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Consejo de Estado
Providencia
Razón por la cual no se puede predicar que las madres comunitarias ostenten la calidad de funcionarias públicas.
Sentencia — Sentencia
2024-11-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 50001233300020150012902
LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó que las demandadas ostentaron la condición de ex agentes del Estado o de particulares con función pública? No
El contratista no ostenta la condición de ex agente del Estado o de particular con función pública simplemente por prestar un servicio público, ya que el ejercicio de dicha actividad no implica necesariamente el ejercicio de potestades inherentes al Estado. En este caso, la Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios celebró el contrato de aporte 050 de 1999 con el ICBF para ejecutar los aportes en favor de niños de escasos recursos económicos, sin que se le transfiriera una función pública. Las madres comunitarias, en su calidad de voluntarias, no tenían relación laboral con el ICBF ni con la asociación, y su participación en el programa de "Hogares de Bienestar" se consideraba una contribución voluntaria, no una relación laboral. Esta decisión reitera la distinción entre el ejercicio de la función pública y la prestación del servicio público, lo que implica que no todas las personas que prestan servicios públicos pueden ser consideradas agentes del Estado o particulares con funciones públicas.síntesis automática
También resuelve:
¿Toda prestación de un servicio público comporta el ejercicio de una función pública?
¿Con el fin de proteger y garantizar la integración y realización armónica de la familia, el Estado puede celebrar negocios jurídicos con particulares con la finalidad de que estos sujetos privados…
¿Al tratarse de un asunto en el que se ventila un interés público, es improcedente condenar en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
O al «teletrabajo» debe ser respondida por el nominador, quien habilita y da viabilidad a ambas pretensiones.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2023-01-25
Sala Consulta y Servicio Civil
ANA MARIA CHARRY GAITAN
Rad. 11001030600020220024500
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira es la autoridad competente para responder la petición elevada por el Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira, relacionada con la habilitación de trabajo en casa? Sí
Con la expedición de la Ley 2088 de 2021, que reguló puntualmente la modalidad de «trabajo en casa», de forma general, para servidores públicos y trabajadores del sector privado, con el fin de que pudieran desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realizaban, se estableció que sería el empleador o nominador el facultado para la habilitación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 de la citada normativa.… Es cierto que los citados artículos no hacen referencia puntual a que los magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial respectivos deben habilitar el «trabajo en casa» respecto de los jueces de la República de la jurisdicción ordinaria.
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones
Sentencia — Sentencia
2023-10-24
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 76001233300020130074801
LEY 1437 REPETICION
¿Los demandados en repetición tenían la condición de empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado? No
La acción de repetición solo procede contra quien tenga la calidad de servidor público, trabajador oficial o contratista del Estado, o de particular que ejerza función pública, de modo que los demandados que no tienen ninguna de esas calidades carecen de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que los profesionales de la salud que atendieron al paciente no tenían relación legal y reglamentaria, vínculo contractual ni de otra índole con la entidad pública condenada, por lo que no eran servidores públicos. Otra razón es que el expediente muestra que sus vínculos se originaban en un contrato de prestación de servicios de salud con un tercero, lo que no los convierte en agentes del Estado ni en particulares que cumplan funciones públicas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda de repetición, por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin necesidad de examinar la culpa grave. Su consecuencia práctica es que la entidad que pretende repetir debe demostrar, antes de estudiar la conducta, que el demandado tiene la calidad de agente del Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿Los demandados tenían la condición de servidor público, se trataba de particulares que ejercían funciones públicas o eran contratistas del Estado?
¿Se encontró algún vínculo contractual o laboral de la entidad demandante con los profesionales demandados?
¿La demanda presentada se interpuso dentro de la oportunidad legal?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 13001233300020130080601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve:
¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?
¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un…
¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el juez no podrá declarar su nulidad, lo cual podría llegar a permitir la subsistencia de actos ilegales
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-01-19
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100019960260202
ACCION CONTRACTUAL
¿Mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa se pronuncian a través de actos administrativos? Sí
Considero importante aclarar mi voto, con el fin de reiterar parcialmente los argumentos que me llevaron a salvar el voto en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 (exp. 42.003). Considero que, mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa -es decir, distinta de la legislativa y de la judicial-, estas se pronuncian a través de actos administrativos, puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los órganos del Estado. No puede confundirse el régimen jurídico aplicable con la naturaleza del acto, pues no porque un acto se rija en su contenido por el derecho privado, deja de ser administrativo.
También resuelve:
¿Resulta admisible que se controviertan los actos precontractuales a través del medio de control de reparación directa?