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¿Se varió la causa petendi consignada en el libelo introductorio con lo que se vulnera la regla de la congruencia? Sí
El juez no puede fallar sobre fundamentos distintos a los que la parte expuso en la demanda, pues la sentencia debe ser congruente con la causa petendi y con las pretensiones, según el artículo 281 del Código General del Proceso, y que los nuevos argumentos planteados en la apelación no se estudian si alteran esa causa. Una razón es que los reparos sobre violación del derecho a la igualdad y sobre las reglas de terminación de los contratos mineros no controvierten los fundamentos del fallo de primera instancia, que consideró vigente la zona de utilidad pública y la exigencia de autorización previa de la gestora del proyecto. Otra razón es que esos reproches cambian el fundamento de la demanda, lo que vulneraría la regla de congruencia. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto de adjudicación. Su consecuencia práctica es que la parte no puede sustituir en la apelación el fundamento de la demanda, pues el juez de segunda instancia no lo decide.síntesis automática
También resuelve:¿A la parte actora o al juez les es dable variar el fundamento de la pretensión formulada en la demanda mediante la introducción de nuevas consideraciones?¿En la demanda se afirmó que la decisión adoptada por la administración en los actos cuestionados fue la modificación del contrato minero?¿El juez puede abordar materias que se señalan en la apelación que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-09-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 68001233100020070027301ACCION CONTRACTUAL
¿Se configura la causal de impedimento invocada, dado el conocimiento previo que, de manera personal, tiene el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas de la situación fáctica que dio lugar a esta controversia? Sí
El magistrado puede declararse impedido si previamente prestó servicios como abogado para una de las partes en relación con el objeto del litigio, conforme al artículo 150 numeral 12 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por integración normativa al Código Contencioso Administrativo. En este caso, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas asesoró a la entidad demandada en la legalidad del contrato de concesión en cuestión, lo que afecta su imparcialidad en el proceso actual. La regla reitera que el conocimiento previo y personal del magistrado sobre la situación fáctica del litigio configura una causal de impedimento, lo que implica que debe abstenerse de conocer el caso para garantizar la independencia e imparcialidad del juez administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código Contencioso Administrativo, así como las previstas en el Código de Procedimiento Civil?¿En los eventos en los que un magistrado concurra alguna de las causales de impedimento, deberá manifestarlo en escrito dirigido al ponente o al magistrado que le siga en turno para que lo decida de…¿Para que el juez pueda apartarse del conocimiento del proceso y, en esa medida, abstenerse de cumplir los deberes que la ley le asigna…
¿Puede una entidad pública rehusarse a pagar las comisiones pactadas por éxito en un contrato, cuando dichas comisiones no estaban condicionadas a la validez del laudo arbitral y este fue posteriormente anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo? No
Las comisiones de éxito pactadas en un contrato de prestación de servicios no quedan condicionadas a la validez del laudo arbitral cuando el pacto no lo establece, de modo que la entidad pública no puede negarse a pagarlas porque el laudo haya sido anulado después por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Según el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil vigente para la época, el laudo adquiere firmeza y ejecutoria tres días después de notificada en audiencia la providencia que resuelve las solicitudes de adición, aclaración y complementación. Por otra parte, la caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde la ejecutoria del acto que declara la liquidación unilateral del contrato, y la solicitud de conciliación y la demanda deben radicarse dentro de los dos años siguientes a esa ejecutoria. En el caso concreto, el municipio liquidó unilateralmente el contrato y la conciliación y la demanda se radicaron después de los dos años, por lo que se configuró la caducidad. Como consecuencia práctica, el contratista que pretenda cobrar las comisiones debe agotar la conciliación y presentar la demanda dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto de liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando tanto la solicitud de conciliación extrajudicial como la demanda judicial fueron radicadas después de transcurridos más…¿Constituye la ineptitud sustantiva de la demanda una causal procedente para rechazar el estudio de fondo de las pretensiones en el medio de control?¿Está habilitada una parte contratante para reclamar judicialmente el pago de valores que fueron excluidos en la liquidación unilateral de un contrato estatal…
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020240004500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La ausencia de motivación afectó la totalidad de las resoluciones adoptadas en el laudo? Sí
El contratista puede anular un laudo arbitral cuando la decisión carece de fundamentación jurídica y los árbitros resuelven la controversia invocando principios generales del derecho sin relacionarlos con el caso concreto ni con la normativa contractual. En este caso, los árbitros declararon que el contrato era exigible y que el municipio había violado principios de buena fe y confianza legítima, pero no explicaron cómo estas violaciones afectaban la vigencia del contrato ni cómo se relacionaban con las disposiciones legales aplicables. Además, los árbitros no revocaron una medida cautelar que suspendía el procedimiento administrativo, a pesar de que la convocante había solicitado su suspensión. La Sala anuló el laudo por falta de motivación, ordenando que los árbitros reembolsen la segunda mitad de los honorarios recibidos, en conformidad con el artículo 48 del Estatuto Arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo carece de fundamentación jurídica, razón por la cual se declarará la nulidad de la decisión arbitral?¿El laudo permite ver que carece de motivación jurídica y por ende incurre en la causal de fallo en conciencia?¿Los árbitros invadieron la órbita de la Administración Pública, se pronunciaron y adoptaron disposiciones sobre un procedimiento administrativo en curso?
¿Se pudo establecer que el demandado actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Instituto Financiero de Boyacá para realizar la reestructuración de la planta de personal contaba con la aprobación del gobernador? Sí
En el presente caso los demandados no actuaron con dolo y/o culpa grave, pues se pudo establecer que [el demandado] actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Infiboy para realizar la reestructuración de la planta de personal, contaba con el visto bueno y la aprobación del gobernador para hacerlo. Como [sus subalternos] no suscribieron los actos administrativos que fueron parcialmente anulados, tampoco están llamados a responder a título de dolo o culpa grave. Por lo anterior, en la parte resolutiva se confirmará la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que los demandados actuaron con dolo y/o culpa grave en los hechos bajo examen?¿La anulación de los actos administrativos por falta de cumplimiento de requisitos legales, lleva consigo la conclusión de que se obró con dolo o culpa grave?¿El hecho de que la junta directiva del Infiboy delegara al gerente para determinar la planta de personal, llevaba consigo la aquiescencia del gobernador del departamento?
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer del medio de control de repetición contra exrepresentante de una entidad del orden nacional? Sí
La competencia en única instancia para conocer de la acción de repetición que se ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional corresponde al Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, con prescindencia del monto de la pretensión. Una razón es que la calidad del sujeto pasivo, que es el exrepresentante de una entidad nacional, define la competencia en única instancia y no la cuantía. Otra razón es que en el caso los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron durante la vigencia de la Ley 678 de 2001, por lo que el régimen de presunciones de dolo del artículo 5 de esa ley resulta aplicable, y la parte actora lo invocó de manera expresa. En el asunto, la condena se había conciliado y el pago se hizo dentro del término pactado en la conciliación, de modo que la demanda fue oportuna. La providencia negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la competencia única del Consejo de Estado depende de la calidad del demandado como representante legal de una entidad nacional, y que el régimen de presunciones se aplica según la fecha de los hechos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro del término establecido en la conciliación para realizar el pago de la condena?¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, puesto que los hechos que produjeron la condena ocurrieron en vigencia de dicha norma?¿Está configurado el dolo de ex Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por la expedición de un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo?
¿Los perjuicios por inversiones realizadas y utilidad dejada de percibir fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral, por lo que no podían revivirse vía liquidación del contrato? Sí
Las sumas que la entidad incluye en la liquidación unilateral del contrato a cargo del contratista, correspondientes a una multa impuesta por una autoridad ambiental, no constituyen el ejercicio de una facultad de imposición de multas contractuales, y que los perjuicios por inversiones y utilidad dejada de percibir que fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral no pueden revivirse mediante la liquidación del contrato. Una razón es que la multa había sido impuesta por la autoridad ambiental al contratista por incumplir normas ambientales en la construcción de un horno incinerador, y la entidad solo la incluyó en el cruce definitivo de cuentas. Otra razón es que las partes acordaron en el acta de terminación bilateral esos reclamos de desequilibrio, inversiones y utilidad, y además no se acreditaron en el proceso. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas. Su consecuencia práctica es que los conceptos transados en el acta de terminación no pueden reabrirse en la liquidación, y que la sanción de una autoridad ambiental no equivale a una multa contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La multa a la que se refiere la liquidación unilateral fue impuesta a la Concesionaria por el incumplimiento de normas ambientales?¿Se probó que existieran vicios en el consentimiento en la suscripción del acta bilateral de terminación del Contrato?¿Las estipulaciones del contrato fueron pactadas por las partes frente a los efectos que tendría la terminación bilateral del contrato?
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis?¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal?¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
¿La resolución antes de ser firmada por el demandado fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad demandante? Sí
El contratista debe considerar que la resolución antes de ser firmada por el funcionario responsable fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad estatal, lo cual implica que la expedición del acto administrativo contó con la asesoría de quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional necesaria para llevar a cabo la actuación administrativa. En el caso concreto, se evidenció que la resolución anulada fue revisada y aprobada por la oficina de contratación y la secretaría general de la entidad demandante, lo que significa que el funcionario no actuó de manera descuidada ni negligente, sino que se valió de asesoría técnica y jurídica para tomar la decisión. Además, se demostró que la entidad actuó de acuerdo con la jurisprudencia vigente en el momento de la expedición del acto, lo que desestima la presunción de culpa grave y la aplicación del medio de control de repetición. Esto implica que la entidad estatal puede continuar con la expedición de actos administrativos basándose en la asesoría técnica y jurídica adecuada, siempre y cuando se cumplan con los trámites internos y se tenga en cuenta la jurisprudencia vigente.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado exdirector fue asesorado por quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional para llevar a cabo la actuación administrativa?¿Se acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado vigente para ese momento en relación con las declaratorias de insubsistencia de los nombramientos provistos en provisionalidad?¿El criterio según el cual debían motivarse los actos administrativos que desvinculaban del servicio público a los funcionarios provisionales…
¿El acto administrativo fue expedido contando con estudios técnicos que lo soportaran? Sí
Cuando el acto administrativo de reestructuración de la planta de personal se expide con estudios técnicos que lo soportan, no existe falta de diligencia del agente que configure culpa grave y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, el acto se expidió contando con los estudios técnicos, elaborados en virtud de un convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Segunda, el proyecto final fue sometido a discusión de los comités designados y no sufrió modificaciones adicionales por parte del exalcalde demandado. Tercera, la finalidad de la reestructuración fue optimizar el recurso financiero y humano para cumplir las funciones que demandaba el municipio. Además, la presunción invocada no guarda coherencia con lo decidido en la sentencia de nulidad y restablecimiento, por lo que no puede tenerse por acreditada. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. Además, la parte actora circunscribió su imputación a otra causal y no a la falta de competencia por error inexcusable, por lo que esa vía no se analiza. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La presunción invocada guarda coherencia con lo expuesto en la sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Quien alegue a su favor una presunción deberá probar plenamente los hechos que le dan su origen?¿El agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de la demanda de repetición iniciada contra los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, dentro de los que se encuentra su representante legal? Sí
La competencia para conocer en única instancia de la demanda de repetición contra los miembros de un órgano colegiado de una entidad del orden nacional cuando entre ellos figura su representante legal, para asegurar unidad de criterio frente a una misma conducta, corresponde al Consejo de Estado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, en su redacción original, atribuye a esta corporación las demandas contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional. Segunda, el artículo 14 de la Ley 182 de 1995 precisa que la representación legal corresponde al director de la junta directiva, de modo que el director responde en esa calidad. Tercera, el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 dispone que, si la acción se dirige contra varios funcionarios, es competente el juez del de mayor jerarquía. La providencia precisa que, aunque no todos los demandados eran representantes legales, la competencia recae en la corporación. La consecuencia práctica es que la demanda contra los miembros de un órgano colegiado que actuó con una misma conducta se tramita en única instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición, derivado de la condena patrimonial impuesta contra la Comisión Nacional de Televisión mediante laudo arbitral…¿La Autoridad Nacional de Televisión se encuentra legitimada en la causa por activa por ser la persona jurídica de derecho público que asumió las funciones como autoridad de la Comisión Nacional de…¿Los demandados en repetición se encuentran legitimados en la causa por pasiva al ser miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-08-11Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020190062901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La finalidad de la potestad de aclarar o adicionar la sentencia es que el juzgador se pronuncie sobre aspectos que dejaron de considerarse y decidirse, pero no reabrir el debate o reformar las decisiones tomadas en la providencia? Sí
El contratista no puede reabrir el debate o reformar las decisiones tomadas en la sentencia mediante una solicitud de aclaración, ya que la finalidad de esta potestad es que el juez se pronuncie sobre aspectos que dejaron de considerarse y decidirse, no sobre cuestiones ya resueltas. La entidad estatal no está obligada a discutir la legalidad del acto administrativo de adjudicación si este no es el objeto del litigio, y la Sala no está compelida a pronunciarse sobre aspectos que no fueron disputados. Además, el perfeccionamiento del contrato estatal es un concepto jurídico general sometido al régimen jurídico que impone solemnidades, y no requiere aclaración si no genera dudas en su concepción. La Sala niega la solicitud de aclaración, reiterando que la sentencia es inmutable y no admite modificaciones que no se ajusten a los casos excepcionales previstos en la ley, lo que implica que las partes deben respetar la decisión judicial sin intentar reformarla.síntesis automática
También resuelve:¿La discusión sobre la legalidad del acto administrativo con el que se adjudicó la licitación pública no era necesaria para dirimir el objeto de la litis?¿El perfeccionamiento del contrato estatal comporta un concepto jurídico general y se encuentra sometido al régimen jurídico que gobierna las actuaciones del sujeto contratante en punto de las…¿La intención del memorialista es reprochar la decisión de esta colegiatura de mantener el término de 10 meses para la producción de los efectos de la nulidad calificándola de indeterminada?
¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición pende la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: la obligación resarcitoria a cargo del Estado; la condición de servidor o exservidor público de la persona contra la que se repite; el pago efectivo de la obligación reparatoria; y la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público? Sí
La prosperidad de la acción de repetición exige la concurrencia de cuatro presupuestos: la obligación resarcitoria a cargo del Estado, la condición de servidor o exservidor público del demandado, el pago efectivo de la obligación reparatoria y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los tres primeros elementos son de carácter objetivo, y el último es de carácter subjetivo, por lo que cada uno debe acreditarse en el proceso. Segunda, la competencia para conocer en única instancia de repeticiones contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional se determina por el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, y el juez verifica los presupuestos que correspondan a la controversia. Tercera, la falta de cualquiera de los presupuestos impide la condena, de modo que la acción no prospera cuando no se demuestra la conducta subjetiva. La providencia reitera la jurisprudencia sobre esos presupuestos. La consecuencia práctica es que, en repetición, el juez debe verificar todos los presupuestos antes de condenar al agente, y su ausencia conduce a negar las pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de las demandas de repetición que promuevan las entidades públicas contra los representantes legales de los¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo…¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito?¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio?¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve:¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero?¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad?¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, sobre asuntos derivados de contratos de concesión mineros? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los asuntos derivados de contratos de concesión minera cuando el acto proferido en su ejecución emana de una agencia estatal de naturaleza especial, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se apoya en que esa agencia tiene carácter público y en que el artículo 293 de la Ley 685 de 2001 asigna el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos a la jurisdicción. Con base en ello, el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación contra la sentencia del tribunal, conforme al artículo 150 del CPACA. En el caso, la resolución de la agencia minera se dictó en la ejecución de un contrato de concesión, y la sentencia de primera instancia se confirma. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las resoluciones de la agencia minera dictadas en la ejecución de un contrato de concesión son controlables ante la jurisdicción contencioso administrativa, y su apelación corresponde a esta Corporación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la anulación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la notificación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión…¿La Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, adolece de una falta de competencia temporal, por el hecho de que, en su criterio…
¿Frente a la declaratoria de desierto del recurso de apelación, procede automáticamente el grado jurisdiccional de la consulta? Sí
El contratista puede recurrir al grado jurisdiccional de consulta ante la declaratoria de desierto del recurso de apelación, procediendo automáticamente este grado cuando la entidad no sustenta adecuadamente su apelación, conforme al artículo 184 del Código Contencioso Administrativo vigente en 1998. La entidad estatal tiene potestades excepcionales como interpretar, modificar y terminar unilateralmente el contrato, así como declarar su caducidad ante el incumplimiento del contratista, siempre que esta facultad se ejerza durante el plazo de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación. Además, el incumplimiento del plazo de ejecución del contrato implica que el contratista entra en mora y puede ser demandado por el incumplimiento contractual, permitiendo la aplicación de las normas del derecho común como fundamento de la responsabilidad estatal ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son las potestades excepcionales o cláusulas exorbitantes de la Administración en materia contractual?¿Cuál es la etapa pertinente para declarar la caducidad del contrato, bien dentro de su ejecución o bien dentro de su liquidación?¿Cuál es el término de ejecución del contrato y cuáles son sus implicaciones al incumplirse?
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas? Sí
El medio de control de repetición procede contra el servidor, exservidor o particular que cumple una función pública cuando, con conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a un reconocimiento indemnizatorio del Estado proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, y que el Consejo de Estado conoce de su apelación cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 142 del CPACA y 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben el debate a la jurisdicción contencioso administrativa, con la finalidad de obtener el reembolso. Segunda, el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 del CPACA atribuyen a la sala la segunda instancia cuando la cuantía supera el umbral legal. Tercera, la acción tiene naturaleza patrimonial y se fundamenta en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia revoca la decisión de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la apelación de sentencias de repetición que superan el umbral legal corresponde al Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición resulta procedente para ejercerse en contra del servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar…¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo…¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?