Titulación de la relatoría 17.822 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
LEY 678 DE 2001 / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Para definir el régimen aplicable al caso en acción de repetición debe verificarse la fecha del hecho dañoso y la ley vigente en ese momento, que en este caso es la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que si Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. (...). Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados no es otra que la muerte de los señores (...) y (...) ocurrida el 2 de agosto de 2004. En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / HEREDERO / MUERTE DE AGENTE DEL ESTADO / MUERTE DE PERSONA / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO
Problema jurídico:
¿Tienen legitimación en la causa los herederos indeterminados de un servidor público que falleció antes de iniciar la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
La legitimación en la causa, que hace referencia a la necesidad de que entre la persona que convoca o es convocada al proceso y el derecho invocado, exista un vínculo que legitime esa intervención, de suerte que el veredicto que se adopte les resulte vinculante. Así ante su ausencia, no es posible aproximarse al fondo de la contienda, trayendo consigo la desestimación de lo pedido. (...) Precisado lo anterior, debe acotarse que el final de las personas naturales es la muerte, sea real o presunta, momento desde el cual se abre su sucesión en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, los cuales pasan a sus herederos in totum o en la cuota que les corresponda –salvedad de aquellos intuitus personae o personalísimos – sea bajo los parámetros definidos en la ley (ab intestato) o en el testamento (testato). (...) De manera que, cuando una persona fallece serán sus herederos los legitimados por activa o por pasiva para actuar en favor de la herencia o responder por sus cargas (...) Ahora bien, recuerda la Sala que la acción de repetición es una acción civil, de carácter patrimonial, a través de la cual se promueve un juicio de responsabilidad frente a quien, por sus acciones u omisiones, incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa por la que el Estado debió asumir el pago de una condena, en tanto que, con dicha conducta se causó un daño antijurídico a un tercero. Así, con dicha acción se pretende que el juez, previo derecho de audiencia y defensa del sujeto al que se le endilga tal responsabilidad, dicte sentencia en la que declare o niegue la responsabilidad del demandado, con la posibilidad, en el primer caso, de condenarlo al pago del monto que previamente debió asumir el Estado. (...). Con tales rasgos, la acción de repetición no solo es de naturaleza declarativa, cuya finalidad no es otra que la declaración o reconocimiento de un derecho sustancial que esté en discusión, sino que también es personal, lo cual indica que es individual y dirigida específicamente contra el servidor o exservidor que con su conducta dio origen a la condena, por lo que previo a ella, ningún derecho u obligación existe entre las partes, de manera que con la muerte del presunto responsable, tal acción se extingue y desaparece la posibilidad que tiene el Estado de repetir contra aquél. (...). Consecuente con lo anterior y así se reconoce con precisión y claridad, la capacidad para ser parte de un proceso en este medio de control, tiene como supuesto la existencia de la persona, de manera tal que con la muerte cesa la capacidad para promover un proceso o afrontar una reclamación judicial con la que se aspire a una declaración de esa misma naturaleza. (...) Conviene precisar que la norma aplicable al presente caso es el Código General del Proceso en razón a que la demanda se presentó el 28 de enero de 2014. (...) Así pues, el artículo 53 del Código General del Proceso dispone que toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso y que tienen capacidad para comparecer por sí mismos, las personas que pueden disponer de sus derechos. (...). En adición a la regla antes indicada, está aquella según la cual el patrimonio no desaparece con la muerte, por lo que los derechos y obligaciones que lo integran se transmiten a los herederos. Así, estos son representantes de la persona del de cuius, por lo que pasan a ocupar el puesto que en esas obligaciones y derechos tenía el titular fallecido. En tal virtud, se dice, los herederos están legitimados para ejercer los derechos del causante como para responder por las obligaciones insolutas, pero precisando que tales obligaciones son anteriores a la muerte. (...). Así, en el asunto objeto de estudio para la época de su fallecimiento, no existían obligaciones insolutas a cargo del señor (...) de manera que, al tratarse de un litigio de naturaleza personal, no resultaba posible transmitirlo a sus herederos. En efecto, el acervo muestra que la citada persona falleció antes de que se presentara la demanda, esto es, el 18 de mayo de 2011, sin que sea viable proponer la sucesión procesal que opera cuando fallece el litigante, ya que, bueno es decirlo, nunca ostentó tal calidad. (...). En consecuencia, por evidenciarse la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de los herederos indeterminados de (...), se deberán negar las pretensiones de la demanda en lo que los involucra a ellos. (...).
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 53
ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / MUERTE DE CIVIL / MUERTE DE CIVIL EN ENFRENTAMIENTO ARMADO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿Tiene legitimación en la causa por pasiva un oficial del Ejercito que no se encontraba en el lugar de la operación donde murieron dos civiles y cuya participación en los hechos no fue probada?
Respuesta al problema jurídico: No
En el caso objeto de estudio, el Ejército Nacional indicó en su demanda que la conducta generadora de la condena en su contra residió, en parte, en la participación del ST (...) en el operativo en que murieron dos civiles. Sin embargo, del informe de misión y de las declaraciones de los demandados se extrae que el militar (...) se quedó en la parte alta y no disparó en respuesta al ataque perpetrado por los delincuentes que se encontraban en la casa. De tal manera que, es posible concluir con certeza que el mencionado militar no tuvo participación en la muere de los civiles, hecho que condujo a una condena contra el Estado. (...) Con lo dicho, es clara la falta de legitimación en la causa por pasiva del señor (...) porque su participación en la muerte de los civiles no solo no fue probada sino que además del mismo informe de misión se extrae que no se encontraba en el lugar de los hechos. (...) Así, por evidenciarse la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de (...), se deberán negar las pretensiones de la demanda en lo que a él respecta
RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / EFECTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / PARTE RECURRENTE / OBLIGACIONES DE LA PARTE RECURRENTE / ACTUACIÓN DE LA PARTE RECURRENTE / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN
Problema jurídico:
¿La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente impone que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque exista en realidad, a su juicio, una razón por la que piense que lo fallado en primera instancia no corresponde, en derecho, a la decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conviene iniciar recordando que, a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial –en este caso la que contiene una sentencia–, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia (...) resulta claro que la carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la simple manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte inconforme o con la mera reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. No, lo que la ley impone es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque exista en realidad, a su juicio, una razón por la que piense que lo fallado en primera instancia no corresponde, en derecho, a la decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto se pueden consultar las sentencias del 14 de mayo del 2014 (exp. 31.469) y del 31 de enero de 2019, (exp. 52663).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 212, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 350
MUERTE EN COMBATE / MUERTE DE CIVIL / MUERTE DE CIVIL EN ENFRENTAMIENTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / CONFLICTO ARMADO INTERNO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / INEXISTENCIA DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ARMAS DE FUEGO / ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO A CIVIL DURANTE CONFLICTO ARMADO / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE FUEGO
Problema jurídico:
¿Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere previamente que exista certeza de que fueron ellos y no otros los que accionaron las armas que dispararon los proyectiles que le significaron la muerte a las víctimas civiles en un combate, que en reparación directa si fue suficiente para declarar responsabilidad del Estado por daño colateral, certeza que no se tiene en este caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]onviene resaltar que para estudiar la responsabilidad patrimonial de los militares primero se requiere que exista certeza de que fueron ellos y no otros los que accionaron las armas que dispararon los proyectiles que le significaron la muerte a las víctimas, de lo contrario resulta inane el análisis de conducta. (...). Así las cosas, resulta forzoso concluir que, si bien las probanzas resultaron suficientes para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado dentro del proceso de reparación directa, el cual se analizó bajo un régimen de responsabilidad objetiva, por daño colateral, pues se dejó claro que los servidores no tuvieron como propósito matar inocentes, no acontece lo mismo para construir un juicio de imputación en sede de acción de repetición y mucho menos para acreditar la conducta de los militares, la cual, a propósito, ni siquiera se individualizó en el presente caso. (...) Finalmente, la Sala no puede pasar por alto el hecho de que la entidad demandante a pesar de haber adelantado investigación disciplinaria por los hechos en que murieron los señores (...) y de concluir que tales bajas se dieron en medio de un combate donde medió la defensa legítima y que, por esa razón, ni el uso legítimo de las armas ni las muertes en medio de tales hechos eran disciplinables, adicionalmente, que en el curso del proceso contencioso administrativo se hayan hecho todos los esfuerzos probatorios y argumentativos para acreditar que se trató de muertos en combate, ahora, en escenario de repetición, plantee una argumentación diametralmente contraria para asegurar, sin fundamento probatorio que se trató de unos militares que abusaron del uso de la fuerza y cercenaron arbitrariamente la vida de unos civiles. (...) Por fuerza de las razones que se dejaron expuestas, concluye la Sala que la sola participación en el operativo que dio muerte a tales personas no resulta suficiente para acreditar la comisión de dichas conductas de los demandados, de ahí que resulta inocuo analizar si su conducta fue gravemente culposa, pues -bueno es reiterarlo-, para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere previamente que exista certeza de que fueron ellos y no otros los que accionaron las armas que dispararon los proyectiles que le significaron la muerte a las víctimas, razón por la cual la providencia apelada será confirmada, pero por las razones que se han dejado expuestas en esta sentencia.. Así las cosas, el hecho de que en el expediente no haya prueba del material percutido por el arma de cada demandado sumado a la propia manifestación del apelante en el sentido de no tener prueba de que los disparos que dieron de baja a (...) provinieron de las armas de los demandados, corrobora que no existe prueba siquiera indiciaria que permita construir una presunción probatoria de ser autores materiales de las referidas muertes y, es manifestación inequívoca de carecer de tal prueba, sin posibilidad de construir un juicio de imputación o conducta en su contra, mas allá de las conclusiones que se tomaron en los procesos disciplinario, penal y administrativo, además la lógica y la experiencia determinan que las condiciones modales en que acontecieron los hechos, resultaron incontrolables para los militares en combate y tampoco es posible individualizar los autores de tales muertes. (...) Finalmente, la Sala no puede pasar por alto el hecho de que la entidad demandante a pesar de haber adelantado investigación disciplinaria por los hechos en que murieron los señores (...) y de concluir que tales bajas se dieron en medio de un combate donde medió la defensa legítima y que, por esa razón, ni el uso legítimo de las armas ni las muertes en medio de tales hechos eran disciplinables, adicionalmente, que en el curso del proceso contencioso administrativo se hayan hecho todos los esfuerzos probatorios y argumentativos para acreditar que se trató de muertos en combate, ahora, en escenario de repetición, plantee una argumentación diametralmente contraria para asegurar, sin fundamento probatorio que se trató de unos militares que abusaron del uso de la fuerza y cercenaron arbitrariamente la vida de unos civiles. (...) Por fuerza de las razones que se dejaron expuestas, concluye la Sala que la sola participación en el operativo que dio muerte a tales personas no resulta suficiente para acreditar la comisión de dichas conductas de los demandados, de ahí que resulta inocuo analizar si su conducta fue gravemente culposa, pues -bueno es reiterarlo-, para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere previamente que exista certeza de que fueron ellos y no otros los que accionaron las armas que dispararon los proyectiles que le significaron la muerte a las víctimas, razón por la cual la providencia apelada será confirmada, pero por las razones que se han dejado expuestas en esta sentencia.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿No hay lugar a condenar en costas a la parte actora en un proceso de repetición por ser uno de aquellos en los que se ventila un interés público, ya que con éste se busca la protección del patrimonio del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Claramente, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con estese busca la protección del patrimonio del Estado. (...) Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 45.403 caracteres
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 850012333000201400005 01 (59253)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Demandado: William Sierra Gutiérrez y otros
Referencia: Repetición
Asunto: Sentencia
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia bajo la Ley 678
de 2001 / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - la muerte del
presunto responsable imposibilita seguir adelante con la acción de repetición –
reiteración jurisprudencial / FALTA DE IMPUTACIÓN DEL DAÑO A LOS
DEMANDADOS EN REPETICIÓN – No se probó que los demandados hubieran
cometido el daño que originó la acción reversiva.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
El Tribunal Administrativo de Casanare declaró la responsabilidad patrimonial de la
Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la muerte de dos civiles en
medio de un enfrentamiento entre la fuerza pública y miembros de las FARC, razón
por la cual la entidad pública condenada inició un proceso de repetición en contra de
algunos de los militares involucrados en el operativo.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, que decidió la demanda presentada el 28 de enero de
20141 por la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional 2 en ejercicio de la
acción de repetición, en contra de los señores TE William Sierra Gutiérrez, ST
Fernando Bedoya Moreno, ST Elkin Jhon Paul Moreno Doncel, CP Reinaldo Guevara
Salcedo y CS José Aldana Medina, con el fin de que se les declare patrimonialmente
responsables por la condena que le fue impuesta a la entidad demandante, cuyas
pretensiones y hechos fueron, los siguientes:
1 Folio 23 del cuaderno 1.
2 Según el poder obrante a folio 1 del cuaderno 1.
Radicación: 850012333000201400005 01 (59253)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
Demandado: William Sierra Gutiérrez
Referencia: Acción de repetición
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Pretensiones
2. Solicitó que se condenara a pagar a los demandados la suma de quinientos
veintitrés millones trescientos cuarenta y ocho mil doscientos diez pesos con
dieciocho centavos m/cte. ($523’348.210,18), que la entidad tuvo que pagar por la
condena que le fue impuesta en el marco de la acción de reparación directa.
Hechos
3. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional narró que el 2 de agosto de 2004, el señor Néstor Alirio Benítez
Bohórquez y su compañera Gladys Marcela González Muñoz se encontraban
realizando labores agrícolas en el predio denominado Pénjamo, municipio de Hato
Corozal, cuando fueron sorprendidos por miembros del Ejército Nacional, quienes
dispararon sin mediar palabra acabando con sus vidas.
4. Señaló que, como consecuencia de lo anterior, los familiares de los señores
Benítez Bohórquez y González Muñoz formularon demanda de reparación directa
contra dicha entidad, alegando una falla del servicio, la cual fue decidida por el
Tribunal Administrativo del Casanare en el sentido de declarar la responsabilidad
patrimonial deprecada y, en consecuencia, condenó a la Nación – Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional al pago de quinientos veintitrés millones trescientos
cuarenta y ocho mil d oscientos diez pesos con dieciocho centavos m/cte.
($523’348.210,18), suma que fue pagada a los demandantes el 27 de enero de 2012.
5. Con estos antecedentes, alegando la culpa grave de los demandados, por cuanto
violaron manifiesta e inexcusablemente las n ormas de derecho al ejecutar con
negligencia las actividades relacionadas con el servicio, se repite el pago de la
condena impuesta en el proceso de reparación directa.
La defensa
6. Mediante sus respectivos apoderados, los militares Sierra Gutiérrez 3, Guevara
Salcedo4, Bedoya Moreno 5 y Moreno Doncel 6 se opusieron a las pretensiones
formuladas; para tal efecto manifestaron en cada una de las contestaciones que su
conducta no fue dolosa o gravemente culposa en el despliegue de las actividades
que llevaron posteriormente a declarar la responsabilidad del Estado.
3 Folio 319 del cuaderno 1.
4 Folio 159 del cuaderno 1.
5 Folio 312 del cuaderno 1.
6 Folio 186 del cuaderno 1.
Radicación: 850012333000201400005 01 (59253)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
Demandado: William Sierra Gutiérrez
Referencia: Acción de repetición
3
Debido a que el demandado, José Aldana Medina falleció en misión de servicio el 18
de mayo de 2011 7, El curador ad litem contestó la demanda e indicó que contra el
señor Aldana Medina no media decisión penal o disciplinaria que califique su
conducta como dolosa o gravemente culposa, por lo cual solicitó que se negaran las
pretensiones en su contra8.
Los alegatos de conclusión
7. Los demandados reiteraron lo dicho en cada una de sus contestaciones9.
8. En esta oportunidad procesal, la entidad demandante y el Ministerio Público
guardaron silencio.
La decisión
9. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Casanare negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que no se acreditó la culpa grave de
ninguno de los demandados respecto de los hechos que dieron lugar a la declaratoria
de responsabilidad de la demandante.
10. Específicamente, consideró que la muerte de los señores Benítez Bohórquez y
González Muñoz se dio en medio de un enfrentamiento entre la fuerza pública y las
FARC. A lo cual agregó que en el expediente quedó probado que los miembros del
Ejército Nacional repelieron el fuego iniciado por un centinela de las FARC
disparando en su contra. Así, dada la existencia del combate q ue no fue puesto en
duda por la Fiscalía ni por la autoridad disciplinaria, la investigación disciplinaria fue
archivada bajo el argumento de que las muertes derivadas del uso de las armas en
medio de hostigamientos no son susceptibles de procesos disciplinarios.
11. Por otra parte, señaló que no se probó de cuál arma salieron las ojivas mortales
y, sin ello era imposible determinar los autores materiales de los decesos, los cuales
bien podrían ser los aquí demandados o alguno de los militares que se dejaron de
vincular a este proceso y que también hicieron parte de aquél operativo.
12. Concluyó que el Estado “ se quedó corto ” en la actividad probatoria, ya que no
individualizó la responsabilidad y participación de cada demandado ni en modo
alguno se esforzó por superar las dudas probatorias que dieron lugar a la sentencia
cuya condena hoy pretende su reembolso10.
7 Folio 90 del cuaderno 1.
8 Folio 129 del cuaderno 1.
9 Folios 422, 424 y 436 del cuaderno 2.
10 Folios 458-466 del cuaderno principal.
Radicación: 850012333000201400005 01 (59253)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
Demandado: William Sierra Gutiérrez
Referencia: Acción de repetición
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II. EL RECURSO INTERPUESTO
13. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional interpuso recurso de
apelación frente a la anterior decisi ón; para tal efecto manifestó que con la
declaración rendida por el informante de la operación militar dentro del proceso
penal, se probó el aspecto subjetivo necesario para acceder a las súplicas de la
demanda de repetición, concretamente, que los demanda dos desplegaron una
conducta gravemente culposa al haber omitido el cuidado que se debe tener en ese
tipo de operaciones a sabiendas de que dentro de la acción podrían resultar civiles
afectados.
14. Indicó que fue la extralimitación en el cumplimiento de funciones la que significó
la condena a cargo de la institución castrense. Agregó que, para determinar quién
impactó a las víctimas, efectivamente, era necesaria la experticia de las ojivas y los
cañones de las armas utilizadas en la operac ión militar, pero que, en esta etapa
procesal, era una prueba imposible de recaudar; sin embargo, en el registro de gasto
de munición se tiene que los hoy demandados repercutieron sus armas en dirección
al objetivo que los estaba agrediendo, dejando como r esultado la baja de ocho
sujetos, de lo cual se infiere que todos los integrantes del grupo militar eran autores
materiales del hecho dañoso.
15. Concluyó que la muerte de los señores Benítez Bohórquez y González Muñoz
fue producto de la omisión del deber de cuidado y protección de la población civil
que recae en el Ejército Nacional y de la inaplicación del principio de protección de
las víctimas del conflicto armado11.
Los alegatos de conclusión
16. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión, el demandado Elkin
Paul Moreno Doncel insistió en la ausencia de prueba respecto de que la condena
hubiera sido ocasionada por una conducta suya, ni mucho menos que pudiera
catalogarse como dolosa o gravemente culposa, pues no se encontraba en el lugar
de los acontecimientos, comoquiera que su misión era estar al mando del grupo
Apolo 4 encargado de la fase de movimiento, mientras que la infiltración fue
adelantada por los pelotones Corcel 1 y 212.
17. Por su parte, el apoderado de los militares Sierra Gutiérrez y Bedoya Moreno
adujo que los argumentos del recurrente no atinan en demostrar cuáles son los
hechos que llevaron a que los militares ejecutaran comportamientos en contra de la
11 Folios 471-480 del cuaderno principal.
12 Fol
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