Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: debe considerarse caducada la acción de controversias contractuales cuando, pese a alegarse la presentación previa de una demanda
Lo que dijo la Sala
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por las razones que pasan a exponerse a continuación:… En el presente caso, al conteo del término de caducidad de dos años para el ejercicio oportuno de la acción de controversias contractuales resulta aplicable el literal c) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, en la medida en que el contrato No. 6100508 de 1997 requería ser liquidado –según fue previsto en el numeral 4.18. del pliego de condiciones del proceso de contratación directa No. 6098 de 1996, el cual formaba parte del contrato en virtud de lo estipulado en su cláusula sexta–, y el negocio jurídico en torno al cual gira la presente controversia fue liquidado bilateralmente por las partes el 7 de febrero de 2000.… En aplicación de lo expuesto, se tiene que la presente acción de controversias contractuales debía ser promovida, a más tardar, el 8 de febrero de 2002.… Ahora bien…
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede evitar la caducidad de la acción de controversias contractuales si no acredita la existencia, contenido y notificación del auto admisorio de una demanda previa que supuestamente la suspendía, conforme a lo establecido en el artículo 136 numeral 10 literal c) del Decreto 1400 de 1970 y el artículo 177 del mismo decreto. La Sala reitera que la carga de la prueba incumbe a las partes para demostrar los hechos que sustentan su pretensión, y que la presentación de una demanda no impide la caducidad si no se demuestra su admisión y notificación al demandado dentro del plazo legal. Esta regla implica que los contratistas deben aportar pruebas concluyentes para evitar la caducidad de sus acciones, lo que puede dificultar la interposición de demandas tardías basadas en supuestos hechos procesales no probados.
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Problema jurídico
¿Debe considerarse caducada la acción de controversias contractuales cuando, pese a alegarse la presentación previa de una demanda que supuestamente suspendía el término de caducidad, no se probó la existencia, contenido, identidad fáctica y jurídica de dicha demanda ni la notificación del auto admisorio al demandado?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Decreto 01 de 1984, art. 136 núm. 10
- Decreto 1400 de 1970, arts. 177 y 90
- Ley 1564 de 2012, art. 167
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Titulación de la relatoría 6.647 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO PROCESAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / NOTIFICACIÓN / NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA / CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ADMISIÓN DE LA DEMANDA / RECHAZO DE LA DEMANDA / EPM / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Debe considerarse caducada la acción de controversias contractuales cuando, pese a alegarse la presentación previa de una demanda que supuestamente suspendía el término de caducidad, no se probó la existencia, contenido, identidad fáctica y jurídica de dicha demanda ni la notificación del auto admisorio al demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por las razones que pasan a exponerse a continuación: (...) En el presente caso, al conteo del término de caducidad de dos años para el ejercicio oportuno de la acción de controversias contractuales resulta aplicable el literal c) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, en la medida en que el contrato No. 6100508 de 1997 requería ser liquidado –según fue previsto en el numeral 4.18. del pliego de condiciones del proceso de contratación directa No. 6098 de 1996, el cual formaba parte del contrato en virtud de lo estipulado en su cláusula sexta–, y el negocio jurídico en torno al cual gira la presente controversia fue liquidado bilateralmente por las partes el 7 de febrero de 2000. (...) En aplicación de lo expuesto, se tiene que la presente acción de controversias contractuales debía ser promovida, a más tardar, el 8 de febrero de 2002. (...) Ahora bien, según afirmó la parte demandante en su recurso de apelación, para efectos de verificar si la presente acción fue iniciada dentro del término de caducidad aplicable, la Sala ha de tener en cuenta que la misma demanda que dio origen a este proceso fue intentada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia en el año 2000, corporación en donde, inicialmente, la demanda fue admitida y notificada a EPM, y, posteriormente, remitida a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, en la cual, en el año 2003, fue finalmente rechazada por el Juzgado Doce (12) Civil del Circuito de Medellín. (...) En su entender, entre la fecha en la que la misma demanda que dio origen al proceso que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala fue presentada por primera vez ante el Tribunal Administrativo de Antioquia –el 4 de septiembre de 2000– y la fecha en la que adquirió ejecutoria la decisión del Juzgado Doce (12) Civil del Circuito de Medellín consistente en rechazar aquella demanda –el 10 de septiembre de 2003–, “quedó suspendido el término de la caducidad de la presente acción de controversias contractuales”. (...) Para la Sala, la argumentación de la parte demandante no es de recibo, en la medida en que, revisadas las pruebas regular y oportunamente allegadas al expediente, no se encuentra acreditado que el 4 de septiembre de 2000 los integrantes de la Unión Temporal interpusieron una demanda en contra de EPM con base en los mismos fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar a este proceso, ni mucho menos que esta demanda fue admitida y posteriormente notificada a EPM. En efecto, en ninguna de las oportunidades probatorias de la primera instancia de este proceso fueron aportadas o se solicitó el decreto de pruebas que permitan demostrar los supuestos de hecho sobre los cuales la parte demandante edifica su recurso de apelación. Al respecto, conviene recordar la regla general de la carga de la prueba –consagrada en el inciso primero de los artículos 177 del CPC y 167 del CGP–, conforme con la cual “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.” (...) En consecuencia, sin desconocer que, efectivamente, para la fecha de los hechos alegados en el recurso de apelación el artículo 90 del CPC –antes de la modificación introducida por el artículo 10 de la Ley 794 de 2003– disponía que “[l]a presentación de la demanda (…) imp[edía] que se produ[jera] la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella (…) se notifi[cara] al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente”, y al margen de si le asistiría o no razón a la parte demandante cuando afirma que ese artículo resultaba aplicable a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cierto es que no satisfizo su carga de demostrar, como lo afirmó en el recurso de apelación, que el 4 de septiembre de 2000 presentó una demanda en contra de EPM con base en los “mismos fundamentos de hecho y de derecho” de la demanda que originó este proceso y, además, que la admisión de dicha demanda fue debidamente notificada a EPM. (...) En este punto, se destaca que si bien está acreditado, como se indicó en el recurso de apelación, que ante el Tribunal Administrativo de Antioquia se promovió un proceso con identidad de partes identificado con el número de radicación 2000-03607, no existe prueba de que se hubiera originado a partir de la misma demanda que ahora se estudia, así como tampoco de las demás actuaciones procesales que en él se surtieron. Lo anterior, sin tener en cuenta que en el expediente también se advierte que, el 9 de octubre de 2003, la parte actora instauró una demanda en contra de EPM –anterior a la que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala–, la cual fue identificada con el número de radicación 2003-03564, y que, como no fue admitida, no tuvo la virtualidad de suspender el término de caducidad como ahora se alega. (...) Por consiguiente, en consideración a que la presente demanda fue radicada el 17 de junio de 2004, esto es, más de cuatro años después de haber sido liquidado el contrato No. 6100508 de 1997, la Sala concluye que el Tribunal acertó al declarar la caducidad de la acción de controversias contractuales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 90, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 794 DE 2003 - ARTÍCULO 10