Titulación de la relatoría 22.252 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / DEMANDADO / AUTONOMÍA DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / PERSONERÍA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
Problema jurídico:
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer, en única instancia, de una acción de repetición promovida por una universidad contra sus exrectores y exvicerrectora, por hechos ocurridos en ejercicio de sus funciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia funcional del medio de control de repetición, la Ley 1437 de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda, en sus artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía para los de doble instancia. Para el presente asunto, este Despacho encuentra que es competente para conocer de la pretensión incoada comoquiera que la misma se ejerce con ocasión de las actuaciones que desempeñaron los demandados como rectores en distintos periodos de la Universidad Popular del Cesar. En consecuencia, la competencia sobre este asunto está a cargo de esta Corporación, toda vez que la Ley 34 de 1976, transformó el Instituto Tecnológico Universitario del Cesar en la Universidad Popular del Cesar y la reguló como establecimiento público autónomo, con personería jurídica cuyo objetivo primordial es la investigación y la docencia a través de programas que conduzcan a la obtención de licenciaturas, grados profesionales y títulos académicos. En este sentido, atendiendo a la calidad de (…) rectores y vicerrectora, respectivamente, de la Universidad Popular del Cesar se concluye que esta Corporación es competente para decidir de fondo el presente proceso, en única instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 155, LEY 34 DE 1976, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VIGENCIA DE LA NORMA / INTEGRACIÓN NORMATIVA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / ACUERDO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / ACTA DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CONCILIACIÓN EJECUTORIADA / PAGO DE CONCILIACIÓN / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La demanda de repetición se interpuso dentro del término legal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n los eventos en los que la norma aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el literal l) del numeral segundo del artículo 164 dispone que para el ejercicio del medio de control de repetición el término de dos años se contará a partir del día siguiente al del pago de la condena o conciliación o, a más tardar, desde el día siguiente al del vencimiento de plazo máximo con el que cuenta la entidad para efectuar el pago correspondiente. Cabe recordar que el plazo para el pago será de 10 meses si el proceso en el que se profirió la condena o se aprobó la conciliación empezó en vigencia del CPACA. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el auto del 26 de febrero de 2015, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cesar aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado (…) quedó ejecutoriado el 6 de marzo de 2015, según da cuenta la constancia de ejecutoria expedida por ese Tribunal; ii) que mediante transferencia electrónica del 6 de mayo de 2015 la Universidad Popular del Cesar pagó (…) por concepto de una conciliación judicial; iii) que el plazo de los 10 meses para cumplir la conciliación judicial se cumplió el 7 de enero de 2016; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la conciliación; y v) que la demanda se presentó el 22 de septiembre de 2016, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 21 de mayo de 2021, rad. 51260B, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 23 de marzo de 2018, rad. 59245, C. P. María Adriana Marín; sentencia del 6 de diciembre de 2017, rad. 50192, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD PÚBLICA / UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / VÍNCULO LABORAL / CONTRATO REALIDAD / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre los agentes que dieron lugar al daño?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Universidad Popular del Cesar está legitimada en la causa por activa, puesto que es la entidad pública que celebró el acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Administrativo de Cesar mediante auto del 26 de febrero de 2015. (…) [los señores] (…) están legitimados en la causa por pasiva pues presuntamente fueron los agentes que con su conducta dolosa y/o gravemente culposa causaron el daño por el cual la Universidad Popular del Cesar debió suscribir el acuerdo conciliatorio y pagar lo allí acordado, dado que en calidad de rectores y vicerrectora, respectivamente, suscribieron los contratos de prestación de servicios (…) que conllevaron posteriormente a que se declarara una relación laboral o contrato realidad entre este último y la institución universitaria. De hecho, para demostrar la calidad de los demandados, la parte demandante aportó certificación expedida por la coordinadora del grupo de gestión de desarrollo humano de la Universidad Popular del Cesar, en la que hace constar que entre el año 2003 al 2011 (…) en calidad de vicerrectora, (…) en calidad de rector, (…), suscribieron contratos de prestación de servicios (…).
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMA VIGENTE / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / LEY 678 DE 2001 / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO
Problema jurídico:
¿Es aplicable la Ley 678 de 2001, sin modificaciones posteriores, al medio de control de repetición cuando los hechos que motivaron la acción ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 2195 de 2022?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l legislador expidió la Ley 678 de 2001, (…) que definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. (…) [R]especto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que llevaron a suscribir la conciliación por parte de la Universidad Popular del Cesar ocurrieron en el año 2012, esto es, cuando se expidió el oficio del 18 de mayo de 2012, que posteriormente fue anulado, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de los hechos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen legal aplicable al medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 22 de noviembre de 2021, rad. 47535, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 2195 DE 2022, LEY 678 DE 2001
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / OBLIGACIÓN DINERARIA / SENTENCIA DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTA DE CONCILIACIÓN JUDICIAL / APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / AGENTE DEL ESTADO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE CONCILIACIÓN / COMPROBANTE DE PAGO / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CESAR
Problema jurídico:
¿Se cumplen los presupuestos legales para la procedencia de la acción de repetición interpuesta por la Universidad Popular del Cesar contra sus exservidores públicos?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado: i) que mediante sentencia del 10 de julio de 2014 el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad del oficio del 18 de mayo de 2012 expedido por la Universidad Popular del Cesar, declaró la existencia de una relación laboral (…) y ordenó pagar al señor (…), celebraron conciliación judicial ante el Tribunal Administrativo del Cesar, en la que se acordó que esa institución educativa pagaría al señor (…), el Tribunal Administrativo del Cesar aprobó la referida conciliación judicial, según da cuenta copia del auto aprobatorio de la conciliación. (…) [E]stá demostrado que (…) tenían la calidad de servidores públicos para la época de los hechos, pues si bien no reposan sus nombramientos o actas de posesión, lo cierto es que según la certificación expedida por la coordinadora del grupo de gestión de desarrollo humano de la Universidad Popular del Cesar, se acreditó que en calidad de rectores y vicerrectores, respectivamente, suscribieron los contratos de prestación de servicios (…) prueba por demás, que no fue controvertida por la parte demandada. (…) Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (…) De conformidad con los (…) medios de prueba, se evidencia que la entidad demandante acreditó el pago de la conciliación judicial aprobada mediante auto del 26 de febrero de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, por un valor equivalente a $61.927.613.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD / PRESUNCIÓN DE NEXO DE CAUSALIDAD / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿Para que proceda la acción de repetición es necesario acreditar una relación de causalidad entre el daño y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]ebe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. (…) Al efecto, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. (…) A su turno, el artículo 6° de la misma norma, dispone que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causación del daño reparado por el Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 55661, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 6 de julio de 2017, rad. 45203, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 7 de agosto de 2017, rad. 42777, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 40755, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 62571, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DEL DOLO / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO REALIDAD / SENTENCIA DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Puede prosperar la acción de repetición si no se acredita de manera suficiente la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal y su relación de causalidad con el daño?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]lama la atención de la Sala la orfandad probatoria con la que la parte demandante pretende endilgar responsabilidad (…), pues pese a que en la demanda señala que fueron los agentes estatales que suscribieron las ordenes o contratos de prestación de servicios que dieron lugar a que se declarara por parte del Tribunal Administrativo del Cesar una relación laboral entre el ente universitario (…), lo cierto es que no se allegaron al plenario los referidos contratos, de hecho, está demostrado que el oficio cuya nulidad fue decretada por el Tribunal Administrativo del Cesar ni siquiera fue suscrito por ninguno de los demandados. En ese orden de ideas no se logró acreditar, en aras de aplicar las presunciones de dolo y/o culpa grave de los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, que los demandados desconocieron las normas de derecho. (…) En ese sentido, es indispensable destacar que la responsabilidad patrimonial del servidor público es eminentemente subjetiva, de allí que el legislador exija que el deber de indemnizar se desprende de un obrar doloso o gravemente culposo de aquel. (…) De otro lado, es importante destacar que la sentencia proferida en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, resolvió la responsabilidad de la entidad demandada y el derecho del demandante a obtener el restablecimiento de derechos que en ella se dispuso. No obstante, la misma no hace tránsito a cosa juzgada frente a los agentes estatales a los que se le imputa la causación del daño, porque el proceso mencionado no tuvo como propósito el juzgamiento de sus conductas ni la determinación de si al proferir la resolución demandada obraron con dolo y/o culpa grave; mientras los agentes estatales no sean llamados en garantía y se juzgue en el mismo proceso lo relativo a su conducta.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA PROCESAL
Problema jurídico:
¿La facultad oficiosa del juez para decretar pruebas puede suplir la carga probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]unque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.
NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la entidad demandante y en favor de los demandados al haberse negado las pretensiones de la demanda y acreditado las actuaciones procesales de los ex funcionarios?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala encuentra que es procedente condenar a la parte demandante a pagar las costas y agencias en derecho, toda vez que fue la parte vencida en el proceso de repetición. En relación con las agencias en procesos de única instancia, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos 5, numeral 1 del Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para el momento de la presentación de la demanda, tratándose de procesos “declarativos en general” que se surten en única instancia la tarifa de agencias en derecho será entre 5% y el 15% de lo pedido. En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en la suma de $3.096.380, que equivale al 5% de lo pedido en la demanda, que la Universidad Popular del Cesar deberá dividir o pagar en parte iguales (...), pues fueron los demandados que actuaron en el proceso contestando la demanda y proponiendo excepciones. De hecho, el señor (...) presentó escrito de alegatos de conclusión. La liquidación se hará de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem. No se fijarán agencias en derecho en favor de los demandados (...) porque actuaron representados por curador ad litem. En esa línea, tampoco se hará reconocimiento frente al (...) [señor] porque no contestó la demanda y guardó silencio durante el proceso.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4