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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección

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Fecha
2023-06-20
Radicado
05001233300020130029501
Número interno
52804
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MUNICIPIO DE OLAYA
Demandado
PROMOTORA OLAYA S.A.S.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección

Lo que dijo la Sala

La elaboración de los estudios previos se impone como una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluido el de contratación directa, pues así surge a partir de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; por lo mismo, que la parte actora hubiere invocado como norma violada el Decreto 4444 de 2008 –referente al proceso de selección abreviada para enajenación de bienes del Estado– no supone sino un defecto en la identificación del derecho invocado, pero la causa en la que se soportó la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de la finca El Oasis –la ausencia de tales estudios y dentro de ellos la determinación de la necesidad y conveniencia de enajenar el bien– se mantiene intacta; de manera que, cabe anotar, el análisis que enseguida se abordará no afecta el derecho al debido proceso de la demandada…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La elaboración de los estudios previos es una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluida la contratación directa, y su omisión sustenta la nulidad absoluta del negocio jurídico. La regla se apoya en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que imponen esos estudios como condición previa a la celebración de los contratos estatales, y en que la necesidad y la conveniencia de enajenar el bien deben quedar determinadas en ellos. Además, la identificación errónea de la norma violada no altera la causa de la pretensión, de modo que el análisis no vulnera el debido proceso ni el principio de congruencia. En el asunto, la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de un predio se fundó en la ausencia de esos estudios, y la Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, la entidad que contrata sin estudios previos expone el negocio a la nulidad absoluta, aun si la parte demandante invoca mal la norma aplicable.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 2474 de 2008, art. 77
  • Decreto 4444 de 2008
  • Ley 80 de 1993, arts. 25 núm. 12 y 25 núm. 7

También resuelve

  • ¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación?
  • ¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal?
  • ¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO OBJETO ILÍCITO ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL OBLIGACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA ESTUDIOS PREVIOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO ENAJENACIÓN DE BIEN SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA DEBERES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA RECURSO DE APELACIÓN ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL ACTIVIDAD CONTRACTUAL FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATO ESTATAL COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL BIEN INMUEBLE AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA CONTRATAR CONTRATO DE APORTE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE APORTE CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE APORTE OBJETO DEL CONTRATO DE APORTE NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE APORTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA ENAJENACIÓN DE ACCIONES CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS REQUISITOS DEL CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS ENTREGA DE BIENES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATACIÓN ESTATAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA VENTA DE ACCIONES EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL RESTITUCIONES MUTUAS CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS PÉRDIDA DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA PRINCIPIO NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA PRUEBA DE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE CERTIFICADO DEL REGISTRO DE BIEN INMUEBLE REGISTRO DE BIEN INMUEBLE TERCERO POSEEDOR DE BUENA FE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR OBJETO LÍCITO DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADQUIRENTE DE BUENA FE DERECHOS DEL ADQUIRENTE DE BUENA FE ACCIÓN REIVINDICATORIA OBJETO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA DERECHO A LA PROPIEDAD COMPULSA DE COPIAS SOLICITUD DE COMPULSA DE COPIAS CAUSALES DE LA COMPULSA DE COPIAS DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL TESORO PÚBLICO RESPONSABILIDAD PENAL RESPONSABILIDAD FISCAL RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS EXHORTACIÓN A AUTORIDADES EXHORTO MINISTERIO PÚBLICO COMPETENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR PARTE DE ENTIDAD PÚBLICA

Guías del tema

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Contratación directa Nulidad del contrato estatal Contratos y convenios interadministrativos Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 46.417 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / ESTUDIOS PREVIOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA / ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / ENAJENACIÓN DE BIEN / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a elaboración de los estudios previos se impone como una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluido el de contratación directa, pues así surge a partir de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; por lo mismo, que la parte actora hubiere invocado como norma violada el Decreto 4444 de 2008 –referente al proceso de selección abreviada para enajenación de bienes del Estado– no supone sino un defecto en la identificación del derecho invocado, pero la causa en la que se soportó la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de la finca El Oasis –la ausencia de tales estudios y dentro de ellos la determinación de la necesidad y conveniencia de enajenar el bien– se mantiene intacta; de manera que, cabe anotar, el análisis que enseguida se abordará no afecta el derecho al debido proceso de la demandada, en tanto no varía la causa que soporta sus pretensiones y, por lo mismo, tampoco desconoce el principio de congruencia. Lo primero que se debe destacar es que la celebración de los contratos estatales mediante contratación directa no puede comportar el ejercicio arbitrario de la libertad contractual, toda vez que este mecanismo está atado al cumplimiento de los principios que guían la contratación estatal; por ello, dentro de los requisitos que deben observarse a la hora de celebrar un contrato estatal a través de este procedimiento, el artículo 77 del Decreto 2474 de 2008 –vigente para el momento de celebración del contrato de enajenación del inmueble– establecía la exigencia de la expedición de un acto administrativo de justificación de la contratación (…). [P]ara proceder a la contratación directa, no solo se debe contar con el acto administrativo que la justifique, sino que se debe cumplir con el requisito de elaboración de estudios previos consagrada en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 con el fin de garantizar los principios que rigen la contratación estatal. (…) [T]anto el acto administrativo de justificación como los estudios previos eran una obligación legal imperativa y exigible desde el momento en el que se concibió la enajenación del inmueble El Oasis, motivo por el cual, cuando menos dichos documentos debieron existir al momento de la suscripción del adicional No. 2 del 3 de diciembre de 2010, en el que se concibió el proyecto, la demandada contrajo la obligación de comprar el inmueble y el Municipio de enajenarlo, pero ello no fue así. (…) [E]n la celebración del contrato de aporte en especie y venta del inmueble del 13 de abril de 2011 se vulneraron normas imperativas asociadas al cumplimiento del principio de selección objetiva porque antes de su suscripción no se elaboraron los estudios previos de que trata el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 ni se expidió el acto administrativo de justificación de la contratación directa que exige el artículo 77 del Decreto 2474 de 2008, a pesar de que, tales documentos adquieren superlativa importancia para determinar, entre otras cosas, la necesidad y conveniencia de que una entidad pública se despoje de sus bienes, así como la contraprestación por la que lo hará. Así las cosas, se concluye que el referido contrato está viciado de objeto ilícito porque se vulneraron normas imperativas en los términos de los artículos 1519 y 1741 del Código Civil, lo que impone la sanción de nulidad absoluta, tal y como lo declaró el Tribunal en primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la importancia de los estudios previos antes de la apertura del procedimiento de contratación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de marzo de 2011, rad. 37044, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 21 de mayo de 2021, rad. 57822, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 62250, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 27 de marzo de 2014, rad. 26939, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 29 de agosto de 2007, rad. 15324, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 15 de diciembre de 2017, rad. 50045, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: DECRETO 2474 DE 2008 - ARTÍCULO 77, DECRETO 4444 DE 2008, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 7, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, 1741 ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / DEBERES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os aspectos relacionados con la competencia del alcalde del Municipio para constituir esa sociedad no fueron planteados en la demanda y que, en tal virtud, esas materias no podían ser objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal, en tanto la congruencia dicta que la decisión judicial debe guardar coherencia con “los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades” a las que se refiere ese código, por lo que el demandado no puede ser condenado por “objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente invocada en ésta”. En este orden de ideas, como el Municipio no cuestionó en este proceso la legalidad del acto de constitución de la Promotora ni afirmó su incompetencia para concurrir a la celebración de este acto, tales aspectos son ajenos al objeto de este litigio, motivo por el cual las consideraciones que desarrolló el Tribunal alrededor de este tema excedieron el marco que le fijaron la causa petendi y el petitum. Manifestación que no cambia de cara a las facultades oficiosas del juez en clave de actos convencionales viciados, pues, a no dudarlo, el análisis referido no se derivó de un acercamiento de ese tipo, sino de quien escudriña en el acto. No obstante, es pertinente señalar que lo mencionado por el a quo en relación con ese aspecto no pasó de ser un obiter dictum, esto es, un dicho de paso con base en el cual no se soportó ninguna declaración de las que se hicieron en la parte resolutiva de la sentencia, por lo que, pese a la precisión que se hace en esta instancia, la razón que en este punto asiste a la demandada no conduce a que se haga ninguna declaración de cara a lo decidido en la sentencia recurrida. (…) El Municipio no formuló razones de disenso contra los fundamentos de la sentencia de primera instancia en que se fincó la negación de la pretensión de indemnización de perjuicios, en tanto no argumentó por qué, en contra de lo sustentado por el a quo, sí debía ser resarcido. (…) El Municipio dirigió sus argumentos a expresar las razones por las que, a su juicio, no había lugar a reconocer restituciones a favor de la Promotora, en términos generales, por haber obrado de mala fe y por haber sido la única beneficiada con la celebración de los contratos, razones que no atacan el fundamento de la decisión del Tribunal que estaba relacionado más con la aplicación del brocardo según el cual nadie puede ser beneficiario de su propia culpa. No se observa en el recurso que el Municipio hubiere alegado y pretendido demostrar que no medió culpa suya en las circunstancias que, dijo, viciaron la validez del contrato. Así las cosas, en aplicación del artículo 357 del CPC conforme al cual “[…] el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre este aspecto, el cual no impiden que se conozcan los demás argumentos de la apelación. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL / COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL / FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ENAJENACIÓN DE BIEN / BIEN INMUEBLE / AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA CONTRATAR Problema jurídico: ¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal? Respuesta al problema jurídico: No Como punto de partida, la Sala se remite al artículo 313 Constitucional que dispone que corresponde a los Concejos, entre otras cosas, “[a]utorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo” (núm. 3); por su parte, el artículo 314 ibídem señala que el alcalde es el jefe de la administración local y el representante legal del municipio; a la vez que el artículo 315 enlista dentro de las funciones del alcalde las de dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y prestación de servicios a su cargo (núm. 3) y ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión del presupuesto (núm. 9). (…) [A]l realizar un análisis sistemático de tales normativas y de cara a las competencias que corresponden a los concejos municipales y a los alcaldes, la lectura que debe darse al numeral 3º del artículo 313 constitucional no es aquella que supone una regla general que imponga que en todos los casos el alcalde deba contar con autorización de ese cuerpo colegiado para ejercer su competencia de contratar, sino que lo que el constituyente dispuso fue una regla de excepción a tal competencia, según la cual, tal autorización solo se requiere cuando previa y expresamente el Concejo Municipal así lo haya dispuesto y en los casos en los que la ley así lo indique. (…) [N]o es dable exigir a los alcaldes, a manera de regla general, que deban tramitar ante el Concejo una autorización especial para poder ejercer sus competencias en materia contractual, comoquiera que ya el artículo 11.3 de la Ley 80 de 1993 les confirió tal facultad. Por tanto, el trámite de las autorizaciones previas es de carácter excepcional, ya que solo opera en los casos concretos que expresamente hayan definido tales corporaciones o cuando la ley así lo exija expresamente. Cosa distinta es que el alcalde esté sujeto a las definiciones del Concejo de cara a los asuntos propios de sus competencias. Descendiendo al caso concreto, ha de precisarse que para el momento en que se celebró el contrato de aporte y venta de la finca El Oasis a favor de la Promotora –13 de abril de 2011– no se había expedido la Ley 1551 de 2012, que modificó el artículo 32 de la referida Ley 136 de 1994 e incorporó un parágrafo en el que indicó expresamente que corresponde a los Concejos decidir sobre la autorización del alcalde para celebrar, entre otros contratos, la enajenación y compraventa de los bienes inmuebles, así como la de activos, acciones y cuotas partes; de manera que, antes de la entrada en vigor de tal normativa era necesario establecer si el Concejo le había impuesto tal obligación, lo cual, normalmente, estaba así previsto. En el expediente no está acreditado fehacientemente que el Concejo Municipal de Olaya hubiere previsto de manera expresa y previa a la celebración del referido contrato que el alcalde debiera pedirle autorización para celebrar contratos que implicaran la enajenación de bienes del ente territorial, lo que impide determinar con certeza si, como alega la parte actora, al celebrar el referido negocio jurídico el alcalde actuó sin competencia por carecer de tal autorización. (…) [L]a Sala no cuenta con elementos de juicio suficientes para establecer si la autorización contenida en el [artículo del acuerdo municipal] y, específicamente, los actos de enajenación a los que se hizo alusión en el parágrafo que lo acompañó cobijaban o no la transferencia de la titularidad de la finca El Oasis, lo que impide también colegir la falta de competencia del alcalde municipal para suscribir el contrato que tuvo ese objeto, que fue la conclusión del a quo. Lo anterior, sin embargo, no es suficiente para revocar la sentencia recurrida, pues la decisión de declarar la nulidad del negocio jurídico también se fincó en que se habría suscrito en contravención de los requisitos establecidos en la ley para la celebración de los contratos estatales, específicamente por desconocimiento del proceso de selección que, a juicio del demandante –avalado por el a quo– debía seguirse para la enajenación del bien, así como por la falta de estudios previos que respaldaran la contratación (...). NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la competencia de Alcaldes y Concejos Municipales en materia de contratación estatal, cita: Corte Constitucional, sentencia C-738 de 2001. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 313 NUMERAL 3, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 314, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 315 NUMERAL 3, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 315 NUMERAL 9, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 11 NUMERAL 3 CONTRATO DE APORTE / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE APORTE / CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE APORTE / OBJETO DEL CONTRATO DE APORTE / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE APORTE / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA / CONTRATACIÓN DIRECTA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA / REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / ENAJENACIÓN DE ACCIONES / CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / REQUISITOS DEL CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / ENTREGA DE BIENES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Problema jurídico: ¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada? Respuesta al problema jurídico: No [L]e asiste razón a la parte demandada cuando afirma que, dada la naturaleza de las partes en tanto entidades estatales, el objeto de la Promotora y el del contrato de venta y aporte de la finca El Oasis, no era obligatorio que previamente a su celebración se agotara el procedimiento de selección abreviada (…). [L]a naturaleza de entidad estatal que detenta la Promotora se confirma a partir de la certificación del 14 de junio de 2013 expedida por la contadora de la sociedad, en la que se señala que, con corte al 13 de abril de 2011 –misma fecha de celebración del contrato de venta y aporte–, el Municipio detentaba el 50,2% del capital social. Además, en el expediente obra copia del acta de asamblea No. 2 de la demandada realizada el 24 de septiembre de 2011, en el que se certifica que el Municipio tenía para ese momento una participación superior al 50% del capital social representado en 156 acciones. Así las cosas, la Sala encuentra probado, sin que ninguna de las partes haya refutado esta conclusión a partir de otros medios de juicio, que la Promotora era una sociedad de economía mixta con capital mayoritariamente público en las fechas en que se celebró el contrato de aporte en especie y venta, por lo que se debe conceptualizar como una entidad pública para los efectos de la Ley 80 de 1993. (…) [V]ale la pena mencionar que, tal y como se desprende del acta No. 3 de la asamblea de la demandada, llevada a cabo el 9 de diciembre de 2011, poco más de un mes después de la celebración del contrato de enajenación de acciones, el Municipio perdió la mayoría accionaria sobre el capital de Promotora, dado que, con la venta de las 95 acciones, el ente territorial quedó con 61 acciones frente a las 155 en cabeza de Construcciones Técnicas en Obras Civiles S.A.S . Sin embargo, para efectos de la calificación del contrato de enajenación del inmueble como interadministrativo, lo relevante es que la Promotora tenía la calidad de entidad pública al momento de su celebración (…). [L]a expresión “enajenación” supone la transmisión de cualquier derecho patrimonial de un sujeto a otro, transmisión que puede hacerse por medio de diversos títulos traslaticios de dominio y que, por tanto, aunque es un concepto genérico que puede comprenderlos a todos, no es sinónimo de ninguno de ellos. Así, como el literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 utilizó esta expresión, debe entenderse que no excluyó de su regulación a ningún negocio jurídico que suponga la transmisión del dominio de bienes del Estado, sino que es omnicomprensivo de todo acto que la comporte; por ello, tanto la venta como el aporte que se hizo del bien inmueble al capital social de la Promotora –en tanto supone que se transfiera la titularidad del bien del Municipio a la sociedad– deben entenderse cobijados por esta normativa. (…) [A]l momento de celebrar el contrato, ambas partes eran entidades estatales, por lo cual el primero de los supuestos del artículo 2.4 de la Ley 1150 de 2007 se encuentra satisfecho. La Sala también encuentra que las obligaciones del contrato de aporte en especie y venta del bien inmueble tienen relación directa con el objeto social de la Promotora (…). [E]l objeto del contrato de aporte y venta no puede ser calificado como contrato de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación, encargos fiduciarios o fiducia pública, pues la prestación característica fue la enajenación de un bien. (…) [E]l Tribunal erró al afirmar que para la celebración del contrato de aporte en especie y venta era menester que el Municipio tramitara el procedimiento de selección abreviada en los términos del artículo 2.2 de la Ley 1150 de 2007, de conformidad con el procedimiento desarrollado en el Decreto 4444 de 2008, pues, por las razones acabadas de expresar, podía hacerse mediante contratación directa. De todos modos, las conclusiones a las que ha arribado la Sala no conducen a revocar la decisión del a quo en relación con la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de la finca El Oasis porque, como ya se mencionó, la decisión se fundó también en el desconocimiento de las normas de orden público que imponen la elaboración de estudios previos y, con ello, la justificación de la necesidad y conveniencia de celebrar el contrato. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a los convenios interadministrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de mayo de 2021, rad. 57822, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 4444 DE 2008, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 2 LITERAL E, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / REQUISITOS DEL CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / ENAJENACIÓN DE ACCIONES Problema jurídico: ¿El contrato de enajenación de acciones de la entidad está sometido al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación? Respuesta al problema jurídico: Si Según se desprende del (...) literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la enajenación de la propiedad accionaria del Estado se rige por lo dispuesto en la Ley 226 de 1995; sin embargo, al leer aquella norma de forma concordante con lo previsto en los artículos 1 y 2 de esta última ley, se concluye que ello sólo es así cuando la enajenación se hace a favor de particulares; en cambio, cuando se hace entre entidades públicas el régimen jurídico aplicable es el previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la complementan, entre ellas, la misma Ley 1150 de 2007. (…) Así las cosas, comoquiera que al momento de la suscripción del contrato de readquisición de acciones que se celebró entre el Municipio y la Promotora –1 de noviembre de 2011– ésta aún tenía la condición de entidad estatal en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 –pues hasta entonces su participación accionaria en la Promotora era mayoritaria –, forzoso es concluir que el régimen jurídico aplicable a este contrato no era el previsto en la Ley 226 de 1995, pues no se trataba de transferir la propiedad accionaria a un particular, lo que conduce, en los términos del transcrito artículo 20, a que el régimen jurídico aplicable al negocio jurídico era el de la contratación estatal. (…) [N]o existe en el ordenamiento jurídico colombiano una norma que prohíba que las sociedades de economía mixta puedan realizar operaciones de readquisición de acciones. Tal operación comercial está habilitada en el artículo 396 del Código de Comercio para las sociedades anónimas, aplicable también a las sociedades simplificadas por acciones –naturaleza de la que participa la Promotora–, de conformidad con la remisión normativa del artículo 45 de la Ley 1258 de 2008–“Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada”–, siempre que se cumplan las condiciones que impone ese artículo en concordancia con el artículo 417 de la misma normativa, entre ellas, que las acciones se hallen totalmente liberadas y que la adquisición se haga con fondos tomados de utilidades líquidas, esto, con el objeto de evitar la reducción del capital social en detrimento de terceros. Según acta No. 2 de reunión extraordinaria del 5 de septiembre de 2011, la Asamblea General de Accionistas de la Promotora, previa propuesta presentada por el Municipio, autorizó por unanimidad la readquisición de acciones del ente territorial, así como la creación de una reserva que se formaría con fondos tomados de las utilidades líquidas de la sociedad. (…) [L]a enajenación de bienes que pertenecen a entidades públicas que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se rige por esta normativa –salvo que se trate de enajenación de acciones a favor de particulares–. Esta regla debe atenderse, incluso, si el régimen jurídico de la otra entidad pública con la que se contrata no es este mismo, lo que impone, entre otras cosas, la obligación de desarrollar estudios previos con el objetivo de establecer, además de otros aspectos, la relación costo beneficio en función de las necesidades que se pretenden satisfacer , lo cual, para el caso de autos, es concordante con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 226 de 1995 que, como se referenció, dispone expresamente que cuando la enajenación de acciones se hace entre entidades públicas, el régimen jurídico aplicable es el de la contratación administrativa. (…) [P]ara enajenar 95 de las 156 acciones que tenía el Municipio en la Promotora a esa misma sociedad, el negocio jurídico no sólo debía cumplir con las condiciones que para el efecto imponen las normas del derecho común que lo rigieron, sino también las reglas que gobiernan la contratación estatal para la celebración de sus contratos, normas que están destinadas, entre otras cosas, a proteger el patrimonio público y que, por tanto, se han consagrado como de orden público y, por lo mismo, de ineludible cumplimiento. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del régimen de contratación de las sociedades de economía mixta, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 27 de octubre de 2022, rad. 67645, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 470 DE 1971 - ARTÍCULO 396, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 2 LITERAL E, LEY 1258 DE 2008 - ARTÍCULO 45, 417, LEY 226 DE 1995 - ARTÍCULO 1, 2, 20, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ENAJENACIÓN DE ACCIONES / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / VENTA DE ACCIONES Problema jurídico: ¿Se debe declarar la nulidad absoluta del contrato de enajenación de acciones, en virtud de que no se acreditó la realización de estudios previos para su celebración? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os (…) negocios jurídicos que antecedieron a la celebración del contrato de enajenación de acciones no pueden suplir la exigencia de elaborar los estudios previos, puesto que, además de que, al ser típicos negocios jurídicos y no actos administrativos no tuvieron ese objeto, de su contenido tampoco se deriva el cumplimiento de los requisitos que, de conformidad con el ya citado artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, deben reunir los estudios previos, menos aun cuando pocos meses antes se había dado el contrato de aporte y enajenación del inmueble sin estudios previos, lo que en criterio de la Sala revela protuberantes falencias de planeación, por decir lo menos. En efecto, tales documentos no mencionan, ni siquiera de manera tangencial, la enajenación, a favor de la Promotora, de 95 de las 156 acciones que el Municipio tenía en esa sociedad, es decir, no cumplen con la obligación de describir el objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar (núm. 2, art. 3, Dcto. 2472 de 2008); por lo mismo, no dan cuenta de la necesidad que la entidad estatal pretendía satisfacer con la contratación, los fundamentos de la modalidad de contratación ni el análisis que debía soportar el valor estimado del contrato (núm. 1, 3 y 4, ibidem). (…) Lo que se adujo en la demanda fue que tales estudios no se hicieron, lo que explica por qué no se aportaron. Como se trata de una negación indefinida, no requiere prueba (inciso 2º del artículo 177 del C.P.C. –hoy inciso 4º del artículo 167 del Código General del Proceso). No era exigible a la entidad pública aportar al proceso los estudios previos que, según dijo, no se elaboraron, puesto que no es posible demostrar algo que, se asevera, no ha ocurrido. Ahora, en el inciso 1º del artículo 177 del C.P.C. –hoy inciso 1º del artículo 167 del C.G.P– se consagra una regla general en materia probatoria, consistente en que, quien invoca un hecho respecto del cual pretende hacer derivar unas consecuencias jurídicas tiene la carga de acreditarlo; no obstante, dicha regla no es absoluta, pues la propia ley establece unas excepciones, entre ellas, las negaciones indefinidas que expresamente el legislador dispone que no se deben probar. Lo que ocurre en estos casos es que la carga de la prueba se invierte para que el contradictor que se opone a ella pruebe que el hecho que se niega sí ocurrió. En este caso, correspondía a la Promotora acreditar, en contra de lo negado por el Municipio, que los estudios previos del contrato de readquisición de acciones del 1 de noviembre de 2011 sí se elaboraron (...). Así las cosas, dado que las normas procesales son de orden público, las oportunidades probatorias son preclusivas, la decisión de negar las pruebas que aportó la parte demandada con su recurso de apelación adquirió firmeza porque no se recurrió, la carga de la prueba corresponde a las partes y el juez debe ser imparcial en sus decisiones (…) siendo de cargo de la Promotora, ésta no acreditó, en contra de la negación indefinida del Municipio, que para la celebración del contrato de readquisición de acciones sí se cumplieron los requisitos previos establecidos por la ley, específicamente, la elaboración de los estudios previos que respaldaran el negocio jurídico, lo que conduce a declarar la nulidad absoluta del contrato por vulneración de lo dispuesto con carácter imperativo en el numeral 3º del Decreto 2474 de 2008, que desarrolla los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y que, como se analizó previamente, son aplicables a todos los procesos de selección, incluida la contratación directa. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177 INCISO 1, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177 INCISO 2, DECRETO 2472 DE 2008 - ARTÍCULO 3 NUMERAL 1, DECRETO 2472 DE 2008 - ARTÍCULO 3 NUMERAL 2, DECRETO 2472 DE 2008 - ARTÍCULO 3 NUMERAL 3, DECRETO 2472 DE 2008 - ARTÍCULO 3 NUMERAL 4, DECRETO 2474 DE 2008 - ARTÍCULO 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 INCISO 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 INCISO 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 7 NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS / CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / ENAJENACIÓN DE ACCIONES / PÉRDIDA DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES / PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA / PRINCIPIO NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS / PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA Problema jurídico: ¿Proceden las restituciones mutuas derivadas de la nulidad absoluta de los contratos? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a declaratoria de nulidad absoluta de un negocio jurídico tiene varios efectos concurrentes. De conformidad con el numeral 8º del artículo 1625 del Código Civil, la declaratoria de nulidad absoluta es un modo de extinción de las obligaciones. Además, dicha declaratoria afecta in radice la eficacia del negocio jurídico, lo que ocurre con efectos ex tunc, esto es, retroactivamente, de modo que remonta, como regla general, todas las situaciones de hecho al momento en el que hipotéticamente estarían como si el negocio jurídico no se hubiera celebrado en primer lugar. (…) En este caso, los contratos de aporte y venta del inmueble El Oasis del 13 de abril de 2011 y de readquisición de acciones del 1º de noviembre de 2011 son contratos de ejecución instantánea porque son negocios jurídicos cuyos efectos están llamados a agotarse con la transferencia y aporte del bien o la tradición de la propiedad sobre las acciones, respectivamente (...). En este orden de ideas, los efectos de la declaratoria de nulidad absoluta no se rigen en este caso por la regla contenida en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, sino por lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil. En este orden de ideas, por tratarse de contratos de ejecución instantánea, el criterio de utilidad o beneficio propuesto por el Municipio en su apelación no resulta instrumental para la determinación de las restituciones mutuas. Por lo anterior, la Sala retorna a la regla general del derecho común según la cual la nulidad del contrato genera en quienes formaron parte de él el deber de restituir lo que recibieron en función de las prestaciones y contraprestaciones pactadas en el negocio jurídico que ha sido declarado nulo y, a su vez, el derecho a recibir de vuelta lo que entregaron en tal virtud, salvo cuando la nulidad proviene de un objeto o causa ilícita, a sabiendas, excepción que encuentra su fundamento en el aforismo según el cual nadie puede beneficiarse de su propia culpa o dolo. (…) Surge entonces que la referida excepción a la regla general de las restituciones mutuas requiere del conocimiento inequívoco que una o ambas partes tuvieron respecto de la ilicitud, el cual, por tanto, debe estar acreditado (…). Dado que en este caso no está acreditado que las partes o alguna de ellas hubiere celebrado los contratos de aporte y venta del inmueble, y el de readquisición de acciones “a sabiendas” de que contrariaban lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008 –norma de orden público que impone su nulidad por objeto ilícito–, la Sala debe concluir que respecto de ambos negocios jurídicos y en ambas direcciones de las relaciones contractuales proceden las restituciones mutuas. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a las restituciones mutuas derivada de la nulidad absoluta del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 62250, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 21 de junio de 1984, rad. 3071, C. P. José Alejandro Bonivento Fernández. Acerca de la regla de derecho de que nadie puede beneficiarse de su propia culpa o dolo, consultar sentencia de 6 de julio de 2005, rad. 12249, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 28 de agosto de 2017, rad. 76001-31-03-009-2000-00659-01, M. P. Arnoldo Wilson Quiroz Monsalvo. Sobre la obligación de acreditar el conocimiento que tienen las partes acerca de las circunstancias que dan lugar a declarar la nulidad de un contrato por objeto o causa ilícita, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, C. P. María Elena Giraldo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746 ENAJENACIÓN DE BIEN / PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE / PRUEBA DE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE / CERTIFICADO DEL REGISTRO DE BIEN INMUEBLE / REGISTRO DE BIEN INMUEBLE / TERCERO POSEEDOR DE BUENA FE / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR OBJETO LÍCITO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / ADQUIRENTE DE BUENA FE / DERECHOS DEL ADQUIRENTE DE BUENA FE / ACCIÓN REIVINDICATORIA / OBJETO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA / DERECHO A LA PROPIEDAD / ENAJENACIÓN DE ACCIONES / PÉRDIDA DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES Problema jurídico: ¿Procede la restitución del inmueble incluso cuando éste ya fue enajenado a un tercero por el adquiriente en el contrato declarado nulo? Respuesta al problema jurídico: Si Como la nulidad supone devolver las cosas al estado anterior a la celebración del contrato, lo procedente sería ordenar a la Promotora devolver al Municipio el inmueble El Oasis y a éste, a su vez, reintegrar el valor que recibió por la venta y las acciones que adquirió en la sociedad por su aporte a capital. No obstante, dado que se encuentra acreditado que el 27 de agosto de 2013 –después de notificada la admisión de la demanda a la Promotora– se elevó a escritura pública (…) el negocio jurídico por medio del cual la Promotora transfirió, a título de aporte a capital, el bien inmueble a la sociedad Inmobiliaria Puente de Occidente S.A.S –que constituyó previamente la demandada como única accionista (…), no es jurídicamente posible dar esa orden a la demandada, por la sencilla razón de que el inmueble ya no es de su propiedad y, por lo mismo, no puede disponer de él; en consecuencia, tampoco es posible ordenar la obligación correlativa del Municipio de devolver lo que recibió a cambio de la enajenación del predio. Lo anterior, sin embargo, no impide que la declaración de nulidad que se profiere en este juicio produzca los efectos que por ley está llamada a generar, solo que para ello es menester que, en garantía de los derechos de terceros que no hicieron parte de este juicio, el Municipio deba proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1748 del Código Civil (…). [S]i bien en virtud del principio de normatividad de los contratos las estipulaciones que estos contienen solo obligan a quienes formaron parte de él y no a terceros (art. 1602, Código Civil), lo cierto es que este aforismo no se aplica respecto de las consecuencias generadas por la ineficacia del contrato que se deriva de su declaración de nulidad, caso en el cual, por disposición legal, las cosas deben volver a su estado anterior al de la celebración del negocio en cuestión (art. 1746, ibidem). Así, si el contrato que otorgó la titularidad del bien a un sujeto que posteriormente lo enajena deja de existir en el mundo jurídico, consecuencia obligada es que aquél no habría podido transferir el derecho que, en virtud de los efectos ex tunc de la nulidad, nunca tuvo, lo que convierte al tercero que lo tenga en su poder en un poseedor, pues la propiedad habrá retornado a su titular inicial. Esto, sin perjuicio de las consecuencias que deberán determinarse respecto de la oponibilidad de este fallo al tercero que lo adquirió a través de la Escritura Pública No. 1625 del 27 de agosto de 2013 o de los que lo hubieren adquirido con posterioridad, si los hubiere, según si actuaron de buena o mala fe, lo que será materia del proceso reivindicatorio. No obstante, la ley también ampara los derechos del tercero poseedor, pues para ello impone al propietario que para lograr la recuperación de la posesión del bien debe iniciar la acción reivindicatoria, escenario en el cual el poseedor podrá hacer valer sus derechos, según se demuestre que ha obrado con buena o mala fe y, en todo caso, el tercero de buena fe tiene acción en contra de quien le enajenó el bien. (…) [R]evisado el certificado de tradición correspondiente al inmueble El Oasis, no se registró –porque no fue oportunamente solicitado por la parte actora– la medida cautelar de inscripción de la demanda, lo cual no constituye impedimento alguno para la decisión que se adopta en esta sentencia se inscriba en el respectivo registro de la Oficina de Instrumentos Públicos correspondiente al inmueble El Oasis y, tampoco, para que el Municipio ejercite la acción reivindicatoria que, en los términos de la ley, se deriva de la declaración de nulidad del contrato, pues la norma no impone esa restricción. (…) En estas condiciones, solo en caso de que el Municipio recupere la posesión del inmueble, tendrá la obligación de devolver a la Promotora la suma de$150’000.000, debidamente actualizada, que recibió a cambio de la venta del 49.83% del derecho de dominio que tenía sobre el inmueble. En cuanto a las acciones que recibió a cambio del aporte que hizo al capital de la sociedad por el 50.17% del derecho de dominio restante sobre inmueble (151, a razón de $1’000.000, cada una), quedarán como suscritas y no pagadas, en tanto, según el contrato de aporte en especie, ese porcentaje se aplicó a capital suscrito y pagado. [S]olo si se logra la recuperación del inmueble y por razón de esta sentencia, el Municipio deberá restituir a la Promotora o, en su defecto, a la masa de la liquidación, el valor de $120’000.000, debidamente actualizado, que recibió a cambio de la enajenación de las 95 acciones, pues, se reitera, tales acciones fueron liberadas con la suscripción y liberación de acciones (pago) del aporte del 50,17% del inmueble. (…) [D]e no lograrse la restitución del inmueble al municipio, no procederán las restituciones mutuas por imposibilidad física y jurídica de volver las cosas a su estado anterior. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de los efectos de la nulidad del contrato respecto a los subadquirentes, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de agosto de 2018, rad. 05001-31-03-010-2011-00338-01, M. P. Ariel Salazar Ramírez. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746, 1748, 1602 COMPULSA DE COPIAS / SOLICITUD DE COMPULSA DE COPIAS / CAUSALES DE LA COMPULSA DE COPIAS / DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL TESORO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PENAL / RESPONSABILIDAD FISCAL / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR OBJETO LÍCITO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿Ante el detrimento patrimonial ocasionado con la celebración de los contratos se debe investigar la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de los implicados? Respuesta al problema jurídico: Si [A]mbos negocios jurídicos –el de aporte y venta de la finca El Oasis y el de readquisición de acciones– se celebraron, aparentemente, con el objeto de lograr el cumplimiento de uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal del periodo 2008 a 2011, consistente en el “aumento del nivel de desarrollo del municipio” mediante el “fortalecimiento del desarrollo del territorio en el área urbana y rural”, para lo cual se planteó, de un lado, desarrollar un “proyecto inmobiliario y de turismo” en la finca El Oasis y, paralelamente, con los recursos de la enajenación de ese predio, intervenir la parte urbana del municipio y, específicamente, equipar el parque principal y demás espacios urbanos. Para lograr estos objetivos –al menos formalmente, según lo indicado en los documentos–, se realizó una serie de actuaciones y negociaciones todas ligadas entre sí y dotadas de una aparente legalidad. Sin embargo, al final, en el predio El Oasis no se desarrolló ningún proyecto que ayudara al desarrollo del municipio, o al menos no hay prueba de eso en el expediente. En cambio, a lo que tales actuaciones y negociaciones condujeron fue a que: El bien se trasladara a un tercero que no había adquirido ningún compromiso con el municipio para lograr los cometidos de su plan de desarrollo, que fue la causa con la cual se justificó que el municipio se despojara de esa propiedad para trasladarla al patrimonio de la Promotora. El bien se trasladara a un tercero adquirente que no tenía la obligación de destinarlo a los fines que justificaron la enajenación que el municipio hizo a favor de la Promotora, sin que se hubiere cumplido –o al menos no obra prueba de ello en este proceso– el objetivo que justificó la enajenación. El bien se trasladara a un tercero sin las limitaciones que, en favor del patrimonio público y demás finalidades de la contratación pública, establece la ley. En efecto, aunque cuando se constituyó la Promotora la participación accionaria del municipio era mayoritaria, lo cual imponía, en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que en su actividad contractual esa sociedad fuera considerada pública y, por tanto, que para la enajenación de sus bienes debiera sujetarse a lo que al respecto dispone esa normativa, lo cierto es que con la celebración del contrato de readquisición de acciones del 1 de noviembre de 2011 la entidad territorial perdió la mayoría accionaria, con lo cual cambió el régimen de contratación de la Promotora para sujetarse a las normas del derecho privado, lo que le permitió aportar el bien a la Inmobiliaria Puente de Occidente S.A.S. –de la cual era su única accionista– sin las limitaciones propias de la contratación pública y, además, sin ningún miramiento de cara a la causa en la que el municipio, en un principio, justificó despojarse de ese bien que hacía parte de su patrimonio. Por lo anterior, la Sala compulsará copias de este proceso a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que, en el marco de sus competencias, estudien y definan sobre la posible comisión de una falta penal, disciplinaria o la eventual configuración de una responsabilidad fiscal. CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas ante la prosperidad parcial de los recursos de apelación? Respuesta al problema jurídico: No En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, artículo 365. La Sala se abstendrá de emitir condena en costas en esta instancia, en tanto ninguno de los recursos prosperó totalmente; por lo mismo, la sentencia no se revoca ni se confirma en su integridad (numerales 3 y 4, art. 365 C.G.P). FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4 EXHORTACIÓN A AUTORIDADES / EXHORTO / MINISTERIO PÚBLICO / COMPETENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR PARTE DE ENTIDAD PÚBLICA Problema jurídico: ¿Procede exhortar al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias, haga seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la presente sentencia, así como de las actuaciones que deberá adelantar oportunamente el municipio demandante? Respuesta al problema jurídico: Si Dado que, por las razones que se indicaron previamente, para procurar la recuperación del inmueble es necesario que el municipio adelante unas actuaciones judiciales posteriores, la Sala exhortará al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias, haga seguimiento al cumplimiento de tales actuaciones, las cuales deberán adelantarse dentro de las oportunidades procesales establecidas por la ley. Ejecutoriada la sentencia, el municipio deberá, en el menor tiempo posible, adelantar los trámites pertinentes para la inscripción de esta providencia en la Oficina de Instrumentos Públicos de Sopetrán, Antioquia, la cual deberá darle trámite preferente a esta actuación.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201300295011100103