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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2022-03-18Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 54001233100020040093601ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente la solicitud de adición de la providencia, que tiene como objeto el reconocimiento de las restituciones mutuas que fueron negadas en la sentencia? No
El contratista no puede solicitar la adición de la sentencia para reconocer las restituciones mutuas que fueron negadas, ya que la Sala ya se pronunció sobre este punto y decidió negarlas dentro del concepto de restituciones mutuas. La adición de la sentencia no es procedente porque está vedado al juez modificar su propia decisión, salvo para aclararla, corregirla o adicionarla bajo los requisitos establecidos en los artículos 309 a 312 del Código de Procedimiento Civil y 285 a 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta decisión reitera la inmutabilidad de la sentencia y sus efectos en la resolución de controversias contractuales.síntesis automática
¿La Orden de Compra n.° 94014, expedida por el ICBF a favor de la Unión Temporal Aseo Colombia 2 para la prestación del servicio de aseo y cafetería para la región n.° 11 en virtud del Acuerdo Marco de Precios n.° CCE-972-AMP-2019, está viciada de nulidad? ¿La Orden de Compra n.° 94014 fue expedida contra expresa prohibición constitucional o legal y, por lo tanto, se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993? Sí
El contratista no puede obtener un contrato estatal mediante una orden de compra que vulnere la prohibición de eludir los procedimientos de selección objetiva, como lo establece el numeral 8° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, ya que esto configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la misma ley. Esto ocurre cuando, en la evaluación de propuestas, se cometen errores técnicos que llevan al rechazo indebido de la oferta más económica y a la adjudicación de la contratación a otra oferta, en contravención de los principios de objetividad y congruencia en la selección del contratista. La Sala reitera que la expedición de una orden de compra que no cumple con estos requisitos es nula absoluta y debe ser declarada como tal, con los efectos correspondientes en la contratación estatal.síntesis automática
¿La declaratoria de nulidad del contrato de concesión, impacta la validez del arreglo directo y de la transacción demandados en el presente proceso, en virtud de los cuales se acordó entre las partes la fórmula para financiar unas específicas obligaciones del contrato y se dispuso el pago de unas determinadas sumas de dinero? Sí
El contratista no puede mantener la validez del arreglo directo y del contrato de transacción después de que la entidad estatal anula el contrato de concesión, ya que estos acuerdos son accesorios o dependen del contrato principal para su validez. El arreglo directo carece de sustento autónomo sin el contrato de concesión, mientras que la transacción, aunque autónoma, se basa en un título nulo, lo que la hace nula en su totalidad según el artículo 2477 del Código Civil. La nulidad del contrato de concesión implica necesariamente la anulación de los acuerdos accesorios y autónomos que dependen de él, manteniendo la sentencia que declaró la nulidad y condenando a la parte vencida en costas en ambas instancias.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente condenar en costas en ambas instancias a la parte vencida en el proceso?
¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone casi en su totalidad con la reserva forestal protectora pantano Redondo y nacimiento del río Susaguá, declarada con anterioridad a la firma del mentado contrato? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de concesión minera que entregue en concesión un área que ha sido declarada previamente como zona de reserva forestal, ya que tal acción transgrede la normativa ambiental imperativa y adolece de objeto ilícito, lo que implica la nulidad absoluta del contrato. Esta regla se sostiene en que el artículo 1º del Acuerdo 17 de 1992 de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez declaró como área de reserva forestal protectora los terrenos que conforman la cuenca de la laguna de pantano Redondo y el nacimiento del río Susaguá, y el contrato en cuestión superpone casi en su totalidad dicha reserva forestal sin obtener la autorización ambiental correspondiente. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la nulidad absoluta de contratos estatales que violan normas imperativas, lo que implica que cualquier contrato que entregue en concesión áreas declaradas como reservas forestales sin la debida autorización será nulo de pleno derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de primera instancia vulneró el principio de congruencia de la sentencia?¿La Agencia Nacional de Minería cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el asunto sublite, teniendo en cuenta que asumió las funciones que correspondían al extinto Ingeominas…
¿Es procedente la declaración de nulidad absoluta parcial de contrato de concesión minera porque en el momento en que se suscribió no existían normas que prohibieran la minería en el área otorgada en concesión, ni tampoco limitantes que comprometieran la capacidad jurídica de la sociedad demandante? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la nulidad absoluta parcial de un contrato de concesión minera no procede cuando, al momento de su celebración, no existían normas que prohibieran la actividad minera en el área otorgada ni limitaciones que comprometieran la capacidad jurídica de la sociedad contratante. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la validez del contrato se examina con el régimen jurídico vigente al momento de su suscripción, y no con normas posteriores que restrinjan la actividad. Segunda, la falta de incapacidad o de prohibición en esa fecha impide declarar la nulidad de la totalidad del contrato y, como consecuencia, la extinción de las obligaciones pactadas. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no accede a la nulidad total pedida en la apelación. En la práctica, quien pretenda anular un contrato minero debe demostrar la existencia de una causal de nulidad vigente al momento de la celebración, y no basta invocar restricciones sobrevinientes.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia cuando en el proceso se ventiló un interés público?
¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el acto de adjudicación no fue motivado, aunque no se pidió la nulidad del acto administrativo de adjudicación? No
El contratista no puede declarar la nulidad absoluta del contrato con base en la falta de motivación del acto de adjudicación si no ha solicitado previamente la nulidad del acto administrativo de adjudicación, ya que este es un requisito previo para que proceda la nulidad del contrato según el artículo 44 numeral 4 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal debe cumplir los actos administrativos mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción, dado que estos son ejecutorios y se presumen legales. Además, el interventor debe demandar los actos proferidos antes de la celebración del contrato dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación, de acuerdo con el artículo 87 del Decreto-Ley 1 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. Esta regla reitera y confirma precedentes sobre la necesidad de solicitar la nulidad del acto administrativo de adjudicación para invalidar el contrato y establece las caducidades para demandar actos administrativos relacionados con contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común?¿Los ciudadanos tienen el deber de cumplir los actos administrativos mientras no hayan sido anulados o suspendidos?¿En vigencia del CCA, los actos proferidos antes de la celebración del contrato debían ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala determina que el contrato No. 229 de 2015 no puede ser celebrado mediante contratación directa, ya que no se ajusta a la definición legal de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, lo que implica la procedencia de declarar su nulidad absoluta por violar el principio de selección objetiva. Además, reconoce el derecho de la demandante al pago de las prestaciones ejecutadas hasta la declaratoria de nulidad, considerando que el precio del contrato era global y que se han acreditado los actos de apertura y clausura de los juegos deportivos, aunque no se completó el pago total. Esta sentencia reitera y matiza la interpretación restrictiva de los contratos de apoyo a la gestión y refuerza la necesidad de cumplir con los principios de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato No. 229 de 2015 no podía ser celebrado mediante la modalidad de selección de contratación directa por no ser un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión?¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 229 del 05 de noviembre de 2015…¿La demandante tiene derecho al reconocimiento y el pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato No. 229 de 2015?
¿La decisión adoptada en la sentencia de primera instancia de prorrogar y ampliar los efectos de la medida cautelar de suspensión del contrato de explotación minera, para garantizar el derecho a la consulta previa de la comunidad indígena U’wa, debe ser revocada por ser incongruente con los hechos y pretensiones de la demanda, y porque no guarda relación con la finalidad de la medida cautelar? Sí
El juez de primera instancia profiere sentencia dentro del medio de control de controversias contractuales relativo a un contrato de concesión minera, debiendo guardar estricta congruencia entre los hechos y pretensiones de la demanda y las decisiones adoptadas, resultando improcedente prorrogar o ampliar los efectos de medidas cautelares de suspensión para ordenar la realización de trámites de consulta previa no solicitados por la comunidad indígena. Asimismo, la autoridad judicial declara de oficio la nulidad absoluta del contrato de concesión minera al constatar la superposición del área con zonas de reserva forestal, aplicando las prohibiciones legales contenidas en el artículo 34 del Código de Minas y los artículos 206 y 207 del Decreto Ley 2811 de 1974, las cuales impiden el desarrollo de actividades mineras en dichas zonas protegidas salvo previa sustracción por la autoridad ambiental competente.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de la sentencia de primera instancia que de oficio declaró parcialmente la nulidad absoluta del contrato de concesión de explotación minera…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso, cuando se observa que en la presente litis se ventiló un interés público?
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación?¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública?¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad?¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas?¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición? No
La liquidación unilateral de un convenio de asociación no constituye acto administrativo cuando la ley no confiere a la entidad estatal competencia expresa para liquidarlo unilateralmente, sino que es un acto contractual sin presunción de legalidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen de los convenios de asociación lo define el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, complementado por el Decreto 777 de 1992 y, en lo no previsto, por el derecho privado. Segunda, en ese régimen no existe el deber de liquidar el negocio ni la competencia expresa para hacerlo unilateralmente, de modo que la invocación de una habilitación legal para liquidar contratos estatales no suple esa falta. Tercera, la manifestación de la entidad carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio propios de los actos administrativos, y se limita a un corte de cuentas. La providencia revoca la decisión de primera instancia y resuelve el fondo del asunto sin que fuera necesario impugnar esa liquidación como acto. La consecuencia práctica es que la demanda no resulta inepta por omitir la pretensión de anulación de una liquidación que no es acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio…¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas?
¿Incumplió el Ejercito Nacional el contrato de permuta 825 de 2011 al entregar a terceras personas, sin que mediara una autorización previa en tal sentido, los ítems 13 (retroexcavadora), 15 (campero), 16 (mezcladora), 17 (mezcladora), 18 (mezcladora), 19 (tractor), 20 (tractor), 21 (placa vibratoria), 23 (placa vibratoria), 33 (vibrocompactadora), 34 (mezcladora), 35 (mezcladora), 37 (tractor), 38 (rodillo pata cabra), 39 (mezcladora), 40 (mezcladora), 41 (mezcladora), 43 (retroexcavadora), 44 (montero) y 54 (martillo neumático), como lo demuestran las actas de entrega que sustituyeron las acta suscritas el 30 de diciembre de 2011? Sí
El contrato de permuta se perfecciona cuando el contratista recibe a entera satisfacción los bienes en el estado en que se encuentran, según las actas de entrega suscritas en la fecha pactada. Los retiros o tomas de posesión posteriores de esos bienes en las dependencias de la entidad contratante son actuaciones que el contratista debe realizar bajo su propia responsabilidad y dentro del plazo contractual. Esta regla se apoya en la interpretación del contrato y en las actas que documentan la entrega y el recibo. Por ello, la entrega a terceros de bienes solo puede imputarse a la entidad si el demandante prueba que las actas posteriores no sustituyeron la recepción inicial. En el caso concreto el demandante no aportó respaldo para su aserto de que las actas de la fecha pactada no daban cuenta del recibo, y la sala modificó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la carga de probar que la entrega fue incumplida recae sobre quien alega el incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió el Ejército Nacional el contrato de permuta 825 de 2011 en cuanto entregó unos bienes muebles cuyas especificaciones no coincidían con algunas de las plasmadas en el contrato de permuta…¿Incumplió el Ejército Nacional el contrato de permuta 825 de 2011 al incluir dentro de este los ítems 36 (tractocamión) y 61 (montacarga)…¿Resulta imposible para la parte actora devolver el carrotanque que no había sido relacionado en el contrato de permuta 825 de 2011…
¿El contrato para la introducción y comercialización de licores, celebrado entre el departamento de Valle del Cauca y la sociedad demandante, estaba regido por la Ley 80 de 1993 y debió haber estado precedido de un procedimiento licitatorio para la selección del contratista? Sí
Cuando el departamento celebra contratos para la introducción y comercialización de licores en desarrollo del monopolio de arbitrio rentístico, esos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993 y la selección del contratista debe hacerse por un procedimiento competitivo, como la licitación pública. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 permiten celebrar esos negocios dentro de las normas de contratación vigentes. Segunda, el Consejo de Estado ha concluido que, desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el departamento debe ceñirse a esa ley, al no existir un régimen especial para la selección de los contratistas. Tercera, a falta de una regla específica, la modalidad de selección de contratistas particulares por parte del departamento era la licitación. En consecuencia, la providencia revoca la decisión que había considerado el contrato regido por el derecho privado. El documento reitera esa línea sobre el régimen de estos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se declaró la terminación unilateral del contrato, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional por la pretermisión…¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato para la introducción y¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve parcialmente favorable el recurso de…
¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera? Sí
La Subsección observa que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera, especialmente, si este se superpone con áreas de especial protección ambiental ubicadas en el área de su competencia territorial.
También resuelve:¿En virtud del deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica, el Estado se encuentra facultado para excluir las actividades de exploración y explotación minera en las áreas de…¿Las disposiciones generales sobre contratos estatales son aplicables a la formulación y trámite de las propuestas de concesión minera, su suscripción, perfeccionamiento, validez…¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone con la reservas forestales de la Laguna…
¿Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales en las que incurrieron los ex gobernadores del departamento demandado, en la celebración de dicho negocio jurídico? Sí
El contrato estatal y sus adicionales se encuentran viciados de nulidad absoluta por causa ilícita y desviación o abuso de poder cuando su celebración no obedece a los fines esenciales de la contratación estatal sino a conductas contrarias a la legalidad que defraudan el patrimonio público, conforme al artículo 1743 del Código Civil y el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Para acreditar fehacientemente tales irregularidades, las sentencias penales condenatorias y los preacuerdos celebrados con la fiscalía general de la nación ofrecen suficiencia probatoria sobre los hechos relevantes y la responsabilidad penal de los intervinientes, sin que ello signifique una renuncia al poder punitivo por parte del Estado ni afecte el control judicial sobre la validez del negocio jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿Tiene valor probatorio el preacuerdo suscrito entre el ex gobernador del departamento y la Fiscalía General de la Nación?¿Los preacuerdos suscritos por los ex gobernadores del departamento demandado y la Fiscalía, contaron con respaldo probatorio y gozan de validez al haber sido aprobados por el juez…¿El reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas dentro de un contrato que posteriormente es declarado nulo por objeto o causa ilícita…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la entidad estatal terminó unilateralmente un contrato de prestación de servicios, lo que generó una demanda por parte del contratista. La cuantía de la pretensión superaba el umbral legal en la fecha de presentación de la demanda, por lo que el Consejo de Estado tuvo competencia para revisar el recurso de apelación. La Sala revocó la sentencia del tribunal administrativo, confirmando la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y reafirmando la importancia de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la expedición del acta de terminación del contrato?¿El hallazgo de una causal de nulidad absoluta del contrato exime al juez de pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto administrativo contractual?¿La motivación del acto administrativo de terminación unilateral debe fundamentarse en alguna de las causales del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 o en uno de los eventos establecidos en el inciso…
¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato de estabilidad jurídica No. 002 de 2012 celebrado el 31 de diciembre de 2012 entre La Nación – Ministerio de Transporte y la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (hoy en liquidación judicial)? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de estabilidad jurídica con la entidad estatal si el contrato de inversión que lo fundamenta es nulo por causa ilícita, ya que la estabilidad jurídica se basa en la existencia y validez de un contrato previo de inversión. La Sala determinó que el contrato de estabilidad jurídica No. 002 de 2012 es nulo por tener causa ilícita, ya que el contrato de concesión No. 01 de 2010, que lo fundamenta, fue declarado nulo por fraude y corrupción. La regla reitera la jurisprudencia que establece que la nulidad del contrato principal irradia sus efectos sobre el contrato de estabilidad jurídica, comprometiendo su validez y eficacia. Esto implica que cualquier contrato de estabilidad jurídica que se base en un contrato de inversión viciado por corrupción será nulo.síntesis automática
También resuelve:¿Debe reliquidarse la prima de estabilidad jurídica, liquidarse judicialmente el referido contrato de estabilidad jurídica y acceder a las restituciones mutuas?¿La DIAN tiene legitimación en la causa por activa para solicitar pretensiones diferentes a la de nulidad del contrato?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la…¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista…¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
Sentencia — Sentencia2023-03-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220001600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y cuando en la decisión se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión? Sí
Cuando un laudo arbitral se funda exclusivamente en la equidad debiendo ser en derecho, carece de fundamento jurídico o su fundamentación no sustenta lógicamente la decisión, o cuando no contiene análisis probatorio alguno o hace referencia a pruebas que no fundamentan objetivamente la decisión, la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 permite anularlo. La regla se sostiene en tres razones. Primera, la causal habilita al juez a verificar si el laudo expone los fundamentos que sustentan la decisión, y le impone anularlo cuando carece de forma manifiesta de tales fundamentos. Segunda, la causal se configura por cualquiera de los tres supuestos señalados, y no por la sola inconformidad con la decisión. Tercera, el juez debe confrontar el contenido del laudo con las pruebas y con la ley sustancial aplicable. En el caso, el recurso de anulación se declaró infundado. El documento reitera la línea jurisprudencial sobre los laudos en conciencia que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…
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