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Consejo de Estado Providencia

Caducidad de la acción: Sentencia

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Fecha
2022-03-18
Radicado
25000232600020090106302
Número interno
50863
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU
Demandado
ACI PROYECTOS S.A.

Síntesis de la providencia

Caducidad de la acción: Sentencia

Relevancia Reitera la jurisprudencia de esta Corporación.

Lo que dijo la Sala

Reiteradamente, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que la caducidad corresponde a una figura jurídica, de orden público, a través de la cual el legislador limita bajo parámetros razonables el espacio temporal en que toda persona puede acceder a la jurisdicción en ejercicio de su derecho de acción, evitando que las situaciones jurídicas respecto de las cuales exista una controversia permanezcan indefinidas en el tiempo; de manera que, una vez transcurrido el límite temporal dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción, la caducidad opera como medio extintivo del mismo.… Por tanto y como institución procesal de orden público, la figura de la caducidad apunta a la protección de un interés general, representado en la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso, al determinar que, el derecho al acceso a la administración de justicia exige a su vez un ejercicio oportuno y diligente de la acción…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede interponer una acción de controversias contractuales una vez que ha transcurrido el plazo de dos años desde la realización de la liquidación bilateral o unilateral del contrato, o desde la expiración del término para que la entidad realice la liquidación unilateral, lo que implica que la caducidad de la acción es una figura jurídica de orden público que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, operando como medio extintivo del derecho de acción una vez que se ha cumplido el límite temporal establecido. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la caducidad es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, y que el juez debe declararla de oficio si se ha configurado, independientemente de la voluntad de las partes.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos, y que debe ser declarado de oficio por el juez ante su observancia en el proceso?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 164

También resuelve

  • ¿La acción de controversias contractuales, en los contratos que deben ser liquidados, caduca al paso de dos años contados desde el momento de haberse realizado la liquidación bilateral o unilateral…
  • ¿La liquidación del contrato estatal deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes, dentro del plazo que ellas hayan pactado o, en su defecto…
  • ¿Debe declararse la caducidad de la acción de controversias contractuales, cuando se observa que si bien se elaboró un acta de liquidación bilateral antes de vencido el término para tal efecto…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DERECHO DE ACCIÓN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INTERÉS GENERAL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONTRATO DE CONSULTORÍA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL RECUENTO JURISPRUDENCIAL CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONDUCTA DE LA PARTE DEMANDANTE CONDUCTA DE LAS PARTES BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

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Titulación de la relatoría 18.058 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INTERÉS GENERAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Problema jurídico: ¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos, y que debe ser declarado de oficio por el juez ante su observancia en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Reiteradamente, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que la caducidad corresponde a una figura jurídica, de orden público, a través de la cual el legislador limita bajo parámetros razonables el espacio temporal en que toda persona puede acceder a la jurisdicción en ejercicio de su derecho de acción, evitando que las situaciones jurídicas respecto de las cuales exista una controversia permanezcan indefinidas en el tiempo; de manera que, una vez transcurrido el límite temporal dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción, la caducidad opera como medio extintivo del mismo. (...) Por tanto y como institución procesal de orden público, la figura de la caducidad apunta a la protección de un interés general, representado en la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso, al determinar que, el derecho al acceso a la administración de justicia exige a su vez un ejercicio oportuno y diligente de la acción, por lo que en aquellos casos en que la misma se ha configurado, no puede iniciarse válidamente el proceso ante la pérdida de la facultad de acceder a la jurisdicción. (...) De esta forma, el fenómeno de la caducidad y su eventual configuración, corresponde a un presupuesto del derecho de acción, invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, sujeto únicamente a la ocurrencia del hecho definido en la ley y el consecuente paso del tiempo, y que, por tanto, debe ser analizado por el juez al momento de dictar sentencia como verificación de un elemento esencial y preexistente para poder decidir el fondo del asunto, y que incluso es susceptible de ser analizado y advertido de oficio en la sentencia, tal como es dispuesto por el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo aplicable al presente asunto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el fenómeno jurídico de la caducidad, consultar providencias de 9 de mayo de 2012, Exp. 21906, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 7 de febrero de 2013, Exp. 0833-10, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; de 19 de julio de 2017, Exp. 57932, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 17 de agosto de 2017, Exp. 51667, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONTRATO DE CONSULTORÍA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales, en los contratos que deben ser liquidados, caduca al paso de dos años contados desde el momento de haberse realizado la liquidación bilateral o unilateral, o vencido el término inicial para que la entidad realizara la liquidación unilateral sin haberlo hecho? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a acción contractual, en los contratos que deben ser liquidados como el contrato de consultoría (...), bajo la vigencia del CCA e incluso antes de la expedición de la Ley 446 de 1998, caduca transcurridos dos (2) años desde el momento de haberse (i) realizado la liquidación bilateral o unilateral, o (ii) vencido el término inicial para que la entidad realizara la liquidación unilateral sin haberlo hecho, (…) sin que sea viable para las partes bilateralmente, o para la entidad de forma unilateral, rehabilitar, revivir o reabrir los términos para la interposición de los medios de control que ya han caducado, y que (...) son invariables, irrenunciables, improrrogables e insubsanables. (...) Lo contrario, sería permitir que el término de caducidad de la acción contractual quedara sujeto a la voluntad de las partes del contrato (o una de ellas), quienes después de haber transcurrido el plazo objetivo legal de la caducidad sin haber liquidado el contrato, 5, 10 o 20 años después podrían hacerlo a discreción para revivir las acciones derivadas del negocio jurídico, contrariando el sentido y finalidad misma de la caducidad, consistente precisamente en impedir que las situaciones jurídicas debatidas permanezcan indefinidas en el tiempo. (...) Por consiguiente, en tanto y en cuanto la ley determina que en aquellos contratos que requieran de liquidación, y ésta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, el término de caducidad de dos (2) años inicia su cómputo una vez cumplido el término para la liquidación bilateral y unilateral, transcurrido ese término sin que el contrato fuere liquidado, y por tanto, habiendo operado la caducidad de la acción, la celebración -o expedición- de un acta de liquidación de manera alguna puede revivir las acciones derivadas del cumplimiento o incumplimiento del negocio jurídico (...). NOTA DE RELATORÍA: Acerca del cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, consultar providencias de 3 de marzo de 1989, Exp. 5453; de 8 de junio de 1995, Exp. 10684, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 22 de junio de 1995, Exp. 9965, C.P. Daniel Suarez Hernández; de 1 de agosto de 2000, Exp. 11816, C.P. María Elena Giraldo Gómez. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RECUENTO JURISPRUDENCIAL Problema jurídico: ¿La liquidación del contrato estatal deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes, dentro del plazo que ellas hayan pactado o, en su defecto, dentro de los 4 meses siguientes a la finalización del contrato, y de no ser posible dicha liquidación bilateral, deberá realizarla la entidad en forma unilateral a través de acto administrativo, dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo para efectuarla de común acuerdo, circunstancias de cuya ocurrencia dependerá el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e recuerda cómo el Decreto Ley 222 de 1983 no precisó el tiempo dentro del cual debía agotarse la etapa de liquidación de los contratos; por ello, fue también la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación quien suplió dicho vacío legal, determinando que la liquidación del contrato por mutuo acuerdo debía realizarse dentro de un término plausible o razonable de cuatro (4) meses contado a partir del vencimiento del plazo del contrato, momento a partir del cual la entidad contratante debía proceder con la liquidación unilateral, añadiendo posteriormente que la administración tenía competencia para liquidar el contrato en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral, término que tomó de la figura del silencio administrativo. (...) Con posterioridad, y tal y como ocurrió con el término de caducidad de la acción contractual, el legislador adhirió a los lineamientos antes indicados pero ahora en relación con los términos que debían observar las partes para la liquidación del contrato, de forma que la Ley 80 de 199342 acogió como fórmula para suplir la voluntad de las partes en la materia, el término de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral y, luego, la Ley 446 de 1998 (...) modificó con su artículo 44 el artículo 136 del CCA, [y] adoptó el período sucesivo de dos (2) meses para la liquidación unilateral. (...) No obstante, fijados los plazos para la liquidación bilateral o unilateral por la jurisprudencia y posteriormente por el legislador, surgió también la discusión en relación con (i) su naturaleza, esto es, si tales plazos eran de carácter perentorio o preclusivo, o si por el contrario eran solo indicativos, así como respecto a (ii) la repercusión o no, en el término de caducidad, de la liquidación realizada por fuera de tales plazos (liquidación extemporánea). (...) Respecto del primer asunto discutido, es decir, la naturaleza perentoria o meramente indicativa de los plazos de cuatro (4) y dos (2) meses para la liquidación bilateral y unilateral, (...) la jurisprudencia del Consejo de Estado concluyó que las partes podían liquidar el contrato de común acuerdo, o la administración de manera unilateral, hasta el vencimiento del término de caducidad de la respectiva acción contractual, el cual es de dos (2) años contados a partir del vencimiento del término indicativo de seis (6) meses para realizar la liquidación del contrato, posición que venía siendo expuesta por la Sección Tercera de esta Corporación incluso desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998. (...) Lo anterior, fue finalmente confirmado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la cual modificó la Ley 80 de 1993, y dispuso expresamente que vencido el término de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral – o el pactado por las partes-, así como el período subsiguiente de dos (2) meses para la liquidación unilateral sin que se haya realizado, la misma podrá ser realizada, “de mutuo acuerdo o unilateralmente”, en cualquier tiempo, pero dentro de los dos años siguientes (...). Por otra parte, en relación con la repercusión en el término de caducidad de la liquidación realizada por fuera de los plazos de cuatro (4) y dos (2) meses para la liquidación bilateral y unilateral, (...) la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, (...) recogió parcialmente su jurisprudencia para establecer de forma unificada que, en el evento en que la liquidación bilateral del contrato se haya practicado luego de vencido el término pactado o supletorio para su adopción por mutuo acuerdo (4 meses) y del período para proferirla unilateralmente (2 meses), pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo del término de caducidad de la acción contractual inicia a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la oportunidad para realizar la liquidación bilateral y unilateral del contrato estatal, y su incidencia en el cómputo de la caducidad, consultar providencias de 29 de enero de 1988, Exp. 3615, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 30 de marzo 1996, Exp. 11759, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 22 de junio de 2000, Exp. 12723, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 13 de julio de 2000, Exp. 12513, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 22 de febrero de 2001, Exp. 13682, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 16 de agosto de 2001, Exp. 14384, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 15 de septiembre de 2011, Exp. 41154, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 13 de junio de 2013, Exp. 25439, C.P. Enrique Gil Botero; de 24 de julio de 2013, Exp. 24054, C.P. Enrique Gil Botero; de 24 de julio de 2013, Exp. 42002, C.P. Enrique Gil Botero; de 9 de septiembre de 2013, Exp. 47610, C.P. Enrique Gil Botero; de 16 de julio de 2015, Exp. 53161, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 01 de agosto de 2019, Exp. 62009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, de 1 de diciembre de 1999, Rad. 1230, C.P. Augusto Trejos Jaramillo; de 31 de octubre de 2001, Rad. 1365, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce; de 6 de agosto de 2003, Rad. 1453, C.P. Augusto Trejos Jaramillo; de 28 de junio de 2016, Rad. 2253, C.P. Álvaro Namén Vargas. Acerca de la imposibilidad de revivir los términos de caducidad, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-115 de 1998. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO LEY 222 DE 1983, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONDUCTA DE LA PARTE DEMANDANTE / CONDUCTA DE LAS PARTES Problema jurídico: ¿Debe declararse la caducidad de la acción de controversias contractuales, cuando se observa que si bien se elaboró un acta de liquidación bilateral antes de vencido el término para tal efecto, la entidad pública expresamente decidió diferir su consentimiento en el tiempo y solo procedió a su firma cuando se aclararon las circunstancias que le impedían considerar que el contratista era un contratante cumplido, consideraciones que no pueden ser obviadas por el juez de cara a la caducidad de la acción, por lo que se debe entender que la demanda fue interpuesta años después de haberse cumplido el término legal respectivo? Respuesta al problema jurídico: Si Obra en el expediente el Acta (...) de terminación del contrato de consultoría (...), en la cual se especifica como fecha de terminación efectiva el día 30 de abril de 2005. Por tanto, los dos (2) años para que operara la caducidad de la acción, transcurrirían partir del 31 de octubre de 2005, hasta el 31 de octubre de 2007, momento en el cual: (i) de no haberse realizado la liquidación del contrato antes de esa fecha, la acción habría caducado para el 1 de noviembre de 2007; o (ii) de haberse liquidado el contrato entre ese lapso, la acción caducaría dos (2) años después de realizada dicha liquidación. (...) [L]a Sala encuentra que en el presente asunto la demanda fue interpuesta años después (2009) de haber caducado la acción (2007), pues está probado que aun cuando el acta de liquidación tiene fecha del 29 de octubre de 2007, lo cierto es que para el 14 de octubre de 2008, esto es, transcurridos cuarenta y dos (42) meses desde la terminación del contrato, no existía un acuerdo sobre su liquidación, como tampoco se había adoptado por la administración un acto de liquidación unilateral, pues las pruebas exhiben que si bien se elaboró un acta de liquidación bilateral, la entidad pública expresamente decidió diferir su consentimiento en el tiempo y solo procedió a su firma cuando se aclararon las circunstancias que le impedían considerar que el contratista era un contratante cumplido, consideraciones que no pueden ser obviadas por el juez de cara a la caducidad de la acción, en tanto el lapso de tiempo que transcurrió hasta su firma, fue productor de efectos jurídicos. (...) En consecuencia, en tanto y en cuanto le asiste razón al Tribunal a quo, quien declaró probada la caducidad de la acción, conllevando a la imposibilidad de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto por carecer la demanda de uno de los requisitos de procedibilidad de la acción, la decisión de primera instancia será confirmada. BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / CONDUCTA DE LA PARTE DEMANDANTE / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Resulta contraria a la buena fe debida entre las partes del contrato, sujetar la firma del acta de liquidación como mecanismo de presión para que el contratista cumpliera con las obligaciones que en su criterio seguían incumplidas, para, finalmente, firmarla de manera ante fechada con el solo efecto de evitar la caducidad de la acción? Respuesta al problema jurídico: Si [I]nterpretando el acervo probatorio antes indicado, la Sala infiere que fue voluntad del IDU sujetar la firma del acta de liquidación como mecanismo de presión para que el contratista cumpliera con las obligaciones que en su criterio seguían incumplidas, para, finalmente, firmarla de manera ante fechada con el solo efecto de evitar la caducidad de la acción. (...) Tal actuación de la entidad, resulta reprochable por cuanto es abiertamente contraria a la buena fe debida entre las partes, principio que se instaura como valor ético de la confianza aplicable a toda clase de relación jurídica por mandato de la Constitución Política, que corresponde a un principio orientador de la actividad contractual estatal, tanto en la etapa de formación del contrato como en la de su ejecución y liquidación en consideración al interés público que se encuentra comprometido, y que resulta lesionado cuando la entidad pública pretende desconocer la confianza vertida en la suscripción de un documento, que por su naturaleza bilateral no podría quedar a su discreción firmar, para desconocer el consentimiento propiciado en la suscripción del acta por el contratista, utilizando la decisión de firmarla como una herramienta de manipulación.
Texto extraído del PDF oficial 76.617 caracteres
1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022) Expediente: 25000-23-26-000-2009-01063-02 (50863) Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Demandado: ACI PROYECTOS S.A. Medio de control: Controversias contractuales (Artículo 87 del CCA) Asunto: Sentencia de segunda instancia Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se declaró la caducidad de la acción. Solicita la entidad de mandante que se declar e el incumplimiento del contrato de consultoría celebrado con la sociedad demandada y, en consecuencia, se ordene la indemnización de los perjuicios causados por cuenta de los mayores valores pagados por la demandante en el contrato de obra que tenía por objeto construir las obras diseñadas bajo el contrato de consultoría. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la sentencia proferida el 30 de enero de 2014, mediante la cual se declaró la caducidad de la acción contractual iniciada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), cuyas (i) pretensiones, (ii) hechos principales y (iii) fundamentos de derecho se exponen a continuación. La demanda 2. El 18 de diciembre de 20091, el IDU, en ejercicio de la acción de controversias contractuales de que trata el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (CCA)2, entabló proceso contencioso en contra de la sociedad comercial ACI PROYECTOS S.A., solicitando declarar que esta última incumplió el contrato de consultoría No. 045 de 2004 por deficiencias encontradas en los estudios y diseños elaborados como parte de su objeto, y que, como consecuencia del incumplimiento, se generaron unos perjuicios concretados en el mayor valor pagado por el IDU en el subsiguiente contrato de obra, avaluados al momento de la presentación de la demanda en cuatro mil seiscientos noventa y un millones trescientos veintidós mil 1 Cuaderno No. 1, folios 1 y 44 reverso. 2 Decreto 01 de 1984. Artículo 87. Modificado por el art. 17 del Decreto 2304 de 1989 y el artículo 32, Ley 446 de 1998. “Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.” Radicación: 25000-23-26-000-2009-01063-02 (50862) Actor: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Demandado: ACI PROYECTOS S.A. Referencia: Controversias contractuales 2 ochenta pesos con ochenta y cinco centavos ($4.691.322.080,85), más los correspondientes intereses moratorios. 3. Textualmente, la Entidad demandante solicitó3: PRIMERA: Que se declare que la sociedad comercial A. C. l. PROYECTOS S. A. incumplió el contrato administrativo No. 045 de 2004 celebrado con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU", por deficiencias y faltantes encontradas en el producto de Estudios y Diseños entregado en cumplimiento del objeto del mencionado contrato. SEGUNDA: Que se declare que como consecuencia del incumplimiento a que se hace referencia en el numeral anterior, se generaron unos perjuicios a la persona pública contratante, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "/DU", concretados en el mayor valor pagado por el IDU por concepto de estudios y diseños adicionales, y en un mayor costo en la ejecución del contrato de obra para el IDU, causado por (i) el retraso en la ejecución de las obras y la consecuente ampliación del plazo del contr ato de obra por el retardo en la entrega de los diseños de redes, (ii) el consecuente aumento en el valor de la interventoría contratada del contrato de obra y en la supervisión de la misma por el IDU, (iii) la ejecución de obras adicionales que no se contemplaron por las deficiencias y faltantes de los diseños, y (iv) el costo adicional de los Planes de Manejo de Tráfico. TERCERA: Que como consecuencia de la declaración del incumplimiento antes mencionado, se condene a la sociedad demandada a cancelar en favor de mi mandante la suma de cuatro mil seiscientos noventa y un millones trescientos veintidós mil ochenta pesos con ochenta y cinco centavos ($4.691.322.080.85) moneda corriente, valor de los costos adicionales en que tuvo que incurrir el IDU por los conceptos citados en la pretensión anterior. CUARTA: Que se condene a la sociedad demandada a pagarle a mi mandante sobre las sumas debidas, los intereses de mora más altos permitidos por las autoridades monetarias, sobre cada una de las sumas debidas, desde cuando se hicieron exigibles y hasta cuando se ejecute el pago. QUINTA: Que se condene a la sociedad demandada a efectuar la indexación de la suma de dinero que por razón de su incumplimiento contractual le adeuda al IDU, indexación que deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. SEXTO (sic): Condenar en costas a la sociedad demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. 4. El fundamento fáctico de la demanda es, en síntesis, el siguiente4: (i) El 6 de julio de 2004 se suscribió entre el IDU y ACI PROYECTOS S.A. el contrato de consultoría No. 045 de 2004 cuyo objeto consistía en " realizar los ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA AL LLANO ENTRE EL CAI YOMASA Y EL INICIO DE LA CONCESIÓN 3 Cuaderno No. 1, folios 16 y 17. 4 Cuaderno No. 1, folios 18 a 32. Radicación: 25000-23-26-000-2009-01063-02 (50862) Actor: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Demandado: ACI PROYECTOS S.A. Referencia: Controversias contractuales 3 BOGOTÁ- VILLAVICENCIO, EN BOGOTÁ D.C., de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones estipuladas en los Términos de Referencia…” (ii) El valor del contrato fue de mil doscientos setenta y cuatro millones ciento doce mil cuatrocientos veintisiete pesos ($1.274.112.427), y tenía un plazo de ejecución inicial de ocho (8) meses. (iii) La ejecución del contrato inició el 30 de agosto de 2004, su fecha de finalización fue el 30 de abril de 2005, y mediante acta No. 13 del 29 de octubre de 2007 se procedió con su liquidación bilateral, donde el IDU dejó varias salvedades en relación con la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del consultor5. (iv) El 28 de diciembre de 2005, el IDU celebró el contrato de obra No. 116 de 2005 con el CONSORCIO VÍAS DEL LLANO, con el objeto de " Ejecutar a precio global con ajustes, las obras requeridas para la ampliación y rehabilitación de la autopista al Llano entre el CAI YOMASA y el inicio de la Concesión Bogotá - Villavicencio en el tramo comprendido entre el K1+575 a K5+324, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones…”, por un valor de cuarenta mil quinientos noventa y tres millones quinientos sesenta mil ciento veintisiete pesos ($40.593.560.127). (v) El plazo de ejecución inicial del contrato de obra antes indicado era de diecinueve (19) meses divididos así: tres (3) meses para la etapa de preconstrucción, quince (15) meses para la etapa de construcción, y un (1) mes para el recibo de las obras ; sin embargo, presentó durante su primera etapa múltiples inconvenientes y retrasos originados, entre otras causas, por las falencias y deficiencias encontradas en los estudios y diseños elaborados como producto del contrato de consultoría No. 045 de 2004, las cuales están documentadas en los informes de la interventoría del contrato de obra y en los oficios remitidos al consultor. (vi) Las falencias de los estudios y diseños elaborados bajo el contrato de consultoría No. 045 de 2004 6, obligaron a que éstos tuvieren que ser ajustados y complementados por parte del contratista de obra durante el desarrollo del contrato No. 116 de 2005, generando sobrecostos en este último, particularmente, con ocasión de (a) el retraso en la ejecución de las obras y la consecuente ampliación del plazo del contrato de obra, (b) el aumento en el valor de la interventoría contratada para el contrato de obra, (c) la ejecución de obras adicionales y (d) el costo adicional de los Planes de Manejo de Tráfico. (vii) Como muestra de lo anterior, señaló el IDU que los estudios y diseños de redes húmedas fueron entregados en su versión definitiva por parte del consultor al 5 Entre otras, que “ La liquidación del contrato de Consultoría no releva al Consultor ni al interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes” y que “…si se evidencia incumplimiento a futuro el IDU se reserva el derecho de tomar las medidas legales pertinentes” 6 Se señala que las principales falencias encontradas correspondieron a: (i) la complementación del inventario forestal y actividades silviculturales; (ii) el ajuste a la geometría de la calle 95 sur; (iii) el diseño de estructuras de contención en los costados derecho e izquierdo de la vía; (iv) adquisición predial adicional; (v) los diseños de ACI no solucionaron la captación de aguas lluvias en la periferia oriental del corredor vial, y (vi) las soluciones geométricas propuestas a las bocacalles e intersecciones viales que no correspondían a la realidad de la topografía del terreno. Radicación: 25000-23-26-000-2009-01063-02 (50862) Actor: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Demandado: ACI PROYECTOS S.A. Referencia: Controv

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200901063021100103