Titulación de la relatoría 14.898 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO / APELACIÓN DEL AUTO / APELACIÓN DEL AUTO QUE RESUELVE EL INCIDENTE / INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS / HONORARIOS DEL ABOGADO / HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los autos proferidos por tribunales administrative, mediante los cuales se resuelve un incidente de regulación de honorarios?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto en segunda instancia, porque, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 321 del CGP, normativa que resulta aplicable por expresa remisión del artículo 306 del CPACA, la providencia a través de la cual se resuelve un incidente es apelable. Por otra parte, en los términos del artículo 150 del CPACA -con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021-, esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos, respecto de los cuales resulte procedente este medio de impugnación. Ahora, en cuanto a la autoridad judicial que decide el recurso -sala o ponente-, se advierte que su resolución le corresponde al magistrado ponente, en atención a lo previsto en el artículo 125 en concordancia con el artículo 243 del CPACA -con su modificación-.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 321 NUMERAL 5, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS / HONORARIOS DEL ABOGADO / APODERADO JUDICIAL / APODERADO JUDICIAL DE ENTIDAD PÚBLICA / REPRESENTACIÓN JUDICIAL POR UN ABOGADO / MANDATO JUDICIAL / CONTRATO DE MANDATO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE MANDATO / REQUISITOS DEL CONTRATO DE MANDATO / EXISTENCIA DEL CONTRATO DE MANDATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN SIN CONTRATO / PODER DE REPRESENTACIÓN DEL ABOGADO / ACTO DE APODERAMIENTO / REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Las actuaciones desarrolladas por la profesional del derecho con posterioridad al 25 de junio de 2018, fecha en la que se cumplió el plazo estipulado en el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado para gestionar la defensa y representación judicial de Fonvisocial, se realizaron en virtud de una relación contractual con el Estado, por lo que resulta procedente el reconocimiento de honorarios a la abogada?
Respuesta al problema jurídico: No
El despacho se pronuncia frente al recurso de apelación interpuesto por la señora (...) [abogada] contra la providencia del 15 de diciembre de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió un incidente de regulación de honorarios. (...) De acuerdo con (...) [artículo 76 del CGP], para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en ese código para la fijación de las agencias en derecho. (...) Del panorama fáctico (...) se desprende, entre otras cosas, que la gestión de la abogada (...) no estuvo precedida de un contrato de mandato, sino que su intervención en este proceso se produjo en virtud de los contratos de prestación de servicios profesionales que suscribió con Fonvisocial, cuyo objeto, relacionado con llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para defender los intereses de la entidad en los procesos judiciales que se adelantaran en su contra, contempló precisamente el desarrollo de esa actividad. En ese sentido, estima el despacho que, aunque la referida profesional del derecho manifestó que el contrato de mandato se suscribió para la atención específica de los asuntos judiciales, cuya vigencia se extendió hasta el 23 de abril de 2019, en el expediente no hay prueba de la configuración de un negocio jurídico con tales características y, menos aún de su constancia por escrito, por el contrario, lo que se observa es que la recurrente parte de una confusión, porque lo que se mantuvo vigente hasta esa fecha fue el poder que se le otorgó para actuar como apoderado judicial de Fonvisocial, acto jurídico que dista en sus efectos del negocio elegido por las partes para gestionar la defensa y representación judicial de la entidad. (...) El mandato es un contrato consensual y se perfecciona, a voces del artículo 2150 del Código CiviI, con la aceptación, expresa o tácita, del mandatario; sin embargo, cuando una de las partes es una entidad pública, para su perfeccionamiento, por razón de lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, se requiere que este conste por escrito. Por su parte, el apoderamiento o poder es un acto unilateral, en virtud del cual una persona autoriza a otra para actuar a su nombre y representación. El poder surge como consecuencia del acuerdo de voluntades contenido en el contrato de gestión. (...) Bajo ese entendido y atendiendo a que en el sub lite la tipología contractual que eligieron las partes para gestionar la defensa y representación judicial de Fonvisocial fue el contrato de prestación de servicios, establecido en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993 y no el contrato de mandato, el cual, pese al tratamiento similar dispensado, difiere en sus efectos del poder que le fue otorgado a la abogada (...), siendo este último (acto de apoderamiento) el que se mantuvo vigente hasta el 23 de abril de 2019, para el despacho resulta claro que las actuaciones desarrolladas por la referida profesional del derecho con posterioridad al 25 de junio de 2018, fecha en la que se cumplió el plazo estipulado en el contrato de prestación de servicios n.° 85-2018, se realizaron al margen de una relación contractual con el Estado. Se recuerda que Fonvisocial es una entidad pública y, por tanto, las prestaciones ejecutadas a su favor, incluso las encaminadas a su defensa judicial, debían estar precedidas de la celebración de un contrato, gobernado por la Ley 80 de 1993, cuyos artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 exigen a las entidades estatales la formalidad del escrito para el perfeccionamiento de sus negocios jurídicos. La creencia de actuar amparada por el poder -que no le fue revocado- tampoco habilitaba a la referida profesional del derecho para continuar con la ejecución de prestaciones en favor Fonvisocial sin contar con un contrato y, menos aún, entender que por ese solo hecho tuviera derecho a recibir una contraprestación, en tanto que, como en anteriores oportunidades lo ha señalado esta Corporación, el contrato estatal no está a merced únicamente de la liberalidad de las partes, sino que responde a una utilidad clara y orientada a la satisfacción del interés público, de modo que requiere algo más que la disposición a cumplir una prestación para que surja el correlativo deber del Estado de realizar un pago.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la regulación de honorarios, consultar providencias de 18 de enero de 2013, Exp. 1999-00871-01(0825-12); de 10 de septiembre de 2014, Exp. 11001-03-28-000-2011-00059-00, C.P. Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez; de 12 de marzo de 2020, Exp. 60284. C.P. Nicolas Yepes Corrales. Acerca de la diferencia entre el acto de apoderamiento y el contrato de gestión, consultar providencias de 25 de marzo de 2015, Exp. 37726, C.P. Hernán Andrade Rincón (E); de 30 de octubre de 2013, Exp. 32720, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de la Corte Constitucional, C-1178 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, de 27 de julio de 2021, Exp. STC9520-2021, M.P. Alvaro Fernando Garcia Restrepo; y concepto de 4 de noviembre de 2004, Rad. 2004-01592-01, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo y Gustavo Aponte Santos. Acerca de las formalidades para la existencia del contrato estatal, consultar providencia de 19 de febrero de 2024, Exp. 64546, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre un asunto similar al tratado en esta providencia, consultar de 3 de abril de 2019, Exp. 2018-03901-01(AC), C.P. Martín Bermúdez Muñoz-
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 76, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2142, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2150
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS / HONORARIOS DEL ABOGADO / APODERADO JUDICIAL / APODERADO JUDICIAL DE ENTIDAD PÚBLICA / EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN SIN CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / ACTIO IN REM VERSO / EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO / IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / COMPENSACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / APELACIÓN DEL AUTO / APELACIÓN DEL AUTO QUE RESUELVE EL INCIDENTE / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Dado que las prestaciones ejecutadas por la abogada entre el 22 de noviembre de 2018 y el 28 de marzo de 2019 se efectuaron sin contar con un vínculo obligacional vigente con el Estado, resulta procedente la posibilidad de que aquella reciba una compensación por sus actuaciones en virtud de la configuración de alguna de las hipótesis del enriquecimiento sin justa causa?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]ado que las prestaciones ejecutadas por la abogada (...) entre el 22 de noviembre de 2018 y el 28 de marzo de 2019 se efectuaron sin contar con un vínculo obligacional vigente con el Estado, para el despacho se impone concluir, al igual que lo sostuvo el Tribunal a quo, que la posibilidad de que aquella recibiera una compensación por sus actuaciones estaba supeditada a la configuración en este caso de alguna de las hipótesis del enriquecimiento sin justa causa (...). [S]on cinco las exigencias sin cuya presencia no puede existir el enriquecimiento sin causa: (i) que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya tenido una ventaja patrimonial; (ii) que haya un correlativo empobrecimiento, lo cual significa que el enriquecimiento del obligado haya sido la causa del menoscabo patrimonial del empobrecido; (iii) que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica, es decir, que no se haya generado en un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito; (iv) que, para que proceda la actio in rem verso, se requiere que el interesado en restablecer su patrimonio carezca de cualquier otra acción originada en un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito o de las que emanen de los derechos absolutos y (v) que la actio in rem verso no procede cuando se pretenda con ella soslayar un imperativo legal. En el presente asunto, el despacho advierte que no se reúnen los supuestos para aplicar la teoría del enriquecimiento sin justa causa, por lo siguiente: Frente a las dos últimas causales de la figura establecidas en la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, de entrada, se observa que no se identifican con las prestaciones que ejecutó la abogada (...), porque la ausencia de la gestión de defensa judicial de Fonvisocial no implicaba una amenaza o lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, así como tampoco se aprecia la configuración de una situación de urgencia manifiesta. El despacho tampoco encuentra que Fonvisocial, en virtud de su supremacía, autoridad o imperium, hubiere constreñido a la abogada (...) para que ejecutara prestaciones a su favor. (...) El hecho de que Fonvisocial no le hubiese revocado el poder tampoco puede considerarse como un acto impositivo de la entidad estatal sobre la abogada (...) y, menos aún, cuando lo que se extrae del material probatorio es que ella era consciente de que no existía un vínculo contractual vigente con el Estado y, pese a ello, siguió actuando. Ante la inexistencia de contrato de prestación de servicios, la señora (...) podía abstenerse de continuar con el trámite del asunto de la referencia, para no obrar al margen de las normas que rigen la contratación estatal - Ley 80 de 1993-, máxime teniendo en cuenta su condición de abogada, lo que permite afirmar o, por lo menos, suponer, que sabía que no podía prestar sus servicios en favor de una entidad pública, sin el amparo de un contrato escrito. (...) Así las cosas, toda vez que en este asunto no se demostró que la entidad pública ejerciera una coacción o imposición sobre la abogada (...) para que continuara con la prestación de sus servicios de defensa judicial, para el despacho resulta claro que el reconocimiento de alguna suma por concepto de honorarios se torna improcedente, en tanto que, se insiste, la referida señora accedió a ejecutar esas actividades al margen de una relación contractual con el Estado, sometiéndose así a las consecuencias desfavorables de su actuación. En este punto de la providencia, se estima necesario precisar que, aunque la recurrente alegó un desconocimiento del principio de seguridad jurídica, por cuanto en la providencia del 30 de agosto de 2019 que se dictó dentro del proceso con radicado n.° 2017-0140-00, el Tribunal Administrativo del Cesar sí accedió al reconocimiento de sus honorarios, dicho argumento tampoco está llamado a prosperar, porque las decisiones proferidas por una autoridad judicial de inferior jerarquías no comprometen ni limitan el análisis que le corresponde a esta Corporación, de cara a la definición que se hace de la presente controversia. Por lo expuesto, dado que no se reúnen los requisitos para acceder a la reclamación de la abogada (...), se confirmará la providencia del 15 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia del enriquecimiento sin causa, consultar providencias de 12 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 16 de septiembre de 2013, Exp. 30683, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 6 de noviembre de 2020, Exp. 52324, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En relación con un asunto similar en el que se solicita la regulación de los honorarios del abogado por la gestión realizada sin que se encontrara vigente un contrato que lo sustente, consultar providencia de 16 de septiembre de 2013, Exp. 30683, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.