Titulación de la relatoría 23.889 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / NULIDAD DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO DE MANDATO / CLASES DE CONTRATO DE MANDATO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE MANDATO / MANDATO CON REPRESENTACIÓN / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE MANDATO / PARTES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO DE PROMESA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿La Empresa de Desarrollo Urbano como mandataría en representación del municipio de Medellín en la adquisición de predios mediante las figuras de enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial, cuenta con legitimación en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta de los contratos de promesa de compraventa sobre varios de dichos inmuebles; y, a su vez, la persona natural demandada está legitimada en la causa por pasiva en la demanda principal, porque suscribió, por intermedio de su apoderado, los contratos de promesa de compraventa objeto de este litigio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. (...) Como se observa, [en el caso concreto] el hecho de que el mandatario descubra y exteriorice ante los terceros destinatarios de su gestión que está actuando en nombre de otro, hace que el mandato sea representativo. Al examinar el material probatorio, la Sala encuentra que mediante el contrato interadministrativo de administración delegada No. 4600043336 de 2012, la EDU se comprometió con el municipio de Medellín, bajo la figura del mandato, a “gerenciar, coordinar y realizar las actividades inherentes a la fase II para la adquisición de los inmuebles y mejoras del área de influencia de las obras viales nuevas y puente de la 93 – 94”, para lo cual debía emplear los procedimientos establecidos legalmente para la adquisición de predios mediante las figuras de enajenación voluntaria, expropiación administrativa y/o judicial. Por su parte, el municipio se comprometió a transferir los recursos necesarios para adelantar tales gestiones a las cuentas de la EDU y pagar los honorarios pactados a favor de la EDU. En los documentos que obran en el plenario -propuesta y contrato interadministrativo - no se evidencia que se haya pactado expresamente la representación del municipio en cabeza de la EDU para adelantar las gestiones convenidas. A pesar de esto, se evidencia que, en los contratos de promesa de compraventa se hizo explícito que la EDU actuaba en nombre y representación del municipio de Medellín. (...) De este modo, como al momento de realizar la gestión encomendada a la EDU, esta exteriorizó e hizo cognoscible ante el señor (...) [demandado] que obraba en nombre del municipio de Medellín, se entiende que el mandato por ella ejercido es representativo, motivo por el cual le asiste legitimación en la causa por activa. Por su parte, si bien la EDU actuó en condición de mandataria del municipio, fue la entidad que concurrió a la suscripción de los contratos de promesa y realizó todas las gestiones asociadas a estos, “asumiendo un rol de directora del negocio” que la habilita para ser parte en el sub-lite, pues se acredita la existencia de un interés directo para solicitar la nulidad absoluta de los negocios, en los términos del inciso tercero del artículo 141 del CPACA, dado que su gestión originó la controversia que se analiza. En ese sentido, como la EDU participó en la formulación y suscripción de los contratos de promesa y fungió como mandante del municipio en la gestión para la entrega anticipada de los predios y el pago del 50% de su valor, la Sala evidencia que le asiste un interés directo para actuar como parte demandante en el presente caso. Asimismo, se evidencia que la decisión sobre la nulidad de los negocios jurídicos en los que participó como mandatario y, específicamente, sobre las restituciones mutuas, tendría como implicación el reintegro del dinero a las cuentas de la EDU, con independencia de las consecuencias que se proyecten en la relación entre esta y el municipio. A su vez, el señor (...) [demandado] se encuentra legitimado por pasiva en la demanda principal, porque suscribió, por intermedio de su apoderado, los contratos de promesa de compraventa objeto de este litigio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los elementos del contrato de mandato con o sin representación y las implicaciones de cada una de estas figuras en cuanto al ejercicio de acciones judiciales directas, consultar providencias de 1 de octubre de 2018, Exp. 13001-23-31-000-2012-00022-01(57897), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 17 de abril de 2007, Exp. 0645, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1262, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2142, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2177
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / NULIDAD DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de controversias contractuales incoada para solicitar la nulidad absoluta de los contratos de promesa de compraventa sobre varios inmuebles objeto de enajenación por parte del municipio demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA establece que el término para ejercer el medio de control de controversias contractuales es de dos años, que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. Como regla para pretender la nulidad absoluta o relativa del contrato, dispone que dicho plazo empezará a contarse desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En este caso, la Sala observa que los contratos de promesa de venta suscritos sobre los inmuebles con matrícula inmobiliaria No. 001-1041956, 001-196197 y 001-620205 no dan cuenta de la fecha en la cual fueron celebrados. Sin embargo, es posible inferir que su perfeccionamiento ocurrió con posterioridad o de forma concomitante a la oferta de compra que se le hizo al señor (...) [demandado], las cuales se formularon mediante las resoluciones GG 1086, 1087 y 1088 del 9 de octubre de 2013, notificadas el 10 y 17 de octubre siguiente. Como es posible inferir que dichas resoluciones fueron actos concomitantes o que precedieron a la celebración de los contratos, y entre la fecha de la primera notificación -10 de octubre de 2013- y la de presentación de la demanda -19 de febrero de 2014- solamente transcurrieron 4 meses y 9 días, se puede concluir que la demanda principal fue oportuna.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DE LA PROPIEDAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de controversias contractuales de reconvención incoada para objetar la declaratoria del municipio de Medellín de no continuar con el proceso de enajenación voluntaria de los inmuebles y se solicitó devolver el anticipo con la consecuente restitución de los predios?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con relación a la demanda de reconvención, el término de caducidad empezó a correr a partir de la reunión en la cual la EDU le comunicó al señor (...) [demandando] que no se iba a continuar con el proceso de enajenación voluntaria de los inmuebles y se le solicitó devolver el anticipo con la consecuente restitución de los predios. A pesar de que el material probatorio no brinda certeza sobre la fecha en la que se adelantó dicha reunión, es posible inferir que esta se dio con posterioridad a la notificación de las ofertas de compra. Comoquiera que la demanda de reconvención se presentó el 2 de octubre de 2014, es decir, 11 meses y 22 días después de que se notificó la primera oferta de compra -10 de octubre de 2013- se evidencia que fue presentada en tiempo.
RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REITERACIÓN DE ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / CONTENIDO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Se satisface la carga argumentativa del recurso de apelación con la simple reiteración de las razones expuestas en la contestación de la demanda, esto es, cuando no se refuta de forma concreta ninguno de los argumentos en los que se sustentó la decisión del a quo?
Respuesta al problema jurídico: No
Como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Subsección, y en virtud de los artículos 247 del CPACA y 322 del CGP, la carga de sustentación que le corresponde cumplir al apelante no se satisface con la simple manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, ni con la solicitud general de que la sentencia sea revocada. De igual modo, el recurso no puede limitarse a reiterar o repetir los argumentos de la demanda, de la contestación o de los alegatos de conclusión. Esto es así, porque la garantía de la doble instancia exige que se ataquen o se cuestionen los fundamentos de hecho y de derecho que soportaron las consideraciones del respectivo proveído, en aquello que se considere desfavorable, sin que baste con argüir que dicha decisión es contraria a los intereses de quien la impugna. No puede olvidarse que el marco de competencia del juez de segunda instancia se limita a definir los cargos presentados en contra de la decisión apelada; en ese sentido, el impugnante deberá determinar, de manera clara, cuáles son los yerros o desaciertos en los que incurrió el a quo al resolver la litis. (...) Bajo estos términos, la Sala considera que el señor (...) [demandado en la demanda principal] no cumplió con la carga de sustentación de su recurso en relación con los cuestionamientos relativos al principio de la buena fe y de la confianza legítima, porque el mismo se limitó a repetir lo expuesto en la contestación de la demanda, sin que fueran controvertidos los planteamientos de la sentencia de primer grado. (...) Los argumentos transcritos en la apelación sobre el principio de la buena fe y la confianza legítima no se orientaron a confrontar los puntos abordados por el tribunal, a plantear un problema jurídico distinto, o a controvertir la decisión sobre las restituciones mutuas. El recurrente tampoco relacionó la forma en la que la aplicación de los principios alegados podría alterar algún punto de la decisión de primer grado, pues se limitó a citar jurisprudencia que define el principio de confianza legítima y a señalar que actuó de buena fe en la celebración del contrato que fue declarado nulo en primera instancia. Así las cosas, el único cargo que pretendió desvirtuar los razonamientos del tribunal fue el relativo a la posibilidad de determinar la fecha de suscripción de la escritura pública de compraventa, por lo que este argumento será objeto de pronunciamiento en esta instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la carga procesal de sustentar el recurso de apelación, consultar providencias de 8 de noviembre de 2021, Exp. 25000-23-26-000-2011-00924-01(54282), C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 29 de septiembre de 2023, Exp. 25000-23-36-000-2012-00034-02(57788), C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 247, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 322
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DE LA PROPIEDAD / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / NULIDAD DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ESCRITURA PÚBLICA / OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA / SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA / PLAZO / CONDICIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE / RESTITUCIÓN DE DINERO
Problema jurídico:
¿Resulta posible determinar la fecha en la que se debían otorgar las escrituras públicas de compraventa, a partir de los oficios del 10 y del 17 de octubre de 2013 remitidos por el demandado a la EDU, y del contenido de la sentencia del 4 de abril de 2002 con radicación 13.642 proferida por esta Corporación, por lo que debe revocarse la sentencia de segunda instancia que declaró la nulidad absoluta de los contratos de promesa de compraventa por observarse que las partes omitieron fijar una condición o plazo para la suscripción del contrato prometido?
Respuesta al problema jurídico: No
El 19 de febrero de 2014, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín-EDU y el municipio de Medellín presentaron demanda conjunta, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del señor (…), con la pretensión de que se declarara la nulidad absoluta de los contratos de promesa de compraventa sobre los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias No. 001-1041956, 001-196197, 001-620205 y 001-979403. Asimismo, solicitaron que se ordenara la restitución inmediata de las prestaciones mutuas ejecutadas por cada una de las partes. (…) [L]a Sala estima pertinente recordar que el proceso de enajenación voluntaria se encuentra regulado en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y tiene como finalidad la adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública e interés social, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 9 de 1989, modificado por el artículo 58 de la Ley 388 de 1997. Esta regulación especial no excluye la aplicación de las normas del Código Civil en relación con los elementos de los negocios que la entidad estatal celebre con particulares para llevar a cabo el procedimiento de enajenación voluntaria. Por ello, los contratos suscritos con este propósito deben cumplir con las exigencias establecidas en la normativa civil. De este modo, se recuerda que los elementos de la esencia del contrato de promesa se encuentran definidos en el artículo 1611 del Código Civil, subrogado por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887 (…). Si se echa de menos alguno de los elementos (…), la consecuencia que el ordenamiento jurídico prevé es la nulidad absoluta del negocio, en virtud del artículo 1741 ejusdem (…). Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que un contrato de promesa se encuentra viciado de nulidad absoluta cuando las partes omiten fijar una condición o un plazo para la suscripción del contrato prometido (…). Descendiendo al caso concreto, la parte demandada refirió en su recurso de apelación que, contrario a lo indicado por el tribunal, la fecha para otorgar la escritura pública de compraventa de los predios prometidos era determinable, con fundamento en (i) los oficios del 10 y del 17 de octubre de 2013 remitidos a la EDU y (ii) la sentencia con radicado 13.642 del 4 de abril de 2002, proferida por esta Corporación, en la que se dijo que el plazo máximo para otorgar la escritura pública de compraventa, luego de la suscripción del contrato de promesa, era de 2 meses prorrogables por 20 días hábiles. Frente al primer argumento, la Sala observa que (…) [en los] documentos y las manifestaciones allí incluidas constituyeron una declaración efectuada por el señor (…) que, si bien hicieron parte de las tratativas, no se cristalizaron en las cláusulas del contrato de promesa. De ahí que no se evidencia un acuerdo de voluntades sobre el plazo propuesto por el promitente vendedor. Por esta razón, los oficios aportados no constituyen prueba de la fecha en que se debían suscribir los contratos de compraventa. Sumado a lo anterior, tales documentos constituían la aceptación de las ofertas de compra contenidas en las Resoluciones GG 1086, 1087 y 1088 del 9 de octubre de 2013, en las cuales no se estaba proponiendo un plazo concreto para la firma de los contratos de promesa ni los de compraventa, por lo que no existen pruebas suficientes para establecer la existencia de un acuerdo de voluntades respecto de este elemento contractual. (…) Con relación al segundo reparo, relativo a la aplicación de la sentencia del 4 de abril de 2002, la Sala observa que las consideraciones fácticas y jurídicas que sustentaron tal providencia no son aplicables a este caso (…). De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia. No obstante, teniendo en cuenta que el señor (…) entregó los predios al municipio de Medellín en el año 2013, es necesario enfatizar que la restitución de los inmuebles ordenada en el numeral tercero de la sentencia de primer grado debe efectuarse garantizando que estos se encuentren libres de todo ocupación, posesión, embargos, anticresis, encargos fiduciarios, condiciones resolutorias de dominio, pleitos pendientes, servidumbres, usufructos, titulaciones o cualquier otro gravamen o limitación, Igualmente que los inmuebles se encuentren al día y a paz y salvo a la fecha de entrega por el pago de los impuestos, tasas, valorizaciones, servicios públicos, contribuciones, etc., que los afecte. Los inmuebles deben estar en las mismas condiciones físicas en las que se encontraban en el año 2013, de acuerdo con los avalúos comerciales que sirvieron de fundamento a las ofertas de compra. A su vez, de conformidad con el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, la suma que debe restituir el señor (…) a la Empresa de Desarrollo Urbano debe estar debidamente indexada (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la providencia invocada por el demandado para fundar sus súplicas, consultar de 4 de abril de 2002, Exp. 73001-23-31-000-1995-03642-01(13642), C.P. María Elena Giraldo Gómez. Acerca de la nulidad absoluta del contrato de promesa cuando las partes omiten fijar una condición o un plazo para su suscripción, consultar providencia de 18 de abril de 2016, Exp. 76001-23-31-000-2001-03567-01(34648), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 1 de junio de 1965. GJ CXI, CXII-134, M.P. Enrique López de la Pava; de 29 de junio de 2018 Exp. SC-2468-18, M.P. Ariel Salazar Ramírez.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 89, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1611, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el sistema procesal actual, la condena en costas adoptó un régimen objetivo, en el que se condena a la parte vencida, con independencia de su conducta. Teniendo esto presente, y para efectos de la condena en costas en segunda instancia, se tiene que, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; adicionalmente, el artículo 361 ibidem estipula que las costas “(...) están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de esa misma disposición. Bajo estos términos, se condenará en costas al señor (...), quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que este no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, y de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y otras circunstancias especiales, si las hubiere. En ese sentido, se observa que se trata de un proceso de controversias contractuales, cuyas pretensiones ascendían a la suma de $1.723’489.728. Asimismo, las demandantes designaron a sus apoderados, quienes intervinieron en las actuaciones de la segunda instancia. Teniendo en cuenta el Acuerdo No. 1887 de 2003, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, se fijarán las agencias en derecho de la segunda instancia en el 0.1% de las pretensiones, es decir, la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($1’723.489), a favor de la parte demandante de la demanda principal, conformada por la Empresa de Desarrollo Urbano y el municipio (hoy distrito) de Medellín, en proporciones iguales. La anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, el demandado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4