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EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA

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Consejo de Estado Providencia

Se debe precisar que el ordenamiento jurídico da especial importancia al derecho de probar, pues señala que las partes pueden “presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra”, se impone la carga “onus probandi” de acreditar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-06-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200029601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Están las partes obligadas a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones? Sí
El contratista está obligado a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones, ya que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a presentar pruebas y establece la carga de la prueba ("onus probandi") para acreditar los hechos que fundamentan las normas que persiguen. La declaración de terceros debe cumplir con los requisitos formales para ser conducente, pertinente y útil, y el juez debe decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos definidos en la etapa de fijación del litigio. Además, el juez puede rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio, lo que implica que las pruebas deben estar directamente relacionadas con el problema jurídico determinado y no ser objeto de otros procesos. Esto asegura un acceso justo a la justicia y garantiza los derechos al debido proceso, la contradicción y defensa, así como la resolución justa de conflictos.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez rechazar la práctica de declaraciones de terceros si la solicitud no cumple con los requisitos formales que permitan verificar su conducencia, pertinencia y utilidad? ¿Debe el juez decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos que fueron definidos en la etapa de fijación del litigio? ¿Debe el juez rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del medio de control de repetición en única instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020150008100 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del medio de control de repetición en única instancia cuando el demandado es un director de entidad del orden nacional? Sí
La competencia en única instancia para conocer de la acción de repetición que se ejerce contra los directores de entidades del orden nacional corresponde al Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, sin consideración al monto de la pretensión. La razón es que la norma atribuye el juicio único a la corporación por la calidad del sujeto pasivo, que en el caso era la máxima autoridad de un órgano de control nacional. Además, según el literal l del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el término de caducidad de la repetición corre desde la fecha efectiva del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de la entidad para pagar, y si la condena se tramitó bajo el Código Contencioso Administrativo ese plazo es de 18 meses conforme a su artículo 177. En el caso, la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago y la Sala negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la competencia única depende de la calidad del demandado, y el plazo de pago de la condena debe computarse conforme al régimen procesal que la originó.síntesis automática
También resuelve: ¿El término para interponer el medio de control de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar… ¿Los preceptos de la Ley 678 de 2001 son aplicables al proceso, toda vez que los hechos ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho mandato?? ¿La sentencia condenatoria en lo contencioso administrativo contra la entidad demandante es prueba suficiente de que la conducta del agente estatal es dolosa?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Acción de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020130172101 LEY 1437 REPETICION
¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición? Sí
El contratista debe cumplir los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición contra el Estado, que incluyen la existencia de una condena judicial por responsabilidad patrimonial del Estado, el pago efectivo a la víctima del daño y la demostración de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. La Sala ha establecido que la condena judicial debe ser clara y que el pago debe ser acreditado mediante documentos públicos como certificados del tesorero, que se presumen auténticos. Además, la entidad actora debe especificar la causal de la presunción de dolo o culpa grave para permitir que los demandados ejerzan su derecho de defensa y contradicción. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, proporcionando mayor claridad sobre los requisitos y la carga probatoria necesaria para la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de una condena judicial impuesta contra una entidad pública por responsabilidad patrimonial del Estado es un requisito de la acción de repetición? ¿El certificado del tesorero es prueba idónea para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición? ¿En la acción de repetición, es deber de la entidad actora expresar la causal de presunción de dolo o culpa grave en orden a permitir que los demandados tengan la oportunidad de ejercer su derecho de…
Consejo de Estado Providencia

La repetición es asunto de expresa previsión constitucional

Sentencia — Sentencia 2022-03-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 85001233300020130020401 LEY 1437 REPETICION
¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición? Sí
El contratista puede valerse de cualquier medio legalmente válido para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición, conforme a la libertad probatoria consagrada en el Código Civil y recogida en el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso. Desde 2013, la corporación ha reiterado que los documentos expedidos por entidades públicas tienen plena validez y capacidad probatoria como documentos públicos, salvo tacha de falsedad o contradicción probatoria por parte de la contraparte. Esto implica que el contratista puede presentar documentos de naturaleza pública para acreditar el pago, sin necesidad de medios adicionales de prueba, siempre que la contraparte no logre demostrar su falsedad o contradicción.síntesis automática
También resuelve: ¿El ordenamiento jurídico permite que el deudor pueda valerse de cualquier medio de prueba legalmente válido para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición? ¿Se acreditó el pago de la condena con documentos de naturaleza pública? ¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza de los miembros del Ejército en el operativo militar que dé lugar a la prosperidad de la acción de repetición?
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del patrullero de policía

Sentencia — Sentencia 2023-05-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 85001233300020180002401 LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del patrullero de policía, que proceda condenarlo en sede de repetición a restituir la condena impuesta al Estado por las lesiones sufridas en el accidente de tránsito con el vehículo oficial que dicho agente conducía por órdenes de sus superiores? No
La culpa grave del agente no puede fundarse en un hecho que no se planteó en la demanda ni se sostuvo en la primera instancia, y su acreditación exige elementos de convicción suficientes que permitan concluir con certeza la conducta reprochada. La regla se apoya en que el juez de repetición decide sobre los cargos formulados en la demanda y en que la culpa grave debe demostrarse con pruebas y no con conjeturas. Por ello, un argumento nuevo en la apelación sobre la conducta del agente no altera el marco de la controversia. En el asunto, el conductor de un vehículo oficial sufrió un accidente de tránsito, y el argumento de exceso de velocidad no se había planteado en la demanda ni en la primera instancia, y no existían elementos suficientes para concluir la culpa grave; por ello, la Sala confirmó la negativa de la repetición. En la práctica, la culpa grave en un accidente de tránsito debe probarse con los hechos incluidos en la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contabilizarse desde el pago de la segunda condena impuesta en la sentencia de reemplazo proferida por el Tribunal Administrativo… ¿El marco fundamental del juez de segunda instancia en sede de repetición, está determinado por los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia? ¿Para la configuración de la responsabilidad del agente del Estado por culpa grave, es necesario acreditar un error inexcusable y manifiesto…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El surgimiento de la obligación, no significaba ipso facto su exigibilidad

Sentencia — Sentencia 2022-04-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020130035001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La exigibilidad de la obligación de pago a cargo del INVIAS estaba sujeta a que el Consorcio elaborara las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos? Sí
El contratista no puede exigir el pago inmediato del INVIAS por la ejecución de obra pública sin cumplir con los requisitos establecidos en el contrato, como la elaboración de las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos, avaladas por el interventor y los gestores del proyecto y del contrato. Además, el INVIAS tiene un plazo de 90 días calendario para pagar las facturas presentadas por el contratista, y si no lo hace, incurre en mora y debe pagar intereses moratorios. Sin embargo, si el contratista presenta las actas de obra después de vencida la vigencia fiscal correspondiente, renuncia a reclamar intereses, actualizaciones y sobrecostos, lo que constituye una cláusula limitativa de responsabilidad válida siempre y cuando no haya culpa del INVIAS en la tardanza, la cual debe probarse por la entidad. Esta interpretación reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad del pago en contratos de obra pública y establece límites a las cláusulas limitativas de responsabilidad para proteger la buena fe contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál era el plazo con el que contaba el INVÍAS para pagar las actas de obra presentadas por el contratista? ¿la cláusula limitativa de responsabilidad solo surtía efectos si el contratista presentaba tardíamente las actas de obra por su propia culpa? ¿La elaboración y presentación de la factura de venta era una carga que correspondía al Consorcio para efectos de recibir el pago por parte del contratista?
Consejo de Estado Providencia

En cambio, cuando los acuerdos guarden silencio sobre el asunto reclamado, sin que de sus cláusulas se deduzca intención alguna de abandonar esa diferencia, el camino para el estudio de fondo permanece expedito, y el contratista conserva su derecho a hacer valer sus reclamaciones en la liquidación del contrato y, si es del caso, en sede judicial.

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180121302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La ausencia de salvedades o reclamaciones expresas por parte del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal constituye un impedimento procesal o sustancial de base legal que derive en la improcedencia automática de futuras reclamaciones judiciales? No
La ausencia de salvedades o de reclamaciones expresas del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal no constituye un impedimento procesal ni sustancial que haga improcedentes de manera automática las reclamaciones judiciales posteriores. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al suscribir modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, conforme a la unificación de la Sala Plena de 27 de julio de 2023, que superó el precedente que exigía la reserva expresa; el principio de buena fe no habilita al juez para crear requisitos de procedencia no previstos en la ley; y el juez debe examinar el contenido y el contexto de los acuerdos para determinar si regularon la diferencia económica reclamada. Por ello, la declaración de extemporaneidad con base en la ausencia de glosas constituye un error de juicio. La providencia de primera instancia se confirma en la parte que resolvió el fondo.síntesis automática
También resuelve: ¿La suscripción de adiciones en valor y prórrogas en tiempo que guardan silencio sobre compensaciones económicas o que no contienen cláusulas de finiquito expreso… ¿Para la procedencia del reconocimiento de perjuicios se debe examinar la acreditación de cada rubro reclamado a la luz del material probatorio aportado por quien lo reclama? ¿Se acreditaron los perjuicios derivados de la ejecución de mayores cantidades y actividades diferenciales al objeto inicialmente pactado en el contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La competencia sobre este asunto está a cargo de esta Corporación

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020160015000 LEY 1437 REPETICION
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer, en única instancia, de una acción de repetición promovida por una universidad contra sus exrectores y exvicerrectora, por hechos ocurridos en ejercicio de sus funciones? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la acción de repetición que promueve una entidad pública contra sus exservidores cuando resulta condenada al pago de perjuicios causados por actuación dolosa o gravemente culposa, y en los procesos de única instancia la competencia del Consejo de Estado depende del factor subjetivo y del factor objetivo. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben a esta jurisdicción la repetición para obtener el reintegro de lo pagado; los artículos 149, 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011, vigentes al presentarse la demanda, introdujeron el factor subjetivo para los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado y el factor objetivo para los demás; y la acción de repetición de una universidad contra sus exdirectivos se enmarca en la función pública que ejercieron. Por ello, la competencia para conocer de la acción se determina conforme a esas reglas. La providencia niega la pretensión de competencia contraria.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda de repetición se interpuso dentro del término legal? ¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre los… ¿Es aplicable la Ley 678 de 2001, sin modificaciones posteriores, al medio de control de repetición cuando los hechos que motivaron la acción ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 2195 de 2022?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Los reproches formulados por la recurrente en la presente oportunidad no tienen vocación de prosperidad

Sentencia — Sentencia 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 11001032600020230013300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En el recurso de anulación se pueden revisar los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados? No
El contratista no puede revisar en el recurso de anulación los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para determinar si son errados, ya que este recurso no está instituido para calificar el análisis de fondo de la controversia ni para corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los árbitros. La Sala declara infundado el recurso de anulación cuando la recurrente cuestiona la valoración probatoria del tribunal, argumentando que dicha acción no se enmarca en la causal de anulación de fallo en conciencia y que no es competencia del Consejo de Estado revisar la interpretación y valoración de pruebas efectuadas por los árbitros, lo que implica que los reproches formulados por la parte recurrente no tienen vocación de prosperidad.síntesis automática
También resuelve: ¿En el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral no es posible corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los tribunales de arbitraje? ¿Al Consejo de Estado no le es posible calificar la valoración probatoria ni la interpretación expuesta en el laudo arbitral? ¿En los argumentos de la recurrente se evidencia un cuestionamiento a la valoración probatoria y a la interpretación que los árbitros hicieron del clausulado del contrato?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

La no acreditación de un presupuesto del medio de control de repetición

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 05001233300020140041801 LEY 1437 REPETICION
¿La no acreditación de un presupuesto del medio de control de repetición, como lo es la calidad de agente o exagente estatal, conlleva a la negación de las pretensiones de la demanda, pues la calidad del agente estatal no puede simplemente inferirse o entenderse acreditada a partir de las afirmaciones contenidas en la sentencia de condena al Estado que da origen al proceso de repetición? Sí
La calidad de servidor o exservidor público del demandado en el medio de control de repetición debe acreditarse dentro de ese proceso, y no puede inferirse de las afirmaciones contenidas en la sentencia de condena que origina la repetición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las sentencias de reparación directa solo dan cuenta de las actuaciones procesales y de la decisión adoptada, sin acreditar los hechos que fundamentaron la acción. Segunda, en el proceso de reparación directa la responsabilidad patrimonial del Estado se juzgó y la calidad del servidor apenas se refirió a lo manifestado en la demanda, de modo que esas providencias no demuestran esa calidad. Tercera, la prueba testimonial practicada en aquel proceso no fue trasladada al de repetición, por lo que no puede valorarse como prueba de la calidad. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que la entidad que repite debe aportar en el proceso de repetición la prueba documental o trasladada que acredite la calidad de servidor del agente para la fecha de los hechos.síntesis automática
También resuelve: ¿Como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional ocurrieron el 5 de septiembre de 2003, esto es… ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición? ¿Está acreditado el pago como presupuesto de procedencia del medio de control de repetición?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción

Sentencia — Sentencia 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 15001233300020130038301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia en una acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía del proceso y la naturaleza jurídica de la entidad estatal cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Además, la caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación comienza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso, ya sea una liquidación bilateral o unilateral, y puede suspenderse durante el trámite conciliatorio prejudicial. Asimismo, las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo siempre que se alegue algún vicio del consentimiento o se haya expresado una objeción concreta en relación con el corte de cuentas, lo que reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿En los contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso? ¿Las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo? ¿Ante situaciones imprevistas para el contratista que le generen costos adicionales, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual?
Consejo de Estado Providencia

A ello se dio cumplimiento a través del respectivo contrato 6001-2016

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2025-03-07 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020180101501 LEY 1437 REPETICION
¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A. - Defensa jurídica extinto departamento administrativo DAS y su fondo rotatorio, representado por la Fiduciaria La Previsora S.A., dado que el artículo 238 de Ley 1753 de 2015, estableció que los procesos en los que tuviera interés el extinto DAS serían asumidos por un patrimonio autónomo, cuando éstos no guardaran relación con funciones trasladadas a otras entidades? Sí
El patrimonio autónomo constituido para asumir los procesos en los que tenía interés el extinto departamento administrativo de seguridad, cuando estos no guardan relación con funciones trasladadas a otras entidades, tiene legitimación en la causa por activa para promover el medio de control de repetición. Esta conclusión se apoya en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, que dispuso que tales procesos fueran asumidos por ese patrimonio autónomo, y en la supresión de la entidad por el Decreto-ley 4057 de 2011, que definió las entidades que la sucedieron en sus asuntos. Como la condena se impuso en un proceso dirigido contra la entidad extinta, y luego se dispuso que su sucesora procesal fuera la entidad que asumió la defensa jurídica del Estado, la legitimación corresponde al patrimonio autónomo que asumió los procesos. En el caso concreto, el patrimonio autónomo promovió la repetición con fundamento en la Ley 1753 de 2015, y la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la repetición por condenas contra una entidad extinta debe promoverse por quien la ley designó como sucesor de sus procesos, y no por la entidad que ya no existe.síntesis automática
También resuelve: ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo extra petita, al no limitar su estudió a las pretensiones formuladas en de la demanda, que aludían, únicamente… ¿El juez puede analizar un cargo diferente al endilgado en la demanda, cuando el mismo se adiciona o incluye en las etapas de alegatos de conclusión y de apelación de sentencia? ¿Resulta procedente valorar la prueba testimonial y documental que obra en los expedientes disciplinario y de reparación directa, debido a que su traslado fue solicitado por ambas partes quienes…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Por el contrario, existen pruebas que indican que la entidad no pagaría los anteriores ítems

Sentencia — Sentencia 2023-03-10 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020080059502 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró el incumplimiento de contrato por parte del contratista? Sí
Cicon S.A. no cumplió sus obligaciones contractuales de corregir los defectos de las obras, subsanar los pendientes que le había señalado la interventoría, entregar los productos y documentos para la liquidación del contrato dentro del plazo pactado; situación que le fue comunicada por el IDU en varias ocasiones a la mencionada sociedad contratista, entre octubre de 2008 y marzo de 2009, y que incluso dio lugar a trámites administrativos dirigidos a que se declarara ocurrido el siniestro de incumplimiento y que, en consecuencia, se hiciera efectivo el amparo de cumplimiento, así como a la imposición de la multa pactada.
También resuelve: ¿Tiene competencia en segunda instancia el Consejo de Estado por razón de la cuantía del proceso? ¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente al vencimiento del plazo para que se efectuara la liquidación unilateral del contrato? ¿La anulación de un acto administrativo que no ha sido demandado configura una violación del debido proceso de la demanda?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño

Sentencia — Sentencia 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020090015501 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño? ¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas? ¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección

Sentencia — Sentencia 2023-06-20 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233300020130029501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico? Sí
La elaboración de los estudios previos es una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluida la contratación directa, y su omisión sustenta la nulidad absoluta del negocio jurídico. La regla se apoya en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que imponen esos estudios como condición previa a la celebración de los contratos estatales, y en que la necesidad y la conveniencia de enajenar el bien deben quedar determinadas en ellos. Además, la identificación errónea de la norma violada no altera la causa de la pretensión, de modo que el análisis no vulnera el debido proceso ni el principio de congruencia. En el asunto, la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de un predio se fundó en la ausencia de esos estudios, y la Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, la entidad que contrata sin estudios previos expone el negocio a la nulidad absoluta, aun si la parte demandante invoca mal la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve: ¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación? ¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal? ¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada?
MODIFICA