Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-03-01Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020190086701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el juez decretar la práctica de los testimonios encaminados a determinar las condiciones en las que se desarrolló el negocio jurídico, cuando los hechos materia de prueba se encuentran suficientemente esclarecidos en el proceso, con los documentos contractuales que fueron decretados como medios probatorios? No
El juez no debe decretar la práctica de testimonios cuando los hechos materia de prueba se encuentran suficientemente esclarecidos con los documentos contractuales decretados como medios probatorios, conforme al artículo 212 del Código General del Proceso, que permite al juez limitar la recepción del testimonio si considera que los hechos están suficientemente esclarecidos. En este caso, la parte demandada solicitó el testimonio del supervisor del contrato, pero los documentos contractuales ya permitían determinar las condiciones en las que se desarrolló el negocio jurídico, por lo que el testimonio no resultaba útil ni pertinente. Además, la condena en costas no requiere la apreciación de una conducta de la parte vencida, ya que se determina con base en un criterio objetivo que considera la gestión de las partes y las resultas del proceso, por lo que se condena a la parte demandada en costas y se fija una agencia en derecho en función de la gestión procesal realizada por el apoderado de la entidad demandante.síntesis automática
También resuelve:¿La condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte vencida en el proceso, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020230027901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe rechazarse la práctica de la prueba testimonial cuando la parte que la solicita no enuncia concretamente los hechos objeto de prueba? Sí
El contratista no puede obtener la práctica de la prueba testimonial si no enuncia con claridad los hechos específicos que pretende probar, ya que esta exigencia es necesaria para garantizar la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba. Además, si la información que se busca obtener mediante el testimonio ya está disponible en el expediente a través de documentos presentados por las partes, la prueba resulta inútil y no debe ser admitida. La Sala confirmó que la falta de concreción en la petición de prueba testimonial y la existencia previa de la información en el expediente justifican la improcedencia del decreto de prueba, lo que implica que las partes deben presentar solicitudes de prueba bien fundamentadas y dirigidas a obtener información no ya disponible.síntesis automática
También resuelve:¿Debe rechazarse la práctica de un testimonio solicitado como prueba cuando la información que se pretende obtener ya obra en el expediente mediante documentos allegados por las partes?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-25Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 85001233300020240008501LEY 1437 REPETICION
¿Puede el juez rechazar la declaración de terceros con conocimientos técnicos si no presenciaron los hechos objeto del proceso y su intervención se limita a explicar un documento ya incorporado como prueba documental? No
El juez no puede rechazar la declaración de terceros con conocimientos técnicos que buscan explicar un documento ya incorporado como prueba documental, siempre y cuando dicha declaración cumpla con los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad establecidos en el artículo 168 del Código General del Proceso. La conducción de la prueba se refiere a su aptitud legal para demostrar hechos relevantes del proceso, mientras que la pertinencia implica que la prueba esté relacionada con los hechos alegados. La utilidad se refiere al efecto directo que la prueba tiene en el juicio para informar al juez sobre las circunstancias relevantes. En este caso, el juez determinó que la declaración de los expertos era innecesaria y redundante, ya que el concepto médico que pretendían explicar ya estaba incorporado como prueba documental, por lo que resultó inconducente, impertinente e inútil. Esta decisión matiza la interpretación previa de la prueba testimonial técnica, limitando su admisibilidad cuando la misma información ya ha sido presentada en forma documental.síntesis automática
¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión? Sí
El juez de segunda instancia resuelve la apelación únicamente sobre los reparos concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de pronunciarse de oficio sobre las cuestiones necesarias para decidir el mérito, como la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la indebida escogencia de la acción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable en segunda instancia por remisión del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, limita el objeto del recurso a los reparos concretos del apelante. Segunda, el artículo 328 del mismo código restringe la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones oficiosas que la ley prevé. Tercera, los alegatos de conclusión no son la oportunidad para formular pretensiones ni plantear o reformular cargos del recurso, de modo que el cargo propuesto en esa etapa no se estudia. La providencia confirma la decisión y no analiza el cargo introducido en los alegatos. La consecuencia práctica es que los argumentos nuevos, incluidos los que se presentan en los alegatos de conclusión, no sustituyen los reparos del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro de la oportunidad prevista por la Ley?¿Los incumplimientos de las obligaciones contractuales que condujeron a la imposición de la multa desaparecieron debido a las modificaciones contractuales realizadas por las partes?¿El Tribunal se equivocó al valorar los testimonios practicados, o por valorar documentos que no fueron mencionados durante el procedimiento administrativo de imposición de la multa?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-10Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020200029601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Están las partes obligadas a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones? Sí
El contratista está obligado a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones, ya que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a presentar pruebas y establece la carga de la prueba ("onus probandi") para acreditar los hechos que fundamentan las normas que persiguen. La declaración de terceros debe cumplir con los requisitos formales para ser conducente, pertinente y útil, y el juez debe decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos definidos en la etapa de fijación del litigio. Además, el juez puede rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio, lo que implica que las pruebas deben estar directamente relacionadas con el problema jurídico determinado y no ser objeto de otros procesos. Esto asegura un acceso justo a la justicia y garantiza los derechos al debido proceso, la contradicción y defensa, así como la resolución justa de conflictos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez rechazar la práctica de declaraciones de terceros si la solicitud no cumple con los requisitos formales que permitan verificar su conducencia, pertinencia y utilidad?¿Debe el juez decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos que fueron definidos en la etapa de fijación del litigio?¿Debe el juez rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio?
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública? No
El contratista no puede presentar informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal como prueba en un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública, ya que estos informes no adquieren la condición de prueba hasta que se les ha dado la oportunidad de ser cuestionados en un juicio oral. Además, el juez no puede otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio sin acreditar la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe, ya que la falta de esta acreditación afecta negativamente la credibilidad del informe. Estas reglas implican que la prueba trasladada de un proceso penal debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser valorada en un proceso judicial, lo que incluye la contradicción y la autenticidad de la cadena de custodia de la prueba.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe?¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación?¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los…
¿La demanda fue presentada dentro del término de dos años establecido para la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista presenta la demanda de controversias contractuales dentro del término de dos años desde la liquidación unilateral del contrato, siempre que se interrumpa el cómputo del plazo por la presentación de una solicitud de conciliación extrajudicial que se declare fallida. En este caso, el Contrato de Gestión de Archivo se liquidó unilateralmente el 30 de noviembre de 2010, y el término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicialmente corría entre el 1° de diciembre de 2010 y el 1° de diciembre de 2012. El 27 de noviembre de 2012, la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría, que se declaró fallida el 29 de enero de 2013, suspendiendo el cómputo del término de caducidad. Por lo tanto, la demanda presentada el 1° de febrero de 2013 es oportuna.síntesis automática
También resuelve:¿Por medio de la copia de las planillas de préstamo de información allegada como pruebas documentales al proceso se puede acreditar la prestación del servicio respecto el cual se alega el…¿Por medio de los testimonios practicados en el proceso se puede acreditar la prestación del servicio respecto el cual se alega el incumplimiento contractual?¿Procede la condena en agencias en derecho tomando en consideración la naturaleza, calidad y duración de la gestión del apoderado judicial?
¿La tacha formulada contra el testimonio del señor […] hacía improcedente la valoración de esa declaración, como lo concluyó la sentencia de primera instancia? No
El contratista no puede desvirtuar la eficacia probatoria del contrato mediante un testimonio, ya que la prueba documental prevalece sobre el testimonio en la contratación pública, según los artículos 225 y 256 del Código General del Proceso. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en modificación unilateral del contrato al ajustar el valor del mismo conforme a las variaciones en las tarifas establecidas por el Gobierno Nacional, como acordado en el contrato. Además, el testimonio no puede establecer la existencia de vicios del consentimiento ni desequilibrios económicos en el contrato, ya que estas cuestiones requieren pruebas documentales específicas y la entidad de control no está facultada para resolver controversias contractuales. La Sala matiza la interpretación de la eficacia del testimonio en controversias contractuales, estableciendo que el testimonio no puede desvirtuar la prueba documental y que la valoración del testimonio debe considerar su imparcialidad, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas documentales para acreditar sus alegaciones en lugar de confiar únicamente en testimonios.síntesis automática
También resuelve:¿Con el testimonio del señor […] se acreditó el incumplimiento contractual, el desequilibrio económico de los contratos de prestación del servicio público de educación n.° 318 de 2017 y 1010 de 2018…
¿Se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición? No
El contratista no puede acreditar el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición, ya que no existen elementos probatorios que demuestren que la funcionaria actuó con intención de desviar el poder para fines distintos a los del buen servicio. El tribunal revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de una de las funcionarias demandadas, pero confirma que no se acreditó el dolo ni la desviación de poder, al no haberse presentado pruebas que indiquen que la conducta de las servidoras públicas fue desplegada con propósitos distintos a los del buen servicio. Este precedente reitera la necesidad de presentar pruebas idóneas y trasladadas al proceso para demostrar la conducta dolosa del agente estatal, y confirma que documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición.síntesis automática
¿Los actos emitidos por Ecopetrol durante la ejecución del contrato objeto de análisis, referidos a la multa y a la terminación anticipada y unilateral ostentan de naturaleza jurídica privada y por ello su revisión de legalidad no procede por la vía de nulidad? Sí
El contratista no puede impugnar por vía de nulidad los actos emitidos por Ecopetrol durante la ejecución del contrato, referidos a multas y terminación anticipada y unilateral, ya que estos actos tienen naturaleza jurídica privada y su revisión de legalidad se limita al análisis de los incumplimientos de las obligaciones derivados del negocio jurídico pactado, conforme a la autonomía de la voluntad en la contratación estatal. La Sala confirma que, cuando el contrato se rige por el derecho privado, los actos de la entidad no constituyen actos administrativos, sino que deben evaluarse en función del cumplimiento de las cláusulas contractuales y sin hacer un uso abusivo de las facultades unilaterales pactadas. Además, la tacha de los testigos no hace improcedente la recepción o la valoración de los testimonios, sino que impone al juez un análisis más profundo para determinar el grado de credibilidad y eficacia probatoria de dichas declaraciones, en aplicación del principio de la sana crítica y las reglas de la lógica y la certeza.síntesis automática
También resuelve:¿La tacha de los testigos hace improcedente la recepción o la valoración de los testimonios?¿Ecopetrol incurrió en incumplimiento contractual por la falta de reconocimiento de la mayor permanencia y mayores cantidades de obra por parte del contratista?¿Ecopetrol generó el rompimiento del equilibrio económico del contrato por motivo de la falta de reconocimiento de las mayores actividades y mano de obra…
¿El soldado profesional, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, desplegó una conducta gravemente culposa? No
El ente actor no logra demostrar la culpa grave del soldado profesional al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote a la víctima, ya que las pruebas practicadas no evidencian un actuar grosero, negligente o temerario del demandado. La Sala confirma que el uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro, siempre que los miembros de la fuerza pública se identifiquen y adviertan la intención de usarlas con tiempo suficiente, haciendo un uso moderado y proporcional a la amenaza. Además, la Sala establece que el ente actor incumple la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor público, lo que implica que no puede aplicarse la presunción de dolo prevista en la Ley 678 de 2001. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la necesidad de especificar claramente la presunción legal en la que se basa la atribución de responsabilidad al servidor público.síntesis automática
También resuelve:¿El uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro?¿La víctima salió corriendo de la vivienda y el soldado le dio la voz de alto, tras lo cual, al ver que el sujeto seguía corriendo, le disparó?¿El ente actor incumplió la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuyó responsabilidad al servidor o ex servidor público?
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2025-08-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 11001032600020200001000LEY 1437 REPETICION
¿Deben aplicarse al proceso iniciado en 2018 las disposiciones del CPACA junto con las modificaciones de la Ley 2080 de 2021, salvo en los actos procesales exceptuados expresamente por el artículo 86 de dicha ley? Sí
El juez aplica las disposiciones procesales del CPACA y las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 a los procesos iniciados con anterioridad, siempre que la actuación no se subsuma en las excepciones consagradas en la normativa vigente. En el presente asunto, tratándose de una demanda promovida el 7 de septiembre de 2018, la corporación advierte que la normativa entró a regir desde su publicación y resulta plenamente aplicable en lo pertinente, toda vez que no se enmarca en las salvedades sobre competencias, recursos interpuestos, pruebas decretadas, audiencias convocadas, diligencias iniciadas, términos iniciados, incidentes en curso o notificaciones que se estuvieren surtiendo al momento de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021.síntesis automática
También resuelve:¿El juez puede válidamente prescindir de la realización de la audiencia inicial y proferir sentencia anticipada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA…¿Es procedente dictar sentencia anticipada, conforme a lo dispuesto en los literales b) y d) del numeral 1º del artículo 182A del CPACA…¿Procede fijar el litigio para determinar si los demandados, en su calidad de exfuncionarios de la CDMB y, en ejercicio de su cargo…
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía cuando la entidad estatal ejerce el medio de control de repetición para recuperar sumas de dinero pagadas por una condena derivada de la actuación dolosa o gravemente culposa de sus agentes. En este caso, la entidad estatal presentó una demanda de repetición contra servidores públicos que fueron responsables de una condena por daños causados, y la cuantía superó los 500 SMLMV, lo que le confirió a la corporación la competencia para conocer del recurso de apelación. La Sala confirmó la competencia del Consejo de Estado para conocer del proceso en segunda instancia, lo que implica que cualquier entidad estatal que cumpla con estos requisitos puede acudir a esta instancia para ejercer el medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente para que la entidad pública busque la recuperación de las sumas de dinero a las que fue condenada por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus…¿La demanda fue presentada dentro del término para el medio de control de repetición?¿El departamento de Boyacá se encuentra legitimado en la causa por activa?
¿Se produjo un fallo incongruente en primera instancia, por haber liquidado el contrato con un saldo a favor del ente demandado, pese a que no se haya pretendido la liquidación del contrato ni se haya formulado demanda de reconvención? Sí
El fallo extra petita se presenta cuando el juzgador se pronuncia sobre asuntos que no fueron pedidos en la demanda o cuando se profiera condena contra el demandado por causa diferente a la invocada en la demanda, pues estos procederes están proscrito en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, como un desarrollo del principio procesal de congruencia, de acuerdo con el cual la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda y con su contestación, así como con las excepciones que aparezcan probadas de conformidad con la ley. Si bien esta regla admite ciertas excepciones, como lo es la declaración oficiosa de la nulidad absoluta del contrato y de las excepciones, entre otras, estas deben estar previstas en la ley.
También resuelve:¿La aseguradora garante del buen manejo y la correcta inversión del anticipo debe ser condenada a indemnizar al beneficiario de la póliza por causa de la falta de amortización de ese anticipo…¿Incurrió el a quo en una vía de hecho por defecto fáctico, al omitir la valoración del dictamen y el testimonio practicado, que darían cuenta los sobrecostos en la ejecución del contrato?¿El ente demandado debió ser condenado al pago de perjuicios morales, por haber sido vencido en este proceso?
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia?¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión?¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las demandas promovidas por entidades públicas condenadas al pago de perjuicios por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores o exservidores públicos, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados conforme al artículo 129 del CCA, el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En el presente proceso, la corporación determinó su competencia funcional en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo dentro de la acción de repetición, confirmando la decisión denegatoria de las pretensiones de la demanda al no acreditarse los requisitos de responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición es procedente para que la entidad pública busque la recuperación de las sumas de dinero a las que fue condenada por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes?¿La demanda fue presentada dentro del término para la acción de repetición?¿Las partes se encuentran legitimadas para acudir al proceso?
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001? No
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad, mientras que los hechos anteriores siguen rigiéndose por la normativa previa. Cuando el hecho dañoso es posterior a la vigencia de la ley, esta rige la valoración del dolo o de la culpa grave del agente, y no las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad como regla general del ordenamiento. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera limitada y no desplaza la regla. La tercera es que la aplicación temporal depende de la fecha de los hechos que originaron la condena y no de la fecha de la sentencia. La providencia confirma la decisión y reitera esta jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe fijar primero la fecha de la conducta del agente para determinar el régimen probatorio aplicable, y verificar si la norma de 2001 resulta aplicable antes de formular la presunción de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran…¿Cuenta con valor probatorio la prueba testimonial trasladada, cuando se observa que contó con la participación de la parte contra quien se aduce?¿Cuentan con valor probatorio los dictámenes periciales trasladados, cuando se observa que no contaron con la audiencia del hoy demandado al no ser parte en ese trámite procesal y que tampoco fueron…
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto…¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes?¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base las acusaciones de error en la valoración probatoria del dictamen contable y el dictamen técnico efectuada por el a quo? No
Los dictámenes periciales y su valor probatorio… Con la demanda la parte actora aportó un dictamen pericial contable – financiero y un dictamen técnico o de ingeniería.… El Tribunal estimó que el dictamen contable – financiero no tenía vocación probatoria porque el señor… no tenía experiencia previa, fue empleado y recibió pagos de la Unión Temporal así como de uno de sus integrantes… , durante la ejecución del contrato fungió como contador de aquella forma empresarial, y además, en su informe el perito no probó las cifras ni los conceptos que menciona… … Igualmente, el a quo determinó que el dictamen técnico tampoco era válido porque el perito… no tenía experiencia previa en rendición de experticias, en audiencia recayó en vaguedades y dudas en su exposición, y su informe adolecía de fechas imprecisas que no correspondían a la real ejecución del contrato, exponía aprobaciones de obra de la interventoría falsas…
También resuelve:¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base las acusaciones de error en la valoración probatoria de los…¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base las acusaciones de error del a quo por confusión conceptual en el…¿Tiene derecho el contratista a reclamar por sobrecostos por el reajuste de precios o sobrecostos financieros con ocasión de la transición de vigencias?