Titulación de la relatoría 27.764 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONVOCATORIA PÚBLICA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / FUNCIONES DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO / EXCLUSIÓN DEL ASPIRANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN / PRIVACIÓN DEL DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN / PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO / ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE / AVISO DE CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN / CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE / INFORMACIÓN DEL PROPONENTE / VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / OFERTA MÁS FAVORABLE / CONFIRMACIÓN DEL FALLO
Problema jurídico:
¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante?
Respuesta al problema jurídico: No
[H]ay lugar a concluir que no se infringió el ordenamiento ni los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal [accionante] en la evaluación que daba cierre a la Fase Uno de la Invitación Pública […], por no cumplir con el componente financiero, pues a la luz de la ley y de las reglas del proceso de selección, el yerro en que incurrió la proponente era insubsanable y desatendía un requisito necesario para la comparación de las ofertas, con miras a garantizar la escogencia de la más favorable a la entidad. Por consiguiente, la Sala confirmará ese punto de la providencia apelada.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO / ACEPTACIÓN DE LA OFERTA / MEJOR OFERTA ECONÓMICA / OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / CONVOCATORIA PÚBLICA / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO / FONDO ADMINISTRADO POR LA FIDUPREVISORA / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas, y de las personas privadas que desempeñen funciones propias del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia, puesto que el artículo 82 del C.C.A. […], estableció que esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas, y de las personas privadas que desempeñen funciones propias [del] Estado. [S]e somete a consideración de esta Sala la declaratoria de nulidad de los actos en que se declaró la elegibilidad de algunos oferentes y se adjudicaron los contratos correspondientes a la Invitación Pública […], adelantada por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG […]. La [fiduciaria es] sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, autorizada por el Decreto 1547 de 1984 y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En cuanto a la vocación del proceso [en] segunda instancia [se] advierte [que] se cumplen los presupuestos de ley, puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V. [del] artículo 132, numeral 5 del C.C.A., vigente en la fecha en que fue incoado este proceso. [L]a cuantía de los perjuicios que se alegan como causados a las integrantes de la unión temporal […] fue estimada en la suma […], correspondiente al valor estimado del contrato que, en criterio de la demandante, se le debió adjudicar a dicha agrupación al término de la Invitación Pública.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82 Y 132 NUMERAL 5, DECRETO 1547 DE 1984
PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO / PRESTADOR DEL SERVICIO DE SALUD / SERVICIOS MÉDICOS EN EL MAGISTERIO / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / ACTO PRECONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / TÉRMINOS DE REFERENCIA / ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / OFERTA MÁS FAVORABLE / ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / CONCEPTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO
Problema jurídico:
¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala evidencia que le asistió razón al Tribunal de primera instancia al establecer la configuración de la caducidad respecto de las pretensiones encaminadas a la indemnización de los integrantes de la unión temporal [demandante] por no haber sido seleccionados como prestadores del servicio de salud, en la Invitación Pública […]. La [Sección Tercera] ha señalado [que], en relación con los actos previos a la celebración del contrato y la oportunidad para demandar su nulidad, se pueden extraer del artículo 87 del C.C.A. tres hipótesis o escenarios en los que operan los distintos supuestos de la norma, y los [d]el ejercicio de una u otra acción -controversias contractuales o nulidad y restablecimiento del derecho- dentro o fuera de los plazos que la misma disposición establece. De acuerdo con los términos de referencia, la recomendación [d]el Consejo Directivo mediante Acuerdo, para tener por elegibles a los oferentes mejor evaluados en la Fase Uno, tenía un carácter definitivo. El numeral 6.5. señalaba un único término para presentar observaciones, [de] cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se pusiera en conocimiento de los proponentes el informe preliminar de evaluación […]. [P]ara el informe final posterior, no se previó un nuevo plazo para formular observaciones, ya que el paso siguiente era sólo la recomendación definitiva hecha por el Consejo Directivo, sobre los elegibles para la Fase Dos. [L]a propia apelante formuló, desde la demanda inicial, pretensión expresa de nulidad contra el Acuerdo […], obrando entonces con el convencimiento de que se trataba de un acto administrativo definitivo, no siendo plausible que en sede de apelación alegue un argumento contrario.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la nulidad de los actos previos a la celebración del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2013, rad. 25646, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
ACTO DE TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ACTA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN / EXCLUSIÓN DEL ASPIRANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN / PRIVACIÓN DEL DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONVOCATORIA PÚBLICA / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación o publicación de la decisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]on la ratificación del Acuerdo […] y la clausura de la [audiencia], finalizó la Fase Uno, que era preclusiva y determinante para la adjudicación. [L]o resuelto en ese acto respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación, comunicación o publicación de la decisión pertinente, pues en su alegada invalidez se fundamentaron [las] pretensiones de nulidad de los contratos celebrados como resultado de la invitación pública, [las] que cuestionaron la legalidad de los actos mismos de adjudicación, y [las] solicitudes encaminadas a indemnizar a la unión temporal [demandante] por no habérsele reconocido su alegado derecho a ser calificada como elegible en el proceso de selección y a ser adjudicataria del contrato que aspiraba celebrar. [A]unque el indicado plazo [expiraba] el 2 de agosto de 2005, la demanda sólo fue instaurada el 13 de septiembre siguiente. [A]l haberse acudido a la vía judicial cuando ya habían expirado los 30 días siguientes a la comunicación del Acuerdo que ponía fin a esa etapa, el examen de legalidad de tales actos sólo procede para establecer la nulidad o no de los contratos celebrados para la Región 2, como resultado de la Invitación Pública […], pero no para abordar la procedencia de la indemnización solicitada por la demandante.
CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL / SERVICIOS MÉDICOS EN EL MAGISTERIO / AFILIADO AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO / RÉGIMEN ESPECIAL DEL DOCENTE / RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL CONVENCIONAL / CONVOCATORIA PÚBLICA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / ENTIDAD FINANCIERA ESTATAL / CONTRATO DE ENTIDAD FINANCIERA ESTATAL / NEGOCIO FIDUCIARIO PARA FINES ESTATALES / CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA / CLASES DE NEGOCIO JURÍDICO / FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO / FONDO ADMINISTRADO POR LA FIDUPREVISORA / RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / OBJETO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA
Problema jurídico:
¿La exclusión relativa a los contratos del giro ordinario de los negocios de las entidades financieras de carácter estatal, no era aplicable a los negocios jurídicos en que fuera parte el FOMAG?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo relacionado con la contratación y prestación de servicios médicos asistenciales a los docentes públicos y pensionados del magisterio, tales actividades se sujetan a régimen especial, estructurado primordialmente en la Ley 91 de 1989, y en tanto el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 dispuso que el Sistema Integral de Seguridad Social en ella regulado no sería aplicable a los afiliados al FOMAG. [E]n el Acuerdo […] se precisó que la invitación pública allí ordenada se regularía por la Ley 80 de 1993. [L]os contratos no correspondientes al giro ordinario de las actividades propias de las entidades financieras de carácter estatal, entre éstas, las fiduciarias, se regulaban por el EGCAP. [L]a exclusión relativa a los contratos del giro ordinario de los negocios de las citadas entidades no era aplicable a los negocios jurídicos en que fuera parte el FOMAG y fueran suscritos por Fiduprevisora como su vocera y representante, por cuanto “las obligaciones derivadas de contratos como el de prestación de servicios médico-asistenciales (...) recaen en el Fomag y, por tanto, no se refieren a los negocios que celebra la Fiduciaria en su propio interés patrimonial”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el giro ordinario de los negocios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de febrero de 2025, rad. 66112, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279, LEY 80 DE 1993, LEY 91 DE 1989
CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS / CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / ESTADO FINANCIERO DICTAMINADO / ESTADO FINANCIERO CERTIFICADO / CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL / FIRMA DEL REVISOR FISCAL / CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO / FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO / PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS / AUDITORÍA FISCAL / CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL / EXAMEN DE LIBROS DE CONTABILIDAD / INSPECCIÓN DE LIBROS DE CONTABILIDAD / ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO / PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO / FUNCIONES DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO / RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / PARTES CONTRATANTES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Decreto 2649 de 1993 establece, en su artículo 33, la distinción entre los estados financieros certificados y los dictaminados. [E]l artículo 38 de la Ley 222 de 1995 enseña que “[s]on dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas”, y que los mismos “deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión ‘ver la opinión adjunta’ u otra similar”. [E]l artículo 37 de la misma ley refiere los estados financieros certificados, [como los] que, [deben] contener la manifestación expresa del representante legal y del contador público responsable de prepararlos, de que las afirmaciones allí plasmadas se tomaron fielmente de los libros, y se verificaron previamente. [R]especto de las normas de auditoría generalmente aceptadas, referidas en [el] artículo 38, para los estados financieros dictaminados, las mismas se describen de manera general en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. [E]se requisito que hoy controvierte la actora no fue exigido por el FOMAG como una mera formalidad [sin] finalidades mayores a las que pudieran cumplir los estados financieros simplemente certificados, pues toda la documentación […], sería objeto de una evaluación determinante para establecer la elegibilidad del proponente, a tal punto que la no presentación de los estados financieros “con las condiciones señaladas”, que incluían el dictamen, ameritaría el rechazo de la oferta. Al tenor del artículo 30 - numeral 2 de la Ley 80 de 1993, en el pliego de condiciones [elaborado] por la entidad que adelanta el proceso de selección, deben detallarse los aspectos relativos al objeto del contrato, “su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes”, los criterios y factores de escogencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el pliego de condiciones, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2008, rad. 17783, C. P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia del 5 de junio de 2008, rad. 8031, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 2 de agosto de 2018, rad. 53506, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 12 de julio de 2024, rad. 59826, C. P. María Adriana Marín; sentencia del 4 de abril de 2025, rad. 71438, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2649 DE 1993 - ARTÍCULO 33, DECRETO LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 2, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 37 Y 38 , LEY 43 DE 1990 - ARTÍCULO 7
CLASES DE DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL CONTABLE / NECESIDAD DE LA PRUEBA / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / CONDICIONES DE LA OFERTA / DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CLASES DE PROPUESTA DEL PROPONENTE / CONCURRENCIA DE PROPUESTAS DEL PROPONENTE / INFORMACIÓN DEL PROPONENTE / PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / MEJOR OFERTA ECONÓMICA / REQUISITOS DE LA OFERTA / INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES / RECHAZO DE LA OFERTA / RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO
Problema jurídico:
¿El dictamen fue exigido para evaluar las ofertas, y resultaba de tal importancia que debía ser entregado por todos y cada uno de los miembros de consorcios y uniones temporales, e incluso por las personas naturales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el presente caso, el dictamen fue exigido como elemento para evaluar las ofertas [y] resultaba de tal importancia, que debía ser entregado por todos y cada uno de los miembros de consorcios y uniones temporales, e incluso por las personas naturales, según lo precisó la entidad en la comunicación de Aclaraciones […]. [Resulta] válida la exigencia del dictamen a los estados financieros como requisito necesario para comparar las ofertas de la Invitación Pública […], pues ello denotaba el objetivo -legítimo- de asegurar o garantizar la mayor idoneidad posible del proveedor de los servicios de salud que Fiduprevisora-FOMAG pretendía contratar. [A]unque es palmario que la Ley 222 de 1995 no establece la obligatoriedad del aludido dictamen […], ello no implica que [la] Administración, no pueda exigir ese documento para determinados procedimientos o trámites, de suerte que la circunstancia de haberse rechazado la oferta de [la demandante] por no contar con ese concepto anexo a los estados financieros no contravino el ordenamiento, menos en la forma descrita por el censor. [N]o se demostró que el FOMAG contara con los estados financieros de [las sociedades de la unión temporal], por cuenta de contrataciones anteriores celebradas con dichas empresas. [A]ún si tal circunstancia estuviera probada, ello no devendría en la ilegalidad de la decisión de tener por no elegible a la unión temporal hoy demandante en el proceso de selección sub judice.
FUENTE FORMAL:
LEY 222 DE 1995
AVISO DE CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN / PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL / SERVICIOS MÉDICOS EN EL MAGISTERIO / TÉRMINOS DE REFERENCIA / CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE / CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE / ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PRESUPUESTOS PARA EL RECHAZO DE LA OFERTA / RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / INEXISTENCIA DE ERROR INDUCIDO / ACEPTACIÓN DE LA OFERTA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / OFERTA MÁS FAVORABLE / PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / PROPUESTA MÁS CONVENIENTE / REGLAS DEL PROCESO / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / DICTAMEN PERICIAL CONTABLE / CONCEPTO FINANCIERO / OBLIGATORIEDAD DEL REVISOR FISCAL / CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL
Problema jurídico:
¿Al revisar el contenido de los términos de referencia, no se aprecia que las reglas de la invitación pública fueran ambiguas e indujeran a error a los proponentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[T]ampoco es posible acoger el argumento de censura relativo a que las reglas de la invitación pública fueron ambiguas y podían inducir a error a los proponentes, pues no se aprecia esa circunstancia al revisar el contenido de los términos de referencia. [E]n dicho documento se enunciaron los factores que serían calificados en el componente financiero, pero ello no implicaba que fuera del arbitrio del interesado acreditarlos con los documentos que él mismo considerara suficientes. [S]e desestima el planteamiento de la parte actora según el cual, el documento admitía dos interpretaciones, una orientada al rechazo de la oferta y otra a su aceptación. [E]n los procesos de selección de contratistas, el ordenamiento [establece] como criterio [la] selección objetiva, respecto de la cual, el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, [aplicable a] la invitación pública, establecía, precisamente, que “[e]s objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. [L]a apelante interpreta en forma equivocada los términos de referencia del proceso de selección. En ellos […], se indicó que todos los proponentes debían cumplir con el requisito comentado, y aun en los casos de consorcios y uniones temporales, cada uno de los respectivos integrantes debía presentar, en su totalidad, la documentación indicada, [también] las personas naturales. [N]o es cierto que la Administración no hubiera exigido que los proponentes no obligados a contar con revisor fiscal debieran presentar dictamen elaborado por contador público, pues ello se desprendía del instrumento mismo de la invitación pública y de las precisiones hechas en la Aclaración N° 3, así como del tenor literal del artículo 38 de la Ley 222 de 1995.
FUENTE FORMAL:
LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 39, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 29
ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL / SERVICIOS MÉDICOS EN EL MAGISTERIO / OBLIGACIONES DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO / TÉRMINOS DE REFERENCIA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / REGLAS DEL PROCESO / CONVOCATORIA PÚBLICA / CONDICIONES DE LA OFERTA / PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA
Problema jurídico:
¿La demandante señaló que si bien las reglas de la invitación pública eran claras en cuanto a que cada proponente debía cumplir con el soporte del 80% de la red de servicios requerida, ninguno de los oferentes preseleccionados satisfacía esa exigencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La unión temporal [apelante] formuló observaciones al informe preliminar de evaluación […], desestimando el hecho de que se le descalificara por no haber allegado el dictamen de los estados financieros, así como la circunstancia de que los proponentes favorecidos hubieran recibido tal calificación como posibles elegibles, pese a no haber cumplido especialmente con el porcentaje del 80% de la red de servicios exigida. Si bien especificó sus reparos frente a cada proponente (unión temporal […], unión temporal […] y HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL), la entidad estatal, al exponer las respuestas en el informe definitivo, señaló que la evaluación realizada en cada uno de los servicios, unidades, especialidades y capacidad instalada de los oferentes, se ceñía a lo establecido en los términos de referencia. [L]a hoy demandante señaló que si bien las reglas de la invitación pública eran claras en cuanto a que cada proponente debía cumplir con el soporte del 80% de la red de servicios requerida, ninguno de los oferentes preseleccionados satisfacía esa exigencia, pues diligenciaron sus ofertas en formularios y cuadros que no correspondían, ofrecieron capacidad instalada menor a la solicitada y omitieron documentos.
PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINOS DE REFERENCIA / CONDICIONES DEL CONTRATO / EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / FACTORES DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL / CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE / CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD / MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE / CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE / REQUISITOS DE LA LICITACIÓN / EXCLUSIÓN DEL ASPIRANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / PURGA DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INVALIDEZ DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La parte apelante tampoco demostró en esta instancia que la oferta de la unión temporal accionante era la única que podía ser tenida como legítima ganadora en el proceso de selección adelantado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[Q]uedó demostrada la regla establecida en los términos de referencia, de que la evaluación de los proponentes en la Fase Uno involucraba el componente técnico de la red mínima requerida para cada Región, y que para recibir calificación favorable, cada oferente debía tener acreditada, [el] 80% de dicha red, incluyendo su capacidad instalada para cada actividad de la salud. [T]anto en [los] términos de referencia como en sus documentos de aclaración, se puso de presente que si la oferta incluía servicios de la red pública, […] era suficiente con la garantía expresada por el representante legal de la proponente, de que se suscribirían los respectivos negocios jurídicos en el momento de inscripción de los afiliados a ese prestador ya elegido; aunque a la par con ello, se mantuvo la exigencia de allegar el certificado de habilitación de cada IPS. Aunque en [l]as observaciones, la [demandante] indicó que, según su propia evaluación, ninguna de las proponentes en contienda cumplía siquiera con el soporte del 50% de la red exigida, no obra en esta causa la prueba de esa conclusión, pues no hay un elemento con el cual pueda contrastarse la puntuación asignada a los oferentes en cada ítem del componente técnico de la red mínima, ya que, [no] figuran en el expediente las ofertas que fueron favorecidas, ni los documentos allegados por [los adjudicatarios] para cumplir los requisitos de la invitación pública. [E]s palmario que la parte apelante tampoco demostró en esta instancia, que la oferta de la unión temporal [accionante] era la única que podía ser tenida como “legítima ganadora” en el proceso de selección adelantado por Fiduprevisora-FOMAG, por lo cual deberá desestimarse íntegramente la alzada, y confirmarse la sentencia impugnada, en cuanto denegó el petitum de la demanda. [C]oncluye la Sala, [que] en la presente causa no se demostró la ilegalidad de los actos acusados, mucho menos la invalidez de ningún contrato suscrito con ocasión de la Invitación Pública [celebrada].