Titulación de la relatoría 16.819 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / CULPA GRAVE / HECHO DAÑOSO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / FALLA DEL SERVICIO / ATENCIÓN EN SALUD / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / DAÑO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD MÉDICA / ATENCIÓN AL PACIENTE / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD MÉDICA / MUERTE DEL PACIENTE / FALLA DEL SERVICIO DE SALUD / HISTORIA CLÍNICA / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿El médico tratante, en condición de médico de la ESE Hospital Hilario Lugo de Sasaima, incurrió en una conducta gravemente culposa por la atención que le suministró el once (11) de junio de dos mil tres (2003) a [la víctima], en la que a pesar del seguimiento y asistencia clínica brindada, falleció a causa de choque séptico y falla renal?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]asará la Sala a determinar si el hecho dañoso que dio lugar a la imposición de la condena contra la Empresa Social del Estado por la falla del servicio en que incurrió durante la atención médica brindada a [la víctima] se revela una conducta gravemente culposa atribuible al galeno, por la inexcusable omisión de la función de atender oportuna y pertinentemente a la paciente. […] Revisados los medios de convicción arribados al plenario, esta Sala colige que los motivos de inconformidad planteados en el recurso detentan prosperidad, comoquiera que las sentencias declarativas de responsabilidad de ninguna manera comprometieron directamente al médico [J.G.H.R.] por el deceso de [la víctima], pues por el contrario, esbozaron que la falla en la prestación del servicio de salud recayó sobre la fase inicial de la consulta […]. Así las cosas, tal como se desprende de la historia clínica, el galeno recurrente actuó en la fase final de la atención […]. No se aprecia que el demandante haya justificado y demostrado las razones fácticas y científicas por las cuales durante el periodo de interconsulta atendido por el doctor [J.G.H.R.] se hubiese incurrido en actuaciones gravemente culposas, empero, le atribuyó injerencia solo por el hecho de haber sido parte del equipo médico que asistió a la [víctima], se itera, sin que distinguiera los fundamentos de la inculpación. […] Debía probarse el dolo o culpa grave, carga probatoria que no cumplió el ente demandante, máxime que desistió del recaudo de la prueba técnica con base en la cual se profirió la condena. […] En estas condiciones se impone una respuesta negativa al problema jurídico y, en consecuencia, se debe modificar el fallo apelado que accedió a las pretensiones de la demanda, pero solo frente a la declaratoria de responsabilidad del médico [J.G.H.R.], a quien se lo exonerará.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las leyes aplicables a los recursos interpuestos en el proceso, cita: Consejo de Estado, Sala Plena, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299(IJ), C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
PROCURADOR JUDICIAL / PROCURADOR DELEGADO / MANIFESTACIÓN DEL IMPEDIMENTO / IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO / ACEPTACIÓN DEL IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO
Problema jurídico:
¿El proyecto fue discutido y aprobado por Sala dual, dado que se aprobó la manifestación de impedimento del doctor Nicolás Yepes Corrales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l doctor Nicolás Yepes Corrales fungió como Procurador Judicial Delegado ante esta Corporación, por lo que en dicha calidad, fue quien presentó el concepto en el sub examine, motivo por el cual, […] formuló su respectiva manifestación de impedimento para conocer el asunto de conformidad con lo previsto en el inciso 1° del artículo 140 y en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, que le fue aprobada a través de proveído del 29 de julio 2019, de ahí que el proyecto respectivo fuera discutido y aprobado por Sala dual.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 140 INCISO 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141 NUMERAL 12
COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / PRINCIPIO DISPOSITIVO / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿La competencia funcional del juzgador de segunda instancia se circunscribe a los argumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión que se hubiera adoptado en primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a competencia funcional del juzgador de segunda instancia se circunscribe a los argumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión que se hubiera adoptado en primera instancia, y que resultó desfavorable o perjudicial a sus derechos o interés. Por lo cual, en principio, los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior, pues en el recurso de apelación opera tanto el principio de ninguna reforma para empeorar (non reformatio in pejus) como el principio dispositivo, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL / SENTENCIA CONDENATORIA / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / VIGENCIA DE LA LEY / DEROGACIÓN DE LA LEY / RETROACTIVIDAD DE LA LEY / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. […] De acuerdo con el literal l) del artículo 164 del CPACA, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas. En este caso, el cómputo del inicio del plazo bienal corresponde al previsto en el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA), esto es, dieciocho (18) meses, pues el proceso de reparación directa que culminó con la sentencia condenatoria fue tramitado bajo esa norma adjetiva. […] Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior […].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de retroactividad de la ley, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, rad. 30330, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre las normas aplicables para determinar si se actuó con culpa grave o dolo, que serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2018, rad. 54692, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 31, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 3
PRESUNCIÓN LEGAL / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / JUEZ ADMINISTRATIVO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONDENA JUDICIAL / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO / SERVIDOR PÚBLICO / REQUISITOS DEL CARGO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / REPETICIÓN / DOLO / CULPA GRAVE / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONCEPTO DE DOLO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / CULPABILIDAD / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / FALLO CONDENATORIO
Problema jurídico:
¿La sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario?
Respuesta al problema jurídico: No
La acreditación del supuesto de hecho que describen las presunciones legales de que trata la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la conducta del agente porque, en todo caso, el juez contencioso debe analizar y calificar, en forma independiente, el comportamiento del servidor o exservidor para establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño antijurídico que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si fue determinante en la ocurrencia de esa afectación y, iii) cuál fue el grado de participación del agente. La Corte Constitucional, en sentencia reciente, precisó que las presunciones de dolo y culpa previstas en la ley eximen al organismo estatal de probar el supuesto de la inferencia por estar descrito directamente en la ley, pero no lo relevan de acreditar que la actuación del agente, por su arbitrariedad o su negligencia, fue determinante en la ocurrencia del supuesto de la presunción, tarea en la que resulta determinante: (i) el análisis de las funciones contempladas en la ley, y (ii) el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida. Las presunciones legales de que tratan los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, en el ámbito de la responsabilidad personal del servidor o exservidor contra quien el órgano público ejercita la pretensión de repetición, complementan pues las definiciones de dolo y culpa grave, e invierten la carga de la prueba. Cuando no esté acreditado el supuesto en el que se funda la presunción, la calificación de la conducta del agente debe evaluarse frente a la definición llana del dolo y la culpa grave. En consecuencia, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, debe probarse que la conducta del servidor o exservidor demandado encaja en la definición de dolo o culpa grave prevista en esa normativa […]. […] En punto al juicio de culpabilidad, viene oportuno recordar que la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo condenatorio no ata al juez de la repetición por tratarse, este último, de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del servidor que imposibilita extrapolar las conclusiones en torno a las circunstancias que motivaron la condena del organismo, en tanto se centra en la valoración de la conducta del agente conforme a las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron los medios probatorios allegados al proceso judicial que sustentó la pretensión de reembolso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de acreditar que la actuación del agente, por su arbitrariedad o su negligencia, fue determinante en la ocurrencia del daño por el que condenaron al Estado, cita: Corte Constitucional, sentencia del 26 de agosto de 2020, C-354/20, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Sobre la exequibilidad de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, relativos a la definición de conducta dolosa y gravemente culposa del agente del Estado, cita: Corte Constitucional, sentencia del 14 de mayo de 2002, C-374/02, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. Sobre la relación directa de las presunciones con la carga de la prueba en el proceso, cita: Corte Constitucional, sentencia del 31 de julio de 2013, C-512/13, M. P. Mauricio González Cuervo. Sobre el análisis del juez de repetición que no debe estar necesariamente atado a las consideraciones del juez de reparación directa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, rad. 29222, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 2019, rad. 43056, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / REPETICIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿El extremo demandante tiene la carga de demostrar fehacientemente el dolo o la gravedad de la culpa del servidor contra quien pretende repetir?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a administración tiene la carga de probar la conducta irregular (dolosa o culposa) del agente o exagente que ocasionó la condena —y este tiene la oportunidad de demostrar en el juicio de la acción de repetición que su actuación no fue con dolo o con culpa grave—, sin que para ello sea suficiente con aportar las sentencias correspondientes al proceso primigenio —en el que se profirió la condena en su contra— […]. […] Bajo este escenario, lo que puede resultar suficiente para condenar al Estado vía reparación directa no lo es para repetir contra el servidor público, porque la materialización de un daño antijurídico imputable al Estado, como ente abstracto, no implica per sé la configuración de dolo o culpa grave en cabeza del agente o exagente estatal, como sujeto individualizado. Por esa razón, el extremo demandante tiene la carga de demostrar fehacientemente el dolo o la gravedad de la culpa del servidor contra quien pretende repetir.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de la prueba que se impone a la administración de probar la conducta dolosa o culposa del agente que le ocasionó la condena, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, rad. 24844, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre el valor probatorio de las sentencias, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2021, rad. 46393, C. P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de junio de 2021, rad. 42103, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
COSTAS PROCESALES / GASTOS DEL PROCESO / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿En consideración a que prosperó el recurso propuesto por el apelante, es procedente fijar las agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del CGP, las costas están compuestas por expensas, gastos procesales y agencias en derecho […]. […] [C]onforme a las reglas de procedencia de la condena en costas [...], y en consideración a que prosperó el recurso propuesto por el apelante, la Sala fijará las agencias en derecho en el equivalente al 0.5% de las pretensiones de la demanda, ya que se trata de un proceso en el cual existen pretensiones de tipo pecuniario, de conformidad con las tarifas establecidas en el artículo 3.1.3. del acuerdo 1887 de 2003.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3.1.3., LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 362, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 363, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4