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¿Los actos contractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos? No
El contratista no puede considerar los actos contractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado como actos administrativos, ya que estos se rigen por el derecho común y no por el derecho público, lo que implica que la liquidación unilateral por parte de Ecopetrol no reviste las características propias de un acto administrativo. Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación, debe tenerse en cuenta el plazo dispuesto para liquidar el contrato, y si la caducidad no ha operado, el juez de segunda instancia debe devolver el expediente al tribunal de origen para continuar con el proceso. Además, si el recurso de apelación prospera, no procede la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en eventos en que el contrato requiere liquidación…¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias…¿Es improcedente la condena en costas porque recurso de apelación prosperó?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 31 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. En el caso concreto, la entidad estatal presentó un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, y el Consejo de Estado confirmó su competencia para resolver el recurso. Además, el juez de repetición no está atado por la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, sino que debe realizar un juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, basándose en las pruebas legalmente acopiadas. En este caso, el INVIAS no acreditó la culpa grave de los demandados, por lo que la entidad estatal no pudo obtener la condena en repetición que buscaba.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición fue presentada dentro del término legal?¿La Ley 678 de 2001 es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto?¿El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado ata al juez de la repetición?
¿Para la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en eventos en que el contrato requiere liquidación, debe tenerse en cuenta el plazo dispuesto para liquidar bilateral o unilateralmente el contrato? Sí
Cuando el contrato requiere liquidación y no se liquida, la caducidad de la acción de controversias contractuales opera dos meses después del vencimiento del plazo para liquidarlo bilateralmente o, a falta de este, cuatro meses después de la terminación del contrato, según el literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. La regla se apoya en tres razones. Primera, la norma se aplica a todos los contratos de la jurisdicción, sin que importe su régimen jurídico. Segunda, en los convenios interadministrativos también deben contarse esos dos meses, pues la regla no distingue por la naturaleza del negocio. Tercera, en el caso, la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad, de modo que la demanda se presentó dentro del plazo. Por ello la Sala revoca la sentencia del tribunal que había declarado la caducidad. El documento reitera el criterio de la sentencia de 2022 que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias…¿Cuál es el criterio de procedencia de la condena en costas en asuntos regidos por el CPACA?
¿La acción de repetición se presentó por fuera del término establecido en el artículo 177 del C.C.A.? Sí
Cuando el pago total de la condena ocurre después del vencimiento del plazo de 18 meses para su cumplimiento, el término de caducidad de la acción de repetición de dos años se cuenta desde el día siguiente a ese vencimiento, que es el hecho que ocurre primero en el tiempo. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término de dos años contados a partir del día siguiente al pago total efectuado por la entidad. Segunda, el plazo de 18 meses del inciso cuarto del artículo 177 del mismo código empieza a correr después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago, de modo que su vencimiento puede anteceder al pago. Tercera, en el caso el vencimiento de los 18 meses ocurrió primero, por lo que la acción caducó el 10 de diciembre de 2001, y la demanda presentada el 12 de agosto de 2002 resultó extemporánea. En consecuencia, la providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara probada de oficio la caducidad de la acción. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago total o, a más tardar…¿Al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales de la acción, entre ellos, la caducidad?¿El Consejo de Estado confirmó la sentencia condenatoria que impuso un pago a favor del demandado y en contra de la entidad demandante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2025-09-01Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 76001233100020090103001ACCION CONTRACTUAL
¿Debe adicionarse la sentencia de segunda instancia cuando omite pronunciarse sobre un componente del daño emergente reclamado y reconocido en primera instancia, conforme al artículo 311 del CPC? Sí
El juez de segunda instancia debe adicionarse la sentencia cuando omite pronunciarse sobre un componente del daño emergente reclamado y reconocido en primera instancia, conforme al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando el perjuicio no haya sido apelado expresamente pero esté íntimamente ligado al objeto de la apelación, según lo dispuesto en el artículo 357 del mismo código. Sin embargo, si no se acredita la existencia, contenido y pago de las obligaciones contractuales que originan el daño emergente, como en el caso de los honorarios de abogados y expertos, no es procedente su reconocimiento, ya que falta la prueba necesaria para establecer la existencia de dichas obligaciones y su extinción, lo que implica que la entidad demandante no puede obtener indemnización por estos conceptos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre perjuicios no apelados expresamente por el recurrente, cuando estos están íntimamente ligados al objeto de la apelación…¿Resulta procedente el reconocimiento de honorarios que se afirma fueron pagados al abogado como daño emergente derivado del incumplimiento del contrato de depósito por parte del establecimiento…¿Resulta procedente adicionar la parte resolutiva de la providencia para incluir la orden de cumplimiento a la sentencia, cuando no fue solicitada de forma expresa en la demanda y constituye un punto…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias proferidas por tribunales administrativos en controversias contractuales que involucran a empresas de servicios públicos domiciliarios, debido a que estos procesos se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación administrativa, lo que implica que el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato, según establece el artículo 136.10 literal b) del Código Contencioso Administrativo. Además, el juez de segunda instancia tiene la facultad de pronunciarse oficiosamente sobre la caducidad del medio de control, lo que reitera la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse oficiosamente frente a la caducidad del medio de control?¿El acto de liquidación que hizo Empresas Públicas de Cundinamarca E.S.P. S.A está revestida de los atributos propios de un acto administrativo?¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los asuntos que no requieren de liquidación, inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-06Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 52001233300020180024501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de reposición es procedente contra el auto que niega el decreto de pruebas, por lo que la adecuación del recurso al de apelación fue una decisión equivocada por parte del Tribunal? Sí
El recurso de reposición procede contra todos los autos interlocutorios dictados en el proceso contencioso administrativo, salvo norma legal restrictiva expresa. La providencia analiza la actuación de un tribunal que había adecuado erróneamente un recurso de reposición interpuesto contra un auto denegatorio de pruebas testimoniales para tramitarlo como apelación. Al resolver el caso, el despacho superior aclara que, conforme al artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, la reposición es el mecanismo idóneo frente a cualquier auto que no cuente con una prohibición legal específica. Como el ordenamiento no restringe la procedencia del recurso de reposición frente a los autos que niegan decretar pruebas testimoniales solicitadas por las partes, se concluye que la adecuación procesal efectuada por el tribunal de primera instancia fue equivocada, restableciendo la competencia para tramitar el recurso interpuesto.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el Consejo de Estado revisar la procedencia de un recurso interpuesto, incluso si fue concedido por el juez de primera instancia?¿Es procedente decretar la inspección judicial únicamente cuando no sea posible demostrar los hechos por otros medios probatorios?¿Debe confirmarse el rechazo de una solicitud probatoria cuando los documentos requeridos ya obran en el expediente por haber sido previamente decretados como prueba?
¿Debe el juez de segunda instancia analizar o estudiar las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena de repetición y su pago efectivo, aun cuando las partes procesales no lo solicitan en el recurso de apelación? No
La Sala no asumirá el estudio de las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena y su pago efectivo, porque aun cuando son presupuestos esenciales de la acción de repetición, conforme se desprende de la jurisprudencia reiterada de esta Corporación y el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, el fallador de instancia ya los analizó y frente a sus conclusiones ninguna de las partes se alzó en apelación.
También resuelve:¿Puede el juez administrativo modificar las pretensiones de la demanda sin que se vulnere el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de congruencia?¿Procede el levantamiento de las medidas cautelares impuestas al demandado en el caso sub examine?¿Procede la condena en costas procesales, en razón a que en el caso sub examine se persigue un interés público?
¿Los actos impugnados vulneraron la normativa superior, por no reconocer mayores cantidades de obra e ítems no previstos que eran necesarios para cumplir con el objeto contractual? No
Las mayores cantidades de obra y los ítems no previstos solo son reconocibles cuando se demuestra la necesidad técnica de su ejecución para cumplir el objeto contractual, y la cantidad pactada en la fase precontractual que nunca fue modificada durante la ejecución no da lugar a su reconocimiento. Esta regla exige que el contratista acredite la necesidad técnica de los elementos adicionales con prueba suficiente, y no basta con que se hayan instalado durante la obra. En el caso concreto, la administración sostuvo que la cantidad del ítem contemplada en los estudios previos y en el pliego de condiciones no se modificó por las partes durante la ejecución, y la providencia coincidió con el tribunal en que no se encontró probada la necesidad técnica de los dispositivos adicionales, ni que el pliego hubiera sido desacertado en ese aspecto. Como consecuencia práctica, el contratista que reclame mayores cantidades o ítems no previstos debe probar que eran técnicamente necesarios, pues la instalación de los elementos no sustituye esa prueba.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial cumplió con la información mínima del perito que permita determinar la idoneidad, experiencia, profesión y el dictamen pericial fue rendido en debida forma para darle valor…¿Tienen valor probatorio los testimonios considerados sospechosos?¿El Tribunal omitió pronunciarse acerca de las pretensiones relacionadas con los pagos pendientes del contrato y los ítems adicionales reclamados por la demandante?
¿Queda el juez relevado del estudio de fondo del recurso de apelación, cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato, con fundamento en dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso? Sí
El juez de segunda instancia queda relevado del estudio de fondo del recurso de apelación cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato con dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración, y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso, lo que implica que la decisión de primera instancia mantiene su validez. Además, la nulidad del acto de terminación unilateral no garantiza automáticamente el reconocimiento de perjuicios, los cuales deben estar acreditados y demostrarse que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado. Asimismo, no procede la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de los socios de la sociedad demandante cuando la demanda fue presentada por la sociedad como persona jurídica autónoma. Finalmente, el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado no procede cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó que se hubiera superado ese valor.síntesis automática
También resuelve:¿Los perjuicios por el acto de terminación unilateral del contrato que se declara nulo deben estar acreditados, así como, el hecho de que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado…¿Resulta procedente la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de cada uno de los socios que integraban la sociedad demandante cuando quien hizo parte del litigio fue la sociedad…¿Procede el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron por la entidad en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó…
Sentencia — Sentencia2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170138301LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
¿Se configuró la caducidad de la acción contractual? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término de caducidad, que comienza a correr desde el día siguiente en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato de seguro, tal como ocurrió en este caso el 6 de mayo de 2008. La caducidad se suspende durante la conciliación prejudicial y reanuda su cómputo una vez finalizado el plazo de tres meses, venciendo el 9 de agosto de 2010, fecha en la cual la demanda presentada el 26 de agosto de 2010 resultó extemporánea. La Sala declara la caducidad de la acción contractual, reiterando que este es un presupuesto procesal y una norma de orden público que no puede ser desatendida, lo que implica revocar la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es cierto que el hospital conoció que el vehículo no pasó por un banco de enderezamiento de chasis solamente hasta que el taller informó que el impacto fue leve y no fue necesario el banco chasis?¿El término de caducidad del contrato de seguro deberá contarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento?¿La prescripción de la acción derivada del contrato de seguro se refiere a la efectividad de la póliza y la cobertura del riesgo asegurado?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿La legitimación en la causa, como presupuesto procesal de la sentencia, consiste en la participación de demandante y demandado en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia judicial, por ellos en este caso tanto la parte demandante como la demandada se encuentran legitimadas? Sí
El contratista está legitimado para demandar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal cuando participa en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia, y la entidad estatal está legitimada para ser demandada en la medida en que emitió el acto de adjudicación y celebró el contrato. La legitimación en la causa es un presupuesto procesal que requiere que tanto el demandante como el demandado estén involucrados en la situación de hecho que motivó la acción. En el caso en cuestión, la entidad estatal comunicó la adjudicación al contratista el mismo día en que se produjo, y aunque la demanda fue presentada dentro del plazo de dos años para la acción de controversias contractuales, las pretensiones indemnizatorias por perjuicios derivados del acto administrativo ilegal son extemporáneas, ya que debieron haberse impugnado dentro de los 30 días siguientes a su notificación. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la caducidad de la acción de controversias contractuales y la importancia de cumplir con los plazos legales para impugnar actos administrativos.síntesis automática
También resuelve:¿Si la demanda en ejercicio de la acción contractual, se presenta por fuera de los 30 días que la ley le daba al administrado para impugnar el acto precontractual…¿El planteamiento del problema jurídico, se funda en el ámbito de actuación del juez ad quem, el cual, a su vez, es determinado por el impugnante en su recurso de apelación…¿Aunque en el punto de infraestructura operativa el adjudicatario del contrato debía obtener menor puntaje, por adjuntar como prueba de dicha infraestructura un contrato de promesa de compraventa…
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito…¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente?¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los puntos de inconformidad manifestados en el recurso de apelación que deben estar debidamente sustentados y dirigidos a controvertir lo decidido en primera instancia? Sí
El juez de segunda instancia está limitado a resolver sobre los puntos de inconformidad debidamente sustentados y dirigidos a controvertir la decisión de primera instancia, no bastando con la simple interposición del recurso de apelación ni con afirmaciones genéricas de desacuerdo. La parte recurrente debe señalar específicamente los yerros o desaciertos del juez a quo y confrontar los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la decisión impugnada. En caso de ausencia de sustentación suficiente y adecuada, el juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo y debe confirmar la sentencia apelada, lo que implica que la parte que interponga el recurso debe cumplir rigurosamente con los requisitos de sustentación para evitar la improcedencia del mismo.síntesis automática
También resuelve:¿Se evidenció una falta de sustentación del recurso de apelación por parte del ejecutado al omitir impugnar la sentencia en relación con la decisión del juez de primera instancia de negar los efectos…¿El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante con la ejecución, es improcedente para controvertir el monto de las agencias en derecho…¿La discusión relativa a la regulación o pérdida de intereses fue resuelta en primera instancia junto con las excepciones formuladas, a pesar de no ser una excepción…
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la nulidad de un acto administrativo previo a la celebración del contrato y el consecuente restablecimiento del derecho, mientras que el medio de control de controversias contractuales es adecuado para cuestionar las actuaciones durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, incluyendo la nulidad absoluta del mismo. El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía, siempre y cuando ésta supere los umbrales establecidos por la Ley 1437 de 2011, lo que implica que los casos que superen dichos límites pueden ser revisados en dos instancias, garantizando una mayor seguridad jurídica y efectividad en la protección de los derechos de los contratistas.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es medio de control procedente de acuerdo con la fuente del daño y las pretensiones de la demanda?¿Procede la acumulación de pretensiones de controversias contractuales con las de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Quienes se encuentran legitimados para promover las pretensiones contra el acto de adjudicación y frente a la nulidad absoluta del contrato?
¿Está acreditada la responsabilidad contractual por incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 por parte de Fendipetróleo de conformidad con los hechos probados? No
El SENA adelantó la convocatoria n.º DG-0006 de marzo de 2011, para que las empresas aportantes, los gremios, federaciones gremiales o asociaciones representativas de empresas o trabajadores, o centrales obreras o de trabajadores legalmente constituidas presentaran proyectos de formación especializada y/o actualización tecnológica del recurso humano vinculado a las mismas, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo n.º 0017 de 20091. Fendipetróleo participó en la convocatoria y formuló un proyecto, que tuvo por objeto optimizar los procesos operativos de una estación de servicio, mejorando las competencias, productividad y calificación del personal de una estación de servicio, mediante la formación especializada del recurso humano en la herramienta tecnológica Octopus EDS.
También resuelve:¿A pesar de la declaratoria de cumplimiento del convenio especial de cooperación, es procedente la liquidación judicial del contrato?¿Aun cuando el contrato sometido a juicio se rige de modo preferente por el derecho privado, la Sala se puede pronunciarse sobre la liquidación judicial siempre y cuando haya sido solicitado por las…¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer del asunto, el cual versa sobre la nulidad -relativa- del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de…
¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico? Sí
La elaboración de los estudios previos es una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluida la contratación directa, y su omisión sustenta la nulidad absoluta del negocio jurídico. La regla se apoya en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que imponen esos estudios como condición previa a la celebración de los contratos estatales, y en que la necesidad y la conveniencia de enajenar el bien deben quedar determinadas en ellos. Además, la identificación errónea de la norma violada no altera la causa de la pretensión, de modo que el análisis no vulnera el debido proceso ni el principio de congruencia. En el asunto, la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de un predio se fundó en la ausencia de esos estudios, y la Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, la entidad que contrata sin estudios previos expone el negocio a la nulidad absoluta, aun si la parte demandante invoca mal la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación?¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal?¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada?
¿La Subsección B puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación al proceso de repetición con fundamento en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan dicho tratamiento preferente? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación a los procesos de repetición basándose en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan este tratamiento preferente, lo que permite descongestionar los despachos judiciales y acelerar la resolución de casos relevantes. La Sala confirma que la demandante acredita los presupuestos de la acción de repetición, incluyendo la existencia de una condena judicial, el pago efectivo y la calidad de agentes estatales de los demandados, además de la conducta dolosa o gravemente culposa de estos, lo que implica que la entidad estatal puede derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales involucrados en la inejecución del contrato. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la procedencia del medio de control de repetición y la valoración de la conducta del agente del Estado, facilitando su aplicación en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante acredita los tres primeros presupuestos de la acción de repetición para derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales vinculados al contrato cuya inejecución…¿El régimen legal aplicable en este caso corresponde a la Ley 678 de 2001, aunque la demanda no indicó alguna de sus presunciones y solo atribuyó culpa grave a los accionados?¿Resulta demostrada la culpa grave del [gerente uno], en su calidad de gerente del Hospital El Tunal Nivel III ESE entre 2005 y 2008…