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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía

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Fecha
2024-07-12
Radicado
73001233100020100022301
Número interno
56141
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
ELPIDIO REYES RAMIREZ
Demandado
MUNICIPIO DE IBAGUE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía

Lo que dijo la Sala

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia, puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006 –en vigor para la fecha de interposición de la demanda-, estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de esta Sala la declaratoria de nulidad que el sentenciador de primera instancia realizó frente al contrato de prestación de servicios N° 071 de 2003, así como el incumplimiento de dicho negocio jurídico y la nulidad del acto en el que se dispuso su liquidación unilateral, actos tales suscritos por el municipio de Ibagué en calidad de entidad contratante, por lo que se cumple el presupuesto de competencia señalado en la aludida norma.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 132 núm. 5 y 82
  • Ley 1107 de 2006

También resuelve

  • ¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la…
  • ¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista…
  • ¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CUANTÍA DE LA DEMANDA CUANTÍA DEL PROCESO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPRETACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA INTERPRETACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL RESTITUCIONES MUTUAS INCONFORMIDAD DE RESTITUCIONES MUTUAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ALCANCE DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ATRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SUJETOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PARTICULAR EN EJERCICIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FALTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PLIEGO DE CONDICIONES DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA TRIBUTARIA NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL FORMA DE PAGO CLASES DE FORMA DE PAGO PAGO DEL CONTRATO CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN RENTAS DEL TRIBUTO DESTINACIÓN DE LAS RENTAS DEL TRIBUTO CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS INTERÉS PÚBLICO FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR OBJETO LÍCITO CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO LÍMITES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NATURALEZA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESTINACIÓN ESPECIFICA DE SITUADO FISCAL DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA A PARTICULARES IMPROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia, puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006 –en vigor para la fecha de interposición de la demanda-, estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de esta Sala la declaratoria de nulidad que el sentenciador de primera instancia realizó frente al contrato de prestación de servicios N° 071 de 2003, así como el incumplimiento de dicho negocio jurídico y la nulidad del acto en el que se dispuso su liquidación unilateral, actos tales suscritos por el municipio de Ibagué en calidad de entidad contratante, por lo que se cumple el presupuesto de competencia señalado en la aludida norma. En cuanto a la vocación del proceso para ser tramitado en segunda instancia ante esta Corporación, se advierte que en el sub judice se cumplen los presupuestos de ley, puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V. ($257’500.000), establecidos en el artículo 132, numeral 5 del C.C.A., vigente en la fecha en que fue incoado este proceso. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / INTERPRETACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS / INCONFORMIDAD DE RESTITUCIONES MUTUAS Problema jurídico: ¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la demandada? Respuesta al problema jurídico: No En cuanto a la apelación interpuesta por el municipio de Ibagué, es palmario que le asiste interés en reprochar la imposición de condena por concepto de restituciones derivadas de la nulidad absoluta del contrato -declarada por el juzgador de primer grado-, dado el directo y natural impacto de esa decisión en el patrimonio de la entidad recurrente. Sin embargo, no puede llegarse a la misma conclusión respecto del segundo argumento de la alzada, alusivo a que la declaratoria de nulidad del contrato debió adoptarse como respuesta o solución a la excepción de fondo que en tal sentido propuso la parte pasiva, y no de manera oficiosa por parte del Tribunal. Así, dicha crítica no es pasible de análisis por parte de la Sala, pues proviene de la parte que se beneficia con la decisión, sin que ésta le cause perjuicio alguno patrimonial ni de ninguna otra índole. (...) En esa medida, mal podía impugnar la entidad un resultado acorde con su propio interés y sus propios argumentos sin desconocer la naturaleza misma de la apelación y, en concreto, lo dispuesto en los artículos 350, inciso segundo, y 357, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil, en cuanto establecen, respectivamente, que “[p]odrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia (...)” y que la apelación “se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”. (...) [E]n el presente caso, el municipio demandado no refutó las motivaciones concretas del Tribunal de primer grado para declarar la nulidad del contrato, ni refirió perjuicio alguno derivado de esa decisión, sino que alegó únicamente la circunstancia de no haberse resuelto ese tema de controversia como una excepción de fondo, cuestión que, en sí misma, no afectaba el interés demostrado del municipio, de que se evidenciara judicialmente la nulidad absoluta del negocio jurídico. (…) Por tanto, en el presente caso la Sala no se pronunciará sobre la censura planteada por el ente demandado, relativa al hecho de haber declarado el a quo la nulidad absoluta del contrato materia de controversia, de manera oficiosa y no como pronunciamiento sobre la excepción de mérito propuesta por la parte pasiva. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 350 INCISO 2, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 INCISO 1 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ALCANCE DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ATRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / FINALIDAD DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / SUJETOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PARTICULAR EN EJERCICIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / FALTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PLIEGO DE CONDICIONES / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA TRIBUTARIA / NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista, de actividades constitutivas de función administrativa, sin el cumplimiento de la normatividad establecida para ello? Respuesta al problema jurídico: Si El objeto del contrato no se limitó a labores de simple asesoría: si bien el clausulado no revela en forma explícita que el señor (...) tuviera un poder decisorio en las resultas de los procesos tributarios a su cargo -argumento que esgrime el apelante para señalar que no se despojó de prerrogativa ni potestad alguna a la administración municipal-, en todo caso, por virtud del negocio jurídico, y exclusivamente por vía de ese instrumento contractual, se le asignaron al hoy demandante obligaciones que, en sí mismas, constituían función administrativa, al ser atribuidas por la ley, de manera expresa, a entidades, dependencias y servidores del Estado, haciéndose depender del contratista, durante el desarrollo del negocio mismo, casi todo lo concerniente a la determinación y cobro de los impuestos, y además, la planeación y organización de la entidad territorial para la actividad tributaria. (…) Dadas la naturaleza y magnitud de la función administrativa, el artículo 209 de la Constitución Política advierte que la misma “está al servicio de los intereses generales” y sólo autoriza su desarrollo “mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”, no siendo ajustada al ordenamiento, por consiguiente, ninguna otra forma de ejercicio de dicha función. (...) El Estatuto Tributario colombiano -aplicable a las entidades territoriales por expresa disposición del artículo 66 de la Ley 383 de 1997 - asigna a distintos órganos y dependencias del Estado, directa y expresamente, competencias relativas a los procesos de determinación y fiscalización de impuestos; las que a su vez comprenden incluso actividades que, en otros escenarios, entrañarían el simple trámite o preparación en la gestión que corresponde a la entidad. (…) [N]o sólo las decisiones finales o definitivas relacionadas con la determinación, fiscalización, cobro y recaudo de impuestos, constituyen función administrativa, sino también las actividades de carácter preparatorio, tales como los requerimientos, emplazamientos, liquidaciones previas y proyección de actos de trámite y de cierre para la firma del funcionario de fiscalización o liquidación, responsable de tales obligaciones. (...) Justamente, en lo que atañe al ejercicio de funciones administrativas por personas privadas, el artículo 210 de la Constitución Política establece que ello sólo puede darse en las condiciones que la ley señale; y en cuanto a la figura de la delegación, el artículo 211 superior ratifica que sólo por vía legal pueden fijarse las condiciones para la misma y las funciones que pueden delegarse. (...) No obstante, ninguno de estos requisitos fue cumplido en el caso concreto, pues el municipio de Ibagué omitió dictar el acto administrativo previsto en el numeral 1 de la norma en cita, así como adelantar el proceso de selección con pliego de condiciones, indicado en el numeral 2 ibídem. Así entonces, se tiene que el objeto del contrato N° 071 de 2003 y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista, de actividades constitutivas de función administrativa, lo cual, en cuanto desconoció lo previsto en las normas del Estatuto Tributario antes referidas, así como los requisitos previstos en los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998, vicia de nulidad el negocio jurídico por objeto ilícito, surgido precisamente por contravenir el ordenamiento de la Nación. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la función administrativa, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N. 9, sentencia de 27 de mayo de 2020, rad. 11001-03-15-000-2020-00964-00, C. P. Gabriel Valbuena Hernández; Sala Especial de Decisión 10, sentencia de 8 de junio de 2021, rad. 11001-03-15-000-2021-00149-00, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; y concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, de 30 de julio de 2019, rad. 2416, C. P. Germán Bula Escobar. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 210, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 211, LEY 383 DE 1997 - ARTÍCULO 66, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 110, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 111 FORMA DE PAGO / CLASES DE FORMA DE PAGO / PAGO DEL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DEL GASTO PÚBLICO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / RENTAS DEL TRIBUTO / DESTINACIÓN DE LAS RENTAS DEL TRIBUTO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio? Respuesta al problema jurídico: No [L]a forma de pago prevista en el contrato desconoció las normas atinentes a la debida planeación presupuestal del municipio y la correcta destinación de los ingresos tributarios, los cuales se encaminan al cumplimiento de las finalidades del Estado y la prestación de los servicios a su cargo. Dichos bienes jurídicos no pueden ser sacrificados para la remuneración contractual de personas privadas, pactada o pagada sin proyección, aprobación, programación ni ordenación presupuestales. (…) Tales normas fueron desatendidas en el contrato N° 071 de 2003, al pactarse en su cláusula segunda que la remuneración periódica del contratista se haría con cargo al 15% de los tributos efectivamente recaudados por la Administración como producto de la gestión del hoy demandante. Y asimismo, resulta violatorio del ordenamiento el parágrafo III de la misma cláusula segunda, al obligarse en ella el municipio a expedir los actos administrativos proyectados por el contratista, so pena de pagarle “como honorarios los que se hubieren generado en caso de haberse expedido dichos actos”, previsión que, además de socavar las prerrogativas y potestades de la Administración, desviándolas del interés general para circunscribirlas a la satisfacción de un interés particular, desconoce lo previsto en el artículo 687 del Estatuto Tributario, a cuyo tenor: “las apreciaciones del contribuyente o de terceros consignadas respecto de hechos o circunstancias cuya calificación compete a las oficinas de impuestos, no son obligatorias para éstas”. ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS / INTERÉS PÚBLICO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS Problema jurídico: ¿Se acreditó la ejecución de prestaciones para el reconocimiento de restituciones mutuas? Respuesta al problema jurídico: No A la luz del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, hay lugar al pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, “cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido”. A renglón seguido, la norma establece que “se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público”. (…) [E]l dictamen pericial rendido en el proceso no resulta idóneo para estimar o cuantificar el supuesto beneficio recibido por el municipio de Ibagué por cuenta de los expedientes entregados por el contratista el 20 de mayo de 2009, puesto que el objeto de dicha prueba fue el cálculo de los “perjuicios” supuestamente sufridos por el contratista a raíz de la terminación del contrato, lo cual difiere sustancialmente del beneficio reportado por el Estado y de la satisfacción del interés público a la que alude el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, máxime cuando lo que se pretendió calcular en la experticia fue la cuantía de lo que el hoy demandante “habría percibido” si no se hubiera dado por finalizado el negocio jurídico, y cuando la estimación de ese rubro se hizo sobre la base del porcentaje de los impuestos fiscalizados por el actor, lo que es contrario a la ley (...). [N]o obra prueba de que las prestaciones que el actor pretendió aducir en su apelación como cumplidas para los propósitos de la restitución consecuencial a la nulidad absoluta del contrato, en los términos del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, y que estaban relacionadas en el acta de entrega final del 20 de mayo de 2009, hubieran materializado el interés público a cargo de la entidad, lo que además se pone en mayor duda cuando la Administración municipal, al verificar, ex post, el estado de los expedientes entregados, evidenció que los mismos presentaban falencias que impedían con mayor razón, alcanzar o lograr el fin público pretendido. Así las cosas, no se configuran los presupuestos para el reconocimiento de las restituciones mutuas (a título de prestaciones ejecutadas) fijadas por el Tribunal Administrativo del Tolima en el caso bajo examen, como tampoco las que el actor y apelante solicitó adicionar, dado que no se probó que la autoridad estatal se hubiera beneficiado realmente -y no a título de expectativa- de la labor realizada por el contratista sobre los expedientes entregados el 20 de mayo de 2009. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del concepto de interés público, cita: Corte Constitucional, sentencia C-128 de 2003, C-400 de 1999 y C-207 de 2019. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48 NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR OBJETO LÍCITO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / LÍMITES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / NATURALEZA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / FORMA DE PAGO / PAGO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / DESTINACIÓN ESPECIFICA DE SITUADO FISCAL / DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA A PARTICULARES / IMPROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Se configura la nulidad absoluta del contrato por contener en su objeto una indebida delegación de funciones administrativas a un particular? Respuesta al problema jurídico: Si [D]e conformidad con el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, la nulidad absoluta del contrato estatal se configura por las causales específicas allí señaladas, y además, “en los casos previstos en el derecho común”. A su vez, los artículos 1740 y 1741 del Código Civil establecen que es nulo todo acto o contrato al que le “falta alguno de los requisitos que la ley prescriba para el valor del mismo acto o contrato según su especie (...)”, y que es absoluta la nulidad producida por objeto o causa ilícita, así como la producida “por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos”. Respecto del objeto ilícito, el artículo 1519 del mismo Código Civil recalca que ese vicio se configura “en todo lo que contraviene al derecho público de la nación”. Pues bien, en el presente caso, la circunstancia de haberse celebrado el contrato 071 de 2003 para los expresos propósitos antes relatados infringe por sí sola, y en forma directa, los artículos 560, 561, 684, 688 y 691 del Estatuto Tributario y los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998; pues para que el actor pudiera ejercer las actividades señaladas en la cláusula primera -ya que eran de competencia exclusiva de los jefes de las unidades fiscalizadora y liquidadora de impuestos de la autoridad tributaria, siendo asignable a funcionarios de los niveles ejecutivo y profesional de tales estamentos bajo los requisitos previstos del propio estatuto que gobernaba la actividad-, se requería la expedición de un acto administrativo motivado, así como el agotamiento de un proceso de selección reglado con pliego de condiciones, lo que no aconteció. (…) La Ley 80 de 1993 establece en el artículo 32, numeral 3, la figura del contrato de prestación de servicios, y lo define como aquel que celebra la autoridad pública “para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”. Añade la norma que esos contratos “sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”, siendo de advertir que esta última previsión no contradice sino que reafirma y complementa la anterior, esto es, que el contrato de prestación de servicios procede únicamente para labores relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad contratante, lo que implica que no puede emplearse para cumplir sus funciones misionales, que la ley le asigna con exclusividad. Por ello, en el presente caso, el contrato de prestación de servicios N° 071 de 2003 no se ajustó a esos presupuestos de la Ley 80 de 1993, ya que las obligaciones encomendadas al contratista entrañaban función administrativa. (…) Es clara, entonces, la nulidad absoluta del contrato N° 071 de 2003, por entrañar una indebida delegación de funciones administrativas a un particular, en contravención de los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998, así como las normas del Estatuto Tributario anteriormente señaladas, alusivas a las funciones expresamente asignadas a unidades, dependencias y servidores públicos, con la indicación de los requisitos que debían cumplirse para encomendar tales labores a personal subalterno de los niveles ejecutivo y profesional, de la misma planta. Añádase a todo lo anterior, que la forma de pago prevista en el contrato desconoció las normas atinentes a la debida planeación presupuestal del municipio y la correcta destinación de los ingresos tributarios, los cuales se encaminan al cumplimiento de las finalidades del Estado y la prestación de los servicios a su cargo. Dichos bienes jurídicos no pueden ser sacrificados para la remuneración contractual de personas privadas, pactada o pagada sin proyección, aprobación, programación ni ordenación presupuestales. (...) Se desprende de todo lo dicho la palmaria invalidez del contrato materia de juicio, por lo que la declaratoria de su nulidad, dispuesta en el fallo de primer grado, será confirmada en esta instancia (...). NOTA DE RELATORÍA: Respecto al alcance del contrato de prestación de servicios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2020, rad. 48784, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 21 de febrero de 2011, rad. 17555, C. P. Enrique Gil Botero; Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 4 de noviembre de 2004, rad. 1592, C. P. Enrique José Arboleda Perdomo; Corte Constitucional, sentencias C-866 de 1999, C-776 de 2003”. Acerca de la función administrativa de recaudo de rentas, cita: Corte Constitucional, sentencias C-232 de 1998, C-521 de 1997, C-177 de 1996, C-004 de 1993, C-517 de 1992, C-070 de 1994, C-084 de 1995 y C222 de 1995. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 624 DE 1989 - ARTÍCULO 560, DECRETO LEY 624 DE 1989 - ARTÍCULO 561, DECRETO LEY 624 DE 1989 - ARTÍCULO 684, DECRETO LEY 624 DE 1989 - ARTÍCULO 688, DECRETO LEY 624 DE 1989 - ARTÍCULO 691, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 110, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 111, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1740, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=730012331000201000223011100103