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Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Régimen jurídico del contrato estatal: el análisis del caso no tendrá como referente el EGCAP
63001233300020190024401 de 2026
2026-05-28
Sección Tercera
Rad. 63001233300020190024401
El contratista puede demandar a la universidad estatal por culpa in contrahendo en casos en los que la entidad actúa bajo el régimen del derecho privado, ya que la universidad no emite actos administrativos sino actos de gestión contractual, lo que permite el uso del medio de control de reparación directa. La Sala modifica la sentencia de primera instancia para declarar la responsabilidad precontractual de la universidad y condenarla a pagar una indemnización por perjuicios, sin reconocer agencias en derecho debido a que no se causaron tras la admisión de la apelación, lo que implica que los costos procesales se liquidarán de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:
Régimen jurídico del contrato estatal: Constitución política artículo 69, autonomía universitaria, Ley 30 de 1992 artículo 28, autonomías para darse sus propios estatutos
Iter contractual: aplicación de la autonomía privada y normas supletivas, universidades, no emite actos administrativos, actos de gestión contractual
Actos contractuales: sentencia de unificación sobre actos contractuales, regla de unificación jurisprudencial, culpa in contrahendo, culpa contractual
Consejo de Estado
Providencia
La parte demandante incumplió con su carga probatoria
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100019960260202
ACCION CONTRACTUAL
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:
¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?
¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?
¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso
Sentencia — Sentencia
2023-12-01
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 20001233300320140012701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conta la sentencia de primer grado? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos corresponde al Consejo de Estado, según el artículo 150 del CPACA, y que la doble instancia ante esa corporación procede también por razón de la cuantía de la pretensión mayor, cuando supera el monto exigido para el medio de control respectivo. Una razón es que el artículo 150 expresamente atribuye a la corporación la segunda instancia de las apelaciones de sentencias y de autos apelables, sin que la naturaleza del medio de control impida esa competencia. Otra razón es que en el asunto la pretensión mayor, correspondiente a la administración dejada de percibir, superaba el umbral de doble instancia fijado para el medio de control aplicable, de modo que el recurso del demandante era conocido por la Sala. En el caso, el demandante apeló la negación de sus pretensiones, y la Sala confirmó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, determinada al momento de la demanda, fija la competencia para la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente cuando el daño se deriva del acto precontractual, en un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios…
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?
¿El acto de adjudicación en un contrato regido por el derecho privado, tiene la naturaleza de acto administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala es competente, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 17001233100020100000901
ACCION CONTRACTUAL
¿La Sala es competente, en aplicación del fuero de atracción, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas, cuando se observa que se trata de entidades tanto públicas como privadas? Sí
Por el fuero de atracción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce en un mismo proceso de la controversia contra particulares o entidades privadas demandadas de forma concurrente con una entidad pública, siempre que la imputación a esta última sea seria y razonada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la competencia se funda en el factor de conexión y no es provisional ni condicionada, de modo que se conserva aun si la entidad pública resulta no responsable. Segunda, en el caso la demanda imputó de forma seria y razonada omisiones a la entidad pública, como no informar la existencia de un contrato de prenda y no pedir autorización para enajenar el bien, y al particular, lo que justifica el fuero. Tercera, la demanda fue dirigida de forma concurrente contra ambos, por lo que la Sala es competente para decidir la controversia respecto de los dos. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la línea sobre imputación seria y razonada que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de una omisión imputable a una…
¿Cuentan con valor probatorio los documentos privados emanados de terceros, cuando las partes no lo tachan de falso?
¿El Departamento de Caldas cuenta con legitimación en la causa por pasiva respecto de la omisión de información durante la formación del contrato de cesión de derechos económicos…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.
Sentencia — Sentencia
2024-05-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020100132701
ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?
¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?
¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Sentencia de unificación: Sentencia Unificación
Sentencia Unificación — FALLO
2020-09-03
Sección Tercera (Subsección B)
Rad. 25000232600020090013101
ACCION CONTRACTUAL
¿Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios públicos domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío normativo? Sí
El contratista o la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, en ausencia de norma legal específica sobre la jurisdicción competente para resolver controversias, debe acudir a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, establecida en el artículo 104 del Código Procesal Administrativo (anteriormente en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo), para determinar la jurisdicción competente. Esta regla se aplica salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, y reconoce que los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, con las excepciones que la ley determine. Además, las controversias relativas a estos actos precontractuales, que no son actos administrativos, deben tramitarse a través de la acción de reparación directa, y el juez de conocimiento resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado el medio de control que corresponda, garantizando así el derecho de acceso a la administración de justicia. Esta sentencia unifica la jurisprudencia y establece una regla clara para resolver el vacío normativo existente en la materia.síntesis automática
También resuelve:
¿Ha existido línea unívoca en la jurisprudencia en relación con el el conocimiento, o no, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo e controversias de naturaleza contractual o…
¿La cláusula general de competencia, vigente para la época del caso concreto, era el artículo 82 del CCA?
¿La corporación ha tenido una postura uniforme sobre la determinación de la naturaleza jurídica de los actos precontractuales emitidos por entidades que tienen regímenes de contratación exceptuados…
Consejo de Estado
Providencia
La entidad incurre en indebida evaluación de la oferta al omitir puntos de apoyo a la industria nacional a pesar de los documentos aportados.
Sentencia — Sentencia
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020190053901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional, aun cuando existían documentos que acreditaban el origen nacional de los servicios ofertados? Sí
El juez determina que la entidad estatal incurre en indebida evaluación de propuestas cuando omite otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional a pesar de existir documentos que acreditan el origen de los servicios ofertados. En el presente proceso, al verificarse la falta de correcta valoración del Anexo 15 y de los elementos probatorios presentados por el actor, la Sala revoca la decisión absolutoria de primera instancia y ampara los derechos del proponente afectado bajo la prevalencia del derecho sustancial.síntesis automática
También resuelve:
¿La entidad al evaluar de forma errónea la propuesta del actor, evitó la aplicación de los criterios sucesivos y excluyentes de desempate previstos en el pliego y en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del…
¿Puede el juez examinar la responsabilidad por pérdida de oportunidad en la etapa precontractual cuando las pretensiones se presentan mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del…
¿Puede la pérdida de oportunidad en la etapa precontractual configurarse como un daño indemnizable cuando la Administración, mediante actos u omisiones en el proceso de selección…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020130180702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente declarar que el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria directa del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante la “Resolución 099 del 20 de marzo siguiente” estuvo viciado, pues, a juicio de la parte recurrente, los yerros que se alegaron para tal proceder no existieron, en tanto no hubo un error aritmético que variara el hecho de que la mejor oferta era la suya, ni incumplió ningún requisito del manual de contratación de la entidad, circunstancia que se debió, entre otros, a hechos como que no se le permitió al aquí apelante acceder a las propuestas en la primera etapa del procedimiento? No
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en adelante CAPROVIMPO, adelantó una solicitud privada de ofertas, con el objeto de contratar la "prestación de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados con: i) administración de aportes, 11) reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y, iii) administración de cesantías". Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO. Tras advertir que se cometieron errores en la evaluación económica de las propuestas y que no se tuvieron en cuenta algunas reglas del manual de contratación de la entidad, el 20 de marzo de 2013 CAPROVIMPO, con consentimiento previo del CONSORCIO BDO, revocó esta decisión y saneó el proceso contractual.
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para resolver controversias contractuales con ocasión de la solicitud privada de oferta donde una de las partes es una Empresa Industrial y Comercial del Estado…
¿Las consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes…
¿El giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El juez contencioso administrativo está facultado para declarar y estudiar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando esté plenamente demostrada.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000233600020160120802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Está facultado el juez contencioso administrativo para declarar y estudiar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal, aun cuando dicho aspecto no haya sido limitado por los argumentos del recurso de apelación? Sí
El juez contencioso administrativo analiza y declara de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando esta aparece de manifiesto y en el proceso intervienen las partes contratantes o sus causahabientes. En la providencia objeto de aclaración, se destacó que el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 141 del CPACA otorgan competencia al juez para estudiar la nulidad absoluta de manera oficiosa, sin que dicha facultad restrictiva deba limitarse exclusivamente a los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por los extremos procesales.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
La entidad pública compromete su responsabilidad patrimonial en la etapa precontractual si infringe los deberes de lealtad, corrección y claridad consagrados en el Código de Comercio.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-08-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 54001233100020080014801
ACCION CONTRACTUAL
¿La conducta de la entidad pública en la etapa precontractual puede generar responsabilidad patrimonial si se aparta de los deberes de buena fe, lealtad y claridad? Sí
La entidad pública incurre en responsabilidad patrimonial durante la etapa precontractual cuando sus actuaciones se apartan de los deberes de lealtad, corrección y buena fe exenta de culpa previstos en el ordenamiento mercantil. En la providencia objeto de aclaración, se destaca que el artículo 863 del Código de Comercio obliga a indemnizar los perjuicios causados por conductas contrarias a la formación regular de los negocios jurídicos, aunque en el caso concreto se determinó que requerir aclaraciones a los proponentes y tramitar adjudicaciones no constituyó una vulneración de dichos principios rectores.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: los cargos de apelación debieron ser abordados no solo bajo la óptica del desequilibrio económico, sino también por incumplimiento
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-05-16
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020170142802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los cargos de apelación debieron ser abordados no solo bajo la óptica del desequilibrio económico, sino también por incumplimiento de los deberes precontractuales y contractuales de la entidad contratante? Sí
Aunque compartí la decisión de fondo, tengo diferencias en relación con el modo de abordar todos los cargos de la apelación bajo la óptica del desequilibrio económico y financiero del contrato. En efecto, con excepción del primer cargo alegado “sobrecostos por mayor permanencia en la obra”, en el que la reclamación se fundó en un supuesto de desequilibrio económico del contrato, en todos los demás cargos, la demandante atribuyó responsabilidad por incumplimiento de diferentes deberes precontractuales y contractuales a la entidad contratante.
También resuelve:
¿La falta de planeación y la inobservancia de las reglas del pliego de condiciones pueden llevar al incumplimiento del contrato en su etapa de ejecución?