Titulación de la relatoría 59.456 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR MOTOCICLISTA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR DAÑO EN VÍA PÚBLICA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN VÍA PÚBLICA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / FALLA DEL SERVICIO VIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO VIAL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (...) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del C.C.A., señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. (...) En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el 16 de octubre de 2009 falleció (...) [la víctima], según da cuenta copia del registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil; ii) que el 25 de junio de 2010 los demandantes presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2010 y se declaró fallida ese mismo día por falta de acuerdo conciliatorio entre las partes; y, iii) que la demanda se presentó el 4 de febrero de 2011, es decir, dentro de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 23998, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sobre la facultad del juez para analizar los presupuestos procesales de oficio, consultar providencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093, C.P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / FAMILIA DE LA VÍCTIMA
Problema jurídico:
¿Los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para reclamar la reparación de perjuicios ocasionados por la muerte de la víctima en un accidente de tránsito, al acreditarse que conformaban el núcleo familiar del fallecido?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis. (...) [Los demandantes] (compañera permanente) (...) (hija), (...) (hija), (...) (hija), (...) (hija), (...) (hijo), (...) (madre), (...) (padre), (...) (hermana), (...) (hermana) y (...) (hermana) son las personas sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, porque está acreditado que conformaban el núcleo familiar de (...) (víctima), según da cuenta copia de la sentencia del 10 de junio de 2011, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Yopal que declaró la unión marital de hecho entre (...) [la víctima] y (...) [su compañera permanente] y los correspondientes registros civiles de nacimiento, respectivamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica de la legitimación en la causa, consultar providencias de 25 de julio de 2019, Exp. 54527, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 8 de octubre de 2020, Exp. 1760-18, C.P. Cesar Palomino Cortés; de 10 de septiembre de 2020, Exp. 0736-18, C.P. Cesar Palomino Cortés; de 28 de abril de 2021, Exp. 48436, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 54 DE 1990 - ARTÍCULO 4, LEY 979 DE 2005 - ARTÍCULO 2
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / FALLA DEL SERVICIO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / FALLA DEL SERVICIO VIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO VIAL / MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / VÍA NACIONAL / INVÍAS / COMPETENCIA DE INVÍAS / FUNCIONES DEL INVÍAS / RESPONSABILIDAD DE INVÍAS / SOLIDARIDAD DE LA PARTE DEMANDADA / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Problema jurídico:
¿El Instituto Nacional de Vías (Invías) está legitimado en la causa por pasiva, pero no el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Inco, el departamento de Casanare, el municipio de Nunchía, o el municipio de San Luis de Palenque; toda vez que la carretera en la que ocurrió el accidente de tránsito por el cual se demanda, es de carácter nacional y su mantenimiento, mejoramiento y conservación está cargo de dicha entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Instituto Nacional de Vías (Invías) está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que la carretera en la que ocurrió el accidente de tránsito en el sector conocido como “Macuco en inmediaciones de las veredas redención del municipio de Nunchía y Guanapalo del municipio de San Luis de Palenque, en la vía que conduce de San Luis de Palenque a Yopal”, es de carácter nacional y su mantenimiento, mejoramiento y conservación está cargo de dicha entidad pública, según da cuenta: i) copia del oficio No. 16248 del 26 de abril de 2010, en la que el subdirector de apoyo técnico del Invías certifica que “en cuanto a la red terciaria del departamento de Casanare a cargo del Invías se encuentra: a) el camino Tocaría – Orocué sector La Nevera – Guanapalo en 47,7 km con inicio en el PR 38+300 vía Yopal Paz de Ariporo, en el municipio de Nunchía; b) Camino sabana larga; c) el camino El Refugio – Palo Bajito – Aracal, con 8.98 km con inicio en el PR 14+900 de la vía Yopal Paz de Ariporo, en el municipio de Yopal”; ii) copia del oficio No. 39351 del 7 de septiembre de 2011, mediante el cual el subdirector de la red terciaria y férrea del Invías certifica que “la vía Tocaría – Orocué, sector la nevera – Guanapalo, código 90657 longitud 47.70 km y cuyo kilómetro cero está a 38+300 km vía Yopal – Paz de Ariporo, pertenece a la red terciaria a cargo del Invías”; iii) copia del oficio No. 43517 del 28 de septiembre de 2011 por medio del cual el Invías manifiesta que "la carretera Yopal - San Luis de Palenque presenta dos tramos de carretera, un primer tramo entre Yopal - La Nevera (en longitud 38,3 Kms), el cual hace parte de la Red Nacional de carreteras a cargo del INVIAS y un segundo Tramo La Nevera - Guanapalo (en una longitud de 47,7 Kms), que hace parte de la Red Terciaria a Cargo del Invías”; y, iv) oficio No. 44455 del 30 de septiembre de 2011, mediante el cual el director territorial del Invías Casanare certificó que “la vía Yopal – La Chaparrera – La Nevera es de carácter nacional y que la vía La Nevera – San Luis de Palenque del km 0+00 al km 47+70, es una vía de red terciaria que hace parte del Invías y fue construida por la gobernación de Casanare y llevada a nivel pavimento”. (...) Pese a que la parte demandante solicitó en la demanda y en el recurso de apelación legitimar en la causa por pasiva a la Nación – Ministerio de Transporte - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Inco, el departamento de Casanare, el municipio de Nunchía y el municipio de San Luis de Palenque, la Sala evidencia, por un lado, que el mantenimiento de la vía en la que ocurrió el accidente (...) corresponde al Invías exclusivamente y, por otro, que dentro de las funciones de las referidas entidades demandadas no está la de conservación y mantenimiento de la vía conocida como sector “Macuco en inmediaciones de las veredas redención del municipio de Nunchía y Guanapalo del municipio de San Luis de Palenque, en la vía que conduce de San Luis de Palenque a Yopal”. Adicionalmente, es importante advertir que no hay solidaridad entre las entidades demandadas, pues la asignación de los deberes de conservación y mantenimiento de la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito corresponde -por ministerio de la ley- directamente al Invías. Con fundamento en lo anterior, se confirmará la decisión proferida en primera instancia, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Transporte - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Inco, el departamento de Casanare, el municipio de Nunchía y el municipio de San Luis de Palenque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2171 DE 1992 - ARTÍCULO 52
CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de daño antijurídico, consultar providencias de 27 de enero de 2000, Exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, María Elena Giraldo Gómez. Referente a la imputación del daño antijurídico, consultar providencia de 18 de mayo de 2017, Exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Acerca del daño como primer elemento que se debe analizar para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar providencias de 13 de agosto de 2008, Exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero, Exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 5 de marzo de 2020, Exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRESUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ / AUTONOMÍA DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El juez de la causa cuenta con autonomía para determinar la aplicación del régimen de imputación en cada caso, sin dejar de lado, que el régimen de responsabilidad subjetivo o de falla en el servicio es el título de imputación que se aplica por excelencia, toda vez que con base en dicho régimen se analiza el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado y por ello se constituye en una herramienta idónea para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo de éste?
Respuesta al problema jurídico: Si
Mediante sentencia de unificación del 19 de abril de 2012, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que el artículo 90 de la Constitución Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad, por lo que es deber del juez establecer cuál es aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo que encuentre probado en el proceso. Sin perjuicio de lo anterior, no se puede desconocer que el régimen de responsabilidad subjetiva o de falla en el servicio es el título de imputación bajo cuya óptica, por excelencia, se deben analizar las controversias suscitadas con el Estado, toda vez que con base en él se analiza el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con los títulos de imputación aplicables por la jurisdicción de lo contencioso administrativo al decidir sobre responsabilidad patrimonial del Estado, y la autonomía del fallador para definir el régimen aplicable en cada caso, consultar providencia de 19 de abril de 2012, Exp 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón. Sobre la falla del servicio como el título de imitación aplicable por excelencia, consultar providencias de 13 de julio de 1993, Exp. 8163, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; de 10 de marzo del 2011, Exp. 17738, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 25 de julio de 2019, Exp. 50315, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO VIAL / FALLA DEL SERVICIO VIAL / MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / DEBERES DEL ESTADO / OBLIGACIONES DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / FALLA DEL SERVICIO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El Estado debe responder patrimonialmente en eventos de accidentes de tránsito por falla del servicio vial, cuando conozca las condiciones naturales del terreno e incurra en omisión de sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico, siendo menester para su procedencia la prueba de la falla del servicio, consistente en la omisión en la señalización y mantenimiento de la vía, así como el nexo de causalidad entre ésta y el daño?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 19 de la Ley 105 de 1993 dispone que corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de la infraestructura de transporte de su propiedad. Ahora bien, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que para efectuar el análisis de responsabilidad del Estado en eventos de accidentes de tránsito por falta de señalización o mantenimiento de la vía, se debe tener en cuenta que aquel está obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial. Por tal razón, el Estado deberá responder patrimonialmente en los eventos en que: i) conozca las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el desprendimiento de materiales de las montañas aledañas a las carreteras y, sin embargo, no adopte las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes de tránsito; y ii) cuando incurra en omisión de sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial, responsabilidad que acarreará mayor exigencia si se demuestra que los daños u obstáculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiera efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación normal en la vía, evento en el cual se deberán evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, valoración que será más estricta si se llega a demostrar que el hecho anormal que presentaba la vía fue puesto en conocimiento de la accionada y que ésta omitió el cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad. Empero, es menester poner de presente que para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, la parte demandante siempre deberá probar la falla del servicio, consistente en la omisión en la señalización y mantenimiento de la vía, así como el nexo de causalidad entre ésta y el daño.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio vial, consultar providencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 17613, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 21 de septiembre de 2016, Exp. 42492, C.P. Carlos Alberto Zambrano; de 11 de octubre de 2021, Exp. 56717, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 105 DE 1993 - ARTÍCULO 19
EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONDUCTA DE LA VÍCTIMA / CULPA DE LA VÍCTIMA / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / HECHO DE LA VÍCTIMA / ELEMENTOS DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Para que el hecho o culpa de la víctima, como causal eximente de responsabilidad, tenga plenos efectos liberatorios, resulta determinante que la conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia y doctrina han sostenido que es posible que el Estado se exonere de responsabilidad extracontractual si se acredita que el daño que se pretende indemnizar e imputar es atribuible al hecho determinante y exclusivo de la propia víctima. (...) De lo anterior, se deduce que cuando se alega el hecho o la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, no cualquier actuación de esta puede generar un verdadero rompimiento de la imputación de la responsabilidad. Corolario de lo anterior, el hecho o la culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad y desde el punto de vista jurídico, impide realizar la imputación del daño a la Administración. En conclusión, para que el hecho o culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad tenga plenos efectos liberatorios, resulta determinante que la conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir, que el comportamiento de éste se erija como causa adecuada, decisiva y determinante en la producción o resultado del hecho lesivo o que haya contribuido a su propia afectación debiendo o pudiendo evitarla.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos de procedencia de los causales eximentes de responsabilidad, consultar providencias de 28 de abril de 2010, Exp. 18562, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 9 de junio de 2010, Exp. 17605, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 24 de marzo de 2011, Exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 22 de noviembre de 2017, Exp. 39848, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 1 de abril de 2019, Exp. 42671, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
HECHO DEL TERCERO / REQUISITOS DEL HECHO DEL TERCERO / IMPREVISIBILIDAD DEL HECHO DEL TERCERO / IRRESISTIBILIDAD DEL HECHO DEL TERCERO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El hecho exclusivo y determinante del tercero se configura, como causal eximente de responsabilidad, siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio, que éste último no se encuentra vinculado en manera alguna con aquél y que resulta imprevisible e irresistible para la entidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
El hecho de un tercero supone la actuación exclusiva y determinante de una persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del injusto. Esta Sección ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se configura siempre y cuando se demuestre que el daño se causa por una actuación de un agente externo a la relación que existe entre la víctima o sujeto del daño y aquel a quien pretende atribuírsele, y que esa actuación, causa eficiente del hecho lesivo, es completamente ajena al servicio de manera que el agente estatal no se encuentra vinculado en manera alguna con la afectación cuyo resarcimiento se pretende. Asimismo, esta Corporación ha determinado que para la prosperidad de esta causal de exoneración de responsabilidad, de ruptura del nexo causal o ajenización de la causa deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que el hecho del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por el cual la entidad tiene que probar que no hay ningún vínculo causal entre la conducta del demandado y el daño producido; ii) que el hecho del tercero sea ajeno al servicio, es decir, que el tercero no esté vinculado a la persona de derecho público demandada ni realice actividades vinculadas con el servicio público; y iii) que el hecho del tercero sea imprevisible e irresistible para la entidad a quien se le pretende atestar el daño. Adicionalmente, sobre la revisión del actuar del tercero en la producción del daño, esta Sección precisó que no es determinante ni se requiere que el tercero haya actuado con culpa en razón a que la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Asimismo, indicó que para que opere la exclusión de responsabilidad por una causa extraña, se requiere que dicha conducta irresistible, imprevisible y externo sea la causa adecuada y/o determinante del hecho lesivo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el hecho del tercero como causal eximente de responsabilidad, consultar providencias de 18 de febrero de 2010, Exp. 17179, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 13 de febrero de 2013, Exp. 18148, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 28 de enero de 2015, Exp. 32912, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 21 de noviembre de 2018, Exp. 40350, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 11 de marzo de 2019, Exp. 43512, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 8 de mayo de 2019, Exp. 46858, C.P. María Adriana Marín; de 23 de octubre de 2020, Exp. 49574, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
MEDIOS DE PRUEBA / FOTOGRAFÍA / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorios las fotografías aportadas al proceso, que solo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre los cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as fotografías aportadas por la parte demandante se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, esto es, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas, de manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden acreditar. Sin embargo, dadas las condiciones en que estas representaciones pictóricas fueron presentadas, se observa que las mismas no ofrecen certeza de la persona que las realizó ni la fecha cierta en que se produjeron. Debe precisarse que las fotografías que fueron allegadas al proceso por la parte demandante sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre los cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden ser cotejadas con otros medios probatorios allegados y por lo tanto no pueden ser valoradas en el presente proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las fotografías, consultar providencias de 13 de junio de 2013, Exp. 27353, C.P. Enrique Gil Botero; de 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252
MEDIOS DE PRUEBA / DOCUMENTO PERIODÍSTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO / PERIÓDICO / PUBLICACIÓN EN PRENSA / VALOR PROBATORIO DE LAS PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La información que aparece en los artículos de prensa sirven como indicadores de unos hechos, sin que, por sí misma, por lo que la veracidad y autenticidad de su contenido debe ser valorado en concurrencia con otras pruebas allegadas al proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os recortes de prensa serán valorados según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como indicador para la Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las publicaciones periodísticas, consultar providencias de 29 de mayo de 2012, Exp. 2011-01378, C.P. Susana Buitrago Valencia.
TRASLADO DE LA PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / TRASLADO DE PRUEBA DOCUMENTAL / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / VERSIÓN LIBRE / DECLARACIÓN REALIZADA EN VERSIÓN LIBRE / VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE / TESTIMONIO EN ENTREVISTA / INTERROGATORIO AL PROCESADO / INTERROGATORIO / INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA / DILIGENCIA DE INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA / JURAMENTO / FALTA DE JURAMENTO / NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA
Problema jurídico:
¿Las pruebas practicadas válidamente en otro proceso judicial y trasladadas al proceso sub lite, son apreciables sin más formalidades, salvo las entrevistas, diligencias de versión libre, interrogatorio a indiciado y la indagatoria obrantes en la actuación penal, dado que no fueron rendidas bajo la gravedad del juramento, situación que impide al juez reconocerle mérito de valoración judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s necesario precisar que según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia y son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En el presente asunto, la parte actora y el Invías solicitaron que se allegara copia del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación (...) por el delito de homicidio culposo (...). La prueba fue decretada de la forma solicitada y allegada por parte de la Fiscalía 21 Seccional Delegada de Yopal, mediante oficio No. 055 del 14 de febrero de 2012. Así las cosas, la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales trasladadas de la actuación adelantada con ocasión de la muerte (...), pues estas pruebas fueron debidamente solicitadas y decretadas en el plenario y allegadas al proceso, de manera que ambas partes conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas. Por el contrario, las entrevistas, diligencias de versión libre, interrogatorio a indiciado y la indagatoria obrantes en la actuación penal no fueron rendidas bajo la gravedad del juramento, situación que impide al juez reconocerle a este tipo de medios una capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo dispuesto en los artículos 227 y 229 del Código de Procedimiento Civil.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 227, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229
TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Aunque los testimonios que provienen de personas que tienen un vínculo de cercanía con las partes resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez, sino que deben ser valorados con especial severidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]omo el testigo (...) afirmó ser “mejor amigo” de (...) [la víctima] y cercano a los demandantes, en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil su dicho resulta sospechoso, dada la cercanía afectiva que tenían con aquellos, lo cual puede afectar su credibilidad e imparcialidad. En este sentido, el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil señala que el juez apreciará los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad. Bajo el anterior contexto, se concluye que los testimonios (...) [del mejor amigo y el conductor] tienen eficacia probatoria, pues ambos estuvieron presentes e involucrados en los hechos acaecidos el 16 de octubre de 2009 cuando falleció (...) [la víctima], pues el primero era su compañero y pasajero a bordo de la motocicleta, y el segundo era el conductor del camión que arrolló al señor (...). En ese sentido, sus declaraciones son conducentes para acreditar el contexto temporal, causal y modal en el que ocurrieron los hechos materia de la controversia, pues presenciaron directamente los hechos que aquí se discuten.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los testimonios sospechosos, consultar providencias de 28 de febrero de 2011, Exp. 20262, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 218
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR DAÑO EN VÍA PÚBLICA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR MOTOCICLISTA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN VÍA PÚBLICA / MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / FALLA DEL SERVICIO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / FALLA EN LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / UTILIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / NORMATIVA DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / FALLA DEL SERVICIO VIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO VIAL / CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / EXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / ACREDITACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del Estado a título de falla del servicio vial, por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito ocasionado al caer en un hueco existente en la carretera, debido, según la demanda, a falta de mantenimiento y señalización de la vía?
Respuesta al problema jurídico: Si
El 16 de octubre de 2009, (...) [la víctima] se desplazaba en la zona conocida como “Macuco en inmediaciones de las veredas redención del municipio de Nunchía y Guanapalo del municipio de San Luis de Palenque, en la vía que conduce de San Luis de Palenque a Yopal”, a bordo de la motocicleta de su propiedad (...). Estando a la altura del kilómetro 26 + 600 cayó en un hueco que se encontraba en la vía, el cual produjo su desestabilización y caída al pavimento rodando hasta el carril opuesto, momento en el cual fue impactado por un furgón (...), que conducía (...) en sentido contrario. Los demandantes aducen que el accidente de tránsito se ocasionó por la falta de mantenimiento y señalización de la vía, lo cual constituye una falla en el servicio imputable a la Nación – Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías – Instituto Nacional de Concesiones – Ministerio de Defensa – Policía Nacional departamento de Casanare, municipio de Nunchía y municipio de San Luis de Palenque. (...) [S]e pudo demostrar que la vía en la que ocurrió el siniestro era recta, plana, tenía bermas, era de doble sentido, de una calzada con dos carriles, en asfalto, con hueco en la mitad del carril en el que se desplazaba (...) [la víctima], las condiciones eran secas, no había iluminación artificial, no había ninguna señal sobre el hueco ni del límite velocidad, la vía tenía demarcación central y al borde y además la víctima portaba casco de protección, pues en el croquis quedó consignado el sitio donde quedó “el casco del occiso” y el testigo (...) también declaró que la víctima portaba elementos de protección como casco y chaleco (...). Ahora bien, según reiterada jurisprudencia de esta Corporación, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños ocasionados en las vías públicas, en los eventos en que obstáculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiera efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación normal en la vía. (...) Conforme lo anterior, aunque se desconoce si el Invías conocía o no de la existencia del hueco en la vía en donde ocurrió el accidente, lo cierto es que dicho desconocimiento no lo releva de la responsabilidad que le asiste normativamente en cuanto a la conservación y señalización de las vías a su cargo. (...) Así pues, está acreditado que en la vía “Yopal – San Luis de Palenque – vereda Macuco – Nunchía” existía un hueco en la vía y que el mismo no tenía ninguna clase de señalización que advirtiera a los usuarios de la carretera sobre el peligro que comportaba el mismo (...), lo cual evidentemente lleva a deducir que el Invías incumplió los deberes a su cargo, esto es, los contemplados en el artículo 13 del Decreto 81 de 2000 y en el artículo 2 de la Resolución 1937 del 30 de marzo de 1994, consistentes en el mantenimiento, conservación y señalización de la vía. (...) En breve, entonces, se advierte que la muerte (...) es imputable al Invías, por omisión en el deber de señalización y/o reparación del hueco existente en la carretera denominada “Yopal – San Luis de Palenque – vereda Macuco – Nunchía”, toda vez que al no estar señalizado impidió que la víctima conociera de su existencia, aunado que al estar en la centro derecha del carril que transitaba la víctima, incidió en que este perdiera el equilibrio y cayera al pavimento con el fatal desenlace que ya conocemos. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia proferida el 11 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Casanare, en el sentido de condenar al Invías a reparar los perjuicios causados a los demandantes.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado, por falla del servicio vial, consultar providencia de 21 de septiembre de 2016, Exp. 42492, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 81 DE 2000 - ARTÍCULO 13, RESOLUCIÓN 1937 DE 1994 - ARTÍCULO 2
EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONDUCTA DE LA VÍCTIMA / CULPA DE LA VÍCTIMA / CULPA DE LA VÍCTIMA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO / INEXISTENCIA DE LA CULPA DE LA VÍCTIMA / HECHO DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DEL HECHO DE LA VÍCTIMA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / VÍCTIMA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN VÍA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El daño antijurídico resulta imputable a la propia víctima, por el exceso de velocidad al que conducía al momento del accidente de tránsito?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]unque el Invías alega que el daño antijurídico es imputable a la propia víctima y que el informe de accidente de tránsito atribuyó la causa del accidente “al hueco y al exceso de velocidad”, lo cierto es que al valorar en conjunto el material probatorio se evidencia que no se estableció -por ninguna prueba- la velocidad que llevaba el motociclista ni cual era el límite en esa carretera para poder concluir que la víctima tuvo participación directa en la causación del daño. Por el contrario, si se pudo establecer con grado de certeza que fue el hueco existente en la vía el que ocasionó la desestabilización del conductor de la moto y por ende el accidente. Así las cosas, para la Sala no está acreditada la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima propuesta por el Invías.
EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / HECHO DEL TERCERO / INEXISTENCIA DEL HECHO DEL TERCERO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / CAUSAS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / CONDUCTOR DE VEHÍCULO / CULPA DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO / RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO
Problema jurídico:
¿El daño antijurídico resulta imputable a un tercero, esto es, al conductor que arrolló a la víctima, por el exceso de velocidad al que conducía al momento del accidente de tránsito?
Respuesta al problema jurídico: No
[R]especto de la conducta asumida por (...) [el] conductor del camión (...) que arrolló a (...) [la víctima], encuentra la Sala que no tiene nexo causal respecto de la muerte de la víctima, pues pese a que en el informe de tránsito se indicó que se desplazaba con exceso de velocidad (...), ello no deja de ser una hipótesis que debe ser comprobada, y se extrae del croquis que el camión estaba dentro del carril que le correspondía y que la huella de frenado de 5.7 metros lo que acredita es la frenada intempestiva de la marcha del vehículo pesado por la interposición en su carril de la humanidad de (...) [la víctima]. Debe tenerse en cuenta que el artículo 106 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 1239 de 2008 (vigente para la fecha de los hechos) estableció el límite de velocidad en vías municipales en 80 km/h, y para vehículos de carga, servicio público y transporte escolar en 60 km/h. En suma, las reglas de la experiencia indican a la Sala que el camión (...) cuyo peso es considerable y mayor al de la motocicleta, tuvo que frenar de forma intempestiva y abrupta al encontrar rodando sobre su carril al accidentado (...), por lo que la huella de frenado de 5.7 metros es apenas normal dadas las dimensiones del furgón y una velocidad promedio de 60 km/h.
FUENTE FORMAL:
LEY 1239 DE 2008 - ARTÍCULO 1, LEY 769 DE 2002 - ARTÍCULO 106
PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR MUERTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR MUERTE / TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer perjuicios morales a favor de la familia de la víctima fallecida, en razón al grado de relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la misma y conforme a los criterios jurisprudenciales dispuestos para tal efecto?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n sentencia del 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera de esta Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima (...). Adicionalmente, en la referida sentencia de unificación se dejó claro que “para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva”. (...) [S]e deduce que el reconocimiento efectuado por el a quo respecto de los perjuicios morales se realizó conforme a la jurisprudencia unificada de la corporación.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la indemnización de perjuicios morales por muerte, consultar providencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
DAÑO EMERGENTE / CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE / ACTUALIZACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / ACTUALIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / ACTUALIZACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / SERVICIO FUNERARIO / PAGO DEL SERVICIO FUNERARIO / GASTOS DEL SERVICIO FUNERARIO / FACTURA DE VENTA / EXPEDICIÓN DE LA FACTURA DE VENTA / MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer perjuicios materiales por daño emergente a favor de la compañera permanente del fallecido, por el pago de los gastos funerarios de la víctima?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la demanda se solicitó por concepto de daño emergente, la suma de $8.000.000 (...) por concepto de “gastos funerarios”. (...) [E]l daño emergente corresponde a una pérdida patrimonial sufrida con la consiguiente necesidad para el afectado de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. De conformidad con lo anterior, para la Sala está acreditada la erogación efectuada por la parte demandante, pues la factura de venta expedida (...) es un documento idóneo para acreditar que (...) [la demandante] canceló la suma de $4.800.000 por servicios funerarios para la época en que falleció su compañero permanente (...). Así las cosas, el valor de los gastos funerarios será actualizado aplicando para tal efecto la fórmula utilizada por esta Corporación (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de daño emergente, consultar providencia de 9 de julio de 2013, Exp. 21564, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / PÉRDIDA DE COSAS MATERIALES
Problema jurídico:
¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial presentado por la parte demandante para acreditar el daño emergente proveniente de la pérdida de la motocicleta de propiedad de la víctima fallecida?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e advierte que el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil señala que, para otorgar valor probatorio a la prueba pericial, el dictamen debe ser claro, preciso y detallado. Sumado a ello, el artículo 241 de la misma normativa dispone que el juez deberá analizar la conducencia de la prueba pericial en relación con el hecho que se pretende probar; la competencia del perito, esto es, que sea un experto en la materia técnica analizada; que no haya motivos para dudar de su imparcialidad; que no se acredite objeción por error grave; que esté debidamente fundamentado con conclusiones claras y precisas; que se haya permitido su contradicción y que otras pruebas no lo desvirtúen. Según lo expuesto, se observa que el peritaje rendido (...) carece de eficacia probatoria por cuanto: i) se desconoce la profesión o experiencia de la perito, lo cual impide tener certeza de su idoneidad o competencia para rendir el dictamen, pues no se tiene conocimiento si era experta en la materia técnica analizada (valor de la moto); ii) el dictamen fue presentado por (...) [la perito] de “inmobiliaria vivir”, lo cual indica a la Sala que la experiencia de la perito era en el sector inmobiliario y no en el automotor; iii) la perito estableció que con la pérdida total de la motocicleta (...) de propiedad de (...) [la víctima] se ocasionó un lucro cesante de $1.660.000 “porque era la rentabilidad e intereses dejados de percibir por los afectados o propietarios del vehículo objeto de avalúo a partir del 16 de octubre de 2009”, no obstante, la perito se limitó a manifestar una cifra sin explicar la razón por la cual la pérdida de la motocicleta generó una merma de ingresos económicos, pues no se demostró que era utilizada para una actividad comercial de transporte u otra que generara rentabilidad para su único propietario que era el señor (...). Por lo anterior, el dictamen pericial atrás referido carece de eficacia probatoria por cuanto no satisfizo las prerrogativas dispuestas en los artículos 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241
DAÑO EMERGENTE / VALORACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / FALTA DE PRUEBA / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PÉRDIDA DE COSAS MATERIALES / ACCIDENTE DE TRÁNSITO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer indemnización de perjuicios materiales por el daño emergente derivado de la pérdida de la motocicleta de propiedad de la víctima fallecida?
Respuesta al problema jurídico: No
En la demanda se solicitó por concepto de daño emergente, (...) el valor de la “motocicleta de propiedad de (...) [la víctima]". (...) [L]a Sala encuentra que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga de la prueba, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el perjuicio que se alega requiere de prueba, cuya omisión por la parte demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia del detrimento reclamado y, por tal razón habrá de revocarse el reconocimiento que efectuó el Tribunal Administrativo de Casanare en cuanto al daño emergente por la pérdida de la motocicleta (...) de propiedad de (...) [la víctima].
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / CONCEPTO DE LUCRO CESANTE / PRESUPUESTOS DEL LUCRO CESANTE / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El lucro cesante se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, el cual, requiere para su reconocimiento e indemnización que sea cierto y existente?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados. Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que procedan el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste debe ser cierto y existente, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba ayuda económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el lucro cesante, sus presupuestos y naturaleza, consultar providencias de 1 de marzo de 2006, Exp. 17256, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 21 de mayo de 2007. Exp. 15989, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE AYUDA ECONÓMICA SUFRIDA POR MUERTE DE LA VÍCTIMA / COMPAÑERO PERMANENTE / HIJO / HIJO SUPÉRSTITE / DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS HIJOS / PRESUNCIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS HIJOS / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACREDITACIÓN DEL LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CONDENA EN ABSTRACTO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante a favor de los familiares del fallecido, por la totalidad de los emolumentos que hubieran podido recibir como apoyo económico de la víctima, aunque no se encuentre acreditado el monto de lo percibido por la misma antes de su fallecimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a parte demandante solicitó por lucro cesante, la suma de $2.262.000.000 (...). Para liquidar este concepto y en punto al ingreso base de liquidación se deben aplicar los criterios expuestos en la sentencia de unificación de 18 de julio de 2019 en los que se esbozó que el incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales procede siempre que: “i) así se pida en la demanda y ii) [que] se pruebe suficientemente que el afectado con la medida trabajaba como empleado al tiempo de la detención, pues las pretensiones sociales son beneficios que operaran con ocasión de una relación laboral subordinada”. Igualmente, también debe de aplicarse la jurisprudencia de la Corporación en la que se ha reconocido la presunción según la cual los padres contribuyen al sostenimiento económico de sus hijos hasta que estos alcanzan los 25 años de edad en virtud de la obligación alimentaria contenida en el numeral 2 del artículo 411 del Código Civil, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso. Finalmente, se deben tener en cuenta los dos criterios que la Sección Tercera de esta Corporación ha tenido para conceder el lucro cesante en favor del cónyuge y/o compañero permanente de la víctima, en caso de muerte, a saber, i) cuando es posible inferir que debido a su estado de necesidad, el solicitante estaba recibiendo una suma de dinero, de manera periódica, proveniente de la persona que falleció; es decir, en los eventos en los que se acredita la dependencia económica del cónyuge y/o compañero permanente, de lo cual se infiere que la víctima hubiese destinado un porcentaje de sus ingresos para su sostenimiento, de forma continua, hasta el instante de su muerte; y ii) en el evento de que sigan con vida los beneficiarios directos de la contribución -en dinero o en especie- que la persona fallecida suministraba al hogar. Así pues, esta Corporación ha otorgado indemnizaciones por concepto de lucro cesante en los casos en los que el cónyuge y/o compañero permanente debe contratar a una persona para que se dedique al cuidado de los hijos, quienes dependían de la protección de la persona fallecida. (...) De acuerdo con (...) [los] elementos materiales probatorios y en ejercicio de una valoración integral de los mismos, se tiene que si bien no dan cuenta de forma específica y clara de los ingresos de (...) [la víctima fallecida], si acreditan que éste era un reconocido artista de música y del folclor llanero, y que en tal virtud realizaba presentaciones artísticas y participaba de distintos eventos culturales como jurado y artista invitado, de todo lo cual recibía unos honorarios superiores al SMLMV (...). En otras palabras, en el presente proceso se advierte que el lucro cesante se encuentra probado, pero se ignora el quantum indemnizatorio, pues se desconoce qué ganancias percibía la víctima por el ejercicio de su actividad artística para el momento en que falleció, toda vez que las presentaciones musicales o artísticas eran esporádicas. Así pues, se dispondrá de una condena en abstracto para liquidar el lucro cesante de la actividad económica que ejercía (...) [el demandante], en el marco de lo cual la parte actora deberá acreditar cuáles eran los ingresos percibidos (...) por el ejercicio de sus actividades artísticas. Para tal efecto, mediante incidente, el a quo deberá requerir a la parte demandante para que aporte todos los medios probatorios válidos que acrediten los ingresos mensuales percibidos en los últimos 12 meses de vida de (...) [la víctima]. Una vez verificado lo anterior, deberá calcular la suma dejada de percibir por las víctimas con la muerte del señor (...), la cual se obtendrá del promedio de lo percibido en el año anterior a la muerte de la víctima. Para ello, el Tribunal Administrativo de Casanare deberá tener en cuenta todas las reglas fijadas por el Consejo de Estado para reconocer el lucro cesante a la compañera permanente y a los hijos mayores de 25 años de edad (...). Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la parte demandante no acredite los ingresos (...) con base en los parámetros fijados anteriormente, el a quo deberá liquidar dicho rubro con el SMLMV para la fecha en que se resuelva el incidente de liquidación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos para conceder el lucro cesante en favor del cónyuge y/o compañero permanente de la víctima, en caso de muerte, consultar providencia de 30 de marzo de 2017, Exp. 29937, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 27 de junio de 2017, Exp. 33945B, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 13 de noviembre de 2018, Exp. 44141, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 12 de agosto de 2019, Exp. 50699, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 8 de mayo de 2019, Exp. 46996, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Acerca de la presunción según la cual los padres contribuyen al sostenimiento económico de sus hijos hasta que estos alcanzan los 25 años de edad, consultar providencia de 18 de marzo de 2010, Exp. 17047, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En relación con la liquidación del lucro cesante, consultar providencias de 18 de julio de 2019, Exp. 44572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 11 de noviembre de 2020, Exp. 50349, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 13 de agosto de 2021, Exp. 49571, C.P. Nicolás Yepes Corrales.