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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL DE NULIDAD ABSOLUTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL DE NULIDAD ABSOLUTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL DE NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / ACCIÓN CONTRACTUAL DE NULIDAD ABSOLUTA / ENTIDAD ASEGURADORA / COMPAÑÍA DE SEGUROS / VACANCIA DE LA RAMA JUDICIAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que se demanda la nulidad absoluta del contrato estatal liquidado unilateralmente, se contabiliza desde el momento en que se celebra el negocio jurídico, por lo que, en el caso concreto, para la fecha de presentación de la demanda, se tiene que la acción ya se encontraba caducada, pese a que el último día del término se encontraba dentro de la vacancia judicial respectiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 136 numeral 10 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, vigente para la fecha en que inició el trámite de este proceso, la anulación del contrato tiene un supuesto distinto para la contabilización de los dos años que la ley fija para que la acción de controversias contractuales sea incoada en tiempo, desarrollado por el literal e) de la norma. De otra parte, cuando el contrato fue liquidado unilateralmente, como ocurrió en el sub lite, el cómputo se somete a lo ordenado por el literal d) (…). Conforme a este precepto, la aseguradora (…), como persona interesada en tanto garante del contrato de consultoría (…), podía demandar la nulidad total o parcial del mencionado negocio jurídico dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento, es decir, cuando se hubiere logrado el acuerdo sobre el objeto contractual y la respectiva contraprestación, y dicho acuerdo se hubiere elevado a escrito, según el inciso primero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. En este caso, ello ocurrió el veintiocho (28) de diciembre de dos mil cinco (2005), fecha en que se suscribió el contrato mencionado. Tomando la anterior fecha como punto de partida, esta Colegiatura encuentra que el término bienal habría culminado el veintinueve (29) de diciembre de dos mil siete (2007), día comprendido en la vacancia judicial del período 2007-2008. Interpretados de manera conjunta los artículos 121 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970, “CPC”), y 62 de la Ley 4 de 1913 “sobre régimen político y municipal”, cabe deducir que si el último día de un término judicial es feriado o vacante, este se extenderá hasta el primer día hábil, es decir, el viernes once (11) de enero de dos mil ocho (2008). Así las cosas, para el doce (12) de febrero de ese año, que fue el momento en que la demanda (…) fue presentada, la oportunidad para proponer pretensiones de nulidad del contrato señalado había fenecido. Por lo tanto, la decisión del Tribunal Administrativo sobre la caducidad de estas reclamaciones se mantendrá en esta instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad de la acción cuando el último día del plazo se encuentra comprendido en la vacancia judicial, consultar providencias de 1 de diciembre de 2011, Exp. 1198-10, C.P. Gerardo Arenas Monsalve; de 27 de enero de 2016, Exp. 48533, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 121, DECRETO 2282 DE 1989 - ARTÍCULO 1 NUMERAL 65, LEY 31 DE 1971 - ARTÍCULO 1, LEY 4 DE 1913 - ARTÍCULO 62, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿En torno a la formulación de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos contractuales, la caducidad de la acción de controversias contractuales, se contabiliza a partir de la ejecutoria del acto que liquidó unilateralmente el contrato, por lo que, dado que para la fecha de presentación de la demanda el término no había fenecido, se entiende que la acción no se encontraba caducada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n torno a la formulación de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos de caducidad del contrato, planteadas por la demanda (…), e incluidas, además de la nulidad de los actos de liquidación unilateral del contrato, como pretensiones subsidiarias de la reclamación judicial enervada (…), el conteo del término de caducidad es el establecido en el literal d) del artículo 136 del CCA (…). La decisión administrativa de liquidación unilateral del contrato (…) adquirió firmeza a partir del acto que resolvió el recurso de reposición contra la resolución 0456 del 26 de julio de 2007, es decir, a partir de la resolución 0616 del 26 de octubre de 2007. Si bien, en el expediente no obra constancia de ejecutoria o de notificación de este último acto, la Sala estima razonable contar el lapso bienal, para el ejercicio oportuno de la acción de controversias contractuales, desde la fecha de expedición de la última decisión aludida, habida cuenta de que, aun así, dicho plazo fenecería el 27 de octubre de 2009, y para entonces tanto la demanda de (…) [la sociedad] como la de (…) [la aseguradora] ya habían sido radicadas. Por lo tanto estas súplicas arribaron a la Jurisdicción en tiempo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 LITERAL D
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / PARTES DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO / ENTIDAD ASEGURADORA / COMPAÑÍA DE SEGUROS / INTERÉS DIRECTO / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Cuándo de la acción de controversias contractuales se trata, y esta procede contra los actos administrativos que se profieran en el marco de la actividad contractual, en principio, son las partes del contrato las legitimadas para instaurarla, no obstante, cuando el acto administrativo contractual declara el siniestro cubierto por la garantía única de cumplimiento contenida en una póliza de seguro, la compañía aseguradora que ampara los riesgos tiene interés directo en controvertir la legalidad de las decisiones administrativas unilaterales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Cuando de la acción de controversias contractuales se trata, y esta procede contra los actos administrativos que se profieran en el marco de la actividad contractual, en principio, son las partes del contrato las legitimadas para instaurarla. Sin embargo, cuando el acto administrativo contractual declara el siniestro cubierto por la garantía única de cumplimiento contenida en una póliza de seguro, la compañía aseguradora que ampara los riesgos tiene interés directo en controvertir la legalidad de las decisiones administrativas unilaterales.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la legitimación en la causa en la acción de controversias contractuales, consultar providencias de 18 de julio de 2007, Exp. 33476, C.P. Enrique Gil Botero; de 1 de febrero de 2012, Exp. 19331, C.P. Enrique Gil Botero; de 28 de junio de 2019, Exp. 44009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 26 de agosto de 2019, Exp. 45022, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 29 de noviembre de 2019, Exp. 46315, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL / FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL / FONDO DE DESARROLLO LOCAL / REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DISTRITO CAPITAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO / FACULTAD DEL ALCALDE PARA LA ORDENACIÓN DEL GASTO / ORDENACIÓN DEL GASTO / ORDENACIÓN DEL GASTO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL / ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ / ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL / DISTRITO CAPITAL / FACULTADES DE DISTRITO CAPITAL / COMPETENCIA DEL DISTRITO CAPITAL / COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ / FACULTADES DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ / FUNCIONES DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ / DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ / FUNCIONES DEL SECRETARIO DE DESPACHO DEL ALCALDE / SECRETARIO DE DESPACHO DEL ALCALDE
Problema jurídico:
¿La representación legal, judicial y extrajudicial, así como la ordenación del gasto de los fondos de desarrollo locales, corresponde al Alcalde Mayor del Distrito Capital, quien a su vez puede delegar tal función, como en el presente caso, en cabeza de los Secretarios de Despacho?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as juntas administradoras locales son autoridades que forman parte del sector descentralizado de la administración del Distrito Capital, y ejercen funciones en materia de servicios públicos y construcción de obras públicas, lo que envuelve la asignación de los recursos correspondientes, así como la aprobación del fondo de desarrollo de su localidad, previo concepto favorable del consejo distrital (artículos 5.3, 54, 61, 63.4, 69.4 y 69.5, Decreto ley 1421 de 1993). Estos fondos, cuyos recursos están destinados a la prestación de servicios y a la construcción de obras correspondientes, tienen personería jurídica y patrimonios propios (artículo 87, Decreto ley 1421 de 1993). No obstante, la representación legal y ordenación del gasto de los fondos de desarrollo locales le correspondía al Alcalde Mayor del Distrito Capital, quien, a su vez podía delegar tal función. Con el Decreto distrital 854 de 2001, el entonces Alcalde Mayor de Bogotá delegó en los Secretarios de Despacho —entre otros— la facultad de contratar, así como de ordenar gastos y pagos de los fondos de desarrollo local (artículo 35). Mientras que, con el Decreto distrital 311 de 2002, el Alcalde Mayor delegó asimismo en las Secretarías de Despacho la representación judicial y extrajudicial del Distrito Capital, (…),conservando, en todo caso, la facultad de reasumir sus competencias en materia de representación judicial, para asignársela a la oficina de asuntos judiciales de la secretaría general (artículo 15).
FUENTE FORMAL:
DECRETO DISTRITAL 311 DE 2002 - ARTÍCULO 15, DECRETO DISTRITAL 854 DE 2001 - ARTÍCULO 35, DECRETO LEY 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 5.3, DECRETO LEY 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 54, DECRETO LEY 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 61, DECRETO LEY 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 63.4, DECRETO LEY 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 69.4 , DECRETO LEY 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 69.5, DECRETO LEY 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 87
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / NATURALEZA JURÍDICA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO / INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES / REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La legitimación procesal es el presupuesto procesal referido a la aptitud de la persona para actuar válidamente en el proceso, mientras que la legitimación en la causa desarrolla el interés del convocado al asunto para formular o controvertir la pretensión, y la representación judicial alude al órgano o sujeto que acude al proceso en nombre de la respectiva persona jurídica de derecho público?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Sección ha precisado que la legitimación procesal es el presupuesto procesal referido a “la aptitud de la persona para actuar, válidamente, en el proceso, y esto implica, acudir a él por sí mismo y ejecutar los actos procesales propios de aquél”; mientras, la legitimación en la causa desarrolla el interés del convocado al asunto para formular o controvertir la pretensión (…); y la representación judicial alude al órgano o sujeto que acude al proceso en nombre de la respectiva persona jurídica de derecho público. (…) [C]uando, por ejemplo, sea demandada la Nación, pero esta no sea representada por la persona de mayor jerarquía de la entidad que expidió el acto o produjo el hecho —como le corresponde según el artículo 149 del CCA— no se estará ante un problema de falta de legitimación en la causa, sino de representación judicial. Mientras que, “por el contrario, estamos ante un problema de falta de legitimación en la causa, cuando se demanda a una persona de derecho público en particular, verbigracia la Nación, y quién debió ser demandado era otra persona, entiéndase un Municipio, un Departamento u otra entidad pública con personería jurídica”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la representación judicial y su diferenciación con la legitimación en la causa, consultar providencia de 25 de septiembre de 2013, Exp. 20420, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 149
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FONDO DE DESARROLLO LOCAL / CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ / FACULTADES DE LA ALCALDÍA / ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL / DISTRITO CAPITAL / ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ / COMPETENCIA DEL DISTRITO CAPITAL / ORDENACIÓN DEL GASTO / FACULTAD DEL ALCALDE PARA LA ORDENACIÓN DEL GASTO / ORDENACIÓN DEL GASTO PÚBLICO / ORDENACIÓN DEL GASTO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL / SECRETARIO DE DESPACHO DEL ALCALDE / FUNCIONES DEL SECRETARIO DE DESPACHO DEL ALCALDE / CONTRATACIÓN ESTATAL / SECRETARÍA DE GOBIERNO / SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL / COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Problema jurídico:
¿Cuentan con legitimación en la causa por pasiva en la presente acción de controversias contractuales, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Gobierno Distrital, como representantes del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, pese a que no suscribieron el contrato estatal materia del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto a la legitimación por pasiva, el Tribunal declaró la falta de este presupuesto considerando que, de acuerdo a la normatividad que desarrollaba los Fondos de Desarrollo Local (…), estos eran entidades públicas con personería jurídica y patrimonio propio, por lo que debieron ser demandadas directamente y “comparecer al proceso independientemente de quien tenga su representación legal y procesal”. Como la demanda fue explícitamente presentada contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, “que carece de personería jurídica y no (contra) el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, quien suscribió el contrato”, encontró que no se hallaba cumplido este requisito. Los apelantes se opusieron a estas consideraciones. (…) De acuerdo con el artículo 137.1 del CCA, toda demanda contencioso-administrativa debe contener la designación de las partes y de sus representantes legales. En el presente proceso, (…) [la demandante] designó como demandados a la “ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN REPRESENTACIÓN DEL FONDO LOCAL DE DESARROLLO (UNIDAD EJECUTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL) CONFORME LO DISPONE EL DECRETO 854 DE 2001”. Mientras, de forma independiente, (…) [la aseguradora] identificó como demandada a la “Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.”. Luego, fueron acumulados los procesos iniciados con las anteriores demandas, mediante auto (…) lo que supone la identidad de demandados, de acuerdo con los artículos 145 del CCA y 157.2 del CPC. No se presentó, pues, imprecisión alguna en la identificación de la demandada en el escrito introductorio presentado por (…) [la sociedad] y, si bien (…) [la aseguradora] fue imprecisa en la designación de la demandada, se advierte, desde el primer hecho de su demanda, que la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá actuó de acuerdo con las facultades para la contratación y ordenación de gasto que le confería el Decreto 854 de 2001, referido anteriormente. Y, en efecto, (...) los actos administrativos demandados fueron expedidos por el Secretario de Gobierno de la época, como delegatario de la gestión contractual de los fondos de desarrollo local. Más allá de cualquier imprecisión formal en la redacción de una de las demandas, las actoras enfocaron su reclamación contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y/o a la Secretaría de Gobierno de Bogotá en sus respectivos roles de representante legal y de delegatario del Fondo comprometido en el contrato sub judice. En otras palabras, no le han imputado procesalmente las pretensiones de la demanda a la Alcaldía o a la Secretaría de Gobierno, como si estas dependencias tuvieran personería jurídica o aptitud para comparecer por sí solas al juicio, sino que acuden en representación legal y judicial de la entidad que sí tiene capacidad procesal, esto es, el Fondo, que es el centro de imputación de las obligaciones y derechos que surjan con ocasión de los contratos celebrados por su vocero y representante legal. Bajo este entendido, fue declarada la acumulación de procesos en este asunto y operó la defensa de la demandada, quien nunca cuestionó su legitimación como parte y se pronunció sobre los fundamentos fácticos y jurídicos de las demandas. Por lo tanto, no era procedente la declaración de la falta de legitimación en la causa del extremo demandado. (...) Así las cosas, el Fondo está legitimado en la causa por pasiva, su representación legal y judicial estaba radicada en la Alcaldía Mayor de Bogotá, que en su momento delegó estas funciones en la Secretaría de Gobierno de dicha ciudad, y en consecuencia, la mención de estas dependencias en las demandas (…) estaba razonablemente justificada.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 145, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 157.2, DECRETO 854 DE 2001
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados al proceso en copia simple?
Respuesta al problema jurídico: Si
En vista de que hay elementos de prueba documentales aportados en copia simple, la Sala las tendrá en cuenta para decidir conforme lo han establecido, de forma unificada, la Sección Tercera en pleno y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar providencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero; y de 30 de septiembre de 2014, Exp. 2007-01081-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro
DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / RECONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / IRREGULARIDAD SUSTANCIAL EN EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / IRREGULARIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VICIOS EN LA FORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Aunque las garantías del debido proceso resultan aplicables a todos los procedimientos administrativos, incluyendo la fase previa o de formación de los actos administrativos sancionatorios contractuales, no toda irregularidad procedimental deriva necesariamente en la anulación de la decisión administrativa atacada judicialmente, ya que es necesario que la parte demandante demuestre la incidencia de la anomalía en el sentido del acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las garantías del debido proceso, aplicables a todos los procedimientos administrativos conforme al artículo 29 constitucional, cobijan la fase previa o de formación de los actos administrativos sancionatorios contractuales, dado que los administrados tienen derecho a ser oídos antes de que se tome una decisión, con el fin de controvertir y discutir los elementos que reúne la Administración de cara a la decisión que les afecta, como parte de las garantías mínimas previas derivadas de este derecho fundamental. (…) No obstante, esta Subsección ha considerado que no toda irregularidad procedimental deriva necesariamente en la anulación de la decisión administrativa atacada judicialmente, ya que es necesario que la parte demandante demuestre la incidencia de la anomalía en el sentido del acto administrativo, de suerte que deviene irrelevante el quebranto de las formas propias del respectivo trámite cuando este no influye en su conclusión. De esta forma, la aproximación del juez al acto administrativo con ocasión del control de su legalidad, no puede detenerse únicamente en la falencia procesal denunciada por el actor, sin tener en cuenta el contexto que lo sustenta (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas, consultar providencias de 29 de noviembre de 2019, Exp. 45068, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de la Corte Constitucional, C-1189 de 2005.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA EN LA AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / ÚLTIMA RATIO / DERECHO DE DEFENSA / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONSULTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
Problema jurídico:
¿Las resoluciones que declararon la caducidad del contrato de consultoría y, en consecuencia, los actos que liquidaron unilateralmente dicho contrato, son nulos, por violar el debido proceso, ya que la contratista no tuvo la oportunidad de controvertir los informes de interventoría en que se fundaron tales actos, siendo algunos de estos informes posteriores al acto administrativo confirmado en reposición, y no fue impuesta previamente la multa pactada, que era una medida menos gravosa que la caducidad?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]i bien se detecta que la parte demandada no dio aviso al contratista o a la aseguradora sobre el adelantamiento de un procedimiento administrativo para declarar la caducidad del contrato con base en los informes de la interventora, lo cierto es que no fue practicada prueba alguna que demuestre que la omisión de citación en la fase de formación del acto hubiese provocado que la Administración desoyera a la contratista o a la aseguradora, e impedido que estas aportaran o controvirtieran la decisión, de forma tal que, al no hacerlo, la demandada hubiera dejado de lado argumentos o elementos de prueba que habrían variado sustancialmente la medida adoptada. En consecuencia, los cargos por violación al debido proceso por ese motivo no están llamados a prosperar. (…) Por último, la Sala no coincide con la censura de la aseguradora según la cual la existencia de medidas menos gravosas a la caducidad contractual invalida la sanción impuesta. Según la norma vigente, esto es, el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la caducidad se impone cuando existen hechos constitutivos de incumplimiento grave del contrato, que logren afectar de forma grave y directa su ejecución, y evidencia que puede conducir a su paralización. Quiere ello decir que, pese a ser la facultad unilateral más grave que contempla el ordenamiento, la norma no precisa un criterio de “ultima ratio” distinto a la concurrencia de los presupuestos legales de su aplicación. En este caso, la motivación del acto permite deducir que por las fallas en las entregas y por haber arrimado productos técnicamente deficientes, (…) [la sociedad] incumplió gravemente el contrato celebrado, afectando notablemente su ejecución y generando una parálisis en la actividad administrativa que se pretendía satisfacer. Comoquiera que estos fundamentos no fueron eficazmente refutados por los demandantes, la Sala no encuentra procedente declarar la nulidad de las decisiones administrativas por requisitos no contemplados expresamente por la ley. En conclusión, los cargos analizados de violación del debido proceso no prosperan.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PROTECCIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / CALIDAD DEL PRODUCTO / GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO / GARANTÍA DE BIENES Y SERVICIOS / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / VICIOS REDHIBITORIOS / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PÓLIZA DE SEGURO / COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO / GARANTÍA CON EL CONTRATO DE SEGURO / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGO CONTRACTUAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuándo la Administración ejerce la prerrogativa de declarar unilateralmente la ocurrencia de un siniestro, con el propósito de hacer efectiva la garantía que ampara el cumplimiento contractual y proteger así el patrimonio público comprometido en la contratación, está sometida al principio de legalidad que, en sentido amplio, incluye la reglamentación de las leyes que desarrollan las clases y niveles de amparo de los riesgos contractuales, dentro de lo que se destaca la diferenciación entre el amparo de incumplimiento y el de calidad del servicio, dado que cubren riesgos diferentes, así como la distinción entre la responsabilidad contractual por vicios ocultos o redhibitorios y la responsabilidad por incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]sta Corporación ha precisado que cuando la Administración ejerce la prerrogativa de declarar unilateralmente la ocurrencia de un siniestro, con el propósito de hacer efectiva la garantía que ampara el cumplimiento contractual y proteger así el patrimonio público comprometido en la contratación del bien, obra, producto o servicio contratado, está sometido al principio de legalidad que, en sentido amplio, incluye la reglamentación de las leyes que desarrollan las clases y niveles de amparo de los riesgos contractuales, entre otros aspectos. Ha precisado también que, “[l]a garantía de calidad de los bienes o servicios precave los posibles perjuicios que pueda sufrir la Administración cuando se presenten vicios en el objeto contratado, que no fue posible detectar al momento de la entrega de los trabajos y que inciden en el cumplimiento de los fines previstos”, siendo el correcto funcionamiento de los bienes y servicios un aspecto de transcendental importancia en el derecho público y privado, al punto de ser amparados por el Estatuto del Consumidor, que en sus artículos 9, 11, 12 y 13 prevé la obligación a cargo de los proveedores, expendedores y productores, de garantizar la idoneidad y calidad de los bienes o servicios que ofrecen en el mercado. Al margen de las obligaciones de información y garantía a proveedores, expendedores y productores, que impone al vendedor el Estatuto del Consumir y del Usuario, de amparar al comprador contra los vicios jurídicos o materiales que puedan privarlo del ejercicio de su posesión o impedirle o disminuirle considerablemente el uso natural del bien, el comprador puede demandar la recisión del contrato o la rebaja del precio, y aun más, la indemnización de los perjuicios, según los artículos 1914, 1917 y 1918 del CC, y el artículo 943 del CCo., cuando el vendedor haya conocido o haya debido conocer los vicios del objeto en razón de su profesión de oficio. En todo caso, conforme al artículo 1915 del CC y la norma referida del estatuto mercantil, los vicios redhibitorios deben haber existido al momento de la venta, tener la entidad suficiente para impedir el uso natural de la cosa o servir imperfectamente, y haber sido desconocidos por el comprador sin negligencia grave de su parte, en la que incurre cuando pudieran ser conocidos con el simple examen de la cosa o pudieran haber sido conocidos fácilmente en razón de la profesión u oficio del comprador. Por otro lado, el incumplimiento, el cumplimiento imperfecto o el cumplimiento tardío de una obligación, por su parte, genera la obligación de indemnizar el daño emergente y el lucro cesante, de acuerdo con el régimen de culpa del contrato, definido en función de la parte contractual a la que este beneficie, de acuerdo con los artículos 1604, 1613 y 1614 del CC. La responsabilidad contractual derivada de los vicios ocultos o redhibitorios tiene así unos contornos particulares, que la diferencia de la responsabilidad por incumplimiento. En razón a ello, el amparo de incumplimiento y el de calidad del servicio cubren riesgos diferentes.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las garantías en el contrato de seguro, consultar providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 23 de junio de 1955, Gaceta Judicial, núm. 1254, pp. 448-455; y de 11 de octubre de 1977, M.P. Germán Giraldo Zuluaga; y de 6 de agosto de 2007, Exp. 13001-31-03-001-1999 00157-01.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 3466 DE 1982, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 943, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1613, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1614, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1914, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1915, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1917, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1918
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PAGO DEL SINIESTRO / RECONOCIMIENTO DEL SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA CON EL CONTRATO DE SEGURO / COBRO DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / GARANTÍA DE BIENES Y SERVICIOS / GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONSULTORÍA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / FALSA MOTIVACIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Las resoluciones y, en consecuencia, los actos que liquidaron unilateralmente el contrato de consultoría, son nulos, porque fueron proferidos con falsa motivación, se basaron en informes de interventoría contrariaros a la realidad, e hicieron efectivos los amparos de cumplimiento y calidad del servicio de forma simultánea?
Respuesta al problema jurídico: Si
[La aseguradora] depreca la nulidad de los actos demandados, porque estos hicieron efectivas, simultáneamente, dos garantías incompatibles. (…) En este asunto, el contrato de seguro contenido en la póliza única de cumplimiento (…) amparó de forma independiente el riesgo derivado del incumplimiento del derivado de la mala calidad del bien o servicio, siendo ambos supuestos de responsabilidad contractual con características diferenciadas (…). Del texto del contrato se desprende, además, que el amparo de calidad cubría vicios posteriores a la entrega del bien o servicio, por tratarse de perjuicios derivados de su uso en condiciones normales (ibidem); uso que, como es natural, no puede darse hasta el momento en el que este es recibido por el ente contratante. (…) Eran pues diferentes las obligaciones del asegurador derivadas del incumplimiento del contrato, a las derivadas de la mala calidad del bien o servicio. (…) En este asunto, con las resoluciones (…), tras declarar la caducidad del contrato (…), [se] hizo efectiva simultáneamente la póliza única de cumplimiento (…), por los riesgos de cumplimiento y de calidad del servicio, por el 100% del monto total de cada uno de tales amparos (…), en razón a: (i) la entrega tardía del producto núm. 1, que trajo consigo ajustes en el cronograma de entrega de los productos núm. 2 y 3; (ii) el incumplimiento en la entrega oportuna del producto núm. 2; (iii) la sustitución del personal a cargo de la ejecución del contrato sin concepto previo de la interventoría; (iv) el incumplimiento en la entrega de los planos de loteo contratados, siendo útil únicamente el 80% del levantamiento topográfico realizado; (v) la imposibilidad definitiva de entregar el objeto contratado en tiempo; y (v) los traumatismos en la prestación del servicio que lo anterior conllevaba. (…) En este orden de ideas, el riesgo acaecido correspondía al amparo de incumplimiento, no al de calidad del bien o servicio, ya que no fue el resultado de vicios que no hubieran sido percibidos o podido serlo en el momento de la entrega del bien o servicio, y que se hubieran detectado al usarse en condiciones normales, sino justamente respondían a la omisión de entrega de los productos que la firma contratista tenía la obligación de entregar en cumplimiento del Contrato (…). Era, pues, procedente la declaración del amparo por incumplimiento, pero no lo era la del amparado de calidad del bien y servicio. En consecuencia, esté cargo está llamado a prosperar parcialmente.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / RECONOCIMIENTO DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PRUEBA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / MONTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA / GARANTÍA CON EL CONTRATO DE SEGURO / CALIDAD DEL PRODUCTO / GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO / GARANTÍA DE BIENES Y SERVICIOS / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL / CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Las resoluciones y, en consecuencia, los actos que liquidaron unilateralmente el contrato de consultoría, son nulos, por trasgredir el artículo 1077 del Código de Comercio, porque la ocurrencia del siniestro y su cuantía carecen de fundamento?
Respuesta al problema jurídico: Si
La aseguradora estimó violado el artículo 1077 del Código de Comercio porque no hubo prueba de la ocurrencia del siniestro ni de la cuantía de la pérdida. (…) La jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que esta norma permite dar un entendimiento específico a la exigencia de motivación de los actos que declaran el siniestro, como expresión del debido proceso administrativo. (…) La falta total de motivación sobre el monto de los amparos por incumplimiento y calidad del servicio declarados en la resolución (…) es mucho más grave, en cuanto la Administración se limitó a afirmar que era necesario hacer efectiva la póliza por el 100% de cada uno de dichos amparos (…), sin explicación alguna, y, más aún, cuando, en respuesta al recurso de apelación interpuesto por la aseguradora, se limitó a trascribir, en la resolución núm. 1027 de 2008, el artículo 2 de la resolución núm. 808 de 2006, en el que especificó la cuantía del amparo afectado (…), como si se tratase de una decisión que no requiriera motivación alguna. Esta es una exigencia que se desprende del artículo 1077 del CCo, cuya violación directa acusa la aseguradora demandante. En estas circunstancias, se impone la declaración de nulidad parcial dicho acto, en lo relativo a la declaración de los siniestros de calidad y buen manejo. Por lo anterior, este cargo está llamado a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la declaración unilateral del siniestro por la administración pública, consultar providencias de 22 de abril de 2009, Exp. 14667, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 30 de septiembre de 2019, Exp. 46239, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PAGO DEL SINIESTRO / PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO
Problema jurídico:
¿Dado que la aseguradora no acreditó que hubiera realizado pago alguno en cumplimiento de los actos demandados, cuya nulidad parcial se declara en esta providencia, se debe declarar a título de restablecimiento del derecho, que la firma aseguradora no está obligada a realizar pago alguno?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como restablecimiento del derecho, (...) [la compañía aseguradora] pretende que se declare que “no está obligada a realizar pago alguno en virtud de lo resuelto”, y que “se ordene restituir, actualizados, los dineros que haya pagado o llegare a pagar. Como en este proceso, la (...) [aseguradora] no acreditó que hubiera realizado pago alguno en cumplimiento de los actos demandados, cuya nulidad parcial se declara en esta providencia, se declarará que la firma aseguradora no está obligada a realizar pago alguno en virtud de lo expuesto (...) [en] esta providencia, por concepto de restablecimiento del derecho.