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Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición
Sentencia — Sentencia
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000232600020070066101
ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición? No
El contratista no puede acreditar el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición, ya que no existen elementos probatorios que demuestren que la funcionaria actuó con intención de desviar el poder para fines distintos a los del buen servicio. El tribunal revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de una de las funcionarias demandadas, pero confirma que no se acreditó el dolo ni la desviación de poder, al no haberse presentado pruebas que indiquen que la conducta de las servidoras públicas fue desplegada con propósitos distintos a los del buen servicio. Este precedente reitera la necesidad de presentar pruebas idóneas y trasladadas al proceso para demostrar la conducta dolosa del agente estatal, y confirma que documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-11-21
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 88001233300020180001002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que el juez de lo contencioso administrativo resuelva la pretensión de liquidación judicial del contrato, esta debe tener como causa un conflicto o litigio entre las partes en torno al balance de cuentas de la relación negocial? Sí
El contratista no puede solicitar la liquidación judicial del contrato ante el juez de lo contencioso administrativo si no existe un conflicto o litigio entre las partes relacionado con el balance de cuentas de la relación negocial, ya que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede intervenir en casos donde la administración no ha agotado sus facultades unilaterales previstas en la ley para resolver controversias y liquidar contratos. La entidad estatal tiene la obligación de ejercer sus potestades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, y su omisión en este sentido genera una consecuencia jurídica que puede ser objeto de control judicial. La Sala reitera que el juez puede pronunciarse de oficio sobre los presupuestos necesarios para proferir una decisión de fondo, lo que implica que debe verificar si la administración ha agotado sus facultades antes de someter el caso a la jurisdicción. Esto limita la intervención judicial en casos donde la administración no ha cumplido con sus obligaciones legales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las entidades públicas tienen potestades unilaterales consagradas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 de 2011…
¿El legislador dotó a las entidades públicas de diversas prerrogativas, les otorgó la facultad de interpretar, modificar y terminar unilateralmente los contratos cuando la prestación del servicio…
¿Procede la condena en costas en eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Se impone revocar la decisión que se adoptó en la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020160051501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la…
¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales?
¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción
Sentencia — Sentencia
2022-03-04
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020090088801
ACCION CONTRACTUAL
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos? Sí
El contratista debe ejercer su derecho de acción dentro del término de caducidad, un límite temporal perentorio y preclusivo que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni suspende, salvo en casos específos como la conciliación extrajudicial. En contratos estatales que requieren liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato. Los contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, son objeto de liquidación que debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de forma unilateral por la entidad estatal, con el fin de determinar el estado económico final del contrato y finiquitar la relación negocial. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes, estableciendo claramente los plazos y procedimientos para la liquidación y ejercicio de acciones en contratos estatales, lo que implica una mayor certeza jurídica en la administración de contratos públicos.síntesis automática
También resuelve:
¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a…
¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación…
¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes…
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: se debió acceder a la solicitud de liquidación judicial del contrato
Salvamento voto — Salvamento de voto
2023-02-10
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 88001233300020180001002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debió acceder a la solicitud de liquidación judicial del contrato? Sí
Considero que en el presente caso se debió, como mínimo, acceder a la solicitud de liquidación judicial del contrato, aunque, respecto del incumplimiento, éste podía igualmente examinarse y resolverse en el fallo. En todo caso, incluso bajo la premisa defendida por la Sala, de que la administración no cumplió con la función de declarar tal incumplimiento –lo que también generaba efectos jurídicos-, podía establecerse, por ejemplo, que a raíz de esa omisión, la inobservancia alegada por la actora no logró acreditarse en el juicio, lo que en todo caso no impedía liquidar judicialmente el contrato objeto de litigio, a lo cual debía procederse por estar dados los presupuestos para ello.
También resuelve:
¿El hecho de que la administración ostente determinadas prerrogativas públicas no le impide al juez del contrato definir la materia objeto de controversia?
¿El juez del contrato estatal goza de competencia para resolver todas las pretensiones que, en el marco del medio de control de controversias contractuales, se formulen en la demanda?
¿La liquidación unilateral procede cuando las partes no la efectúen de mutuo acuerdo?