Titulación de la relatoría 25.463 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPENSACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 31 de julio de 2025, unificó la jurisprudencia en punto de la procedencia de la pretensión compensatoria derivada del enriquecimiento sin justa causa cuando se han ejecutado actividades, sin el respaldo de un contrato, en favor de entidades que -en su gestión- deben aplicar el Estatuto General de Contratación Pública. En aquella oportunidad, se precisó la regla según la cual “[e]n los casos en los que la fuente del conflicto se deriva de un acuerdo de voluntades debidamente perfeccionado, y particularmente del cumplimiento de su objeto, la controversia tendrá naturaleza contractual y se regirá por las características de ese medio de control. Si, por el contrario, lo que se alega tiene fuente en una actuación del Estado que corresponda en la causación de un daño antijurídico, al margen de una relación de carácter contractual, el litigio será extracontractual y deberá tramitarse bajo las reglas de la reparación directa. Solo en aquellos casos en los que, de manera excepcional y subsidiaria, se encuentre que la afectación del interesado no encuentre causa en ninguno de aquellos eventos (carece, pues, de razón jurídica), es que el instituto del enriquecimiento sin justa causa puede ser invocado para corregir el desplazamiento que se alega”. Así, en consonancia con la reciente postura de unificación, y en la medida que el reclamo judicial que suscitó el presente proceso tiene su génesis en un negocio jurídico claramente determinado, y no en eventos de índole contractual o de responsabilidad extracontractual, el mismo debe ser dirimido bajo la óptica contractual -previo el respectivo análisis de los presupuestos procesales-, de manera que, para el caso concreto, las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa alegado resultan improcedentes -lo que exige desestimar, de contera, la compensación reclamada-.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la compensación en el enriquecimiento sin causa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 31 de julio de 2025, rad. 57464, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior. (…) A pesar de que el fallo de primera instancia negó en su totalidad las pretensiones de la demanda (argumentando para el efecto que no se probó el incumplimiento ni el desequilibrio deprecados), la parte actora circunscribió sus motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia a lo siguiente: (i) la posibilidad de reclamar el reconocimiento del desequilibrio económico del negocio jurídico estatal no está condicionada por las salvedades que exprese el contratista en los instrumentos contractuales distintos del acta de liquidación, y su silencio al respecto no produce efectos transaccionales, de manera que el reclamo que efectuó en la demanda debe ser estudiado; (ii) el a quo no realizó análisis probatorio alguno en relación con el incumplimiento del contrato y el desequilibrio, aducidos en la demanda; y (iii) las salvedades efectuadas en el acta de liquidación bilateral fueron suficientes y consistentes con lo reclamado en el libelo introductorio. (…) [C]ontrario a lo ocurrido en el escrito de alzada, en sus alegatos de conclusión de segunda instancia la parte actora sí fue profusa en su exposición argumental, (i) extendiéndose a los aspectos del libelo introductorio que no fueron reiterados en la alzada; y (ii) complementando el razonamiento relacionado con la supuesta insuficiencia de la valoración probatoria efectuada en la sentencia impugnada; es decir, agregando cuestionamientos que no fueron formulados en el recurso. No obstante, como se ha sostenido por la Subsección, las partes “no pueden modificar ni agregar aspectos a la controversia con posterioridad a las oportunidades previstas para el efecto”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, rad. 21060, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 6 de abril de 2018, rad. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth y sentencia de la Corte Constitucional, sentencia SU061 de 2018. Acerca de la imposibilidad de modificar las pretensiones de la demanda con posterioridad a las oportunidades procesales que para ello hay, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2021, rad. 50728; C. P. José Roberto Sáchica Méndez; del 12 de julio de 2024, rad. 69817. C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los artículos 1 y 2 de la Ley 80 de 1993 señalan que sus disposiciones se aplican a las entidades estatales, incluidas las empresas industriales y comerciales del Estado -cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles-, de modo que la EDU, en el momento en que se celebró el Contrato n° 351-06 de 2006, se encontraba sometida al EGCAP, en los acuerdos que perfeccionara para el cumplimiento de su misión. A su vez, el negocio jurídico en comento, cuyo objeto consistió en la “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA ZONA NÓRORIENTAL, SECTOR SANTO DOMINGO SAVIO, EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN” tipificado en el numeral primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, guarda relación directa, a su vez, con el objeto de la EDU al momento de la suscripción del contrato. Por consiguiente, el régimen aplicable a dicho acuerdo de voluntades correspondió, principalmente, a las normas que conforman el EGCAP que, para su fecha de suscripción -8 de mayo de 2006-, correspondían a la Ley 80 de 1993 y los decretos reglamentarios aplicables al asunto. En ese sentido, las disposiciones que regulan la preservación del equilibrio económico del contrato y disponen los lineamientos para su restablecimiento -en caso de ruptura- se hacen extensivas al negocio jurídico debatido.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1
SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Problema jurídico:
¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o solo el contrato inicialmente celebrado entre la entidad y el contratista, sino también los acuerdos posteriores, son expresión genuina de la libertad contractual, de la autonomía negocial para regular aspectos de la ejecución del negocio, para facilitar su cumplimiento, precisar el objeto, ampliar el plazo, desistir de ciertas reclamaciones o adoptar decisiones transaccionales. (…) [E]l juez debe encargarse, en cada caso, de determinar el alcance del pacto, de acuerdo con la intención de las partes, sin que el silencio de una de ellas en acuerdos modificatorios, contratos adicionales u otrosíes constituya una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones, pues “el silencio no puede ser interpretado por el juez del contrato como una declaración dispositiva”. Ello tampoco significa, y así se precisó en la sentencia de unificación, que, si el contratista consiente libremente, como titular de determinados derechos subjetivos, no pueda válidamente renunciar a ellos, en tanto consultan solo el interés individual y no el colectivo y social; por ello, se insiste, es imperativo desentrañar, a la luz de lo acreditado procesalmente, cuál fue la voluntad de las partes en las tratativas negociales. Ahora bien, en cuanto atañe a la suficiencia de las salvedades efectuadas por el contratista en el acta de liquidación bilateral suscrita en el caso concreto, para perseguir (de forma subsidiaria) la normalización de la ecuación económica del negocio, se concluye que le asistió razón al apelante en ese punto de la alzada. Efectivamente, la Sala constata que en ese documento se remitió a lo que, a título de “sobrecostos, daños y perjuicios ocasionados por cuenta de la celebración, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato de obra No. 351 de 2006”, fue detallado en la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la demandante con anterioridad a la liquidación misma, y su contenido coincidió en su integridad con lo esbozado en el escrito introductorio. Así, la lectura armónica de la salvedad y del instrumento al cuál se remitió para delimitar su alcance, impone concluir que tal manifestación revistió la suficiente claridad y concreción para que la jurisdicción estudiara la prosperidad de las pretensiones de la demandante. No obstante, debe iterarse que el recurso no incidió en el contenido mismo de las manifestaciones efectuadas en el instrumento liquidatorio y los conceptos a los que ellas hicieron. (…) [E]l a quo erró al concluir que: (i) la ausencia de salvedades en los instrumentos contractuales, en este caso los modificatorios, condiciona, de forma automática, la posibilidad de que el juez de la causa estudie el reclamo por el desequilibrio económico del contrato estatal; y (ii) las manifestaciones contenidas en el acta de liquidación carecieron de la claridad suficiente para ser esgrimidas en el presente trámite. Con todo, ello no supone, necesariamente, que el fallo impugnado deba ser revocado, pues para ello se requerirá que el desbalance financiero del negocio se encuentre acreditado, como pasa a analizarse.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la estipulación de salvedades cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 27 de julio de 2023, rad. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia del 8 de mayo de 2020, rad. 64701, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / CARACTERÍSTICAS DEL IUS VARIANDI / IUS VARIANDI / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Es procedente el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando el riesgo que ocasionó el desequilibrio era previsible o imputable al contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a institución del equilibrio económico del contrato, consagrada en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, enseña que “[e]n los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre [los] derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”. Por su parte, los artículos 4 y 5 de la Ley 80 que regulan los derechos y los deberes de contratantes y contratistas de los negocios jurídicos estatales, y por su virtud: (i) los primeros podrán solicitar la actualización o revisión de precios cuando ocurran fenómenos que alteren en su contra la ecuación financiera del contrato; de igual manera, podrán adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del acuerdo, las condiciones económicas existentes al momento de proponer o de contratar; y (ii) los segundos “tendrán derecho a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato”. (…) [N]o cualquier situación fractura la ecuación contractual, en tanto ello exige que confluyan ciertos presupuestos: La ocurrencia, con posterioridad a la celebración del contrato, de un hecho imprevisto, anormal, extraordinario y excepcional (teoría de la imprevisión), o a la expedición, por parte de la entidad contratante —en ejercicio de sus funciones administrativas—, de una medida de carácter general que afecte a su propio contratista (hecho del príncipe), o del ejercicio de competencias contractuales (ius variandi). Por ello, “la entidad estatal no tiene la obligación de reconocer las pérdidas causadas por aleas normales u ordinarias, pues todo negocio contempla riesgos inherentes a la actividad contractual, que el contratista, en razón de su profesión, oficio y actividad habitual, está en el deber de conocer y de prever”. El hecho en cuestión debe rebasar lo que normalmente las partes hubiesen podido prever al momento de suscribir el contrato, y de efectuar la correspondiente estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. Bajo esta lógica, solo darán lugar al rompimiento del sinalagma contractual aquellos riesgos que no fueron valorados en la etapa precontractual, o que desbordaron los que lo fueron. El hecho anormal debe ser inimputable a la parte que lo alega. Como la obligación de restablecer la ecuación contractual se fundamenta en hechos ajenos a las partes, o en expresiones de poder de la Administración, no es procedente cuando el desequilibrio es causado por actuaciones del contratista. El alea debe ser sobreviniente, imprevisto o imprevisible -no necesariamente en sus causas sino en sus efectos-, es decir, se debe presentar con posterioridad a la celebración del contrato, debe tratarse de un hecho que no fue previsto por el afectado a la hora de proponer o de contratar y que, además, no era razonablemente previsible.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 55541, C.P. María Adriana Marín; sentencia del 13 de febrero de 2013, rad. 24996, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 6 de diciembre de 2024, rad. 68858, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de la buena fe contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de diciembre de 2024, rad. 68858, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 8 de junio de 2018, rad. 38120, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y del 21 de septiembre de 2020, rad. 47106, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre la mayor permanencia de la obra, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 20 de noviembre de 2008, rad. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 27 de julio de 2023, rad. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / DEBERES DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Se acreditó el desequilibrio económico en el contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a carga probatoria que recae sobre el extremo activo, en punto a la demostración del afirmado desequilibrio, no fue satisfecha. (…) En primer lugar, con su libelo introductorio, la demandante se limitó a aportar (i) las actas de comité de obra del contrato (45 en total), detallando su avance; (ii) las solicitudes remitidas a la EDU reclamando el reconocimiento de mayores costos en los que afirma haber incurrido; (iii) las comunicaciones del contratista relacionando incidencias en la ejecución; (iv) el pliego de condiciones; (v) la oferta presentada por AyC y el acto de adjudicación; (vi) el contrato y sus modificaciones; (vi) la programación inicial de la obra; (vii) el acta de recibo final de la misma; y (viii) el acta de liquidación bilateral. No obstante, el contraste de tales elementos probatorios con los practicados en el curso de la primera instancia, en particular los testimonios y el dictamen pericial, no permite concluir que las vicisitudes afirmadas por la demandante (entrega tardía de los terrenos de obra, incompletitud y errores en los diseños) hubiesen demorado o afectado el inicio de la ejecución (en punto a la mayor permanencia), ni que la ecuación económica del contrato se alterara de forma tal que las medidas adoptadas por los contrayentes para el reconocimiento de obras y costos adicionales (mediante los instrumentos modificatorios y las sumas acordadas en el acta de liquidación) se tornaran insuficientes. (…) [E]l dictamen pericial no ofrece la consistencia, suficiencia y contundencia necesarios para considerar, con arreglo al mismo, que el desequilibrio económico del contrato, por virtud de los costos asociados a la mayor permanencia, reclamados por el contratista, se encuentra acreditado. Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha insistido en que la ecuación contractual abarca todas las condiciones técnicas, económicas y/o financieras existentes al momento de la celebración del contrato, lo que incluye la totalidad de los rubros que componen la estructura de costos y la utilidad esperada. (…) En suma, los elementos de juicio suministrados no permiten a la Sala concluir, como lo pretende el extremo apelante, que se hubiese presentado una variación causante de un desbalance, que amerite la adopción de medidas que propugnen por su ajuste, a la luz de los requisitos establecidos por la ley y reconocidos por jurisprudencia, explicados supra; lo que impone despachar de forma negativa ese cargo de la alzada y, con ello, el segundo problema jurídico propuesto. (…) [E]n relación con el principio de planeación, que su materialización se logra a partir de un compromiso compartido entre las entidades y los interesados en suscribir el negocio jurídico. También se ha indicado que dicha exigencia en el comportamiento inicia desde la etapa de selección y se ha equiparado con actuar conforme a la buena fe. Además, se ha precisado que incorpora un contenido obligacional encaminado al logro de los objetivos previstos con la ejecución del contrato estatal en cuestión, y su desconocimiento tiene por consecuencia la configuración de un evento de incumplimiento negocial. De ese modo, resulta viable colegir que al contratista, por su experticia en relación con el bien o servicio a contratar, le asistía el deber de verificar la idoneidad de los estudios entregados por la entidad contratante -entre ellos los diseños arquitectónicos y estructurales-, toda vez que era un requisito indispensable para el cumplimiento del objeto contractual. Por consiguiente, sería jurídicamente inadmisible, en principio, endilgar el incumplimiento del débito negocial a la contratante por la deficiencia o insuficiencia de tales instrumentos si ello debió ser advertido por el contratista durante el proceso de selección respectivo, considerando que al momento de estructurar su oferta tuvo acceso a aquellos elementos -como quedó establecido.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la acreditación del desequilibrio económico del contrato Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 8 de noviembre de 2021, rad. 56023, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 8 de mayo de 2019, rad. 59309, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Respecto al principio de planeación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 66729, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DEBATE SOBRE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INCONFORMIDAD CON LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DISCREPANCIA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿Puede el juez cumplir con la carga de valoración probatoria exigida por el artículo 187 del CPC mediante afirmaciones generales sin efectuar una apreciación concreta y razonada de los medios de prueba?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o puede sostenerse, como arguyó la apelante, que el a quo no hubiese efectuado “ni una sola ponderación sobre ninguno de los múltiples medios probatorios recaudados”, pues dicho ejercicio valorativo, aunque mínimo, recayó sobre las estipulaciones efectuadas en el acta de liquidación -en particular la relacionada con el pago de la contribución especial por la modificación contractual n° 2-, la insuficiencia de los elementos probatorios para determinar el valor de los presuntos sobrecostos reclamados y la incidencia de las salvedades efectuadas por el contratista en dicho instrumento, respecto de lo pretendido en el sub lite. (…) [S]i la Subsección estimara que el apelante no se refirió a la inexistencia sino a la insuficiencia en la valoración probatoria, le asistiría razón, pues la simple mención de las pruebas practicadas no tiene la propiedad de satisfacer el ejercicio valorativo que el artículo 187 del CPC impone al juez, por virtud del cual debe exponer “siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”, conforme a su apreciación conjunta y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Para cumplir la carga referida, no resultan suficientes las afirmaciones escuetas efectuadas por el a quo, según las cuales “no encuentra debidamente demostrado el incumplimiento contractual demandado” o “no existen elementos suficientes para determinar dichos valores correspondientes a los presuntos sobrecostos, daños y perjuicios ocasionados”, pues para ello era necesario que se refiriera de forma concreta a los elementos de convicción del plenario y explicara por qué (o de qué forma) ninguno de ellos revistió la entidad suficiente para demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido por la parte actora (en los términos del artículo 177 del CPC).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187