Titulación de la relatoría 26.531 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción, como derecho público subjetivo en cabeza de toda persona, que le permite el acceso a la administración de justicia para obtener la resolución de las controversias que se susciten en el tráfico jurídico, mediante una sentencia con fuerza de ley y que haga tránsito a cosa juzgada, es regulada por el legislador, quien dispone la forma como dicho derecho puede ser ejercido, así como la oportunidad para hacerlo, pudiendo establecer un límite temporal para la presentación de la demanda. (...) Precisamente, el Código Contencioso Administrativo, consagra el término de caducidad de las distintas acciones que proceden ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa -con excepción de la de simple nulidad, que carece de límite temporal-, entendido como aquel plazo máximo, perentorio y preclusivo, de naturaleza objetiva, dentro del cual las acciones pueden ser ejercidas, que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni se suspende, salvo en el evento del trámite de la conciliación extrajudicial, en el que por expresa disposición legal se da la suspensión del término de caducidad de la acción mientras aquel se surte, sin sobrepasar de un máximo de tres meses, o en el evento del cierre de los despachos judiciales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre fenómeno jurídico de la caducidad, consultar providencia de la Corte Constitucional, de 14 de septiembre de 2016, Exp. SU498, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984 -modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998-, vigente para la fecha de presentación de la demanda, en las acciones relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. (...) Pero así mismo dispone la norma que, si el contrato es susceptible de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la demanda se deberá presentar a más tardar dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la firma del acta -literal c-. (...) Como se puede evidenciar de la norma en cita, en aquellos contratos que deban ser liquidados, dicho acto constituye, en principio, el punto de partida para determinar el momento en que inicia el conteo del término para acudir ante la jurisdicción. (...) Sobre el particular, en providencia de unificación, la Sección Tercera señaló que el hito inicial para el cómputo del término que permita verificar si el medio de control de controversias contractuales fue oportunamente incoado es el día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato de mutuo acuerdo, en caso de que este fuera el evento que se presentó en el caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el acto jurídico de liquidación del contrato como parámetro para contabilizar el término de caducidad de las acciones contractuales, consultar providencias de 10 de septiembre de 2021, Exp. 44977, C.P. María Adriana Marín; de 1 de agosto de 2019, Exp. 62009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación, la cual deberá llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes, o en caso de no ser posible, de forma directa y unilateralmente por la entidad estatal, con miras a determinar el estado económico final del contrato, finiquitando de esa forma la relación negocial?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo establecido por la Ley 80 de 1993, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación, la cual deberá llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes dentro del término fijado para ello en el contrato o, en su defecto, antes del vencimiento de los 4 meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga (art 60); y de no ser ello posible, porque el contratista no se presente a la liquidación o porque las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, será practicada directa y unilateralmente por la entidad, mediante acto administrativo motivado (art. 61). (...) Como es bien sabido, la liquidación del contrato es un corte de cuentas final, que se lleva a cabo para determinar el resultado económico definitivo de la ejecución contractual, establecer el grado de cumplimiento de las prestaciones a cargo de las partes, definir quién le debe a quién y cuánto, y de esta forma puedan declararse a paz y salvo, extinguiendo de manera definitiva la relación contractual. En esta etapa pueden las partes resolver las diferencias a que ha dado lugar la ejecución del contrato y llegar a los acuerdos, transacciones y conciliaciones que consideren necesarios para declararse a paz y salvo, “(…) y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes”.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes en la liquidación del contrato estatal, consultar providencias de 10 de abril de 1997, Exp. 10608, C.P. Daniel Suárez Hernández; y de 20 de noviembre de 2003, Exp. 15308, C.P. Ricardo Hoyos Duque; y de 6 de julio de 2005, Exp. 14113, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes, dentro del plazo que ellas hayan pactado o, en su defecto, dentro de los 4 meses siguientes a la finalización del contrato, y de no ser posible dicha liquidación bilateral, deberá realizarla la entidad en forma unilateral a través de acto administrativo, dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo para efectuarla de común acuerdo, circunstancias de cuya ocurrencia dependerá el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s requisito indispensable para la liquidación, que el contrato haya terminado, por cualquiera de las causas que pueden dar lugar a su finalización, como cumplimiento del plazo pactado, terminación de común acuerdo o unilateral, declaratoria de caducidad, culminación del objeto del contrato, etc.; dicho en otras palabras, es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes, dentro del plazo que ellas hayan pactado o, en su defecto, dentro de los 4 meses siguientes a la finalización del contrato. En tal caso, el término de dos años de caducidad de la acción contractual, empezará a correr a partir de la suscripción de la respectiva acta de liquidación bilateral. (...) De no ser posible dicha liquidación bilateral, deberá realizarla la entidad en forma unilateral a través de acto administrativo, dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo para efectuarla de común acuerdo, caso en el cual, el término de caducidad de la acción correrá a partir de la notificación de dicho acto administrativo. (...) Pasado este tiempo sin que se haya realizado la liquidación de común acuerdo o unilateral, empezará a correr el término de caducidad de la acción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 136 del C.C.A. (...) En principio, esa liquidación debe efectuarse en forma bilateral, de común acuerdo por las partes; pero en ausencia de ese acuerdo, le corresponderá a la entidad contratante llevar a cabo dicha liquidación, de manera unilateral, a través de la expedición de un acto administrativo debidamente motivado.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la oportunidad para liquidar el contrato estatal, consultar providencia de 23 de abril de 2021, Exp. 49148, C.P. María Adriana Marín,
DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El incumplimiento contractual alegado en los fundamentos facticos y en las pretensiones, difiere del desequilibrio económico del contrato, que fue alegado en los fundamentos de derecho, caso en el que por prevalencia del derecho sustancial, en el caso concreto, se estudia el incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Advierte la Sala que las pretensiones de la demanda se dirigieron a obtener la declaratoria de incumplimiento contractual de la entidad distrital, no obstante que en los fundamentos de derecho alegara desequilibrio económico, circunstancia que impone la necesidad de efectuar algunas precisiones, como en otras ocasiones la Sección Tercera lo ha hecho. (...) a pesar de que el contratista hizo alusión a la ruptura de un equilibrio económico en los fundamentos de derecho, lo cierto es que, se reitera, sus pretensiones y los fundamentos fácticos que le sirven de sustento se centran en alegar el incumplimiento del contrato por parte de la entidad contratante por desconocer el principio de planeación, lo cual hizo más gravosa su ejecución para el contratista. (...). De conformidad con lo expuesto, con el propósito de garantizar la efectividad del derecho fundamental de la parte actora de acceder a la administración de justicia y en virtud del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial, abordará el examen del caso concreto desde la perspectiva del incumplimiento contractual en tratándose de una controversia que se origina en razones imputables a una de las partes, para indagar si en la etapa precontractual existió un comportamiento antijurídico de la entidad pública contratante que indujo a que la contratista ejecutara una mayor área, o permaneciera en la obra más de lo necesario y, en caso afirmativo, si ello le ocasionó perjuicios que la entidad estuviera en el deber de reparar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las diferencias entre incumplimiento y desequilibrio contractual, consultar providencias de 18 de septiembre de 2003, Exp. 15119, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 4 de marzo de 2013, Exp. 20524, C.P Carlos Alberto Zambrano Becerra; de 16 de septiembre de 2013, Exp. 30571, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 3 de abril de 2020, Exp. 48676, C.P. Alberto Montaña Plata.
CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE ECONOMÍA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La debida planeación, como desarrollo del principio de economía, es un principio rector de la actividad contractual de la administración que no sólo impone cargas y deberes al Estado contratante, sino también al contratista desde la fase previa al contrato, de manera que son ambas partes las que están llamadas a observar el aludido principio
Respuesta al problema jurídico: Si
En desarrollo del principio de economía que rige la actividad contractual del Estado, el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece determinados deberes relacionados con la planeación del contrato, entre estos, los de adelantar los trámites “con austeridad de tiempo, medios y gastos”, impedir las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato y analizar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, “con antelación al inicio del proceso de selección”. (...) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la debida planeación es un principio rector de la actividad contractual de la administración, y que su ausencia “ataca la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también para el patrimonio público”, de manera que los contratos del Estado deben ser debidamente diseñados y pensados con antelación, delimitando claramente las necesidades y prioridades que se busca satisfacer con ellos y que demanda el interés público, pues “el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación” ni se someta a ésta. (...) . Las obligaciones de las partes no sólo se circunscriben a lo consignado en las cláusulas del contrato, sino también a los compromisos establecidos en los pliegos de condiciones y los documentos precontractuales que luego se integran en un todo al acuerdo de voluntades celebrado. En particular, la entidad estatal está llamada a cumplir determinados deberes en la fase precontractual, como los que establece el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, antes citado, los cuales ciertamente inciden en la posterior ejecución del contrato, de manera que su inobservancia puede acarrear la responsabilidad contractual de la autoridad incumplida, como acontecería v. gr. con la entrega de estudios equivocados o la manifestación de consecuencias negativas en la etapa de ejecución por no haberse establecido en debida forma y oportunamente, la conveniencia y viabilidad de la obra materia del contrato. Es claro que el principio de planeación no sólo impone cargas y deberes al Estado contratante, sino también al contratista desde la fase previa al contrato, de manera que son ambas partes las que están llamadas a observar el aludido principio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de planeación en la contratación estatal, consultar providencias de 10 de diciembre de 2015, Exp. 51489, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y de 7 de mayo de 2021, Exp. 43055, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / OMISIÓN DEL DEBER / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FUNCIONAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / PLANOS DE OBRA PÚBLICA / PLANIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditó el incumplimiento del contrato atribuido a la entidad pública contratante por indebida planeación al estimar un área de construcción inferior a la realmente ejecutada?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el material probatorio que reposa en el proceso, la Sala no
encuentra acreditado que la entidad contratante, representada por la Secretaría de
Educación Distrital, hubiera desconocido el principio de planeación al que estaba
obligada tanto en la etapa precontractual como contractual. (...) Como se observa, en el proceso no obran pruebas que acrediten la falta de
planeación de la entidad durante la etapa precontractual, reflejada en estudios
previos, pliego de condiciones o anexos técnicos del proceso de selección, que
impactara, como lo alegó la parte actora, en la ejecución contractual, causando los
perjuicios derivados de una mayor área construida frente a la contratada. (...) En consecuencia, la Sala no encuentra acreditado el incumplimiento del
contrato atribuido a la entidad pública contratante por indebida planeación al
estimar un área de construcción inferior a la realmente ejecutada.
DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / FINALIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL / FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL / OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Para que el dictamen pericial tenga eficacia probatoria con respecto de los hechos que se pretenden probar, se deberá tener en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, esto implica también que las conclusiones del experto deben ser claras, firmes y una consecuencia lógica de sus fundamentos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Cabe anotar que, para que un dictamen pericial tenga eficacia probatoria con respecto de los hechos que se pretenden probar, según el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, se deberá tener en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, esto implica también que las conclusiones del experto deben ser claras, firmes y una consecuencia lógica de sus fundamentos. (...) El dictamen pericial no puede ser considerado como una verdad incontrovertible, sino que constituye un medio probatorio que debe ser analizado en los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en conjunto con el material probatorio y de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Esto, de conformidad con los artículos 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil (...). Sobre el particular se debe tener en cuenta que el juez, a la luz de la sana crítica y las reglas de la experiencia, debe valorar el dictamen pericial con el fin de acogerlo total o parcialmente o desechar sus resultados. Se trata de considerarlo, siempre que, por su claridad, precisión y detalle, infunda certeza, dada la conducencia y soporte de las conclusiones e idoneidad del experto, previa confrontación y siempre que supere las observaciones y objeciones y aclare las dudas. (...) En los términos del artículo 264 del C.P.C., la prueba pericial procede en los casos en que se necesiten especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, para verificar ciertos hechos que interesan al proceso. No basta con responder a los interrogantes planteados por las partes o el juez, sino hacerlo con suficiencia, infundiendo certeza sobre los hechos objeto de la experticia, para lo cual deben soportar sus conclusiones en pruebas que demuestren sus afirmaciones, lo que no se demostró con la experticia rendida por el ingeniero civil designado como perito en el presente asunto.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Se acreditó el incumplimiento del principio de planeación atribuido a la entidad pública por mayor permanencia en obra?
Respuesta al problema jurídico: No
La parte actora también alegó incumplimiento del principio de planeación por parte de la entidad contratante por mayor permanencia en obra, debido a que no se cumplió con el plazo inicial pactado, por razones ajenas a la contratista, generando sobrecostos administrativos, financieros y de equipos. (...) Al respecto, como se pudo observar en los hechos probados, las partes suscribieron de forma voluntaria y sin ningún tipo de reparo las tres modificaciones contractuales: una prórroga, una adición y prórroga y una modificación de obligaciones respecto del pago de un saldo por causa de vigencias presupuestales. Ambas prórrogas o ampliaciones del plazo inicialmente convenido estuvieron debidamente justificadas y soportadas. (...) La Sala considera que, si bien en el dictamen rendido por el contador público designado en el proceso se establecieron mayores costos administrativos, financieros y de equipos, de dichas conclusiones no se puede establecer una mayor permanencia en obra, aspecto indispensable para determinar la procedencia o no de dichos sobrecostos. (...) Ninguno de los dictámenes periciales dio cuenta de la existencia de una mayor permanencia en obra por una falta de planeación de la entidad, que dé lugar al reconocimiento de los perjuicios solicitados por la sociedad demandante. (...) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que –se reitera-, no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir al ente público demandado la falta de planeación y la causación de los perjuicios alegados. (...) En consecuencia, la Sala habrá de revocar la sentencia de primera instancia, que declaró la caducidad de la acción para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN SIN CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Se probó que alguna de las prestaciones ejecutadas por el demandante lo hubieran sido por fuera del marco del contrato celebrado y por imposición de la entidad, de forma tal que hiciera posible la configuración de un enriquecimiento sin causa?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]i bien la parte actora alegó –al parecer de manera subsidiaria a la declaratoria de incumplimiento- la posible configuración de un enriquecimiento sin causa, la Sala no lo encuentra configurado, en la medida en que las prestaciones por las que se solicitó reconocimiento fueron ejecutadas en el marco del contrato y esa es su fuente o causa. Además, resulta importante aclarar que, con la tesis actual del Consejo de Estado25, no basta con probar un aumento de un patrimonio, un empobrecimiento correlativo y que el enriquecimiento se hubiera producido sin causa, sino que es necesario acreditar, adicionalmente, que existió constreñimiento o imposición en la prestación del servicio26, lo que tampoco se demostró en el presente asunto, en ninguno de los eventos previstos por la jurisprudencia, pues no se probó que las prestaciones ejecutadas por el demandante lo hubieran sido por fuera del marco del contrato celebrado y por imposición de la entidad
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el enriquecimiento sin causa, consultar providencias de 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y de 4 de junio de 2021, Exp. 52076, C.P. María Adriana Marín.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 25000232600020090088801 (48400)
Actor: VARELA FIHOLL Y COMPAÑÍA LTDA.
Demandado: DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Tema: Inexistencia de la caducidad de la acción contractual. Plazo contado a partir de la
liquidación bilateral del contrato. Diferenc ia entre incumplimiento y desequilibrio
contractual. Falta de prueba sobre el desconocimiento del principio de planeación y la
causación de los perjuicios reclamados.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 30 de octubre de 2012, proferida por la
Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad
de la acción.
A. SÍNTESIS DEL CASO
El 29 de septiembre de 2005, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá como
contratante, y la sociedad VARELA FIHOLL Y COMPAÑÍA LTDA. en calidad de
contratista, suscribieron el contrato de obra pública No. 117. Esta última solicitó que
se declarara el incumplimiento del principio de planeación por parte de la entidad
pública, por estimar un área de construcción inferior a la que realmente se ejecutó.
El contrato se modificó en tres ocasiones, en plazo, valor y obligaciones. El plazo
inició el 13 de octubre de 2005 y terminó el 15 de febrero de 2007. El 3 de agosto
de 2007, las partes liquidaron de mutuo acuerdo el contrato, con la reserva de la
contratista para reclamar judicialmente los perjuicios causados con una mayor obra
construida y mayor permanencia en obra.
2
Radicación número: 25000232600020090088801 (48400)
Actora: VARELA FIHOLL Y COMPAÑÍA LTDA.
Demandado: Distrito Capital – Secretaría de Educación
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
El 23 de julio de 2009, el contratista solicitó audiencia de conciliación ante la
Procuraduría Judicial respectiva, actuación que finalizó el 21 de octubre de 2009,
sin acuerdo entre las partes.
B. ANTECEDENTES
I. Demanda
1. El 27 de octubre de 2009 (fl. 31 c. ppal., 1ª instancia), la sociedad VARELA FIHOLL
Y COMPAÑÍA LTDA. presentó demanda en ejercicio de la acción contractual contra
el Distrito Capital – Secretaría de Educación, con el objeto de que se accediera a
las siguientes pretensiones (fls. 5-6, c. ppal., 1ª instancia):
DECLARATIVAS
1.- Se declare que la entidad pública demandada incumplió con el principio de
planeación contractual, al estimar un área de construcción totalmente inferior a
la que realmente se ejecutó, y por ende debe ordenarse el reconocimiento y
pago de la mayor área construida dada la conmutatividad del contrato estatal
No. 117 de 2005 y, en últimas, en virtud del título de imputación de no
enriquecimiento sin causa contractual.
2.- Se declare que la entidad demandada incumplió con el principio de
planeación contractual, al estimar la ejecución del contrato en un plazo inicial
que no se cumplió por razones ajenas al contratista, obligándolo a permanecer
mayor tiempo en la obra generando sobrecostos administrativos, financieros y
de equipos en detrimento de su patrimonio, y por ende debe ordenarse el
reconocimiento y pago de estos perjuicios dada la conmutatividad del contrato
estatal No. 117 de 2005 y, en últimas, en virtud del título de imputación de no
enriquecimiento sin causa contractual.
CONDENATORIAS
Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al Distrito
Capital – Secretaría de Educación Distrital al pago de las siguientes sumas de
dinero:
1.- La suma de $904.355.708,64, de acuerdo con la siguiente estimación o la
que pericialmente se determine:
Mayor área construida: En el contrato principal el área contratada fue de 6.217
metros cuadrados y en la certificación de la SED se tiene que fueron construidos
6.944,93 metros cuadrados, diferencia de área de 727,93 metros cuadrados,
que a valor presente equivalen a $904.355.708,64.
2.- A la suma que pericialmente se determine para tasar los perjuicios de orden
patrimonial, como consecuencia de la mayor permanencia en obra.
3.- Se ordene la actualización de las sumas pretendidas, teniendo en cuenta la
pérdida del valor adquisitivo, aplicando para ello los indicadores económicos
vigentes.
4.- Se ordene a la entidad pública demandada el cumplimiento al pago de las
condenas, de conformidad con el artículo 177 del C.C.A.
5.- Se condene en gastos y costas procesales a la entidad pública demandada.
3
Radicación número: 25000232600020090088801 (48400)
Actora: VARELA FIHOLL Y COMPAÑÍA LTDA.
Demandado: Distrito Capital – Secretaría de Educación
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
2. En los hechos (fls. 6-13, c. ppal., 1ª instancia), la parte actora afirmó que el 29 de
septiembre de 2005 suscribió con la Secretaría de Educación Distrital el contrato
de obra pública No. 117 con el siguiente objeto:
Cláusula primera. El Contratista se compromete con la SED a la ejecución de
las obras de construcción de acuerdo a los planos, especificaciones y
cantidades de obra entregados por la SED del proyecto EL TINTAL de la
localidad No. 8 de Kennedy en la Calle 6 Cras. 88 y 100. El proyecto incluye 24
aulas de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, aulas
especializadas, laboratorios, talleres, aulas de tecnología, centro integrado de
recursos educativos (CIRE), incluye biblioteca, informática, audiovisuales, aula
múltiple, en un área aproximada de 6.217 m2 (negrillas y subrayas fuera de
texto).
2.1. Sostuvo que el 13 de octubre de 2005 los contratantes firmaron el acta de inicio,
en la cual se dejó constancia que el plazo del contrato era de doce (12) meses,
según la cláusula sexta.
2.2.- Puso de presente que el contrato fue prorrogado el 18 de mayo de 2006 en 61
días y el 12 de diciembre de 2006 en 65 días calendario. El plazo se venció el 15
de febrero de 2007.
2.3.- Dio cuenta que en la cláusula séptima, las partes acordaron el valor en la suma
de $5.505.085.569,16, el cual fue adicionado en la suma de $424.933.351,55. El
anticipo se pactó en el 40% del valor del contrato, es decir en la cantidad de
$2.202.034.227,66, el cual se pagó al contratista el 26 de octubre de 2005.
2.4.- La parte actora señaló que durante la ejecución contractual se suscribieron
trece (13) actas parciales y un acta final.
2.5.- Sostuvo que el 4 de septiembre de 2006 solicitó a la Secretaría de Educación
Distrital reajustar el precio del contrato, por cuanto era necesario ejecutar una
mayor área a la contratada de 6.217, pues al final se ejecutarían 6.944,93 m2, por
lo que se presentaría un desequilibrio económico, en razón de 797,93 m2, por la
suma de $920.949.878,oo. El 1º de marzo de 2007, mediante comunicación No.
VF-118-2007, la sociedad contratista reiteró dicha petición.
2.6.- El 2 de septiembre de 2008, se liquidó bilateralmente el contrato, pero ante la
falta de acuerdo entre las partes sobre los costos derivados de la mayor área
construida, el contratista dejó reservas para reclamar judicial y extrajudicialmente
los perjuicios causados. La entidad pagó a la contratista la suma de
$5.930.018.920,71.
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Radicación número: 25000232600020090088801 (48400)
Actora: VARELA FIHOLL Y COMPAÑÍA LTDA.
Demandado: Distrito Capital – Secretaría de Educación
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual
2.7. El 23 de julio de 2009, la sociedad contratista solicitó audiencia de conciliación
ante la Procuraduría Judicial respectiva, actuación que finalizó el 21 de octubre de
2009, sin acuerdo entre las partes.
2.8. La parte actora alegó que la entidad demandada incumplió el contrato por
violación del principio de planeación, pues con antelación a la apertura del proceso
de selección debió elaborar de forma completa los estudios, diseños y planos
requeridos para la ejecución de la obra, de tal forma que no se presentaran
sobrecostos causados por mayor cantidad de obra o “errada estimación de la
extensión del área a construir”, ocasionando un desequilibrio económico al
contratista.
2.9.- Por último, sostuvo que, en caso de que el juez considerara insuficientes los
argumentos de la demanda, sustentaba sus reclamaciones patrimoniales en el
hecho de que la entidad no tenía justificación para “enriquecerse a costa del
empobrecimiento o lesión del patrimonio, pues la obra ejecutada costó mucho más
que lo que hasta la fecha la entidad ha pagado por ella en el ac ta final de
liquidación”.
II. Trámite de primera instancia
3. Admitida la demanda, el Tribunal a quo ordenó notificar personalmente a la
Secretaría de Educación del Distrito Capital (fl. 39, c. ppal., 1ª instancia).
4. La entidad pública contestó la demanda (fls. 40-60, c. ppal., 1ª instancia) y se opuso a
las pretensiones. Sostuvo que cumplió con las obligaciones contractuales a su
cargo y que fue el contratista quien incumplió, tal y como lo evidencian los
requerimientos de la interventoría1, a raíz de la demora en el inicio de las labores
contratadas y en la entrega de la programación para cumplir con el plazo
contractual.
4.1. La demandada señaló que en el contrato se pactó un precio global, por lo que
“no se presentó una mayor cantidad de obra a construir, ni tampoco una obra
imprevista a compensar, son en realidad los mismos componentes plasmados en
los planos y contratados”. Adujo que “el proyecto inicial desde los pliegos licitatorios
hasta su terminación corresponde a los mismos planos y diseños de la ejecución
de la obra”.
1 Es de anotar que estos requerimientos no obran en el proceso.
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Radicación número: 25000232600020090088801 (48400)
Actora: VARELA FIHOLL
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