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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2022-03-18Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 54001233100020040093601ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente la solicitud de adición de la providencia, que tiene como objeto el reconocimiento de las restituciones mutuas que fueron negadas en la sentencia? No
El contratista no puede solicitar la adición de la sentencia para reconocer las restituciones mutuas que fueron negadas, ya que la Sala ya se pronunció sobre este punto y decidió negarlas dentro del concepto de restituciones mutuas. La adición de la sentencia no es procedente porque está vedado al juez modificar su propia decisión, salvo para aclararla, corregirla o adicionarla bajo los requisitos establecidos en los artículos 309 a 312 del Código de Procedimiento Civil y 285 a 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta decisión reitera la inmutabilidad de la sentencia y sus efectos en la resolución de controversias contractuales.síntesis automática
¿Se configura de oficio la excepción de cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el curso del proceso adelantado bajo el ejercicio de la acción popular? Sí
La cosa juzgada puede declararse de oficio cuando un proceso reúne las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa de otro ya decidido, y en tal caso el juez debe estarse a lo resuelto en ese proceso anterior. La regla se apoya en que la cosa juzgada impide pronunciarse sobre asuntos ya conocidos, debatidos y juzgados, y protege la inmutabilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica. Para que opere, deben confluir los límites subjetivo, objetivo y causal de la figura, que en el momento de los hechos estaban regulados en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. En el asunto, las pretensiones del proceso analizado coincidían en objeto con las de la acción popular ya decidida, por lo que la Sala declaró configurada la cosa juzgada y revocó la sentencia apelada. En la práctica, el juez no puede volver a decidir las pretensiones que ya fueron resueltas en un proceso con idénticos sujetos, objeto y causa.síntesis automática
¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone casi en su totalidad con la reserva forestal protectora pantano Redondo y nacimiento del río Susaguá, declarada con anterioridad a la firma del mentado contrato? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de concesión minera que entregue en concesión un área que ha sido declarada previamente como zona de reserva forestal, ya que tal acción transgrede la normativa ambiental imperativa y adolece de objeto ilícito, lo que implica la nulidad absoluta del contrato. Esta regla se sostiene en que el artículo 1º del Acuerdo 17 de 1992 de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez declaró como área de reserva forestal protectora los terrenos que conforman la cuenca de la laguna de pantano Redondo y el nacimiento del río Susaguá, y el contrato en cuestión superpone casi en su totalidad dicha reserva forestal sin obtener la autorización ambiental correspondiente. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la nulidad absoluta de contratos estatales que violan normas imperativas, lo que implica que cualquier contrato que entregue en concesión áreas declaradas como reservas forestales sin la debida autorización será nulo de pleno derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de primera instancia vulneró el principio de congruencia de la sentencia?¿La Agencia Nacional de Minería cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el asunto sublite, teniendo en cuenta que asumió las funciones que correspondían al extinto Ingeominas…
¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el acto de adjudicación no fue motivado, aunque no se pidió la nulidad del acto administrativo de adjudicación? No
El contratista no puede declarar la nulidad absoluta del contrato con base en la falta de motivación del acto de adjudicación si no ha solicitado previamente la nulidad del acto administrativo de adjudicación, ya que este es un requisito previo para que proceda la nulidad del contrato según el artículo 44 numeral 4 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal debe cumplir los actos administrativos mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción, dado que estos son ejecutorios y se presumen legales. Además, el interventor debe demandar los actos proferidos antes de la celebración del contrato dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación, de acuerdo con el artículo 87 del Decreto-Ley 1 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. Esta regla reitera y confirma precedentes sobre la necesidad de solicitar la nulidad del acto administrativo de adjudicación para invalidar el contrato y establece las caducidades para demandar actos administrativos relacionados con contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común?¿Los ciudadanos tienen el deber de cumplir los actos administrativos mientras no hayan sido anulados o suspendidos?¿En vigencia del CCA, los actos proferidos antes de la celebración del contrato debían ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala determina que el contrato No. 229 de 2015 no puede ser celebrado mediante contratación directa, ya que no se ajusta a la definición legal de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, lo que implica la procedencia de declarar su nulidad absoluta por violar el principio de selección objetiva. Además, reconoce el derecho de la demandante al pago de las prestaciones ejecutadas hasta la declaratoria de nulidad, considerando que el precio del contrato era global y que se han acreditado los actos de apertura y clausura de los juegos deportivos, aunque no se completó el pago total. Esta sentencia reitera y matiza la interpretación restrictiva de los contratos de apoyo a la gestión y refuerza la necesidad de cumplir con los principios de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato No. 229 de 2015 no podía ser celebrado mediante la modalidad de selección de contratación directa por no ser un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión?¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 229 del 05 de noviembre de 2015…¿La demandante tiene derecho al reconocimiento y el pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato No. 229 de 2015?
¿La decisión adoptada en la sentencia de primera instancia de prorrogar y ampliar los efectos de la medida cautelar de suspensión del contrato de explotación minera, para garantizar el derecho a la consulta previa de la comunidad indígena U’wa, debe ser revocada por ser incongruente con los hechos y pretensiones de la demanda, y porque no guarda relación con la finalidad de la medida cautelar? Sí
Tal y como lo advirtió la ANM en el recurso de apelación, la decisión de prorrogar y ampliar los efectos de la medida cautelar de suspensión del contrato de concesión es incongruente respecto de las pretensiones y hechos expuestos en la demanda. En efecto:… La comunidad indígena U’wa no pidió en la demanda garantizar su derecho constitucional fundamental a la consulta previa, como lo entendió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al ordenar la realización de la misma. Mucho menos solicitó analizar la idoneidad del proceso de consulta previa adelantado por el titular minero ante el Ministerio del Interior.… En la demanda, la parte actora solicitó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesión GKT-081 porque no le solicitaron autorización para realizar un proyecto minero en su territorio ni le permitieron participar en el proceso administrativo adelantado para firmar el contrato.
También resuelve:¿La decisión de la sentencia de primera instancia que de oficio declaró parcialmente la nulidad absoluta del contrato de concesión de explotación minera…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso, cuando se observa que en la presente litis se ventiló un interés público?
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria…¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
¿Procede la acumulación de pretensiones contractuales y extracontractuales por cuanto existe una relación de dependencia entre ellas y están llamadas a servirse de las mismas pruebas? Sí
En un mismo proceso, pueden acumularse pretensiones contractuales y extracontractuales cuando son conexas, pueden ser decididas por el mismo juez mediante el mismo procedimiento, no son excluyentes entre sí y no están afectadas por la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA, y que la acumulación subjetiva de pretensiones contra varios demandados se rige por el artículo 88 del Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 del CPACA. Una razón es que las pretensiones contractuales se dirigían contra el contratante y derivaban de la relación negocial, mientras que las extracontractuales se dirigían contra un tercero que adoptó una decisión unilateral que se alegó dañina, de modo que no se excluían. Otra razón es que existía una relación de dependencia entre ellas y las dos debían servirse de las mismas pruebas, lo que justificaba decidirlas en conjunto. En el caso, la Sala decidió de fondo porque no había impedimento, y las pretensiones contractuales no se analizaron por haberse declarado la nulidad absoluta del contrato. La providencia cita precedente de la Sección sobre acumulación de pretensiones principales; su consecuencia práctica es que la acumulación es admisible cuando las pretensiones comparten pruebas y no se excluyen.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de las pretensiones derivadas del contrato número 008 de 2004?¿Hay lugar a declarar la nulidad absoluta de los contratos materia de la litis y sus adicionales, por objeto ilícito, debido a que se otorgó, de manera indebida…¿El contratista probó haber ejecutado prestaciones que estén pendientes de pago a cargo de la entidad contratante?
¿El contrato para la introducción y comercialización de licores, celebrado entre el departamento de Valle del Cauca y la sociedad demandante, estaba regido por la Ley 80 de 1993 y debió haber estado precedido de un procedimiento licitatorio para la selección del contratista? Sí
Cuando el departamento celebra contratos para la introducción y comercialización de licores en desarrollo del monopolio de arbitrio rentístico, esos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993 y la selección del contratista debe hacerse por un procedimiento competitivo, como la licitación pública. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 permiten celebrar esos negocios dentro de las normas de contratación vigentes. Segunda, el Consejo de Estado ha concluido que, desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el departamento debe ceñirse a esa ley, al no existir un régimen especial para la selección de los contratistas. Tercera, a falta de una regla específica, la modalidad de selección de contratistas particulares por parte del departamento era la licitación. En consecuencia, la providencia revoca la decisión que había considerado el contrato regido por el derecho privado. El documento reitera esa línea sobre el régimen de estos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se declaró la terminación unilateral del contrato, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional por la pretermisión…¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato para la introducción y¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve parcialmente favorable el recurso de…
¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera? Sí
La Subsección observa que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera, especialmente, si este se superpone con áreas de especial protección ambiental ubicadas en el área de su competencia territorial.
También resuelve:¿En virtud del deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica, el Estado se encuentra facultado para excluir las actividades de exploración y explotación minera en las áreas de…¿Las disposiciones generales sobre contratos estatales son aplicables a la formulación y trámite de las propuestas de concesión minera, su suscripción, perfeccionamiento, validez…¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone con la reservas forestales de la Laguna…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la entidad estatal terminó unilateralmente un contrato de prestación de servicios, lo que generó una demanda por parte del contratista. La cuantía de la pretensión superaba el umbral legal en la fecha de presentación de la demanda, por lo que el Consejo de Estado tuvo competencia para revisar el recurso de apelación. La Sala revocó la sentencia del tribunal administrativo, confirmando la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y reafirmando la importancia de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la expedición del acta de terminación del contrato?¿El hallazgo de una causal de nulidad absoluta del contrato exime al juez de pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto administrativo contractual?¿La motivación del acto administrativo de terminación unilateral debe fundamentarse en alguna de las causales del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 o en uno de los eventos establecidos en el inciso…
¿La declaración del Río Subachoque y Pantano de Arce como un DMI, a través del Acuerdo 17 de 1997 dictado por la CAR, es suficiente para impedir el desarrollo de actividad minera en la zona, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 34 del Código de Minas? Sí
Un distrito de manejo integrado declarado por la autoridad ambiental queda excluido de la minería a priori, en los términos del artículo 34 del Código de Minas, sin que se requiera plan de manejo ni declaración expresa de exclusión, de modo que la superposición con un área concesionada produce nulidad absoluta por objeto ilícito. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los distritos de manejo integrado son zonas excluibles de minería, y la excepción para zonas de producción solo opera en el plan de manejo y por métodos que no afecten los objetivos de la zona. Segunda, el distrito declarado mediante acuerdo de 1997 es una zona de protección de los recursos naturales renovables, por lo que está excluido. Tercera, la superposición acreditada hace que el contrato adolezca de nulidad absoluta en la porción traslapada. La providencia confirma la decisión. La consecuencia práctica es que la concesión minera otorgada sobre un área traslapada con un distrito de manejo integrado es nula en esa porción, aun sin declaración expresa de exclusión.síntesis automática
También resuelve:¿La superposición existente, al momento de suscribir el contrato de concesión minera GC8-09F de 2006, entre una porción del área entregada y el DMI Río Subachoque y Pantano de Arce trae como…¿La parte demandada acreditó en el presente proceso que se hubiera expedido una licencia previa para adelantar las actividades de minería o que la autoridad minera hubiera dado su aval para ello en…¿Es procedente declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito de la cláusula 2ª del Contrato de concesión GC8-09F, parcialmente…
¿Las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora? Sí
El contratista puede celebrar contratos interadministrativos mediante contratación directa siempre que las obligaciones del contrato estén relacionadas con el objeto de la entidad ejecutora, según lo establecido por el literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011. Esta regla permite a las entidades públicas contratar directamente cuando las obligaciones del contrato tienen relación directa con su objeto, pero excluye esta modalidad para ciertas instituciones como las de educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, asociaciones de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes territoriales. La Sala reitera esta posición, lo que implica que las entidades estatales deben considerar cuidadosamente los requisitos y excepciones establecidos para la contratación directa en contratos interadministrativos.síntesis automática
También resuelve:¿La contribución por valorización es una prestación impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o actividad de interés colectivo?¿La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia como sociedad de responsabilidad limitada puede tener un objeto social indeterminado?¿Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tienen relación directa con el objeto social de la contratista?
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la…¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista…¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
Sentencia — Sentencia2023-03-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220001600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y cuando en la decisión se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión? Sí
Cuando un laudo arbitral se funda exclusivamente en la equidad debiendo ser en derecho, carece de fundamento jurídico o su fundamentación no sustenta lógicamente la decisión, o cuando no contiene análisis probatorio alguno o hace referencia a pruebas que no fundamentan objetivamente la decisión, la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 permite anularlo. La regla se sostiene en tres razones. Primera, la causal habilita al juez a verificar si el laudo expone los fundamentos que sustentan la decisión, y le impone anularlo cuando carece de forma manifiesta de tales fundamentos. Segunda, la causal se configura por cualquiera de los tres supuestos señalados, y no por la sola inconformidad con la decisión. Tercera, el juez debe confrontar el contenido del laudo con las pruebas y con la ley sustancial aplicable. En el caso, el recurso de anulación se declaró infundado. El documento reitera la línea jurisprudencial sobre los laudos en conciencia que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…
¿El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado? Sí
El contratista no puede denominar un contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público como arrendamiento cuando combina obligaciones propias de la prestación de servicios y presenta rasgos de una concesión, ya que corresponde al juez determinar la naturaleza real del contrato más allá de la denominación formal acordada por las partes. En este caso, el contrato en cuestión no cumple con los elementos esenciales del arrendamiento, como el uso y goce exclusivo del bien, ya que el contratista fue encargado de la administración directa del bien y de la recuperación de la cartera morosa, lo cual implica una entrega total del bien y no solo su uso y goce. Además, el bien en cuestión, una plaza de mercado, está destinado al servicio público, lo que también impide la celebración de un contrato de arrendamiento. Esta decisión matiza la interpretación de la naturaleza de los contratos estatales y subraya la importancia de la función interpretativa del juez para determinar la verdadera naturaleza del contrato celebrado, independientemente de la denominación que le hayan dado las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son el otorgamiento del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y el consentimiento de las partes?¿Las plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público por destinación legal?¿Cuándo el contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público, como lo es una plaza de mercado, combina obligaciones propias de la prestación de servicios…
¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación del mismo? Sí
La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de una decisión de fondo frente a controversias derivadas del negocio jurídico estatal. Resulta procedente utilizar esta herramienta para cuestionar la nulidad absoluta del contrato, fundada en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación. La legitimación en las acciones contractuales a través de las cuales se persigue la nulidad absoluta de un contrato se encuentra en cabeza de las partes del contrato censurado, del Ministerio Público o de cualquier tercero que acredite un interés directo. La caducidad de la acción de controversias contractuales no se aplica en este caso, ya que la demanda fue interpuesta después de la entrada en vigor de la Ley 446 de 1998, lo que permite perseguir la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en las acciones contractuales a través de las cuales se persiga la nulidad absoluta de un contrato, se encuentra en cabeza de las partes del contrato censurado…¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, respecto de las pretensiones correspondientes al restablecimiento del derecho solicitado por el Consorcio…¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere…
¿La inclusión de una cláusula compromisoria en un contrato constituye la intención inequívoca de las partes de renunciar a la jurisdicción estatal, obligándolas a resolver las controversias suscitadas con ocasión de su actividad contractual, de forma exclusiva ente la justicia arbitral, incluso respecto de la validez, interpretación y aplicación de dicha cláusula arbitral? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden incluir una cláusula compromisoria en un contrato estatal que establezca la renuncia a la jurisdicción estatal y la obligación de resolver controversias mediante arbitraje, incluso respecto a la validez, interpretación y aplicación de dicha cláusula, siempre que la intención de las partes sea inequívoca y se ajuste a las reglas específicas de interpretación de los contratos. Esta regla, que reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza y efectos de la cláusula compromisoria, amplía el ámbito de la arbitrabilidad en Colombia al permitir someter a arbitraje asuntos de libre disposición, más allá de lo que era considerado transigible según normas anteriores, favoreciendo así la autonomía de las partes en la resolución de conflictos contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe entenderse que la expresión “libre disposición” contenida en la Ley 1563 de 2012 permite someter a arbitraje asuntos que no necesariamente son transigibles…¿Resulta procedente que los árbitros conozcan y decidan sobre pretensiones relacionadas con la nulidad absoluta de los contratos, incluso cuando esta se fundamenta en objeto o causa ilícitos…¿La cláusula compromisoria conserva su validez y eficacia incluso cuando el contrato principal es declarado inexistente, ineficaz o inválido…