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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020130029501-52804-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-06-20"
radicado: "05001233300020130029501"
numero: "52804"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: la elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-06-20
- **Radicado:** 05001233300020130029501
- **Número interno:** 52804
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** MUNICIPIO DE OLAYA
- **Demandado:** PROMOTORA OLAYA S.A.S.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020130029501-52804-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020130029501/8232D9201C0E1CF388A6DFAC266797F1B77AC3807CBFF6B19247B662F53446C6/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201300295011100103

## Problema jurídico

¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación?
- ¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal?
- ¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2474 de 2008, art. 77
- Decreto 4444 de 2008
- Ley 80 de 1993, arts. 25 núm. 12 y 25 núm. 7

## Extracto

La elaboración de los estudios previos se impone como una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluido el de contratación directa, pues así surge a partir de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; por lo mismo, que la parte actora hubiere invocado como norma violada el Decreto 4444 de 2008 –referente al proceso de selección abreviada para enajenación de bienes del Estado– no supone sino un defecto en la identificación del derecho invocado, pero la causa en la que se soportó la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de la finca El Oasis –la ausencia de tales estudios y dentro de ellos la determinación de la necesidad y conveniencia de enajenar el bien– se mantiene intacta; de manera que, cabe anotar, el análisis que enseguida se abordará no afecta el derecho al debido proceso de la demandada…

## Síntesis temática

La elaboración de los estudios previos es una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluida la contratación directa, y su omisión sustenta la nulidad absoluta del negocio jurídico. La regla se apoya en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que imponen esos estudios como condición previa a la celebración de los contratos estatales, y en que la necesidad y la conveniencia de enajenar el bien deben quedar determinadas en ellos. Además, la identificación errónea de la norma violada no altera la causa de la pretensión, de modo que el análisis no vulnera el debido proceso ni el principio de congruencia. En el asunto, la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de un predio se fundó en la ausencia de esos estudios, y la Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, la entidad que contrata sin estudios previos expone el negocio a la nulidad absoluta, aun si la parte demandante invoca mal la norma aplicable.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, OBJETO ILÍCITO, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, OBLIGACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA, ESTUDIOS PREVIOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA, ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA, REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, ENAJENACIÓN DE BIEN, SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA, ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, DEBERES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, RECURSO DE APELACIÓN, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN, OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN, FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, ACTIVIDAD CONTRACTUAL, FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATO ESTATAL, COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL, ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, BIEN INMUEBLE, AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA CONTRATAR, CONTRATO DE APORTE, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE APORTE, CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE APORTE, OBJETO DEL CONTRATO DE APORTE, NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE APORTE, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CONTRATACIÓN DIRECTA, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, ENAJENACIÓN DE ACCIONES, CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, REQUISITOS DEL CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, ENTREGA DE BIENES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, CONTRATACIÓN ESTATAL, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA, RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, CARGA DE LA PRUEBA, ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA, REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA, VENTA DE ACCIONES, EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, RESTITUCIONES MUTUAS, CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS, PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS, PÉRDIDA DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES, PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE, CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, PRINCIPIO NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS, PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA, PRUEBA DE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE, CERTIFICADO DEL REGISTRO DE BIEN INMUEBLE, REGISTRO DE BIEN INMUEBLE, TERCERO POSEEDOR DE BUENA FE, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR OBJETO LÍCITO, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, ADQUIRENTE DE BUENA FE, DERECHOS DEL ADQUIRENTE DE BUENA FE, ACCIÓN REIVINDICATORIA, OBJETO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA, DERECHO A LA PROPIEDAD, COMPULSA DE COPIAS, SOLICITUD DE COMPULSA DE COPIAS, CAUSALES DE LA COMPULSA DE COPIAS, DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL TESORO PÚBLICO, RESPONSABILIDAD PENAL, RESPONSABILIDAD FISCAL, RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, EXHORTACIÓN A AUTORIDADES, EXHORTO, MINISTERIO PÚBLICO, COMPETENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR PARTE DE ENTIDAD PÚBLICA

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / ESTUDIOS PREVIOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA / ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / ENAJENACIÓN DE BIEN / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a elaboración de los estudios previos se impone como una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluido el de contratación directa, pues así surge a partir de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; por lo mismo, que la parte actora hubiere invocado como norma violada el Decreto 4444 de 2008 –referente al proceso de selección abreviada para enajenación de bienes del Estado– no supone sino un defecto en la identificación del derecho invocado, pero la causa en la que se soportó la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de la finca El Oasis –la ausencia de tales estudios y dentro de ellos la determinación de la necesidad y conveniencia de enajenar el bien– se mantiene intacta; de manera que, cabe anotar, el análisis que enseguida se abordará no afecta el derecho al debido proceso de la demandada, en tanto no varía la causa que soporta sus pretensiones y, por lo mismo, tampoco desconoce el principio de congruencia. Lo primero que se debe destacar es que la celebración de los contratos estatales mediante contratación directa no puede comportar el ejercicio arbitrario de la libertad contractual, toda vez que este mecanismo está atado al cumplimiento de los principios que guían la contratación estatal; por ello, dentro de los requisitos que deben observarse a la hora de celebrar un contrato estatal a través de este procedimiento, el artículo 77 del Decreto 2474 de 2008 –vigente para el momento de celebración del contrato de enajenación del inmueble– establecía la exigencia de la expedición de un acto administrativo de justificación de la contratación (…). [P]ara proceder a la contratación directa, no solo se debe contar con el acto administrativo que la justifique, sino que se debe cumplir con el requisito de elaboración de estudios previos consagrada en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 con el fin de garantizar los principios que rigen la contratación estatal. (…) [T]anto el acto administrativo de justificación como los estudios previos eran una obligación legal imperativa y exigible desde el momento en el que se concibió la enajenación del inmueble El Oasis, motivo por el cual, cuando menos dichos documentos debieron existir al momento de la suscripción del adicional No. 2 del 3 de diciembre de 2010, en el que se concibió el proyecto, la demandada contrajo la obligación de comprar el inmueble y el Municipio de enajenarlo, pero ello no fue así. (…) [E]n la celebración del contrato de aporte en especie y venta del inmueble del 13 de abril de 2011 se vulneraron normas imperativas asociadas al cumplimiento del principio de selección objetiva porque antes de su suscripción no se elaboraron los estudios previos de que trata el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 ni se expidió el acto administrativo de justificación de la contratación directa que exige el artículo 77 del Decreto 2474 de 2008, a pesar de que, tales documentos adquieren superlativa importancia para determinar, entre otras cosas, la necesidad y conveniencia de que una entidad pública se despoje de sus bienes, así como la contraprestación por la que lo hará. Así las cosas, se concluye que el referido contrato está viciado de objeto ilícito porque se vulneraron normas imperativas en los términos de los artículos 1519 y 1741 del Código Civil, lo que impone la sanción de nulidad absoluta, tal y como lo declaró el Tribunal en primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la importancia de los estudios previos antes de la apertura del procedimiento de contratación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de marzo de 2011, rad. 37044, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 21 de mayo de 2021, rad. 57822, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 62250, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 27 de marzo de 2014, rad. 26939, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 29 de agosto de 2007, rad. 15324, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 15 de diciembre de 2017, rad. 50045, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2474 DE 2008 - ARTÍCULO 77, DECRETO 4444 DE 2008, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 7, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, 1741
ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / DEBERES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os aspectos relacionados con la competencia del alcalde del Municipio para constituir esa sociedad no fueron planteados en la demanda y que, en tal virtud, esas materias no podían ser objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal, en tanto la congruencia dicta que la decisión judicial debe guardar coherencia con “los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades” a las que se refiere ese código, por lo que el demandado no puede ser condenado por “objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente invocada en ésta”. En este orden de ideas, como el Municipio no cuestionó en este proceso la legalidad del acto de constitución de la Promotora ni afirmó su incompetencia para concurrir a la celebración de este acto, tales aspectos son ajenos al objeto de este litigio, motivo por el cual las consideraciones que desarrolló el Tribunal alrededor de este tema excedieron el marco que le fijaron la causa petendi y el petitum. Manifestación que no cambia de cara a las facultades oficiosas del juez en clave de actos convencionales viciados, pues, a no dudarlo, el análisis referido no se derivó de un acercamiento de ese tipo, sino de quien escudriña en el acto. No obstante, es pertinente señalar que lo mencionado por el a quo en relación con ese aspecto no pasó de ser un obiter dictum, esto es, un dicho de paso con base en el cual no se soportó ninguna declaración de las que se hicieron en la parte resolutiva de la sentencia, por lo que, pese a la precisión que se hace en esta instancia, la razón que en este punto asiste a la demandada no conduce a que se haga ninguna declaración de cara a lo decidido en la sentencia recurrida. (…) El Municipio no formuló razones de disenso contra los fundamentos de la sentencia de primera instancia en que se fincó la negación de la pretensión de indemnización de perjuicios, en tanto no argumentó por qué, en contra de lo sustentado por el a quo, sí debía ser resarcido. (…) El Municipio dirigió sus argumentos a expresar las razones por las que, a su juicio, no había lugar a reconocer restituciones a favor de la Promotora, en términos generales, por haber obrado de mala fe y por haber sido la única beneficiada con la celebración de los contratos, razones que no atacan el fundamento de la decisión del Tribunal que estaba relacionado más con la aplicación del brocardo según el cual nadie puede ser beneficiario de su propia culpa. No se observa en el recurso que el Municipio hubiere alegado y pretendido demostrar que no medió culpa suya en las circunstancias que, dijo, viciaron la validez del contrato. Así las cosas, en aplicación del artículo 357 del CPC conforme al cual “[…] el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre este aspecto, el cual no impiden que se conozcan los demás argumentos de la apelación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357
FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL / COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL / FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ENAJENACIÓN DE BIEN / BIEN INMUEBLE / AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA CONTRATAR
Problema jurídico:
¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal?
Respuesta al problema jurídico: No
Como punto de partida, la Sala se remite al artículo 313 Constitucional que dispone que corresponde a los Concejos, entre otras cosas, “[a]utorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo” (núm. 3); por su parte, el artículo 314 ibídem señala que el alcalde es el jefe de la administración local y el representante legal del municipio; a la vez que el artículo 315 enlista dentro de las funciones del alcalde las de dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y prestación de servicios a su cargo (núm. 3) y ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión del presupuesto (núm. 9). (…) [A]l realizar un análisis sistemático de tales normativas y de cara a las competencias que corresponden a los concejos municipales y a los alcaldes, la lectura que debe darse al numeral 3º del artículo 313 constitucional no es aquella que supone una regla general que imponga que en todos los casos el alcalde deba contar con autorización de ese cuerpo colegiado para ejercer su competencia de contratar, sino que lo que el constituyente dispuso fue una regla de excepción a tal competencia, según la cual, tal autorización solo se requiere cuando previa y expresamente el Concejo Municipal así lo haya dispuesto y en los casos en los que la ley así lo indique. (…) [N]o es dable exigir a los alcaldes, a manera de regla general, que deban tramitar ante el Concejo una autorización especial para poder ejercer sus competencias en materia contractual, comoquiera que ya el artículo 11.3 de la Ley 80 de 1993 les confirió tal facultad. Por tanto, el trámite de las autorizaciones previas es de carácter excepcional, ya que solo opera en los casos concretos que expresamente hayan definido tales corporaciones o cuando la ley así lo exija expresamente. Cosa distinta es que el alcalde esté sujeto a las definiciones del Concejo de cara a los asuntos propios de sus competencias. Descendiendo al caso concreto, ha de precisarse que para el momento en que se celebró el contrato de aporte y venta de la finca El Oasis a favor de la Promotora –13 de abril de 2011– no se había expedido la Ley 1551 de 2012, que modificó el artículo 32 de la referida Ley 136 de 1994 e incorporó un parágrafo en el que indicó expresamente que corresponde a los Concejos decidir sobre la autorización del alcalde para celebrar, entre otros contratos, la enajenación y compraventa de los bienes inmuebles, así como la de activos, acciones y cuotas partes; de manera que, antes de la entrada en vigor de tal normativa era necesario establecer si el Concejo le había impuesto tal obligación, lo cual, normalmente, estaba así previsto. En el expediente no está acreditado fehacientemente que el Concejo Municipal de Olaya hubiere previsto de manera expresa y previa a la celebración del referido contrato que el alcalde debiera pedirle autorización para celebrar contratos que implicaran la enajenación de bienes del ente territorial, lo que impide determinar con certeza si, como alega la parte actora, al celebrar el referido negocio jurídico el alcalde actuó sin competencia por carecer de tal autorización. (…) [L]a

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

apital suscrito y pagado. [S]olo si se logra la recuperación del inmueble y por razón de esta sentencia, el Municipio deberá restituir a la Promotora o, en su defecto, a la masa de la liquidación, el valor de $120’000.000, debidamente actualizado, que recibió a cambio de la enajenación de las 95 acciones, pues, se reitera, tales acciones fueron liberadas con la suscripción y liberación de acciones (pago) del aporte del 50,17% del inmueble. (…) [D]e no lograrse la restitución del inmueble al municipio, no procederán las restituciones mutuas por imposibilidad física y jurídica de volver las cosas a su estado anterior.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de los efectos de la nulidad del contrato respecto a los subadquirentes, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de agosto de 2018, rad. 05001-31-03-010-2011-00338-01, M. P. Ariel Salazar Ramírez.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746, 1748, 1602
COMPULSA DE COPIAS / SOLICITUD DE COMPULSA DE COPIAS / CAUSALES DE LA COMPULSA DE COPIAS / DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL TESORO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PENAL / RESPONSABILIDAD FISCAL / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR OBJETO LÍCITO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Ante el detrimento patrimonial ocasionado con la celebración de los contratos se debe investigar la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de los implicados?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]mbos negocios jurídicos –el de aporte y venta de la finca El Oasis y el de readquisición de acciones– se celebraron, aparentemente, con el objeto de lograr el cumplimiento de uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal del periodo 2008 a 2011, consistente en el “aumento del nivel de desarrollo del municipio” mediante el “fortalecimiento del desarrollo del territorio en el área urbana y rural”, para lo cual se planteó, de un lado, desarrollar un “proyecto inmobiliario y de turismo” en la finca El Oasis y, paralelamente, con los recursos de la enajenación de ese predio, intervenir la parte urbana del municipio y, específicamente, equipar el parque principal y demás espacios urbanos. Para lograr estos objetivos –al menos formalmente, según lo indicado en los documentos–, se realizó una serie de actuaciones y negociaciones todas ligadas entre sí y dotadas de una aparente legalidad. Sin embargo, al final, en el predio El Oasis no se desarrolló ningún proyecto que ayudara al desarrollo del municipio, o al menos no hay prueba de eso en el expediente. En cambio, a lo que tales actuaciones y negociaciones condujeron fue a que: El bien se trasladara a un tercero que no había adquirido ningún compromiso con el municipio para lograr los cometidos de su plan de desarrollo, que fue la causa con la cual se justificó que el municipio se despojara de esa propiedad para trasladarla al patrimonio de la Promotora. El bien se trasladara a un tercero adquirente que no tenía la obligación de destinarlo a los fines que justificaron la enajenación que el municipio hizo a favor de la Promotora, sin que se hubiere cumplido –o al menos no obra prueba de ello en este proceso– el objetivo que justificó la enajenación. El bien se trasladara a un tercero sin las limitaciones que, en favor del patrimonio público y demás finalidades de la contratación pública, establece la ley. En efecto, aunque cuando se constituyó la Promotora la participación accionaria del municipio era mayoritaria, lo cual imponía, en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que en su actividad contractual esa sociedad fuera considerada pública y, por tanto, que para la enajenación de sus bienes debiera sujetarse a lo que al respecto dispone esa normativa, lo cierto es que con la celebración del contrato de readquisición de acciones del 1 de noviembre de 2011 la entidad territorial perdió la mayoría accionaria, con lo cual cambió el régimen de contratación de la Promotora para sujetarse a las normas del derecho privado, lo que le permitió aportar el bien a la Inmobiliaria Puente de Occidente S.A.S. –de la cual era su única accionista– sin las limitaciones propias de la contratación pública y, además, sin ningún miramiento de cara a la causa en la que el municipio, en un principio, justificó despojarse de ese bien que hacía parte de su patrimonio. Por lo anterior, la Sala compulsará copias de este proceso a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que, en el marco de sus competencias, estudien y definan sobre la posible comisión de una falta penal, disciplinaria o la eventual configuración de una responsabilidad fiscal.
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas ante la prosperidad parcial de los recursos de apelación?
Respuesta al problema jurídico: No
En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, artículo 365. La Sala se abstendrá de emitir condena en costas en esta instancia, en tanto ninguno de los recursos prosperó totalmente; por lo mismo, la sentencia no se revoca ni se confirma en su integridad (numerales 3 y 4, art. 365 C.G.P).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4
EXHORTACIÓN A AUTORIDADES / EXHORTO / MINISTERIO PÚBLICO / COMPETENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR PARTE DE ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Procede exhortar al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias, haga seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la presente sentencia, así como de las actuaciones que deberá adelantar oportunamente el municipio demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que, por las razones que se indicaron previamente, para procurar la recuperación del inmueble es necesario que el municipio adelante unas actuaciones judiciales posteriores, la Sala exhortará al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias, haga seguimiento al cumplimiento de tales actuaciones, las cuales deberán adelantarse dentro de las oportunidades procesales establecidas por la ley. Ejecutoriada la sentencia, el municipio deberá, en el menor tiempo posible, adelantar los trámites pertinentes para la inscripción de esta providencia en la
Oficina de Instrumentos Públicos de Sopetrán, Antioquia, la cual deberá darle trámite preferente a esta actuación.

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-06-20. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 05001233300020130029501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020130029501-52804-sentencia).
