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Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2024-07-08Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020240004900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas? No
El contratista no es considerado un particular en ejercicio de funciones administrativas cuando el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales a cambio de una contraprestación económica, y no se relaciona con funciones propias del Estado. La Sala determina que, al no acreditarse la calidad de entidad pública o de particular en ejercicio de funciones públicas, el Consejo de Estado no cuenta con jurisdicción para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, remitiendo el asunto a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar donde funcionó el tribunal de arbitraje, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y los numerales 7º del artículo 104 y 149 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación cuenta con jurisdicción para decidir el asunto objeto de estudio al tratarse de un conflicto entre particulares?¿Corresponde al Consejo de Estado conocer de los recursos contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2022-07-29Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 88001233300020180002601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción administrativa juzga controversias que versen sobre contratos celebrados por entidades públicas financieras cuando corresponden al giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales que involucren a entidades públicas financieras cuando dichas controversias correspondan al giro ordinario de sus negocios, conforme al numeral 1º del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011. Esta regla se fundamenta en que la jurisdicción administrativa no tiene competencia para conocer de litigios que versen sobre contratos celebrados por entidades financieras estatales en el marco de sus actividades habituales, ya que estos asuntos quedan excluidos de su competencia. En consecuencia, si se acredita que la controversia contractual involucra a una entidad financiera pública y que esta controversia se relaciona con el giro ordinario de sus negocios, la jurisdicción de lo contencioso administrativo carece de competencia y el proceso debe remitirse a la jurisdicción ordinaria, en virtud del principio de improrrogabilidad de la competencia funcional y subjetiva.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la falta de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por acreditarse la excepción establecida en el numeral 1º del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011?¿Cuándo se declare la falta de jurisdicción o de competencia por los factores subjetivo y funcional, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2022-09-28Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020220011500CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿Procede declarar la falta de competencia de todas las autoridades involucradas en el presente conflicto, para adelantar un proceso disciplinario en contra de tres contratistas de prestación de servicios de la Alcaldía Municipal de Villagómez, toda vez que estos últimos no son sujetos disciplinables al ser particulares que no ejercen funciones públicas? Sí
Son sujetos disciplinables los particulares que ejerzan de manera permanente o transitoria funciones públicas, administren recursos públicos o cumplan labores de interventoría o supervisión. Por lo tanto, no todo contratista estatal tiene la calidad de sujeto disciplinable, pues, como ya se señaló, lo que lo hace sujeto de dicha acción es que, en virtud del contrato celebrado, el particular desarrolle dichas funciones.… Frente al caso concreto, se advierte que… los objetos de los contratos de apoyo a la gestión no se enmarcan dentro de los supuestos exigidos por la ley para que los contratistas sean considerados sujetos de la acción disciplinaria, pues, se insiste, solamente cuando el particular ejerza funciones públicas, administre recursos públicos o cumpla labores de interventoría o supervisión puede considerarse sujeto disciplinable en los términos del estatuto disciplinario vigente, lo cual no se advierte en el presente caso.
Sentencia — Sentencia2022-05-04Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020200009300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El laudo atacado viola el principio de congruencia por lo cual debe ser anulado? No
El contratista no puede anular el laudo arbitral por violar el principio de congruencia, ya que el tribunal arbitral resolvió todas las cuestiones sometidas a su decisión, incluyendo la ejecución de obras y el incumplimiento del contratista, y no abordó puntos que no formaban parte de la controversia inicial. Además, el recurso de anulación no puede ser utilizado para reabrir el debate probatorio del trámite arbitral. En consecuencia, la Sala reitera que el juez contencioso administrativo no puede actuar como una segunda instancia en la revisión de laudos arbitrales, limitándose a verificar la existencia de las causales específicas previstas por la ley. Por otro lado, la entidad estatal convocante es condenada en costas por la interposición infundada del recurso de anulación, conforme a lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas cuando se declara infundado el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar2022-04-18Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020140013700LEY 1437 REPETICION
[D]ecreto de las medidas cautelares solicitadas. Sí
En la medida que [la] información es susceptible de ser obtenida… mediante el ejercicio del derecho de petición, sin que le sea dable, como se dijo en párrafos anteriores, acudir a los poderes del Juez para tal efecto, como quiera que el artículo 173 [CGP], condiciona al juez para ordenar la práctica de las pruebas que la parte haya podido solicitar directamente… , a que ésta haya probado sumariamente que actuó en procura de aportar dichas pruebas, es decir, que las solicitó a la entidad, pero que estas le fueron negadas, lo cual no ocurrió en este caso.
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición, teniendo en cuenta que (…), el plazo máximo para presentar la demanda expiraba el 6 de julio de 2019 —fecha que correspondió a un día inhábil— y que se radicó el 8 de julio de 2019, primer día hábil siguiente? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de repetición cuando el plazo máximo para presentar la demanda vence en un día inhábil, ya que el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente, sin ampliar el plazo legal. La Sala establece que los términos de caducidad en meses o años deben computarse en unidades exactas de tiempo calendario, sin excluir los días inhábiles durante su transcurso, pero si el día final coincide con un día inhábil, el plazo se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. En el caso concreto, el pago de la sentencia condenatoria se realizó el 5 de julio de 2017, iniciándose el plazo de caducidad el 6 de julio de 2017 y venciendo el 6 de julio de 2019, un sábado, por lo que la demanda radicada el 8 de julio de 2019 fue oportuna. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo de plazos en días inhábiles, garantizando la oportunidad de los medios de control en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿La conducta desplegada por el personal médico de la Fundación SAP Salud, en su condición de contratista de la ESE Hospital San Rafael de Facatativá, configura culpa grave…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2024-10-31Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170083101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El asunto debatido no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sino de la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de prorrogar la jurisdicción ni darla por saneada? Sí
El juez debe declarar la falta de jurisdicción cuando el asunto debatido corresponde a la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de prorrogar o sanear la jurisdicción, conforme al artículo 287 del CPACA. En el caso específico, el Banco Agrario de Colombia, una entidad financiera sometida al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, celebró contratos para el mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones, actividades que se consideran propias del giro ordinario de sus negocios, por lo que la controversia no es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en controversias contractuales de entidades financieras, estableciendo que las actividades propias del objeto social y las necesarias para su desarrollo caen bajo la excepción del artículo 105 del CPACA, lo que implica que los jueces deben ser rigurosos en la identificación de estos casos para evitar la nulidad por falta de jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿La excepción a la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la relacionada con controversias contractuales de las entidades públicas que tengan el carácter de instituciones…¿La actividad contractual del Banco Agrario de Colombia S.A. se rige por el derecho privado y sus actividades y contratos celebrados en desarrollo de su objeto social se regirán por la normatividad…¿La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2024-07-03Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020240017700CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 Primera para la Contratación Estatal, es la autoridad competente para continuar conociendo de la actuación disciplinaria iniciada por la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, por las posibles irregularidades en que pudieron incurrir servidores públicos y contratistas de esa misma entidad en la ejecución de varios contratos de obra e interventoría? Sí
Así las cosas, se evidencia que el proceso disciplinario que generó el presente conflicto de competencia administrativa, según lo afirma la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, involucra a determinados servidores públicos de dicha autoridad y a particulares disciplinables, «bajo su condición de contratistas y/o interventores».
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-04-04Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020190069301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los jueces tienen el deber de ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades? Sí
El juez tiene el deber de ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades, de acuerdo con el artículo 287 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). En el caso concreto, el juez declaró la falta de jurisdicción de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de un asunto que debía ser resuelto por la jurisdicción ordinaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Código General del Proceso. Esta decisión implica que los jueces deben analizar cuidadosamente la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en casos donde las controversias contractuales involucren a entidades financieras estatales como el FONADE, cuya naturaleza jurídica y funciones específicas pueden determinar que ciertos asuntos sean de competencia de la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿FONADE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa…¿El giro ordinario de los negocios de las instituciones financieras está compuesto por las actividades propias del objeto social de la entidad o de sus funciones…¿Se configuran los elementos orgánico y material exigidos por el artículo 105 del CPACA para que opere la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa?
¿Los demandados en repetición tenían la condición de empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado? No
La acción de repetición solo procede contra quien tenga la calidad de servidor público, trabajador oficial o contratista del Estado, o de particular que ejerza función pública, de modo que los demandados que no tienen ninguna de esas calidades carecen de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que los profesionales de la salud que atendieron al paciente no tenían relación legal y reglamentaria, vínculo contractual ni de otra índole con la entidad pública condenada, por lo que no eran servidores públicos. Otra razón es que el expediente muestra que sus vínculos se originaban en un contrato de prestación de servicios de salud con un tercero, lo que no los convierte en agentes del Estado ni en particulares que cumplan funciones públicas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda de repetición, por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin necesidad de examinar la culpa grave. Su consecuencia práctica es que la entidad que pretende repetir debe demostrar, antes de estudiar la conducta, que el demandado tiene la calidad de agente del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandados tenían la condición de servidor público, se trataba de particulares que ejercían funciones públicas o eran contratistas del Estado?¿Se encontró algún vínculo contractual o laboral de la entidad demandante con los profesionales demandados?¿La demanda presentada se interpuso dentro de la oportunidad legal?
¿Procede la condena en costas contra la entidad pública vencida en el medio de control de repetición? Sí
En el medio de control de repetición, la condena en costas tiene carácter objetivo valorativo, de modo que se impone a la parte vencida cuando en el expediente aparece que se causaron y en la medida de su comprobación, sin depender de la temeridad o la mala fe. La regla se apoya en el cambio que el CPACA introdujo frente al criterio subjetivo del Código Contencioso Administrativo y en las reglas del Código General del Proceso que regulan la liquidación de costas. Por ello, el juez debe pronunciarse sobre costas en toda sentencia y decidir si las condena o se abstiene según las pruebas de su causación. En el asunto, la entidad demandada vencida tuvo que incurrir en gastos para acudir al proceso, y la Sala modificó la sentencia en el punto pertinente a las costas. En la práctica, la condena en costas en repetición no depende de la conducta procesal de las partes sino de los gastos comprobados en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Se condena en costas a la entidad demandante y se fijan las agencias en derecho en 3 SMLMV?¿La demandada compareció al proceso mediante apoderado judicial, quien realizó actividades de defensa judicial?¿El medio de control procedente es el de repetición porque se solicita declarar a los demandados patrimonialmente responsables del pago realizado en cumplimiento de una condena?
¿Es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid, con ocasión de que dentro de sus facultades como Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira SA impartió la orden de desvinculación laboral del señor Gabriel Alberto Viveros Naranjo del cargo de Subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa, determinación que posteriormente fue motivo de controversia suscitada ante la jurisdicción ordinaria en proceso laboral, en el cual se profirió sentencia condenatoria en contra de la empresa empleadora, razón por la cual la entidad ahora demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir por el trabajador afectado? No
La acción de repetición solo procede contra quien ejerce función pública como agente estatal, de modo que la persona que actúa como trabajador particular en una empresa de servicios públicos domiciliarios no es sujeto de esa acción y debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado y su gerente, al ordenar la desvinculación de un subgerente, no obró en ejercicio de función pública con relación a los hechos que se repiten. Otra razón es que la conducta reprochada fue desplegada en condición de trabajadora particular, lo que impide que la jurisdicción de lo contencioso califique esa conducta a título de culpa grave o presunción de la Ley 678 de 2001. En el caso, el tribunal había condenado a la gerente a reintegrar la condena laboral pagada, pero la Sala revocó esa decisión y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la acción de repetición no puede dirigirse contra directivos de empresas de servicios públicos que actúan con regímenes privados sin verificar primero la calidad de agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Los conceptos de “función pública” y “servicio público” no son equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en la medida en que corresponden a dos distintas…¿Es procedente condenar en costas de ambas instancias a la entidad demandante dado que se revocó la decisión apelada?
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario…¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La entidad estatal y el juez competente exigen para la prosperidad de la pretensión de reembolso en la acción de repetición regulada en la Constitución Política en su artículo 90, el CCA en su artículo 86 y la Ley 678 de 2001 la concurrencia ineludible de presupuestos sustanciales como la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio, el pago efectivo de la obligación dineraria, la calidad de agente estatal o particular que ejerce funciones públicas y la calificación de la conducta a título de dolo o culpa grave, integrando como sujetos pasivos legitimados a las personas jurídicas y contratistas que cumplen funciones públicas en las etapas de celebración, ejecución y liquidación contractual dentro de la actuación procesal.síntesis automática
También resuelve:¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?¿La ausencia de uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición impide la declaración de responsabilidad particular del agente demandado?¿Las personas jurídicas son sujetos pasivos de la pretensión de reembolso?
¿El amigable componedor actuó escapaban dentro de los límites convenidos por las partes contratantes? Sí
El amigable componedor actúa como delegatario de las partes y su decisión es vinculante y tiene efectos de transacción cuando se mantiene dentro de las facultades que el contrato le atribuye, sin ejercer funciones judiciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las partes, habilitadas para pactar este mecanismo de solución de controversias, le atribuyeron esa facultad en una cláusula específica del contrato de concesión. Segunda, la forma en que se resolvieron las peticiones no implicó función jurisdiccional, sino reconocimientos económicos propios del contenido de la liquidación del contrato. Tercera, la decisión tiene efectos de transacción y, por tanto, no puede desbordar los límites convenidos por las partes. La providencia confirma la negativa de las pretensiones, al considerar que el cargo no prospera. La consecuencia práctica es que la decisión del amigable componedor puede cuestionarse en la jurisdicción solo si excede el encargo convenido, y no por el mero contenido económico de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Las entidades estatales estaban habilitadas para acudir a la amigable composición?¿El mandatario no puede exceder los límites de su encargo, y si lo hace, los actos que así se cumplan no obligan al mandante?¿El cuestionamiento lo fundamentó la parte actora en un exceso de competencias del amigable componedor?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-03-25Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020250001700CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿El Fondo Nacional del Ahorro, a través de la Secretaría General - Gerencia de Instrucción Disciplinaria, es la autoridad competente para conocer y asumir la investigación disciplinaria iniciado en contra de los funcionarios que fungieron como vicepresidentes de riesgo y vicepresidentes de gestión humana y administrativa de la entidad, para la época en que fungieron como supervisores de un contrato? Sí
La Sala encuentra que la Gerencia de Instrucción Disciplinaria del Fondo Nacional del Ahorro es la autoridad competente para continuar con el proceso disciplinario iniciado en contra de los funcionarios que ejercieron los cargos de vicepresidentes de riesgo y, de gestión humana y administrativa del FNA para la época en que fungieron como supervisores del contrato núm. 64 del 30 de abril de 2018, por las siguientes razones: De conformidad con los manuales de funciones y de competencias laborales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del FNA, el secretario general de la entidad dirige la gestión de control interno disciplinario y, mediante la Gerencia de Instrucción Disciplinaria se ejecuta la instrucción de los procesos disciplinarios en primera instancia.
¿La parte actora cumplió con la carga de probar la conducta dolosa y/o gravemente culposa del demandado en repetición? No
En la acción de repetición, la parte actora debe probar el dolo o la culpa grave del demandado, porque la carga de demostrar el supuesto de hecho de la norma corresponde a quien pretende el efecto jurídico que ella consagra. La regla se apoya en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que atribuye a las partes la prueba de los supuestos de hecho que invocan, de modo que el elemento subjetivo que se alega requiere prueba concreta. Por ello, la omisión de esa prueba impide establecer uno de los elementos estructurales de la acción de repetición, sin que el juez pueda suplirla con inferencias. En el asunto, la demandante no probó la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado, y la Sala confirmó la sentencia del tribunal que negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que repite debe aportar la prueba del elemento subjetivo y no puede sustituirla con afirmaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Existe prueba que indique que la actuación del demandado fue dolosa y/o gravemente culposa?¿La copia de la conciliación extrajudicial y el auto que la aprobó por sí solos acreditan que la conducta del entonces contralor fue dolosa o gravemente culposa?¿La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o exagente del Estado fue dolosa o gravemente culposa?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2022-05-04Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020210016400CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿ L a Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá es la autoridad competente para asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria radicada con los números 023-2018 (MADR) y IUS-E-2020-677795/IUC-D-2021-1715925 (PGN) y derivada de presuntas irregularidades en la función de supervisión del Convenio Interadministrativo núm. 20150915, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Cabildo Indígena del Resguardo Caño Mochuelo, labor que desempeñó un comité conformado por tres funcionarios del ministerio y un particular contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, con la colaboración de otros contratistas que prestaron servicios de «apoyo» a la referida supervisión y que fueron designados para tal efecto a través de memorando? Sí
Los particulares contratados para «apoyar» la labor de supervisión del Convenio Interadministrativo núm. 20150915, presuntamente involucrados en los hechos materia de indagación preliminar abierta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, no ejercieron funciones públicas de manera permanente ni transitoria, tomando en cuenta que no desarrollaron ni realizaron funciones exclusivas de los órganos del Estado, en este caso, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por la naturaleza misma del contrato de prestación de servicios suscrito, que fue de «apoyo» a la supervisión y no para ejercer la supervisión. Por lo mismo, dichos particulares en ningún momento sustituyeron o remplazaron al ministerio en esa labor y, por tanto, no son sujetos disciplinables, según lo dispuesto en el artículo 70 del Código General Disciplinario.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-04-02Sala Consulta y Servicio CivilJOHN JAIRO MORALES ALZATERad. 11001030600020240070800CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿Alguna de las autoridades involucradas en el presente conflicto de competencias administrativo, es competente para conocer el proceso disciplinario en contra de la señora [K.L.R,V.], en su calidad de trabajadora social del Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E), por las presuntas conductas en ejecución de un contrato de prestación de servicios? No
La Sala encuentra que ninguna de las autoridades involucradas es competente para conocer el proceso disciplinario en contra de la señora [K.L.R.V.], en su calidad de trabajadora social del Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E), por las presuntas conductas expuestas en la queja presentada el 26 de enero de 2024, por la señora [M.L.A.G.]. Esto, pues, según el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 y la jurisprudencia vigente, la señora [K.L.R.V.] no es un sujeto disciplinable. Lo anterior encuentra fundamento en los siguientes argumentos: Según la información allegada por el Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E.), la trabajadora social a la que se refiere la queja es la señora [K.L.R.V.], quien prestó sus servicios a dicho hospital en virtud del contrato de prestación de servicios N.° 000031 de 2024 celebrado el 1.° de enero de 2024.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-06-11Sala Consulta y Servicio CivilJOHN JAIRO MORALES ALZATERad. 11001030600020250001600CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria en contra de una abogada, en calidad de asesora jurídica externa de una alcaldía? Sí
Teniendo en cuenta que la señora [J.M.G.] celebró el contrato de prestación de servicios núm. 01 del 14 de enero de 2020 con el municipio de Guática (Risaralda), en ejercicio de su profesión de abogada y conforme a los antecedentes que obran en el expediente, la Sala encuentra que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer y asumir la investigación disciplinaria en contra de la mencionada togada para la época de los hechos, por el presunto incumplimiento de sus deberes profesionales.… Según lo descrito en el informe de auditoría, la señora [J.M.G.], contratista del municipio de Guática, Risaralda, realizó la revisión legal de los estudios previos y de la Resolución 166 del 9 de junio de 2020 por la cual se justificó el proceso de contratación directa del Contrato No. 055-2020 suscrito entre la Alcaldía y la ESE Hospital Santa Ana de Guática, en los cuales aparece…
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