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RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO

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Consejo de Estado Providencia

Ingreso del expediente al despacho judicial: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2022-07-15 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 13001233100020080071201 ACCION CONTRACTUAL
¿La Sala considera que es necesario decretar pruebas de oficio? Sí
Cuando el proceso se encuentra en apelación y el esclarecimiento de la verdad lo exige, la Sala puede decretar pruebas de oficio, de acuerdo con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 del Decreto 2304 de 1989. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la decisión de la Procuraduría que finalizó el proceso disciplinario sobre los contratos de urgencia, y los soportes de los pagos realizados por la entidad contratante, son necesarios para verificar la ejecución del contrato. La segunda es que, como la fundación demandada está representada por un curador ad litem, los gastos de la práctica de la prueba deben asumirlos la parte actora. En el caso concreto la Sala decretó esas dos pruebas, pero no llegaron al proceso, porque no se consignó el valor de las copias requeridas a la Procuraduría y tampoco se aportó la constancia ni los soportes del pago. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se estima necesario decretar algunos medios de prueba documental? ¿Se aportó al proceso la constancia y los soportes del pago realizado por el Departamento de Bolívar?
Consejo de Estado Providencia

No se probó el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada

Sentencia — Sentencia 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 47001233100020100020701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada? No
En la acción de enriquecimiento sin causa el demandante debe probar el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada y su propio empobrecimiento, así como la prestación efectiva de los servicios que alega, de modo que no basta con afirmar la existencia de la prestación ni con un dictamen que se limite a actualizar el valor de las facturas. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el demandante que no formula reparos a la conclusión del tribunal sobre la inexistencia del enriquecimiento no sustenta su pretensión en segunda instancia. Segundo, el empobrecimiento exige probar la prestación alegada, y las pruebas documentales y periciales deben acreditar su realización. Tercero, un peritaje que solo actualiza el valor de las facturas y del monto total del proyecto no demuestra el enriquecimiento ni el empobrecimiento. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la prueba de los servicios prestados y del beneficio obtenido por la entidad debe aportarse de manera específica en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Los requisitos del enriquecimiento sin causa están ausentes de prueba en el caso que ocupa la atención de la Sala? ¿El Tribunal advirtió que no se había acreditado el enriquecimiento alegado?
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Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 44001234000020190014601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La demandante probó que cumplió las obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación del contrato? No
Quien alega haber cumplido sus obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación de un contrato interadministrativo debe probarlo con soportes que permitan verificar la ejecución real de esas actividades, y que los oficios de avance remitidos a la interventoría ni las decisiones de tutela que ordenan giros a beneficiarios acreditan por sí solos ese cumplimiento. Una razón es que los oficios remitidos por el contratista informaban el avance total del contrato, pero no tenían soportes que permitieran verificar la ejecución de actividades en un porcentaje no aceptado ni pagado. Otra razón es que la sentencia de tutela amparó el debido proceso de unos beneficiarios y ordenó girarles recursos, pero no acreditó que el contratista hubiera ejecutado un porcentaje mayor al certificado por la interventoría. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y la liquidación judicial que se había fijado con base en los certificados de la interventoría. Su consecuencia práctica es que el avance del contrato debe acreditarse con actas y soportes aceptados por la interventoría, y no con comunicaciones o decisiones de otro proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La sentencia de tutela acredita que la Universidad hubiera ejecutado actividades en un porcentaje mayor al certificado por la interventoría del Contrato? ¿Las actividades realizadas por la universidad fueron objeto de revisión por la interventoría por lo cual no se requería que la entidad demandada ejerciera una supervisión adicional? ¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció oportunamente?
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Consejo de Estado Providencia

Decidir lo contrario, implicaría un palmario quebranto de la norma procedimental que exige la debida sustentación del recurso de apelación.

Sentencia — Sentencia 2023-02-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233100020060079601 ACCION DE REPETICION
¿La competencia del ad quem se contrae a revisar la decisión impugnada de cara a los motivos de censura expuestos por el apelante? Sí
La competencia del juez de segunda instancia se contrae a revisar la decisión impugnada frente a los motivos de censura que formula el apelante, y no puede pronunciarse de fondo sobre una sentencia que no fue cuestionada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la apelación exige una debida sustentación que refute los fundamentos de la providencia, y si el recurrente plantea hechos distintos a los de la demanda, se desconecta de la razón de la decisión. Segunda, el juez de segunda instancia no puede analizar oficiosamente los argumentos del tribunal ni los del recurso, porque la instancia no es una nueva oportunidad para estudiar el asunto como si nunca hubiera sido analizado. Tercera, la sentencia de primera instancia quedó libre de censura, por lo que no procede reformarla. En consecuencia, se confirma el fallo que negó las pretensiones. El documento reitera la exigencia de debida sustentación del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿El apelante no cumplió adecuadamente la carga de sustentar el recurso, pues los argumentos que planteó no refutan los fundamentos de la sentencia? ¿El apelante nada dijo respecto de la conducta de los demandados ni argumentó que hubiese existido una destinación diferente de recursos? ¿El impugnante con la sustentación del recurso de apelación pretende variar los hechos en los que fundó su demanda inicial?
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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 13001233300020130080601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve: ¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales? ¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un… ¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se incumplió el contrato por cuanto el ente contratante no pagó la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 50001233100020070005701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se incumplió el contrato por cuanto el ente contratante no pagó la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral? Sí
El contratista puede obtener la condena al pago de la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral del contrato, siempre que demuestre la obligación prestacional exigible y la falta de cumplimiento por parte del ente contratante, como lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad contratante no puede descontar la pena pecuniaria de las sumas adeudadas al contratista en la liquidación unilateral del contrato si no se cumplen los requisitos para la tasación del monto de la pena, según el artículo 1596 del Código Civil. Además, no se condenará al pago de intereses sobre la suma entregada como anticipo al contratista si no se pactó explícitamente en el contrato que los rendimientos financieros del anticipo pertenecen al ente contratante, lo que implica que el contratista no está obligado a reintegrar dichos rendimientos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la liquidación unilateral del contrato y la obligación de pago, estableciendo criterios claros para la condena al pago y la imposición de penas pecuniarias en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿El ente contratante tenía la facultad de descontar en la liquidación unilateral del contrato la pena pecuniaria de las sumas que le debía a la contratista por la ejecución de las obras objeto del… ¿Se debe condenar al pago de intereses sobre la suma entregada al contratista como anticipo? ¿Se excluyó explícitamente la posibilidad de solicitar el reajuste como consecuencia de los incrementos de precio previsibles al momento de proponer?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 66001233300020170001001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del… ¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades? ¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020010223901 ACCION CONTRACTUAL
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? ¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a… ¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 18001233300020190002201 LEY 1437 REPETICION
¿Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá? Sí
El contratista está legitimado en la causa por pasiva en un medio de control de repetición cuando, en su calidad de servidor público, su conducta gravemente culposa dio lugar a una condena impuesta en un proceso de reparación directa, ya que este tipo de procedimientos se encuentra adscrito a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá, dado que la cuantía del caso supera los 500 SMLMV, lo que implica que el proceso tiene vocación de doble instancia ante el Consejo de Estado, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. Este fallo reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos y garantiza la efectividad del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar al demandado patrimonialmente responsable del pago realizado por la parte demandante, en cumplimiento de una sentencia? ¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar? ¿El demandado está legitimado en la causa por pasiva pues, presuntamente, en su calidad de gobernador del Caquetá, con su conducta gravemente culposa dio lugar a la condena impuesta en contra de ese…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del departamento de Santander y la consecuencial indemnización de perjuicios.

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020160056501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del departamento de Santander y la consecuencial indemnización de perjuicios? Sí
El medio de control de controversias contractuales es procedente para reclamar el incumplimiento de un contrato estatal y la indemnización de perjuicios consecuencial, porque el artículo 141 del CPACA permite a cualquiera de las partes pedir la declaratoria de existencia o nulidad del contrato, la declaratoria de incumplimiento, la condena a indemnizar los perjuicios y la liquidación del contrato. La legitimación en la causa se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, de modo que el contratista demandante y la entidad contratante demandada están legitimados por activa y por pasiva. Cuando las pretensiones se dirigen a declarar el incumplimiento de un contrato de obra pública y a obtener la indemnización que de él se deriva, la vía idónea es esta, y la oportunidad de la demanda debe examinarse frente al término de caducidad aplicable. En el caso concreto, el consorcio contratista reclamó al departamento el incumplimiento del contrato de obra pública y la indemnización consecuencial, y la providencia modificó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, el contratista que pretenda el reconocimiento de un incumplimiento debe canalizar sus pretensiones por esta vía procesal y dentro del término legal.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del departamento de Santander y la… ¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: está en firme y cobijado bajo la misma presunción de legalidad el acto administrativo presunto

Salvamento voto — Salvamento de voto 2024-08-21 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020160055301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿También está en firme y cobijado bajo la misma presunción de legalidad el acto administrativo presunto que surgió con la protocolización del silencio positivo? Sí
No resulta plausible afirmar que el silencio administrativo positivo… , no goza de existencia y/o eficacia por haberse configurado sobre la base del incumplimiento previo de los requisitos para renunciar al contrato de concesión… en los términos previstos en el artículo 108 del código de minas. Es cierto que los actos administrativos mediante los cuales se niega al consorcio la suspensión del contrato de concesión (por no estar al día con el pago del canon superficiario) se encuentran en firme y gozan de presunción de legalidad -a pesar de estar actualmente demandados ante la jurisdicción-; pero… también está en firme y cobijado bajo la misma presunción de legalidad el acto administrativo presunto que surgió con la protocolización del silencio positivo.
También resuelve: ¿Con la decisión mayoritaria se está soslayando que el silencio administrativo positivo es un castigo para la administración por no responder las peticiones conocidas bajo su competencia?