Titulación de la relatoría 66.868 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / MUERTE DE CIVIL / ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA / DELITO DE LESA HUMANIDAD / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (...) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia y precisó que, salvo para el caso de desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción. Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política". En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la muerte (...) tuvo lugar el 29 de noviembre de 2006, según consta en la copia auténtica de su registro civil de defunción; y ii) que la demanda se presentó el 22 de marzo de 2007, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la oportunidad para pronunciarse sobre la caducidad, consultar providencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093, C.P. Hernán Andrade Rincón. Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 22867, C.P. Danilo Rojas Betancourth; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa con ocasión de los delitos de lesa humanidad, consultar providencia de 29 de enero de 2020, Exp. 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136
CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de daño antijurídico, consultar providencias de 11 de noviembre de 1999, Exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 27 de enero de 2000, Exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Referente a la imputación del daño antijurídico, consultar providencia de 18 de mayo de 2017, Exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCEPTO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / NORMATIVA DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / PERSONA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS IMPUTABLE A LA FUERZA PÚBLICA / DERECHO A LA VIDA / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / INDICIO / APRECIACIÓN DEL INDICIO / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / INFERENCIA LÓGICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por la fuerza pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto legítimo de defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado, por lo que, frente a la verificación de las circunstancias propias de cada caso, ante el relato opuesto de las víctimas y la versión oficial de los agentes del Estado, el papel del juez consiste en establecer la mayor cercanía a la verdad material a partir de los postulados de la sana crítica, de la autonomía judicial y de la probabilidad e inferencia lógicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
De vieja data la Sección Tercera de la Corporación ha reprochado las conductas desplegadas por la fuerza pública, de policía o militar, que puedan significar actos de ejecución extrajudicial de personas en condición de indefensión, ajenas al conflicto armado o de aquellas que hayan depuesto las armas y que por ende ya no participan en la confrontación con el Estado. En este sentir, se ha reiterado que los derechos a la vida y a la integridad física de las personas, además de encontrase expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de los que Colombia hace parte y conforman el bloque de constitucionalidad, pero que exigen del Estado la obligación de fomentar y adoptar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar que se presenten ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Ahora bien, dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por la fuerza pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto legítimo de defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado. El montaje puede entrañar, entre muchas posibilidades, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los subversivos y con el enfrentamiento; o calzarlas con botas de combate, entre otras. Asimismo, es de común ocurrencia en esta clase de eventos que las víctimas sean presentadas por los militares y anunciadas a los medios de comunicación como insurgentes o delincuentes abatidos en combate, a menudo reportados como NN´s, sepultados en fosas comunes sin previa identificación, pese a los medios existentes para obtener su individualización. Entonces, este tipo de situaciones se caracterizan porque en torno a ellas se realiza una verdadera mise en scene encaminada a aparentar que la muerte de una persona ajena al conflicto armado se produjo porque esta representaba una amenaza contra la sociedad o contra la vida e integridad de la población o de los integrantes de las fuerzas del orden, cuando en realidad su deceso ocurrió por actuaciones de agentes públicos que configuran una falla en el servicio por resultar arbitrarias, injustificadas o desproporcionadas y contrarias al mandato constitucional de protección de la vida, la seguridad e integridad de las personas. En estos eventos, prevalidas de su control sobre la escena donde ocurrieron los hechos, las autoridades alteran las pruebas, las suprimen, crean o implantan unas nuevas para enmascarar la verdad de lo sucedido y figurar que la víctima era un actor armado ilegítimo que estaba atentando contra la población o contra los agentes públicos, o que representaba una amenaza grave contra la vida e integridad de estos. Así, entre las múltiples maneras de alterar la verdad, la víctima es presentada, muchas veces, con armas o con uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas, aparentando que su muerte ocurrió en combate. Por ello, comoquiera que por un lado los autores y partícipes de los hechos buscan esconder la verdad ofreciendo una apariencia diferente a la realidad y las víctimas no siempre tienen a su alcance todos los medios necesarios o las garantías para establecer y dar a conocer lo verdaderamente ocurrido, en este escenario la prueba indirecta cobra especial relevancia y en consecuencia las cargas probatorias resultan aligeradas para las víctimas, de manera que quienes por su condición no gozan de todas las garantías puedan lograr una justicia efectiva. Entonces, estos eventos encuentran su mayor acreditación en la prueba de carácter indiciario que, en su labor valorativa y mediante la inferencia lógica, construye el juez partiendo de la existencia de unos hechos debidamente conocidos y acreditados mediante prueba directa para, por medio de la aplicación de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, establecer aquellos supuestos fácticos que no están directamente demostrados y son desconocidos en el plenario. (...) En el mismo sentido, esta Subsección ha señalado que, en virtud de los principios de la sana crítica y la autonomía del juez en la valoración probatoria, los medios de prueba que ofrezcan una mayor probabilidad lógica con respecto a la ocurrencia de los hechos objeto de discusión, deben prevalecer en cada caso concreto (...).
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a la vida de las personas, consultar providencias de 8 de julio de 2009, Exp. 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 23 de agosto de 2010, Exp. 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Referente a la responsabilidad patrimonial del Estado por ejecuciones extrajudiciales, consultar sentencia de 22 de agosto de 2022, Exp. 60452, C.P. Nicolás Yepes Corrales y sentencia de 31 de mayo de 2016, Exp. 38757, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Acerca de la valoración probatoria de las pruebas por el juez, consultar providencias de 30 de enero de 1998, Exp. 8661, C.P. Delio Gómez Leyva; de 10 de marzo de 2005, Exp. 27946, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 7 de abril de 2011, Exp. 20333, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 26 de julio de 2012, Exp. 23265, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 93, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 248, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 249, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 1966 - ARTÍCULO 2, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 1966 - ARTÍCULO 6
ARMAS DE FUEGO / USO DE ARMAS DE FUEGO / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD / USO DE LA FUERZA PÚBLICA / PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA / PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Problema jurídico:
¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad, moderación y razonabilidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]ebe señalarse que el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de policía y militares únicamente puede tener lugar en los casos en que ello sea estrictamente necesario y mediando los principios de proporcionalidad, moderación y razonabilidad, teniendo en cuenta que sobre los agentes del Estado recae la obligación de mitigar los daños y evitar lesiones innecesarias que se puedan causar, garantizando la asistencia inmediata y servicio médico a las personas que resulten heridas o afectadas, así como les corresponde procurar que los familiares o allegados de éstas tengan conocimiento de lo sucedido en el plazo más breve posible. (...) A la sazón, se advierte que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, en cuyo efecto se hallan establecidos los mencionados principios de necesidad, proporcionalidad, moderación y razonabilidad, cuyo contenido limita la actuación oficial. Así, el criterio de necesidad implica que el uso de la fuerza y de armas de fuego únicamente resulta legítimo cuando se dirige a cumplir un fin superior y no exista una forma menos lesiva para proteger los bienes jurídicos tutelados. De modo que el principio de necesidad es la pauta fundamental en el ejercicio y uso de la fuerza y de las armas de fuego, que solo se legitima cuando su empleo resulta inevitable o cuando otros medios resultan ineficaces o no garantizan el objetivo previsto de donde la respuesta a la afectación debe resultar proporcional a esta. En idéntico sentido, la necesidad del uso de la fuerza y de las armas de fuego fundamenta y justifica su ejercicio en la proporcionalidad, pues será proporcional la actuación orientada a alcanzar un bien mayor o razonablemente equivalente a la magnitud de los intereses sacrificados, de manera que se ajuste a la dimensión o gravedad de la situación, en contraposición al interés legítimo perseguido. De igual modo, en atención al principio de proporcionalidad se exige que el uso de la fuerza y de armas de fuego debe atender criterios de moderación, de manera que en su despliegue se evite llegar a un punto extremo, lo cual implica la búsqueda del equilibrio entre la actuación de los agentes y el fin perseguido. Entonces, cuando con el uso de la fuerza o de las armas de fuego se desborda el principio de moderación y su ejercicio excede o no está debidamente equilibrado respecto del objetivo trazado, la actuación oficial pierde justificación, tornándose ilegitima. Ahora, de manera análoga se espera que el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los agentes del Estado se despliegue bajo el concepto de razonabilidad, que implica que solo se puede aplicar la fuerza o utilizar armas de fuego cuando se satisface y se concreta el principio de proporcionalidad, de modo que se establezca como razonable la justificación ofrecida para legitimar la reacción armada. En estos eventos, se trata de establecer sí en cada caso en particular el uso de las armas de fuego y de la fuerza se ajustó, o no, a los parámetros legales y constitucionales, para establecer si la reacción de la fuerza pública, en aras de garantizar los mandados para los cuales cual fue instituida, fue adecuada respecto de la agresión que pretendía conjurar.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al uso de armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas militares, consultar providencia de 30 de enero de 2013, Exp. 24587, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y de la Corte Constitucional, C-022 de 23 de enero de 1996.
AUTONOMÍA DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / CRITERIO DEL JUEZ / DECISIÓN DEL JUEZ / DIFERENCIA ENTRE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y PROCESO PENAL / DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDAD PENAL / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FALLO DISCIPLINARIO / VALOR PROBATORIO DEL FALLO DISCIPLINARIO / SENTENCIA PENAL / RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Los pronunciamientos de la Sección Tercera de esta Corporación en torno a los resultados de las investigaciones penales o disciplinarias surtidas por otras autoridades frente a la actuación de los agentes estatales involucrados en la producción de un daño antijurídico, deben llegar a las mismas conclusiones de la justicia ordinaria?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]onviene precisar que los pronunciamientos de la Sección Tercera de esta Corporación en torno a los resultados de las investigaciones penales o disciplinarias surtidas por otras autoridades frente a la actuación de los agentes estatales involucrados en la producción de un daño antijurídico, no implican en modo alguno, que el proceso contencioso deba llegar a las mismas conclusiones de la justicia ordinaria. (...) Así las cosas, es claro que, tratándose de procesos distintos en cuanto a la naturaleza y fines, al objeto, a la causa, a las partes y a los principios y normas que los rigen, así como al tipo de responsabilidad que se debate, nada impide que se presenten decisiones distintas en el ámbito penal y en el de la responsabilidad administrativa. De tal manera, la decisión frente a la responsabilidad del Estado no está atada a lo resuelto por la justicia penal o disciplinaria, cuyas providencias solo constituyen parte del cúmulo probatorio con fundamento en el cual habrá de decidirse.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la autonomía del juez de lo contencioso administrativo, consultar providencias de 13 de agosto de 2008, Exp. 16533, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de octubre de 2012, Exp. 19062, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 31 de mayo de 2016, Exp. 38757, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / CONCEPTO DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / ELEMENTOS DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / EFECTOS DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿En todos los casos es posible que el Estado se exonere de responsabilidad si se acredita que el daño es imputable al hecho exclusivo de la propia víctima, el cual debe ser determinante en la producción del resultado o daño para que tenga efectos liberadores?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere si se acredita que el daño es imputable al hecho determinante y exclusivo de la propia víctima. (...) [C]uando se alega el hecho o la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, no cualquier actuación de esta puede generar un verdadero rompimiento de la imputación, pues deben cumplirse los requisitos de irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad en los términos anteriormente expuestos para que el Estado resulte exonerado de responsabilidad. Corolario de lo anterior, el hecho o la culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad y desde el punto de vista jurídico, impide realizar la imputación del daño a la Administración. En conclusión, para que el hecho o culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad tenga plenos efectos liberatorios, resulta determinante que la conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir, que el comportamiento de éste se erija como causa adecuada, decisiva y determinante en la producción o resultado del hecho lesivo o que haya contribuido a su propia afectación debiendo o pudiendo evitarla.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el hecho de la víctima como causal eximente de la responsabilidad, consultar providencias de 9 de junio de 2010, Exp. 17605, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 28 de abril de 2010, Exp. 18562, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 24 de marzo de 2011, Exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 22 de noviembre de 2017, Exp. 39848, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 1 de abril de 2019, Exp. 42671, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / PROCESO DISCIPLINARIO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA DOCUMENTAL / PRUEBA TESTIMONIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Deben valorarse por el juez las pruebas documentales y testimoniales trasladadas de las actuaciones disciplinarias y penales allegadas al plenario, dado que fueron debidamente solicitadas y decretadas en el expediente y de ellas se le corrió traslado a la entidad demandada, de manera que ambas partes procesales conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales y testimoniales trasladadas de las actuaciones disciplinarias y penales allegadas al plenario, dado que fueron debidamente solicitadas y decretadas en el expediente y de ellas se le corrió traslado a la entidad demandada, de manera que ambas partes procesales conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas. Adicionalmente, es de advertir que las probanzas fueron practicadas con audiencia de la entidad demandada, como lo exige el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la valoración probatoria de la prueba trasladada, consultar providencia de 11 de abril de 2012, Exp. 22667, C.P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229
MEDIOS DE PRUEBA / PAGINA WEB DE LA RAMA JUDICIAL / PÁGINA WEB DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA RAMA JUDICIAL / PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PÁGINA WEB / JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ / PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / MENSAJE DE DATOS / VALOR PROBATORIO DEL MENSAJE DE DATOS / SENTENCIA PENAL / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Cuenta con valor probatorio la información contenida en los sitios oficiales de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz, pese a que las diligencias penales fueron trasladas a este contencioso administrativo cuando los procesos aún se encontraban inconclusos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e advierte el valor demostrativo que la Sala le ha reconocido a la información publicada en los sitios oficiales de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP. En tal sentido, toda vez que las diligencias penales fueron trasladas a este contencioso administrativo cuando los procesos aún se encontraban inconclusos, la Sala le otorgará valor probatorio a la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2017 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que puso fin al proceso penal que versa sobre el homicidio (...). Ahora bien, pese a que las conclusiones a las que se arriba en la sentencia penal no son vinculantes para esta Corporación, dado que cada operador judicial debe efectuar un análisis propio del caso, de cara a las pruebas que reposan en el expediente, ello no es óbice para que se les dé valor a estos documentos públicos y a los hechos objetivos de los que ellos dan cuenta, al amparo de lo dispuesto en los artículos 251 y 252 del C.P.C. Así, estos documentos no son prueba para acreditar los elementos de responsabilidad del Estado, sino que dan fe de una situación objetiva, esto es, la de la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de “no casar la sentencia proferida el 7 de octubre de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio la información contenida en los sitios oficiales de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz, consultar providencias de 12 de mayo de 2008, Exp. 15001-23-31-000-2008-00192-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 5 de diciembre de 2022, Exp. 56466, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Acerca del valor probatorio de las sentencias penales en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, consultar providencias de 16 de diciembre de 2020, Exp. 57904, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 9 de abril de 2021, Exp. 55583, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 23 de septiembre de 2024, Exp. 55728, C.P. Nicolás Yepes Corrales; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de 5 de febrero de 2020, Rad. 55955.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, LEY 527 DE 1999 - ARTÍCULO 2 LITERAL A, LEY 527 DE 1999 - ARTÍCULO 5
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio los documentos allegados al proceso en copia simple?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e les otorgará valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, sin que ello signifique relevar a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar providencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero
MEDIOS DE PRUEBA / INFORME DE LA POLICÍA NACIONAL / OPERACIÓN MILITAR / RESPONSABILIDAD EN LA OPERACIÓN MILITAR / DOCUMENTO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Aunque la autenticidad del informe militar o de policía se halla en la certeza que se tiene de haberse elaborado y suscrito por el funcionario público, su alcance probatorio debe sujetarse al conjunto de los demás medios de prueba, dado que lo que se discute en el caso de autos es, precisamente, la legalidad de actuación desplegada por el Ejército Nacional?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]ebe advertirse la presunción de autenticidad de los informes militares y de policía obrantes en el plenario, según lo dispuesto por la Sección Tercera de esta Corporación, que ha señalado: “el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (artículo 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de P.C.”. Entonces, la autenticidad del informe militar o de policía se halla en la certeza que se tiene de haberse elaborado y suscrito por el funcionario público. No obstante, lo que se discute en el caso de autos es, precisamente, la legalidad de actuación desplegada por el Ejército Nacional, reportada por los informes de militares, de manera que su alcance probatorio se sujetará al conjunto de los demás medios de prueba.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la presunción de autenticidad del documento público, consultar providencia de 1 de agosto de 2010, Exp. 19056, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1971 - ARTÍCULO 252
PRENSA / ARTÍCULOS DE PRENSA / DOCUMENTO PERIODÍSTICO / PUBLICACIÓN EN PRENSA / VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO / PERIÓDICO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La información que aparece en los artículos de prensa únicamente tiene la capacidad de demostrar el registro mediático de unos hechos, sin que, por sí sola, constituya un medio idóneo que acredite la veracidad y autenticidad de su contenido, por lo que su eficacia probatoria descansa en la conexidad que se acredite con otros elementos probatorios que reposen en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s necesario precisar que las impresiones de las noticias de prensa allegadas al plenario se valorarán según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, en acreditación de la publicación de una nota o reportaje de periódico, pero anotando que ella sola no es suficiente para demostrar la veracidad y certidumbre de la información publicada. En otras palabras, la divulgación periodística, por sí sola, no otorga certeza de los hechos en ella contenidos, sino que ellos deben ser analizados en conjunto y concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, para constatar con certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las publicaciones periodísticas, consultar providencia de 29 de mayo de 2012, Exp. 11001-03-15-000-2011-01378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia; de 22 de febrero de 2018. Exp. 00942, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
TESTIMONIO EN ENTREVISTA / POLICÍA JUDICIAL / DILIGENCIA DE LA POLICÍA JUDICIAL / FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL / MIEMBROS DE LA POLICÍA JUDICIAL / MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES / ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES / MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN / FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio las entrevistas efectuadas por agentes de policía judicial y de las fuerzas militares que recogen las versiones de personas determinadas que atestiguan de forma directa o indirecta un hecho sobre el cual se indaga penalmente?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]s menester poner de presente que las entrevistas efectuadas por agentes de policía judicial y de las fuerzas militares recogen las versiones de personas determinadas que atestiguan de forma directa o indirecta un hecho sobre el cual se indaga penalmente, de conformidad con las normas que se consideran infringidas y que constituyen un delito, a fin de obtener información relevante que permita la reconstrucción de la realidad, adelantar las diligencias y proferir las decisiones judiciales correspondientes. Sin embargo, como las exposiciones que las personas rinden ante estos servidores no se realizan bajo la gravedad de juramento, están a merced de eventuales imprecisiones o tergiversaciones, situación que, en principio, impide al juez reconocerle a este tipo de medios una capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo dispuesto en los artículos 227 y 229 del CPC. Así las cosas, la Sala no otorga valor probatorio a las entrevistas recolectadas por los Investigadores de la Policía Judicial y por los miembros de la fuerza militar.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 227, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229
TRASLADO DE PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCESO DISCIPLINARIO / VERSIÓN LIBRE / VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE / DECLARACIÓN REALIZADA EN VERSIÓN LIBRE / INDAGATORIA / DILIGENCIA DE INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA / JURAMENTO / FALTA DE JURAMENTO / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio las declaraciones rendidas en las diligencias de versión libre o indagatorias, que hagan parte de la prueba traslada de un proceso penal y disciplinario, aunque no sean sometidas a la formalidad del juramento?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e hace constar que las diligencias de versión libre e indagatorias rendidas en las actuaciones penales y disciplinarias por los militares objeto de dichas investigaciones no fueron rendidas bajo la gravedad del juramento, situación que impide al juez reconocerle a este tipo de medios una capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo dispuesto en los artículos 227 y 229 del CPC.
FUENTE FORMAL:
DECISIÓN 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 227, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229
DECLARACIÓN DE PARTE / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DE PARTE / INTERROGATORIO DE PARTE / VALOR PROBATORIO DEL INTERROGATORIO DE PARTE / CONFESIÓN / AUSENCIA DE LA CONFESIÓN / INEXISTENCIA DE LA CONFESIÓN / FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio las declaraciones que obran en el proceso, considerando que no fueron rendidas por un tercero ajeno a la controversia, sino por quien integra la parte actora del presente proceso, y que no comportan una confesión que favorezca a la parte demandada o de la que se desprendan consecuencias jurídicas adversas a la demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o se otorgará valor probatorio de testimonio a las declaraciones rendidas por las demandantes, toda vez que este medio de prueba no puede provenir de los sujetos procesales y tampoco reúne los requisitos dispuestos por los artículos 194 y 195 del CPC para la declaración de parte, pues su deposición no comporta una confesión que favorezca a la parte demandada o de la que se desprendan consecuencias jurídicas adversas a la demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de la declaración o interrogatorio de parte, consultar providencia de 13 de agosto de 2020, Exp. 46057, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 194, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 195
DOCUMENTO PRIVADO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO / REQUISITOS DEL DOCUMENTO PRIVADO / AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO / FALTA DE FIRMA DEL DOCUMENTO / DOCUMENTO SIN FIRMA / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO SIN FIRMA / DOCUMENTO DE FECHA CIERTA / INEFICACIA DEL DOCUMENTO / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Cuenta con valor probatorio el documento privado allegado al proceso que carece de fecha y no está suscrito por su autor?
Respuesta al problema jurídico: No
En similar sentido se advierte que al plenario se allegó un documento titulado “Acción urgente. nuevo acto de barbarie y miembros del Ejército contra los campesinos del sur del Tolima” . No obstante, el documento carece de fecha y no está suscrito por su autor. De manera que no reúne los requisitos de los artículos 252 y 280 y en tal sentido no puede otorgársele valor demostrativo alguno.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 280
TESTIMONIO EXTRAPROCESO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO EXTRAPROCESO / RATIFICACIÓN DEL TESTIMONIO / IMPROCEDENCIA DE LA RATIFICACIÓN DEL TESTIMONIO / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio las declaraciones extraproceso rendidas ante notario que no fueron objeto de ratificación?
Respuesta al problema jurídico: No
[No] se reconoce valor demostrativo a las declaraciones extraproceso rendidas ante notario, en razón a que no fueron objeto de ratificación en el presente proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las declaraciones extrajuicio o extraproceso, consultar providencias de 12 de noviembre de 2014, Exp. 27578, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 27 de agosto de 2015, Exp. 48995, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 298
TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / TESTIMONIO DE OÍDAS / TESTIGO DE OÍDAS / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIGO DE OÍDAS / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO DE OÍDAS / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Aunque los testimonios que provienen de personas que tenían un vínculo de cercanía o contractual con las partes resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez, así como aquellos testimonios de oídas, sino que deben ser valorados con especial severidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] juicio de la Sala y en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, se observa lo siguiente: i) Los testimonios proporcionados por los militares que llevaron a cabo la operación “Nórdico” suscitan dudas sobre su imparcialidad, dado su vínculo laboral con la entidad demandada y su relación directa con los hechos que originaron las investigaciones disciplinarias y penales en las que se cuestionó el desempeño de sus funciones; ii) Las declaraciones de los desmovilizados de las FARC también generan sospechas debido a su asociación con el grupo armado insurgente y las contradicciones que serán analizadas más adelante; iii) Los testimonios de (...) [testigos] son considerados sospechosos por su parentesco con las víctimas (...); iv) (...) [testigo] es también considerado sospechoso, dado que era trabajador del (...) padre de (...) [una de las víctimas]; v) En contraste, (...) [testigos] no presentan sospechas, ya que, aunque conocían a las víctimas y sus familiares por ser todos residentes de la vereda Maracaibo, no hay indicios que cuestionen la imparcialidad de sus testimonios, ni que puedan interpretarse como un posible conflicto de intereses; vi) Por último, los testimonios de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, (...) se consideran libres de sospecha, dado que no tienen relación con las demandantes ni con las víctimas, y sus declaraciones se limitan a los hechos observados en el ejercicio de su labor investigativa el día de los acontecimientos. Empero, debe destacarse que los testimonios sospechosos serán valorados conforme lo ha manifestado esta Corporación, es decir, serán examinados de cara a las demás pruebas que reposan en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias del asunto litigioso. En este punto cabe anotar que frente a los testimonios sospechosos y aquellos considerados como de oídas, esta Corporación ha destacado que su valoración deberá efectuarse de manera conjunta con los medios de convicción acopiados en el proceso, pero con especial cuidado para efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de evitar que los hechos resulten distorsionados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los testimonios sospechosos, consultar providencias de 28 de febrero de 2011, Exp. 20262, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Acerca del valor probatorio de los testimonios de oídas, consultar providencia de 7 de octubre de 2009, Exp. 17629, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CAMPESINO PRESENTADO COMO GUERRILLERO / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / FALLA DEL SERVICIO / CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / EXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / ACREDITACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA / USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / MUERTE DE CIVIL / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / OPERACIÓN MILITAR / RESPONSABILIDAD EN LA OPERACIÓN MILITAR / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFLICTO ARMADO / DAÑO CAUSADO A CIVIL DURANTE CONFLICTO ARMADO / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / CONFLICTO ARMADO INTERNO / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
Problema jurídico:
¿La muerte del familiar de los demandantes resulta atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a título de falla del servicio por la ejecución extrajudicial del civil presentado como muerte en combate (falso positivo) en el marco de un operativo militar?
Respuesta al problema jurídico: Si
El 29 de noviembre de 2006, entre las 9:30 y las 10:30 a.m., en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico”, tropas de la Móvil 8 del Ejército Nacional pusieron fin a la vida de (...) [la víctima], cuando este se encontraba recolectando café en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima. Las demandantes consideran que la muerte (...) constituye una falla presunta en la prestación del servicio de las fuerzas militares, porque fue ocasionada con armas de dotación oficial, disparadas en forma imprudente e irresponsable por soldados del Ejército Nacional. (...) Corresponde a la Sala determinar si la muerte (...) es atribuible al hecho o culpa de la víctima, o si, por el contrario, ella resulta imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. (...) [D]e la abundante actividad probatoria que viene de describirse, es posible concretar como un hecho acreditado que el 29 de noviembre de 2006, en la vereda Maracaibo del municipio Rioblanco – Tolima, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” fallecieron, abatidos por armas de largo alcance, los civiles (...) y los soldados (...). Igualmente, se advierte probado que los civiles muertos, (...) no eran combatientes, no portaban armas ni prendas de uso privativo de las fuerzas militares, nunca se dijo que estos hubieran disparado contra la tropa, ni que se les hubiera encontrado material bélico alguno. El informe del subteniente (...) afirmó que en la vereda Maracaibo del municipio Rioblanco, murieron dos soldados profesionales y tres civiles “asesinados por los bandidos”; la solicitud de levantamiento efectuada la Brigada 6ª del Batallón de Infantería de Montaña No. 17 “General José Domingo Caicedo” a la Fiscalía Seccional de Chaparral – Tolima advirtió que se trataba de tres cadáveres de civiles oriundos de la región y un soldado profesional “asesinados por las ONT FARC”, así mismo en el libro de operaciones y en el radiograma del Comandante de la Brigada Móvil No. 8 del Ejército Nacional se dijo que los cadáveres evacuados pertenecían a personal civil, pero en ninguna de estas oportunidades se insinuó que los civiles pertenecieran a grupo insurgente alguno, sino que, por el contrario, se les reseñó como sus víctimas (...). De modo que, aunque las víctimas fueron reportadas como N.N.´s, no se les describió como miembros de la insurgencia (...), lo cual es coherente con los testimonios del personal militar, pues estos, en forma alguna, indicaron que las víctimas hubieran agredido a la tropa militar. Entonces, a pesar de que el recurso de apelación plantea la culpa de la víctima como causa del daño antijuridico alegado en la demanda, sugiriendo que los civiles provocaron el enfrentamiento en el que, entre otros, resultó abatido (...) [la víctima], es importante señalar que este argumento no fue expuesto por la parte demandada en la contestación a la demanda. Además, se insiste en que los informes y declaraciones oficiales sobre los hechos nunca contemplaron esta posibilidad. En cambio, estos documentos enfatizaron que tanto los civiles como los soldados abatidos debían ser considerados víctimas de las fuerzas insurgentes (...). En el mismo sentido, los testimonios de los militares coinciden en que las víctimas no portaban armas y, adicionalmente, el levantamiento del cadáver (...) (N.N. #1) consignó que en el cuerpo sin vida no se encontraron vestigios de pólvora, lo cual corrobora que la víctima no formó parte del cruce de disparos en el que resultó abatido (...). De modo que, los medios de prueba proporcionados por la fuerza militar no identificaron a las víctimas como insurgentes responsables del enfrentamiento, y no existe evidencia alguna que sustente la culpa de la víctima como causa del daño antijurídico alegado en la demanda. Sin embargo, se observa que los elementos de prueba provenientes de las fuerzas militares se centraron en afirmar la presencia de grupos armados al margen de la ley en el lugar de los hechos, afirmando que estos desencadenaron la reacción militar y dieron muerte a las víctimas. Esta posición contrasta con las afirmaciones de las demandantes y de los habitantes de la zona, quienes sostienen que, en el momento de los hechos, no hubo insurgentes presentes y que el enfrentamiento ocurrió entre las propias tropas militares. (...) Así las cosas, fuerza concluir la existencia de una falla en la prestación del servicio militar, derivada de la situación de fuego amigo, en el que resultaron abatidos dos soldados y fallecieron tres civiles cuyos protocolos de necropsia corroboraron que fueron impactados por armas de largo alcance, de carga múltiple, los disparos fueron percutidos a larga distancia, pues las heridas no presentaban tatuaje ni ahumamiento, la trayectoria de los disparos fue antero-posterior, es decir que las víctimas estaban de frente a sus atacantes, quienes se ubicaban en la parte alta del terreno, pues las trayectorias de disparos en el plano horizontal o transverso se dieron en dirección supero-inferior, es decir de arriba hacia abajo. De modo, que el tirador se ubicaba en la parte alta del terreno (...) y las víctimas iban subiendo por el carreteable tal y como lo narran los testigos residentes de la vereda que, además, corroboraron la presencia de una cuadrilla militar disparando desde la zona alta del cafetal. Sin embargo, como si lo anterior no fuera suficiente, a la mencionada falta se suma el esfuerzo absolutamente reprochable del personal castrense, por ocultar la verdad de lo sucedido y desviar el rumbo de las respectivas investigaciones judiciales. (...) Nótese cómo todas estas estratagemas de los militares atentan contra la garantía de acceso adecuado a las escenas del crimen y el respeto por los derechos de las víctimas y sus familias durante el proceso de investigación. Estas acciones obstaculizaron la recolección de pruebas, afectaron los protocolos y procedimientos establecidos, generaron dificultades para establecer la verdad, y fomentaron la desconfianza de la comunidad hacia las instituciones, contribuyendo así a la impunidad. (...) En este estado de cosas es necesario reiterar la inviolabilidad del derecho a la vida de las personas, amparado por el artículo 11 de la Constitución Nacional que expresamente proscribe la pena de muerte, en concordancia con el artículo 93 de la Constitución Política, según el cual los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación, incluso, en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno, ante lo cual se tiene el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho a la vida como inherente a la persona humana, protegido por la ley, bajo la proscripción expresa, según la cual, “nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”, así como el artículo 4.1. de la Convención Americana sobre Derecho Humanos que expresamente prevé el derecho de toda persona “a que se respete su vida” bajo la prohibición según la cual “[n]adie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. A la sazón, se resalta la crucial importancia que tienen las primeras etapas de la investigación penal y el impacto negativo que las omisiones e irregularidades aquí presentadas pueden conllevar ante la necesidad de esclarecer los hechos y determinar si las muertes se dieron efectivamente en el marco de un enfrentamiento o si se trató de una ejecución arbitraria, las cuales contemplan las diligencias tempranas de: i) identificación de la víctima; ii) recuperación y preservación del material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación de los responsables; iii) identificación de posibles testigos y obtención de sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinación de la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como de cualquier patrón o práctica que pueda haberla causado y que permita distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio; v) reproducción y fotografía de la escena de los hechos y de cualquier evidencia física del cuerpo de la víctima como se encontró, antes y después de moverla; vi) recolección y conservación de todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas; vii) examen y protección de la escena del delito y de la evidencia, así como la auscultación de toda huella o elemento probatorio, viii) elaboración de un informe detallando que incluya las observaciones de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada; y ix) la realización de las autopsias y análisis de restos humanos en forma rigurosa, elaborada por profesionales competentes y con el empleo de los procedimientos más apropiados. Al respecto se recuerda que las ejecuciones extrajudiciales incluyen los “falsos positivos” donde la fuerza pública manipula la escena del crimen para hacer parecer los homicidios como actos legítimos de defensa. En el caso de autos, el personal militar disfrazó el hecho como un combate legítimo, para demostrar que las muertes de los dos soldados y los tres civiles que fallecieron el 29 de noviembre de 2006 ocurrieron en el contexto del cumplimiento legítimo de sus funciones. Asimismo, conviene rememorar que los agentes del Estado tienen la responsabilidad de usar la fuerza de manera estrictamente necesaria, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, de modo que el uso de la fuerza y de las armas de fuego debe alinearse con el respeto a los derechos humanos y ser justificado por la necesidad, es decir, solo debe utilizarse cuando no haya alternativas menos lesivas y en respuesta proporcional a la amenaza padecida. Igualmente, la fuerza pública está obligada a informar a sus superiores y a las autoridades competentes, de inmediato, la concreción de los sucesos lesivos para dar lugar al inicio correspondientes investigaciones. No obstante, la entidad demandada incumplió los mencionados deberes, de manera que, contrario a lo afirmado por la alzada, en el plenario se encuentra plenamente acreditado que hubo una acción de las fuerzas militares relacionada directamente con el daño antijurídico causado a las demandantes, la primera, que los soldados de la Brigada Móvil 8 del Ejército Nacional dispararon y pusieron fin a la vida de (...) [la víctima], en la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” y, adicionalmente, que los soldados manipularon y disfrazaron la situación fáctica y la escena del crimen haciéndola aparecer como una muerte producto de un combate armado con las FARC. Corolario de todo lo expuesto, se encuentra acreditada la falla en el servicio como criterio de imputación del daño antijurídico al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, reiterando que no obra prueba alguna en el plenario que acredite el hecho de la víctima como causante del daño alegado por la entidad demandada.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 11, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 93, CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS DE 1969 - ARTÍCULO 4.1, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 1966 - ARTÍCULO 6
PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR MUERTE / PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE HIJO / PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE HERMANO / PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR MUERTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PROCEDENCIA DEL PERJUICIO MORAL / TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / REITERACIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer indemnización de perjuicios morales a favor de los familiares de la víctima fallecida, en atención al grado de relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la misma?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a demanda solicitó condenar a la entidad accionada a pagar, por perjuicio moral, 100 SMLMV para (...) [la madre] y 50 SMLMV para (...) [la hermana de la víctima]. A su turno, se tiene que el Tribunal Administrativo del Tolima reconoció este perjuicio, en la forma y cuantía solicitada por las demandantes. Ahora bien, la sentencia del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera de esta Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima (...). De conformidad con los registros civiles de nacimiento, en el expediente está acreditado que (...) [las demandantes] en su orden, eran la madre y la hermana de la víctima. En tal virtud, respecto a la víctima, las demandantes se ubican en los niveles 1 y 2 de cercanía afectiva y, en consecuencia, corresponde reconocer por concepto de perjuicios morales la suma de 100 SMLMV (...) y 50 SMLMV (...), como en efecto lo reconoció el tribunal de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la indemnización de perjuicios morales en caso de muerte, consultar providencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / CONCEPTO DE LUCRO CESANTE / PRESUPUESTOS DEL LUCRO CESANTE / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El lucro cesante se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, el cual, requiere para su reconocimiento e indemnización que sea cierto y existente?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados. Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste debe ser cierto y existente, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba ayuda económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el lucro cesante, sus presupuestos y naturaleza, consultar providencias de 1 de marzo de 2006, Exp. 17256, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 21 de mayo de 2007. Exp. 15989, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE AYUDA ECONÓMICA SUFRIDA POR MUERTE DE LA VÍCTIMA / MADRE / OBLIGACIÓN ALIMENTARIA / PRESUNCIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA / ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante a favor de los familiares de la víctima, por la totalidad de los emolumentos que hubieran podido recibir como apoyo económico, aunque no se encuentre acreditado el monto de lo percibido por el fallecido antes de su muerte?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a demanda peticionó por perjuicios materiales, a título de lucro cesante, la suma de $57.883.641.03 para (...) [la madre de la víctima]. El Tribunal Administrativo del Tolima condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar por lucro cesante, la suma de $57.883.641.03 (...). En este orden de ideas, de cara al reconocimiento del lucro cesante la prueba documental y testimonial (…) obrante en el plenario es unánime en afirmar que (…) [la víctima] trabajaba como recolector de café y, en efecto, el día y hora de los hechos la víctima se encontraba en desarrollo de su actividad productiva. Lo anterior, pese a que no se tiene establecido el ingreso mensual devengado por la víctima. Asimismo, se tiene acreditado que (…) aportaba al sustento económico de su progenitora, tal y como lo afirman los residentes de la vereda Maracaibo. (…) [Los] testimonios acreditan la actividad productiva de la víctima, de la cual derivaba su propio sustento, así como el de su progenitora, aunque no ofrecen información certera sobre el valor mensual devengado en el desempeño de su labor. En otras palabras, no obra prueba sobre el ingreso base de liquidación devengado por la víctima, en razón a lo cual se debe dar aplicación a la tesis de hogaño sostenida por esta Corporación, presumiendo, con fundamento en el hecho probado de que la víctima se dedicaba a una labor productiva de la cual derivaba el sustento para sí y para su familia, que obtenía de su trabajo una suma equivalente al valor del salario mínimo legal. Asimismo, en punto al ingreso base de liquidación se deben aplicar los criterios expuestos en la sentencia de unificación de 18 de julio de 2019, en los que se esbozó que el incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales procede siempre que: “i) así se pida en la demanda y ii) [que] se pruebe suficientemente que el afectado con la medida trabajaba como empleado al tiempo de la detención, pues las prestaciones sociales son beneficios que operaran con ocasión de una relación laboral subordinada”. Igualmente, también debe aplicarse la jurisprudencia de la Corporación en la que se ha reconocido la presunción según la cual los hijos contribuyen al sostenimiento económico de sus padres hasta que estos alcanzan los 25 años de edad en virtud de la obligación alimentaria contenida en el numeral 3º del artículo 411 del Código Civil, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso. Pues bien, la Sala observa que la liquidación efectuada por el Tribunal Administrativo de Caldas cumple con los mencionados parámetros y fórmulas para liquidar el lucro cesante consolidado y futuro. Por lo anterior y teniendo en cuenta que la liquidación del lucro cesante que se realizó en primera instancia se calculó conforme a la jurisprudencia, el referido valor será actualizado aplicando para tal efecto la fórmula utilizada por esta Corporación (…).
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la liquidación del lucro cesante, consultar providencias de 18 de julio de 2019, Exp. 44572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 11 de noviembre de 2020, Exp. 50349, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 13 de agosto de 2021, Exp. 49571, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Acerca de la presunción según la cual los padres contribuyen al sostenimiento económico de sus hijos hasta que estos alcanzan los 25 años de edad, consultar providencia de 18 de marzo de 2010, Exp. 17047, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 411 NUMERAL 2