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Colombia Compra Eficiente
Concepto
La Entidad Estatal tiene el deber de verificar que el contratista no se encuentre incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad, para lo cual debe consultar los antecedentes fiscales ante la Contraloría, disciplinarios ante la Procuraduría y judiciales ante la Policía Nacional.
C-1674 de 2025
2025-12-26
¿Cuáles son los documentos que acreditan la idoneidad y la capacidad de las personas jurídicas para la celebración de un contrato de prestación de servicios?
Para acreditar la idoneidad y la capacidad de una persona jurídica que va a celebrar un contrato de prestación de servicios, la entidad puede solicitar los soportes que el concepto identifica, entre ellos la verificación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar, el RUT, el RIT, el Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas y el formato de compromiso de transparencia. El texto menciona también el formato de hoja de vida de la Función Pública para personas jurídicas, y precisa que las exigencias deben responder a los principios de adecuación y proporcionalidad. Esto significa que la entidad no debe exigir documentos que no guarden relación con la idoneidad y la capacidad del contratista para el objeto que pretende contratar. La consecuencia práctica es que la entidad debe justificar cada soporte que solicite a la persona jurídica en función del objeto contratado y del principio de proporcionalidad.síntesis automática
También resuelve:
Contrato de prestación de servicios: concepto, características, modalidad de selección
Prestación de servicios: formato único de hoja de vida, persona jurídica, requisito obligatorio
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Contratación directa: C-722 de 2022
C-722 de 2022
2022-11-01
¿En un pliego de condiciones se puede solicitar a los posibles oferentes, diligenciar el formato de hoja de vida de la función pública para personas jurídicas?
Conforme a lo expuesto previamente, la obligación de solicitar el Formato de Hoja de Vida de la Función Pública tanto para personas naturales como para personas jurídicas tiene un carácter obligatorio, única y exclusivamente para los contratos de prestación de servicios, tal como lo establece la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1571 de 1998. Ahora bien, frente a los contratos de prestación de servicios, la norma en mención tan sólo se refiere a los regulados en numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual es definido como aquel que «celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
También resuelve:
Contratación directa: causales, causales / contrato de prestación de servicios ― concepto ― características generales/formato hoja de vida de la función pública-persona jurídica
Contrato de prestación de servicios: concepto − características generales
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas que motivan la consulta.
C-1649 de 2025
2025-12-26
¿Puede una Entidad Estatal, en ejercicio de su autonomía, exigir como requisito habilitante el diligenciamiento del Formato Único de Hoja de Vida del DAFP a una Persona Jurídica en un proceso de Mínima Cuantía?
El contratista puede ser requerido por la entidad estatal para diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida del DAFP en un proceso de Mínima Cuantía, siempre y cuando la exigencia cumpla con los principios de adecuación y proporcionalidad, es decir, que esté directamente relacionada con el objeto a contratar y no constituya una barrera injustificada a la participación. La entidad estatal, en ejercicio de su autonomía, puede determinar los requisitos habilitantes necesarios, pero debe evaluar si la información ya disponible en otros documentos con plena validez probatoria, como el Certificado de Existencia y Representación Legal, es suficiente para verificar la idoneidad del proponente, evitando así duplicidades innecesarias. Este concepto no establece un criterio universal, sino que brinda elementos generales para que las entidades definan su gestión contractual, lo que implica que cada entidad debe decidir si la exigencia de la hoja de vida es necesaria en función de la naturaleza del contrato y su valor, sin extralimitarse en la aplicación de requisitos adicionales o superfluos.síntesis automática
También resuelve:
Mínima cuantía: requisitos habilitantes, autonomía, discrecionalidad
Requisitos habilitantes: principios de adecuación y proporcionalidad, límites a la discrecionalidad
Persona jurídica: formato único de hoja de vida (dafp), eficiencia administrativa
Consejo de Estado
Providencia
El recurso de apelación admitido el 7 de mayo de 2021 fue notificado el 21 de junio siguiente
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2022-04-01
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000233600020180100301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Pruebas en segunda instancia Sí
El artículo 212.4 CPACA prevé que las partes podrán pedir pruebas en el trámite de apelación de sentencias en segunda instancia por el lapso del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación. El recurso de apelación admitido el 7 de mayo de 2021 fue notificado el 21 de junio siguiente, El término de ejecutoria corrió del 23 al 25 de junio de 2021… . Como la parte demandante aportó los documentos mencionados el 27 de septiembre de 2021, esto es, extemporáneamente, NIÉGASE la solicitud de pruebas en segunda instancia. REQUIÉRASE a la [apoderada] para que aporte el poder a ella conferido por la parte demandada, Nación-Ministerio de Defensa Nacional.
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de repetición: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020170005500
LEY 1437 REPETICION
¿Ante la ausencia de pruebas que acrediten el elemento subjetivo del medio de control de repetición, y sin la posibilidad de dar aplicación a las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001 dada la fecha de ocurrencia de los hechos, no se puede tener por demostrado que el demandado obró con dolo o culpa grave, por lo que se deben negar las pretensiones de la demanda? Sí
El contratista no puede demostrar la existencia del dolo o culpa grave del agente estatal en un medio de control de repetición si no aporta pruebas suficientes y no puede aplicarse la presunción legal prevista en la Ley 678 de 2001 debido a la fecha de ocurrencia de los hechos. En este caso, el demandado expidió actos administrativos en 2000, antes de la vigencia de la ley que establece las presunciones, por lo que no se puede aplicar dicha norma. Además, la parte demandante no presentó pruebas que demuestren que el agente estatal actuó con dolo o culpa grave, y la hoja de vida del demandado no proporciona elementos que permitan acreditar tal conducta. Por lo tanto, la Sala considera que no se ha demostrado el elemento subjetivo necesario para proceder con el medio de control de repetición, lo que implica que las pretensiones de la demanda deben ser negadas.síntesis automática
También resuelve:
¿La condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte vencida en el proceso, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un…
Consejo de Estado
Providencia
Se acreditó la culpa grave de los agentes estatales al incumplir el estándar de conducta
Sentencia — Sentencia
2023-05-23
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233100020120085201
ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó la culpa grave de los agentes estatales al incumplir el estándar de conducta que el Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural de la Policía Nacional dispone respecto del porte y uso de armas de fuego por parte de los efectivos policiales? Sí
La culpa grave del agente se configura cuando manipula un arma de dotación oficial sin atender las reglas de manejo, y con ello crea un riesgo que se concreta en el daño. La regla se apoya en que el manejo de armas de fuego exige el cuidado propio de la contingencia y el peligro que representan, y en que la contravención de los reglamentos que regulan su uso es prueba de la conducta gravemente culposa. Por ello, la utilización de un arma en circunstancias innecesarias y sin justificación compromete la responsabilidad del agente. En el asunto, un agente estatal cargó un revólver en presencia de un menor de edad, a quien pretendía enseñar su funcionamiento, y el arma se disparó e hirió al niño, por lo que la Sala revocó la sentencia de primera instancia y reconoció la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite puede acreditar la culpa grave con los hechos que muestren el incumplimiento de los reglamentos de manejo de armas.síntesis automática
También resuelve:
¿Se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena a partir de los documentos que allegó la parte demandante?
¿Se acreditó la condición de agentes estatales de los demandados?
¿En las actuaciones de los funcionarios públicos que sean desplegadas con la intención dirigida a realizar la actividad generadora del daño…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores?
Sentencia — Sentencia
2023-10-04
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020140083502
LEY 1437 REPETICION
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No
En la acción de repetición, la culpa grave no se configura cuando la entidad no demuestra la omisión inexcusable de la función imputada al agente ni una relación causal clara entre esa omisión y el hecho que motivó la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en dos razones. Primera, la omisión de expedir y notificar el acto de liquidación de cesantías no quedó probada como inexcusable para cada uno de los demandados, pues la entidad no acreditó el supuesto de hecho de la culpa grave imputada. Segunda, la convocante, como afiliada, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio en su cuenta individual, lo que impide atribuir a los agentes el pago reconocido en la conciliación. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no altera el régimen probatorio de la culpa grave. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe probar individualmente la conducta de cada demandado y su relación causal con el pago, sin trasladar al agente el costo de un acuerdo conciliatorio cuando falta esa prueba. Esa carga resulta especialmente exigente cuando el daño se atribuye a una omisión de notificación que la propia administración debía cumplir.síntesis automática
También resuelve:
¿En los documentos allegados consta a cuál de los servidores o exservidor demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y notificar el acto de reconocimiento?
¿El pago asumido por el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías de la servidora devino por la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional?
¿La legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y material?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
En la cláusula vigésima segunda las partes acordaron que la liquidación se efectuaría de común acuerdo
Sentencia — Sentencia
2026-10-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 05001233300020200049601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuando el contrato se liquida de mutuo acuerdo después de vencido el plazo convencional para hacerlo, pero dentro de los dos años siguientes a ese vencimiento, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la firma del acta de liquidación? Sí
El contratista puede presentar el medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación, incluso si esta se realiza después del plazo convencional para liquidar el contrato, siempre que la presentación se haga antes de que caduque el término de dos años desde la firma del acta. Esta regla se basa en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y en la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sala confirma que el término de caducidad se inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación, lo que implica que el juez debe considerar la fecha de la firma del acta para determinar la oportunidad de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre el cuestionamiento del carácter bilateral del acta de liquidación por ausencia de consentimiento…
¿Deben desecharse de plano los testimonios de quienes tuvieron vínculo laboral con la parte demandante, por el solo hecho de resultar sospechosos?
¿El contrato de prestación de servicios celebrado por un municipio es un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993 vigente al tiempo de su celebración y, en lo no regulado por ella…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto
Sentencia — Sentencia
2025-04-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300120120072501
ACCION DE REPETICION
¿Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 142, 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo confirma que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer estos recursos, ya que el medio de control de repetición es una acción patrimonial que busca reembolsar al Estado por daños causados por actos dolosos o gravemente culposos de servidores públicos. La caducidad del medio de control de repetición se rige por el régimen jurídico vigente al inicio del proceso, según el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que el cómputo del plazo para el pago de la condena se ajusta a las disposiciones del Decreto 01 de 1984. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer estos casos y establece las reglas sobre caducidad aplicables, lo que garantiza la seguridad jurídica en la interposición de recursos de apelación en procesos de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente interponer el medio de control de repetición contra un servidor público o particular que, actuando con dolo o culpa grave…
¿Son aplicables al presente asunto las disposiciones procesales sobre caducidad previstas en el Código Contencioso Administrativo…
¿Es procedente la acción de repetición cuando se presenta la demanda dentro del plazo de los dos años contados a partir del pago realizado por la administración?
CONFIRMA