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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto

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Fecha
2025-04-09
Radicado
76001233300120120072501
Número interno
71573
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
DIEGO FERNANDO MEJIA COCA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 142, 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo confirma que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer estos recursos, ya que el medio de control de repetición es una acción patrimonial que busca reembolsar al Estado por daños causados por actos dolosos o gravemente culposos de servidores públicos. La caducidad del medio de control de repetición se rige por el régimen jurídico vigente al inicio del proceso, según el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que el cómputo del plazo para el pago de la condena se ajusta a las disposiciones del Decreto 01 de 1984. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer estos casos y establece las reglas sobre caducidad aplicables, lo que garantiza la seguridad jurídica en la interposición de recursos de apelación en procesos de control de repetición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 142, 150 y 152 núm. 9
  • Ley 678 de 2001, art. 7 inc. 1

También resuelve

  • ¿Es procedente interponer el medio de control de repetición contra un servidor público o particular que, actuando con dolo o culpa grave…
  • ¿Son aplicables al presente asunto las disposiciones procesales sobre caducidad previstas en el Código Contencioso Administrativo…
  • ¿Es procedente la acción de repetición cuando se presenta la demanda dentro del plazo de los dos años contados a partir del pago realizado por la administración?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA CONTRA EL ESTADO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CULPA DOLO REEMBOLSO DEL GASTO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO PAGO DE LA CONDENA CONCILIACIÓN ACUERDO DE CONCILIACIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMA VIGENTE NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA PAGO DE CONCILIACIÓN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA AGENTE DEL ESTADO CULPA GRAVE SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO LEY 678 DE 2001 VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN OBLIGATORIEDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CONCEPTO DE DOLO CONCEPTO DE CULPA GRAVE PRESUNCIÓN LEGAL CARGA DE LA PRUEBA REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDENA A LA NACIÓN REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBLIGACIÓN DINERARIA PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO AGENTE DE POLICÍA PATRULLERO DE LA POLICÍA NACIONAL PRUEBA DE LA POSESIÓN HOJA DE VIDA SANCIÓN DISCIPLINARIA MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN CONSIGNACIÓN BANCARIA PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE PRESUNCIÓN DE DOLO DEMOSTRACIÓN DEL DOLO PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD DESVIACIÓN DE PODER VICIOS EN LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD PENAL RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA PROVIDENCIA CONTRARIA A DERECHO DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE FALTA DE COMPETENCIA ERROR INEXCUSABLE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL PROCESO DISCIPLINARIO PRUEBA EN EL PROCESO DISCIPLINARIO PROCESO PENAL MILITAR TRASLADO DE PRUEBA DOCUMENTAL PRUEBA TESTIMONIAL HOMICIDIO MENOR DE EDAD PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA PRUEBA DOCUMENTAL TESTIMONIO EN ENTREVISTA TESTIGO DIRECTO TESTIGO DE OÍDAS INVESTIGACIÓN PENAL SISTEMA PROBATORIO ETAPA DE INDAGACIÓN FALTA DE JURAMENTO ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ ACTO DE POLICÍA JUDICIAL DILIGENCIA DE LA POLICÍA JUDICIAL FALTA DE LA VALIDEZ DE LA PRUEBA VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO TESTIMONIO SOSPECHOSO DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO VÍNCULO LABORAL APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO PRUEBA TRASLADADA JURAMENTO PROBATORIO AFIRMACIÓN BAJO JURAMENTO CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL USO DE ARMAS DE FUEGO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL USO RESTRINGIDO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL USO ILEGÍTIMO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL FACULTADES DE LA POLICÍA NACIONAL DECÁLOGO DE SEGURIDAD MILITAR VIOLACIÓN DE LA NORMA IMPRUDENCIA DISPARO DE ARMAS DE FUEGO PRUEBA INDICIARIA INDICIO APRECIACIÓN DEL INDICIO ESTRUCTURA DEL INDICIO REQUISITOS DE LA PRUEBA INDICIARIA JUSTIFICACIÓN DEL INDICIO LÓGICA DEL INDICIO VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA PRUEBA INDIRECTA SISTEMA DE REGLAS DE LA LÓGICA HECHO INDICADOR SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA INFERENCIA LÓGICA NEXO DE CAUSALIDAD MUERTE DE MENOR DE EDAD IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO INEXISTENCIA DE PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL CAUSA GENERADORA DEL DAÑO

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MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA / DOLO / REEMBOLSO DEL GASTO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA Problema jurídico: ¿Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1 PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA / REEMBOLSO DEL GASTO / CONCILIACIÓN / ACUERDO DE CONCILIACIÓN Problema jurídico: ¿Es procedente interponer el medio de control de repetición contra un servidor público o particular que, actuando con dolo o culpa grave, haya generado un reconocimiento indemnizatorio a cargo del Estado? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el medio de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar al (…) [señor] (…) patrimonialmente responsable del pago de $369’899.344, realizado en cumplimiento del auto del 16 de septiembre de 2011, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMA VIGENTE / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Son aplicables al presente asunto las disposiciones procesales sobre caducidad previstas en el Código Contencioso Administrativo, en consideración a que el pago de la condena en el proceso de reparación directa se efectuó antes del 2 de julio de 2012? Respuesta al problema jurídico: Si La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. (…) [E]n virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DE CONCILIACIÓN / ACUERDO DE CONCILIACIÓN Problema jurídico: ¿Es procedente la acción de repetición cuando se presenta la demanda dentro del plazo de los dos años contados a partir del pago realizado por la administración? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el auto del 16 de septiembre de 2011 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, quedó ejecutoriado el 29 de septiembre de 2011, según da cuenta la constancia expedida por la secretaria de ese Juzgado; ii) que el plazo de los 18 meses para el pago de la condena se cumplió el 30 de marzo de 2013; iii) que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional realizó el pago el 30 de marzo de 2012, como consta en el comprobante de egreso expedido por la tesorera pagadora de la Policía Nacional; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago del acuerdo de conciliación; y, v) que la demanda se presentó el 21 de noviembre de 2012, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA Problema jurídico: ¿Está legitimado en la causa por pasiva el agente estatal cuya conducta gravemente culposa motivó la celebración del acuerdo conciliatorio? Respuesta al problema jurídico: Si La Nación se encuentra legitimada en la causa por activa y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, pues fue la entidad que suscribió el acuerdo conciliatorio aprobado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, mediante auto del 16 de septiembre de 2011. (…) [E]stá legitimado en la causa por pasiva, pues presuntamente fue el agente estatal que con su conducta gravemente culposa motivó a que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional suscribiera un acuerdo de conciliación prejudicial a favor de (...) [la señora] (...) y otros. Su calidad de funcionario está acreditada con la copia de su acta de posesión y del extracto de su hoja de vida, en la que consta el cargo y tiempo desempeñado en esa institución. NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / LEY 678 DE 2001 / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / OBLIGATORIEDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONCEPTO DE DOLO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN LEGAL / CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Es aplicable la Ley 678 de 2001, sin modificaciones posteriores, al medio de control de repetición cuando los hechos que motivaron la acción ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 2195 de 2022? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l legislador expidió la Ley 678 de 2001, (…) definió la repetición como una vía judicial civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que provocaron el acuerdo de conciliación suscrito por la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional ocurrieron el 23 de diciembre de 2010, el régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de los hechos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la normativa aplicable al medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 2195 DE 2022, LEY 678 DE 2001 REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA A LA NACIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DOLO / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿Es necesaria la acreditación de los requisitos de obligación reparatoria estatal, calidad del demandado como servidor público o particular con función pública, pago de la obligación y conducta dolosa o gravemente culposa para la procedencia del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o exservidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos de procedencia del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 22099, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; 6 de diciembre de 2006, rad. 22056, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; de 12 de diciembre del 2007, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de mayo del 2014, rad. 42183, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 10 de diciembre de 2018, rad. 60423, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OBLIGACIÓN DINERARIA / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / POLICÍA NACIONAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA Problema jurídico: ¿Es indispensable para la procedencia de la acción de repetición la acreditación de la obligación de pago derivada de una condena judicial ejecutoriada, un acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de conflicto? Respuesta al problema jurídico: Si El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional se comprometió a pagar una indemnización de perjuicios (...), en virtud del acuerdo de conciliación prejudicial aprobado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, mediante auto del 16 de septiembre de 2011. El acuerdo mencionado versó sobre los hechos objeto de la demanda de reparación directa por la causación de un daño antijurídico ocasionado con ocasión de la comisión de un delito por parte de quien es llamado en repetición en este proceso y que dio pie al pago de la suma objeto del acuerdo conciliatorio. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE DE POLICÍA / PATRULLERO DE LA POLICÍA NACIONAL / PRUEBA DE LA POSESIÓN / HOJA DE VIDA / SANCIÓN DISCIPLINARIA / MEDIOS DE PRUEBA Problema jurídico: ¿Es necesario acreditar que el demandado tenía la calidad de servidor público o particular con funciones públicas para que proceda la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El segundo requisito para que proceda la repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o exservidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. En el caso sub judice, para probar esta calidad la parte demandante aportó los siguientes medios probatorios: Copia del acta de posesión (…). Copia del extracto de hoja de vida del patrullero de la Policía Nacional (…). Copia de la providencia del 6 de julio de 2011, por la cual la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cali sancionó al patrullero de la Policía Nacional (…). Según lo expuesto, está demostrado que (…) [el señor] (…) tenía la calidad de servidor público para el 23 de diciembre de 2010, cuando ocurrió el hecho por el que la entidad demandante suscribió acuerdo de conciliación prejudicial por la muerte de la menor de edad R.A.A.M. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE CONCILIACIÓN / CONSIGNACIÓN BANCARIA / POLICÍA NACIONAL Problema jurídico: ¿Es indispensable para la procedencia del medio de control de repetición acreditar el pago efectivo de la suma de dinero impuesta por condena judicial o asumida en virtud de conciliación o terminación de conflicto? Respuesta al problema jurídico: Si Como tercer elemento para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. A efectos de demostrar este requisito, en el caso sub examine se encuentra acreditado que: Consta que, mediante Resolución No. 0187 del 12 de marzo de 2012, la directora administrativa y financiera de la Policía Nacional “da cumplimiento a una conciliación (…) y, como consecuencia, ordena el pago (…). Se comprobó que el 30 de marzo de 2012, la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional pagó la suma de $369’899.344 a la cuenta de ahorros (…). REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD / DESVIACIÓN DE PODER / VICIOS EN LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD PENAL / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / PROVIDENCIA CONTRARIA A DERECHO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / FALTA DE COMPETENCIA / ERROR INEXCUSABLE / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿Es necesario probar que la conducta del agente o particular investido de funciones públicas fue dolosa o gravemente culposa y que existe relación causal entre dicha conducta y la obligación reparatoria para que proceda la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Como cuarto y último presupuesto de la repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. Como lo ha sostenido esta Corporación, para el estudio del dolo o la culpa grave se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos que originaron la condena. En el caso en particular, aquella resulta ser la Ley 678 de 2001, en virtud de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley ibídem. (…) Pese a lo anterior, es menester recordar que en sentencia C-374 de 2002 la Corte Constitucional señaló que la parte demandada puede desvirtuar este tipo de presunciones de hecho mediante prueba en contrario. Posición que posteriormente fue reiterada por el Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de julio de 2017, en la que indicó que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001 son legales, esto es, que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la conducta del agente y las presunciones contenidas en la Ley 678 de 2001, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 55661, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 30 de agosto de 2007, rad. 29223; sentencia de 22 de julio de 2009, rad. 25659, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 MEDIOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / PROCESO DISCIPLINARIO / PRUEBA EN EL PROCESO DISCIPLINARIO / PROCESO PENAL MILITAR / TRASLADO DE PRUEBA DOCUMENTAL / PRUEBA TESTIMONIAL / AGENTE DE POLICÍA / HOMICIDIO / MENOR DE EDAD / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / PRUEBA DOCUMENTAL Problema jurídico: ¿Deben valorarse las pruebas documentales y testimoniales allegadas desde actuaciones penales y disciplinarias que fueron debidamente aportadas, decretadas y puestas a disposición de las partes en el proceso administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el proceso, se advierte que en el presente asunto, la parte actora allegó copia de algunas piezas de la indagación preliminar penal militar No. 277 adelantada por el Juzgado 145 de Instrucción Penal Militar de la Policía Metropolitana de Cali por el delito de homicidio de la menor de edad R.A.A.M., así como copia de la investigación disciplinaria No. 2011-169 tramitada por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cali contra el patrullero de la Policía Nacional (…), por las posibles faltas en que incurrió y que habrían causado la muerte de la menor de edad R.A.A.M. La prueba fue decretada de esta manera y allegada al proceso. Es necesario precisar que la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales y testimoniales trasladadas de las actuaciones penales y disciplinarias allegadas al plenario, dado que fueron debidamente aportadas por la parte actora, decretadas en el expediente y una vez allegadas quedaron a disposición del demandado, quien además participó de ambas investigaciones, de manera que ambas partes procesales conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas. TESTIMONIO EN ENTREVISTA / TESTIGO DIRECTO / TESTIGO DE OÍDAS / INVESTIGACIÓN PENAL / SISTEMA PROBATORIO / ETAPA DE INDAGACIÓN / FALTA DE JURAMENTO / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / ACTO DE POLICÍA JUDICIAL / DILIGENCIA DE LA POLICÍA JUDICIAL / FALTA DE LA VALIDEZ DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Pueden tener valor probatorio en juicio las entrevistas efectuadas por agentes de policía judicial si los deponentes no ratifican su declaración bajo juramento? Respuesta al problema jurídico: No [E]s menester poner de presente que las entrevistas efectuadas por agentes de policía judicial recogen las versiones de personas determinadas que atestiguan de forma directa o indirecta un hecho sobre el cual se indaga penalmente, de conformidad con las normas que se consideran infringidas y que constituyen un delito, a fin de obtener información relevante que permita la reconstrucción de la realidad, adelantar las diligencias y proferir las decisiones judiciales correspondientes. Sin embargo, como las exposiciones que las personas rinden ante estos servidores no se realizan bajo la gravedad de juramento, están a merced de eventuales imprecisiones o tergiversaciones, situación que, en principio, impide al juez reconocerle a este tipo de medios una capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo dispuesto en los artículos 220 y 222 del CGP. Así las cosas, la Sala no otorga valor probatorio a las entrevistas recolectadas por los investigadores de la Policía Judicial. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 220, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 222 VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / VÍNCULO LABORAL / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / PRUEBA TRASLADADA / PROCESO DISCIPLINARIO / JURAMENTO PROBATORIO / AFIRMACIÓN BAJO JURAMENTO / TESTIGO DIRECTO / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio las declaraciones de servidores públicos realizadas bajo juramento en el marco de una investigación disciplinaria? Respuesta al problema jurídico: Si Dado que los declarantes (…) eran servidores públicos vinculado laboralmente a la entidad demandante, su declaración debe ser valorada con mayor rigurosidad y el juez la apreciará de acuerdo con las circunstancias de cada caso en los términos del artículo 211 del Código General del Proceso. De acuerdo con lo anterior, las declaraciones de los antes mencionados, las cuales provienen de la investigación disciplinaria tienen valor probatorio, pues se realizaron bajo la gravedad de juramento y provienen de personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos y se limitaron a narrar lo que les constó acerca de estos, sin que se advierta contradicción entre ellos o el ánimo de distorsionar los sucesos. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 211 USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE FUEGO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO RESTRINGIDO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO ILEGÍTIMO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / FACULTADES DE LA POLICÍA NACIONAL / AGENTE DE POLICÍA / DECÁLOGO DE SEGURIDAD MILITAR / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / VIOLACIÓN DE LA NORMA / IMPRUDENCIA / DISPARO DE ARMAS DE FUEGO Problema jurídico: ¿Se puede presumir la culpa grave de un servidor público por violación manifiesta e inexcusable de normas legales en materia del uso de armas, cuando se constata el uso imprudente de un arma de dotación durante un procedimiento policial? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 131 de la Resolución No. 9960 del 13 de noviembre de 1992, vigente para la época de los hechos, en cuanto al uso de las armas, establecía que “el personal de la Policía en cumplimiento de su actividad preventiva y ocasionalmente coercitiva, para preservar el orden público empleará sólo los medios autorizados por ley o reglamento y escogerá, entre los eficaces aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y sus bienes”. (…) Asimismo, el artículo 38, numeral 30 del Decreto 1798 de 2000, vigente para la época de los hechos, preveía como falta grave “manipular imprudentemente las armas de fuego”. Igualmente, como se advierte en la providencia del 22 de mayo de 2015, de la Fiscalía 149 Penal Militar delegada ante los Juzgados de la Policía Metropolitana de Cali (...), el Decálogo de Seguridad de las Armas de Fuego también se encontraba vigente para la época de los hechos (…). De lo hasta aquí expuesto, encuentra la Sala que la actuación del patrullero (…)se encuentra incursa en la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, esto es, “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”, pues de las pruebas arrimadas a este proceso se tiene acreditado que el demandado fue la persona que de forma manifiestamente imprudente disparó un arma de dotación perteneciente a la Policía Nacional el 23 de diciembre de 2010, durante un procedimiento policial en el barrio Decepaz de Cali, desconociendo lo previsto en las normas antes mencionadas para el uso de armas de fuego. FUENTE FORMAL: DECRETO 1798 DE 2000 - ARTÍCULO 38 NUMERAL 30, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, RESOLUCIÓN 9960 DE 1992 - ARTÍCULO 131 PRUEBA INDICIARIA / INDICIO / APRECIACIÓN DEL INDICIO / ESTRUCTURA DEL INDICIO / REQUISITOS DE LA PRUEBA INDICIARIA / JUSTIFICACIÓN DEL INDICIO / LÓGICA DEL INDICIO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA / PRUEBA INDIRECTA / SISTEMA DE REGLAS DE LA LÓGICA / HECHO INDICADOR / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / INFERENCIA LÓGICA / NEXO DE CAUSALIDAD Problema jurídico: ¿Para el valor probatorio de la prueba indiciaria, esta debe estar integrada por un hecho indicador, una regla de la experiencia o lógica y una inferencia mental? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s menester poner de presente que según reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado el indicio es una prueba indirecta que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso, para así deducir determinadas consecuencias. Esa construcción indiciaria supone una exigente labor crítica, cuya apreciación debe ser en conjunto, en los términos del artículo 242 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia entre sí y con los demás medios de prueba. Así, se tiene que el indicio está integrado por los siguientes elementos: i) los hechos indicadores, que son los hechos conocidos, los rastros o huellas que se dejan al actuar, que deben estar debidamente probados en el proceso; ii) una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica o de la ciencia, que es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento; iii) una inferencia mental, que es el razonamiento, la operación mental o el juicio lógico crítico que hace el juzgador, dando lugar a la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido; y iv) el hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación o inferencia mental. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos para el valor probatorio del indicio, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, rad. 15700, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 10 de julio de 2013, rad. 27913, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 1 de octubre de 2018, rad. 53990, C. P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 242 VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / MUERTE DE MENOR DE EDAD / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / AGENTE DE POLICÍA / DISPARO DE ARMAS DE FUEGO / HECHO INDICADOR / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / PAGO DE CONCILIACIÓN / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA INDICIARIA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA Problema jurídico: ¿Puede suplirse la falta de prueba directa sobre la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal mediante prueba indiciaria cuando la parte actora no cumplió con la carga probatoria? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el sub examine se observa la existencia de un hecho indicador consistente en que el 23 de diciembre de 2010, durante un procedimiento de patrullaje que fue seguido de una captura, el patrullero (…) disparó su arma de dotación oficial. (…) No obstante, lo anterior, se advierte que no es posible continuar con la aplicación de una regla de la experiencia y hacer la correspondiente inferencia mental para arribar a un resultado, pues la carencia de pruebas directas no se debe a que no existan sino a que la entidad demandante no cumplió con la carga procesal que le correspondía de allegarlas de forma completa al plenario, como pasa a explicarse. (…) [L]a Sala encuentra que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, (…) en este caso, que la conducta del uniformado dio lugar al daño por el cual la demandante pagó un acuerdo de conciliación prejudicial, omisión que no puede suplir la Sala a través de la prueba indiciaria, en tanto estas -anteriormente identificadas-, no tienen la fuerza suficiente para imputar en grado de certeza, la culpa grave y/o dolo (…). De modo que, como antes se advirtió, no es posible predicar la responsabilidad del demandado, pues no basta con encontrar establecida la conducta gravemente culposa, sino que es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido por la entidad demandante, en este caso, el acuerdo conciliatorio que pagó por la muerte de la menor de edad R.A.A.M. y la acción que dio lugar al daño indemnizado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333001201200725011100103