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ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL

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Consejo de Estado Providencia

Resulta procedente fijar los honorarios del perito dentro del proceso de Controversias Contractuales, los cuales se pagan en caso de que no prospere la objeción por error grave en contra de su dictamen pericial.

Auto interlocutorio — Auto que decide sobre honorarios de auxiliares de la justicia 2025-02-10 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 13001233100020090064802 ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente fijar los honorarios del perito dentro del proceso de Controversias Contractuales, los cuales se pagan en caso de que no prospere la objeción por error grave en contra de su dictamen pericial? Sí
El contratista debe pagar los honorarios del perito en el proceso de Controversias Contractuales, siempre y cuando no prospere la objeción por error grave en contra del dictamen pericial, conforme a los criterios establecidos en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo 1518 de 2002. La entidad estatal puede objetar el dictamen pericial, pero solo se le pagarán los honorarios al perito una vez se determine que la objeción no prospera. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y establece claramente la responsabilidad del contratista en el pago de los honorarios del perito, a menos que se demuestre un error grave en el dictamen.síntesis automática
FIJA
Consejo de Estado Providencia

Pueden valorarse, los documentos que fueron aportados en copia simple, que estuvieron a disposición de la parte

Sentencia — Sentencia 2022-05-31 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020100207901 ACCION CONTRACTUAL
¿Pueden valorarse, como medios de prueba, los documentos que fueron aportados en copia simple, que estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen y no fueron tachados de falsos? Sí
El contratista puede presentar documentos en copia simple como medios de prueba, siempre y cuando estos hayan estado a disposición de la parte contraria durante el proceso y no hayan sido tachados de falsos, reiterándose así el criterio establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En el caso concreto, los accionantes alegan lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble, aportando un dictamen pericial que fue objeto de objeción por error grave por parte de la entidad estatal, pero que finalmente fue considerado válido por el juez, quien determinó que el perito cumplió con su cometido al calcular el valor comercial del bien para la fecha de celebración del contrato, a pesar de las críticas metodológicas. Sin embargo, el dictamen pericial fue cuestionado por su base en precios de una fecha posterior a la celebración del contrato, lo que implica que la valoración del dictamen debe considerar la descontaminación de la plusvalía generada por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, según lo dispone la Ley 388 de 1997. Esta regla implica que los peritos deben ser rigurosos en su metodología y considerar las variables temporales que afectan el valor de los bienes inmuebles en procesos de enajenación voluntaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la lesión enorme en los procedimientos de enajenación voluntaria de inmuebles, en lo relacionado con el reajuste de precio mas no, por imposible, la rescisión del contrato? ¿El avalúo rural presentado por la demandante tiene la naturaleza de informe de experto o técnico, el cual debe valorarse como prueba documental de acuerdo con la sana crítica?
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra el auto

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-02-06 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000233600020190001402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra el auto que niegue el decreto de una prueba pedida oportunamente? Sí
En segunda instancia se conoce la apelación contra el auto que niega el decreto de una prueba pedida oportunamente, y la decide el consejero ponente del Consejo de Estado. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los tribunales administrativos. Segunda, el numeral 7 del artículo 243 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, hace apelable ese auto y dispone que se decida por el ponente conforme al artículo 125. Tercera, la competencia por cuantía se acredita porque la pretensión mayor supera los 500 salarios mínimos exigidos por el numeral 5 del artículo 152 del CPACA. Con base en ello, se resuelve la apelación y la providencia revoca la decisión impugnada. Así, la prueba negada debe decretarse en la forma que indique el consejero ponente, según el artículo 125 del CPACA. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Las nuevas reglas sobre dictamen pericial fijadas en la Ley 2080 de 2021, se aplicarán a partir de su publicación, para los procesos y trámites iniciados en vigencia del CPACA… ¿Cuándo el dictamen es rendido por una entidad pública, el juez o magistrado ponente podrá prescindir de su contradicción en audiencia y aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 228 CGP? ¿Las reglas de contradicción del dictamen elaborado por una autoridad pública permiten que las partes soliciten la práctica de un nuevo dictamen dentro del traslado del primer dictamen?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233300020150039801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El dictamen pericial cumple con los requisitos para ser tenido en cuenta en el proceso? No
El dictamen pericial no es apreciable cuando sus conclusiones presentan una contradicción clara entre sus componentes y no tienen la precisión y calidad que exige la ley, de modo que el juez puede apartarse de ellas. Además, la entidad contratante no desconoce el principio de planeación cuando informa en el pliego las especificaciones técnicas de la obra y el contratista no se opone a ellas, ni cuando el interventor y el supervisor formulan observaciones que el contratista no desvirtúa. Una razón es que el perito contradijo en sus informes el resultado de la esclerometría en campo frente al informe geotécnico y técnico, de modo que sus conclusiones no correspondían a la realidad. Otra razón es que los documentos contractuales demostraron que el contratista no se opuso a las especificaciones del ítem de adoquinamiento y que la entidad sí informó en el proceso de selección los estudios y las dimensiones esperadas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el dictamen debe ser coherente internamente, y que la oposición del contratista a las especificaciones debe formularse en la ejecución y no después.síntesis automática
También resuelve: ¿La entidad contratante desconoció el principio de planeación al establecer las especificaciones técnicas de la obra objeto del contrato estatal? ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas

Sentencia — Sentencia 2025-06-18 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100019960154401 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y de personas privadas que desempeñan funciones administrativas? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y personas privadas que desempeñan funciones administrativas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el Decreto 222 de 1983. La acción de controversias contractuales fue presentada oportunamente, dentro del plazo de dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que la fundamentan, según lo dispone el artículo 136 del mismo código antes de su modificación por la Ley 446 de 1998. La Sala no considera que se haya configurado un error grave en el dictamen pericial, ya que las objeciones se refieren a las conclusiones del experto y no al objeto del dictamen, lo que implica que el juez debe valorar las conclusiones del perito de acuerdo con la sana crítica.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento? ¿Se configuró un error grave frente al dictamen pericial rendido dentro del proceso? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra, es el vigente para la época en que se inició el procedimiento de selección y se perfeccionó el contrato?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020090087102 ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve: ¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados? ¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado? ¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-04-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233100020080065601 ACCION CONTRACTUAL
¿La parte actora tiene derecho al pago de los sobrecostos por mayor permanencia, producto de la modificación de las condiciones iniciales del negocio jurídico habiendo ausencia de voluntad por parte del contratista de renunciar a reclamaciones por mayor permanencia en obra en los contratos adicionales? No
La renuncia del contratista a reclamar sobrecostos por mayor permanencia en obra no se presume de la celebración de contratos adicionales, prórrogas o suspensiones, sino que debe manifestarse de forma clara y expresa, de modo que, en ausencia de esa renuncia, la reclamación se analiza en el periodo no cubierto por ella. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, los acuerdos modificatorios que solo regulan el plazo no indican las causas que los motivaron ni regulan sus efectos económicos, por lo que no contienen por sí mismos una renuncia a reclamar diferencias económicas que surjan antes, con ocasión o después de ellos. Segundo, cuando el contratista manifiesta en un acuerdo específico que acepta no reclamar la mayor permanencia que se cause con la prórroga, esa declaración expresa limita la reclamación al periodo que queda por fuera de ella, excluido el tiempo cubierto por la renuncia y la suspensión correspondiente. La providencia revoca la decisión de primera instancia y limita el análisis de los sobrecostos a los periodos no cubiertos por renuncia expresa; en la práctica, la entidad que quiera que el contratista renuncie a la mayor permanencia debe incluir una cláusula expresa en el adicional o la prórroga correspondiente.síntesis automática
También resuelve: ¿La parte actora acreditó los sobrecostos generados por menores rendimientos por modificaciones al sistema constructivo? ¿El asfalto que el contratista asegura haber usado en la carpeta de rodadura y en la base asfáltica estaba incluido en los precios unitarios por lo tanto ya fue pagado en los desembolsos realizados… ¿La parte actora tiene derecho al pago los intereses moratorios por la cancelación extemporánea de las cuentas de cobro presentadas por el consorcio, es decir…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista.

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 85001233300020160006101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista? No
El contratista no debe ser declarado en litisconsorcio necesario con la entidad aseguradora, ya que la relación entre ambas no es indispensable para que uno de ellos actúe en el proceso, configurándose así un litisconsorcio cuasinecesario. Además, las objeciones al dictamen pericial presentadas por la aseguradora no constituyen un error grave, afectando solo la credibilidad y solidez técnica de la prueba, pero no su validez. Asimismo, la UT contratista no tiene la obligación de corregir y ajustar los diseños de la obra, y el incumplimiento en la entrega de los planos no justifica hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el 100% del valor estipulado, ya que no se demostró un nexo causal entre la deficiencia en los diseños y la inejecución de las obras. Por último, la entidad estatal rechaza la pretensión de nulidad de las resoluciones impugnadas, al no acreditarse adecuadamente la inversión del anticipo por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Los dictámenes periciales adolecen de error grave por las deficiencias técnicas y metodológicas expresadas por la parte demandante? ¿Le asistía a la UT contratista el deber de corregir y ajustar los diseños de la obra que eran objeto del contrato núm. 320 de 2011? ¿El contratista manejó e invirtió adecuadamente los recursos del anticipo pactado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 70001233300020150052401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve: ¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada? ¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías… ¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se procede a actualizar a valor presente la cuantía del lucro cesante reconocida en el auto apelado.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-12-14 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600019951170402 ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve: ¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen? ¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos? ¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual.

Sentencia — Sentencia 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233100020100050001 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia? ¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión? ¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020040152202 ACCION CONTRACTUAL
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve: ¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la… ¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente… ¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100019930137401 ACCION CONTRACTUAL
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, por lo que, dada la fecha de presentación de la demanda, ésta se presentó oportunamente? Sí
El contratista puede presentar oportunamente la acción de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, independientemente de que éste haya sido expedido con posterioridad al plazo legal para su emisión, ya que este acto, aunque extemporáneo, mantiene su naturaleza de acto administrativo contractual no separable y su validez presunta, lo que implica que el cómputo del término de caducidad se inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la liquidación unilateral del contrato, aunque extemporánea, no impide el ejercicio de la acción de controversias contractuales dentro del plazo legal, lo que permite a los contratistas defender sus derechos ante posibles incumplimientos o irregularidades en el proceso de liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Romenergo no es responsable por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento en la entrega de los equipos objeto el Contrato 3756-E… ¿Las objeciones por error grave contra el dictamen financiero practicado en este proceso están llamadas a prosperar? ¿Cuenta con eficacia probatoria el dictamen pericial financiero allegado al proceso, salvo en lo que toca a la definición de lo que constituyen perjuicios indemnizables y la forma en que la pena…
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Consejo de Estado Providencia

Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante

Sentencia — Sentencia 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150217803 LEY 1437 REPETICION
¿Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante? Sí
La responsabilidad de la interventoría por culpa grave no se configura cuando los intereses moratorios pagados por la entidad no se originaron en su actuación, sino en la decisión de la entidad de no pagar el acta de obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, el pago tardío del acta que dio lugar a los intereses no provino de la interventoría, sino de la decisión de la entidad de abstenerse de pagarla. Segunda, la causa del daño no reside en la actuación de la parte demandada, por lo que no se acredita el nexo que requiere la repetición. Tercera, aunque hubo improvisación y falencias de planeación en la ejecución de las obras, la entidad recibió las obras necesarias, contaba con recursos para pagarlas y debía reconocer lo adeudado en sede administrativa. En consecuencia, se niega la repetición y se confirma la decisión. La Sala reitera que los intereses moratorios no fueron resultado de actuaciones u omisiones de la interventoría.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer el asunto porque se trata de una apelación interpuesta contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco de un medio de… ¿Es procedente el medio de control de repetición porque se solicita declarar a los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería patrimonialmente responsables del pago realizado por FONADE en… ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición cuando el proceso se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo…
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