerzos para participar de un proceso contractual, sin que, en ningún momento, se configure una nueva persona jurídica. Así, como la sociedad demandante no demostró los argumentos expuestos en su recurso, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la buena fe en la etapa precontractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de octubre de 2023, rad. 56445, C. P. María Adriana Marín.
CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino los supuestos decantados por la norma. Así, el artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; no obstante, el artículo 361 ibidem indica que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, según el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma. De tal manera, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales -si las hubiere-.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4