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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-25Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600019990115504ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve:¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable?¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada?¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020180090701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes del contrato de comodato objeto de controversia en el caso sub lite, por el incumplimiento de la Secretaría y la Subred en relación con la falta de sostenimiento y mantenimiento del edificio ubicado en la Cra. 18 No. 9-07 Bogotá en el lote objeto del contrato? Sí
El contratista puede aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado con la entidad estatal en un contrato de comodato cuando se demuestre la existencia de incumplimientos en el mantenimiento del bien inmueble, ya que la Sala determina que la renuncia al pago del avalúo catastral no implica detrimento patrimonial cuando las partes acuerdan libremente la terminación del contrato y la situación del bien inmueble justifica la modificación del acuerdo original. La Sala considera que la conciliación no es lesiva para el patrimonio público cuando existen pruebas de las afectaciones estructurales del bien y la voluntad de las partes es clara y no presenta vicios. Además, mantener el litigio resulta más gravoso que aprobar la conciliación, ya que permite desbloquear la situación del bien inmueble y evitar daños antijurídicos. Esta decisión reitera la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes en la resolución de conflictos contractuales y la necesidad de salvaguardar el patrimonio público de manera equilibrada.síntesis automática
¿Las acciones relativas a los contratos caducan en el término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento? Sí
El contratista debe presentar las acciones relativas a los contratos dentro del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento, según el régimen de caducidad del Código Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Ley 2304 de 1989. Esta regla no se aplica cuando el contrato sigue en ejecución a la fecha de presentación de la demanda, permitiendo al juez declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato si el objeto es ilícito, siempre que las partes contratantes hayan intervenido en el proceso para respetar el debido proceso. La Sala modifica la interpretación previa, reforzando la potestad judicial para declarar la nulidad absoluta en cualquier instancia, incluso si la controversia no giró en torno a la nulidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿La potestad de declarar la nulidad absoluta del contrato puede ejercerse al dictar el fallo, en cualquiera de las instancias, incluso si la controversia judicial no giró en torno a la nulidad?¿Los bienes declarados monumentos nacionales son considerados bienes de interés cultural, en tanto conforman el patrimonio cultural de la Nación, y son inalienables, imprescriptibles e inembargables?¿Se torna imperativa la modificación del fallo apelado, declarando oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de manera integral, en razón a la ilicitud de su objeto?
¿Se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado dentro del contrato de compraventa, que configure una lesión enorme? No
La lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble por una entidad pública exige demostrar una desproporción real entre el valor del bien y el precio pagado, y que el juez no está obligado a decretar un nuevo dictamen ni a proferir condena en abstracto cuando no existe duda sobre el precio real ni se acreditó la responsabilidad patrimonial. Una razón es que los avalúos practicados en el proceso desconocieron las condiciones especiales del predio que fundaron el precio pactado, y se apoyaron en un hecho futuro e incierto, por lo que no justificaron su conclusión. Otra razón es que el precio se fijó con un dictamen legalmente practicado por la entidad adquirente, y las pruebas posteriores no cumplían los requisitos y protocolos legales, de modo que carecían de validez probatoria. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones y explicó que la condena en abstracto solo procede cuando se acreditan la responsabilidad y el daño, y no el monto. Su consecuencia práctica es que el demandante que alega lesión enorme debe probar el valor real del bien con un dictamen que cumpla los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes de un contrato pueden sufrir lesión enorme cuando el precio pagado o recibido difiere sustancialmente del justo precio?¿La determinación del precio de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o interés social…¿El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fijó las metodologías valuatorias admisibles para determinar el valor de bienes inmueble…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas conforme al artículo 104 del CPACA. En el presente caso, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues el contrato de compraventa del 31 de enero de 2015 frente al cual se alegó una lesión enorme fue suscrito por el ICBF, establecimiento público del orden nacional. Asimismo, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, dada la vocación de doble instancia y al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de compraventa celebrado entre los apelantes y el ICBF se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública…¿En consideración a que el contrato de compraventa de bien inmueble es un contrato de ejecución instantánea, el cómputo del término de caducidad de la acción contractual se inicia desde el momento en…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes del contrato de compraventa que dio lugar a la controversia?
¿El registro del justo título, exigido para el ejercicio de la posesión de buena fe, requeriría mantener la anotación de la compraventa de cosa ajena? Sí
El registro del justo título exigido para la posesión de buena fe puede requerir que la anotación de una compraventa de cosa ajena se mantenga en el folio de matrícula, porque esa anotación es la que sustenta la adquisición del predio por usucapión. Esta regla se apoya en que la compraventa de bien ajeno genera efectos entre las partes aunque el vendedor no fuera titular del derecho, y en que su cancelación podría afectar la posibilidad de adquirir el predio por prescripción. Por ello la cancelación de esa anotación no es neutra para el poseedor de buena fe. En el caso concreto el predio segregado de un folio anterior no había sido transferido por el vendedor previo, y la inscripción de la venta de cosa ajena fue mantenida como justo título, lo que llevó a modificar la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la anotación de una venta de cosa ajena no debe cancelarse si puede servir de justo título para la usucapión.síntesis automática
También resuelve:¿Debe mantenerse la anotación de la compraventa de cosa ajena, pero anotándose adicionalmente la resolución de contrato declarada en este proceso?¿IDIPRON destinó recursos a la vigilancia del inmueble, conforme al documento contable aportado por la actora?¿IDPRON tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa y el valor que hubieran podido tener los frutos del predio?
¿El Distrito cumplió la obligación de restituir los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo? No
El contratista no puede exigir la restitución de los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo si la entidad estatal incumple con el pago de los cánones de arrendamiento y la devolución de los bienes, ya que dicha situación constituye un incumplimiento contractual y no una ocupación temporal sin contrato. En este caso, el Distrito no restituyó los inmuebles y dejó de pagar los cánones al vencimiento del contrato, lo que fue declarado como incumplimiento contractual. La entidad debe pagar los cánones adeudados, pero no se ordenará el pago de las sumas canceladas a la propiedad horizontal ni de las cuotas de administración de parqueaderos, ya que estos no estaban incluidos en los contratos como obligaciones del arrendatario. Esta decisión reitera la obligación de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento y matiza la interpretación de la ocupación temporal sin contrato, enfatizando la naturaleza contractual del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Se declara el incumplimiento de la entidad y se ordena pagar los cánones adeudados?¿No se puede ordenar el pago de la administración de los parqueaderos porque su uso no estaba incluido en los contratos?¿El propietario del inmueble arrendado se encuentra legitimado por activa aun cuando el contrato que fundamenta las pretensiones fue suscrito por un mandatario?
¿Pueden valorarse, como medios de prueba, los documentos que fueron aportados en copia simple, que estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen y no fueron tachados de falsos? Sí
El contratista puede presentar documentos en copia simple como medios de prueba, siempre y cuando estos hayan estado a disposición de la parte contraria durante el proceso y no hayan sido tachados de falsos, reiterándose así el criterio establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En el caso concreto, los accionantes alegan lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble, aportando un dictamen pericial que fue objeto de objeción por error grave por parte de la entidad estatal, pero que finalmente fue considerado válido por el juez, quien determinó que el perito cumplió con su cometido al calcular el valor comercial del bien para la fecha de celebración del contrato, a pesar de las críticas metodológicas. Sin embargo, el dictamen pericial fue cuestionado por su base en precios de una fecha posterior a la celebración del contrato, lo que implica que la valoración del dictamen debe considerar la descontaminación de la plusvalía generada por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, según lo dispone la Ley 388 de 1997. Esta regla implica que los peritos deben ser rigurosos en su metodología y considerar las variables temporales que afectan el valor de los bienes inmuebles en procesos de enajenación voluntaria.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la lesión enorme en los procedimientos de enajenación voluntaria de inmuebles, en lo relacionado con el reajuste de precio mas no, por imposible, la rescisión del contrato?¿El avalúo rural presentado por la demandante tiene la naturaleza de informe de experto o técnico, el cual debe valorarse como prueba documental de acuerdo con la sana crítica?
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal?¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto?¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
¿La demanda respecto a las pretensiones acumuladas de controversias contractuales y reparación directa fue presentada dentro del término de caducidad respecto a estos medios de control? Sí
El contratista presenta una demanda acumulando pretensiones de controversias contractuales y reparación directa dentro del término de caducidad establecido por la ley. En este caso, el contrato de promesa de compraventa se regía por el derecho privado y no contemplaba liquidación, por lo que el término de caducidad para controversias contractuales se contabiliza desde la terminación del contrato, que ocurrió el 22 de agosto de 2018, con la devolución del dinero a Llano Verde. La demanda fue presentada el 16 de noviembre de 2018, dentro del plazo legal. Para la reparación directa, el término de caducidad comenzó el 11 de julio de 2018, cuando Emsirva comunicó la imposibilidad de suscribir la escritura de venta, y la demanda se presentó oportunamente el 16 de noviembre de 2018. La acumulación de pretensiones es procedente conforme al artículo 165 del CPACA. La cláusula décima del contrato excluye el reconocimiento de intereses y perjuicios adicionales en caso de terminación por imposibilidad de tradición, lo que implica que no procede la indemnización de perjuicios reclamada por los demandantes.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del contrato acordaron que en caso de terminación por imposibilidad de realizar la tradición del bien, se devolvería el dinero pagado sin reconocimiento de intereses…¿Procede negar las pretensiones de reparación directa formuladas en la demanda porque los perjuicios reclamados por los demandantes se derivan del incumplimiento del contrato…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Procede declarar fallida la condición resolutoria en un contrato de compraventa de inmueble, relacionada con la destinación específica a la cual este quedó sometido por haber operado el fenómeno de la prescripción extintiva? No
El contratista no puede declarar fallida una condición resolutoria en un contrato de compraventa de inmueble relacionada con la destinación específica del bien, simplemente por el paso del tiempo y la prescripción extintiva, ya que la condición resolutoria pactada no fue sometida a un límite temporal y solo se activa con la ocurrencia del hecho futuro e incierto que le sirve de fundamento. La condición resolutoria subsiste como carga para el comprador y las acciones derivadas de esta solo se activan con el acaecimiento de la condición, lo que descarta también la configuración de la caducidad del medio de control jurisdiccional ejercido con la demanda. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la inoperancia de la prescripción extintiva en la declaración de fallidas condiciones resolutorias no temporizadas, lo que implica que el comprador debe cumplir con la destinación específica del bien inmueble pactada en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente condenar en costas en segunda instancia contra la parte vencida en el proceso?
¿Se acreditó que el pago recibido por el demandante fue inferior a la mitad del justo precio del inmueble objeto de compraventa, para dar lugar a la declaratoria de responsabilidad por lesión enorme? No
En la compraventa de inmuebles, la lesión enorme solo se configura cuando el precio pagado al vendedor es inferior a la mitad del justo precio del bien, y su prueba corresponde a quien la alega. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el justo precio se establece con los avalúos comerciales que obren en el proceso y que no hayan sido objetados por las partes, pues estos constituyen el parámetro probatorio. Segunda, la falta de prueba que demuestre que el precio pagado quedó por debajo de esa mitad impide declarar la lesión, sin que la sola diferencia de valor sea suficiente. En el caso, dos avalúos comerciales previos a la celebración del contrato fueron integrados al proceso y no fueron objetados, y la providencia confirma que la lesión no quedó demostrada. En la práctica, quien invoque la lesión enorme debe aportar un avalúo técnico que determine el precio del inmueble al momento de la venta y que sea consistente con las demás pruebas del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de compraventa de bien inmueble celebrado entre la sociedad demandante y el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil…¿La acción rescisoria por lesión enorme debe ser invocada cuando se advierta un desfase entre lo pagado en el contrato de compraventa y el justo precio del bien inmueble?¿Las pretensiones indemnizatorias por lesión enorme deben desestimarse, al haberse pactado el contrato de compraventa del bien inmueble como cuerpo cierto y el demandante no discute ni reclama por la…
¿Se acreditó el incumplimiento contractual por la parte demandada al ocupar un área superior a la pactada en el contrato de arrendamiento del bien inmueble y la falta de restitución de la cosa arrendada? Sí
El arrendatario que ocupa un área superior a la pactada en el contrato de arrendamiento de bien inmueble incurre en incumplimiento contractual, y esa conducta puede declararse aunque la demanda no cite una cláusula específica, siempre que la estipulación que identifica el objeto del arrendamiento y su extensión permita determinar la obligación desconocida. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contrato identifica el inmueble y su área total, esa identificación basta para establecer la obligación incumplida. Segundo, la restitución del inmueble es una obligación que surge al finalizar el contrato de arrendamiento, según el artículo 2005 del Código Civil, de modo que el incumplimiento se mantiene mientras el arrendatario continúe ocupando el bien. Tercero, la oportunidad de la demanda se mide con el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales, y si la demanda se presenta dentro de ese término y el incumplimiento persiste, la declaratoria es procedente. La providencia confirma en todos sus apartes la decisión de primera instancia; en la práctica, el arrendador debe identificar la estipulación contractual que se desconoce al ocupar el área en exceso.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años establecidos por la ley, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de…¿Es procedente la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales cuyo objeto se circunscribe a establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado en los términos exigidos en la ley para que se configure la lesión enorme, resultan relevantes las épocas de las presuntas afectaciones del predio a utilidad pública, cuando la demanda no está encaminada a obtener reparación por esas presuntas afectaciones? No
El contratista no debe considerar relevantes las épocas de presuntas afectaciones del predio a utilidad pública para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales que busca establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado, ya que la demanda no busca reparación por esas afectaciones. La oportunidad de la acción se determina a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico, es decir, desde el otorgamiento de la escritura pública, y no desde eventos posteriores no relacionados con el objeto de la controversia. La regla establece que el término de caducidad para accionar en controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho correspondientes, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro de este plazo, ajustándose a los días hábiles y considerando la vacancia judicial. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la oportunidad de la acción de controversias contractuales, permitiendo una interpretación más flexible y ajustada a la realidad de los casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resultan aplicables a la adquisición de inmuebles por parte de las entidades públicas por ventas no forzadas, las normas civiles propias de la compraventa relativas a la lesión enorme?¿El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende…¿La verificación judicial de la lesión enorme se limita en forma objetiva al precio, sin que se imponga para su configuración la prueba de un vicio en el consentimiento o la intención de alguno de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar2022-04-18Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020140013700LEY 1437 REPETICION
[D]ecreto de las medidas cautelares solicitadas. Sí
En la medida que [la] información es susceptible de ser obtenida… mediante el ejercicio del derecho de petición, sin que le sea dable, como se dijo en párrafos anteriores, acudir a los poderes del Juez para tal efecto, como quiera que el artículo 173 [CGP], condiciona al juez para ordenar la práctica de las pruebas que la parte haya podido solicitar directamente… , a que ésta haya probado sumariamente que actuó en procura de aportar dichas pruebas, es decir, que las solicitó a la entidad, pero que estas le fueron negadas, lo cual no ocurrió en este caso.
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
¿El contratista acreditó la configuración de la lesión enorme? No
El contratista no acredita la configuración de la lesión enorme al no probar el justo precio del inmueble al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa, según lo establece la carga de la prueba que le corresponde al accionante para fundamentar sus pretensiones. En este caso, la entidad estatal vendió un inmueble para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social por un valor de $4.282.164.000, pero no se presentó prueba alguna que permita conocer el justo precio del bien en el momento del contrato, lo que implica que no se cumplió con la exigencia legal de acreditar que el valor del contrato era inferior a la mitad del justo precio. La Sala revocará la sentencia apelada por no haberse cumplido con la carga probatoria requerida, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar pruebas periciales que demuestren el justo precio para configurar la lesión enorme.síntesis automática
También resuelve:¿Obra prueba que permita conocer el justo precio del bien al momento de la celebración del contrato de promesa?¿El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella?¿La Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
¿Cuáles son los presupuestos de la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer asuntos de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede ser condenado en costas si no se evidencia mala fe o temeridad, conforme al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el Consejo de Estado es competente para conocer de apelaciones en segunda instancia cuando el monto de la controversia supera el límite establecido en el artículo 132 numeral 5 del mismo código. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se computa desde la fecha de perfeccionamiento del contrato, conforme al artículo 136 numeral 10 literal e) del CCA, y puede suspenderse en ciertas circunstancias, como la conciliación previa. En cuanto a la permuta de bienes inmuebles, la entidad estatal puede permutar bienes que no se utilicen cuando estos se apliquen a los fines para los cuales fueron adquiridos, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley 9 de 1989, sin desconocer la preferencia en compraventa establecida en el artículo 1958 del Código Civil. Esta interpretación permite que la entidad enajene bienes por permuta sin incurrir en nulidad, siempre y cuando el bien permutado sea destinado a un proyecto específico.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Se permite la permuta de los bienes que no se utilicen cuando se apliquen a los fines para los cuales fueron¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas?