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Consejo de Estado
Providencia
El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2025-07-18
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 11001032600020230011900
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas prestablecidas en la ley para ese fin? Sí
El contratista no puede utilizar el recurso extraordinario de anulación como una segunda instancia, ya que el juez contencioso administrativo no actúa como superior de los árbitros, sino que realiza un control basado en la verificación del acatamiento de las causales precisas establecidas en la ley. Este control se limita a detectar posibles falencias procedimentales o sustanciales, sin invadir la independencia y autonomía del tribunal arbitral. La Corporación reitera que el recurso no permite continuar, reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso, lo que implica que el juez debe abstenerse de revisar los razonamientos jurídicos del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados, y se centra exclusivamente en los errores in procedendo.síntesis automática
También resuelve:
¿La causal del fallo en conciencia o en equidad opera cuando el tribunal de arbitramento profiere el laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio?
¿La competencia de la autoridad jurisdiccional en sede del recurso extraordinario de anulación, se limita al examen de errores in procedendo?
¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación se profirió en conciencia y no en derecho, dado que la declaración sobre incumplimiento del INVÍAS de la obligación de entrega de…
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
Hay lugar a la negación del decreto de pruebas en segunda instancia cuando se acredite que las mismas no fueron pedidas o aportadas
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2022-04-21
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 68001233300020180039201
LEY 1437 REPETICION
¿Hay lugar a la negación del decreto de pruebas en segunda instancia cuando se acredite que las mismas no fueron pedidas o aportadas en la etapa prevista en la normativa procesal aplicable? Sí
En segunda instancia solo proceden las pruebas que encajen en los supuestos del artículo 212 del CPACA, esto es, las pedidas de común acuerdo, las negadas en primera instancia o no practicadas sin culpa de quien las pidió, las referidas a hechos posteriores, las que no pudieron aducirse por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, y las que desvirtúan esas pruebas. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la solicitud de la parte actora, consistente en probar la calidad de servidor público de los demandados, no encaja en ninguno de esos supuestos. La segunda es que esa prueba pudo pedirse en la demanda o en las demás oportunidades legales, y la parte no las aprovechó. La tercera es que la facultad oficiosa del juez no está prevista para suplir la carga probatoria de las partes, por lo que tampoco procede decretar la prueba de oficio. En consecuencia, el despacho negó la solicitud de pruebas. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la apelación se resuelve sin la prueba solicitada.síntesis automática
También resuelve:
¿La facultad oficiosa del juez está prevista para suplir la carga probatoria de las partes?
Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.
Sentencia — Sentencia
2026-10-08
Sección Primera
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Rad. 85001233300020240006301
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:
¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…
¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Los procesos de repetición podrán fallarse por las Subsecciones
Sentencia — Sentencia
2021-12-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233300020160112301
LEY 1437 REPETICION
¿Los procesos de repetición podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente? Sí
El contratista puede interponer la acción de repetición ante el Consejo de Estado sin sujetarse al turno respectivo, siempre y cuando se respete el año de ingreso del expediente, según la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta regla se fundamenta en la necesidad de agilizar la resolución de estos procesos, sin menoscabo del debido proceso y la competencia por razón de la cuantía, conforme al artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Además, el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena, según el literal L del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esto implica que el ejercicio del derecho de acción es oportuno si se presenta dentro del plazo legal desde la fecha del pago. Asimismo, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional están legitimados en la causa por activa por ser las personas jurídicas de derecho público directamente perjudicadas con el pago de la condena impuesta en el proceso contencioso administrativo. Por último, la valoración de la prueba trasladada requiere cumplir con el principio de contradicción de la prueba, en virtud del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, garantizando así la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.síntesis automática
También resuelve:
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago de la condena cuyo reintegro se pretende?
¿El ejercicio del derecho de acción al interponer la acción de repetición se hizo oportunamente?
¿Recae sobre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional la legitimación en la causa por activa, por ser las personas jurídicas de derecho público directamente perjudicadas con el pago…
Consejo de Estado
Providencia
El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23
Sentencia — Sentencia
2026-02-05
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 85001233300020240010501
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 85001233100020110000701
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía, siempre que la demanda se interponga dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho. En este caso, la víctima falleció el 16 de octubre de 2009, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 25 de junio de 2010, y la demanda se interpuso el 4 de febrero de 2011, dentro del plazo legal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior sobre la caducidad de la acción, otorgando mayor seguridad jurídica y protegiendo el derecho de acceso a la justicia, lo que implica que los plazos para presentar la demanda deben ser estrictamente respetados para evitar la pérdida del derecho de accionar.síntesis automática
También resuelve:
¿Los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para reclamar la reparación de perjuicios ocasionados por la muerte de la víctima en un accidente de tránsito…
¿El Instituto Nacional de Vías (Invías) está legitimado en la causa por pasiva, pero no el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Inco…
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2025-03-10
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 73001233100020070008802
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido en el proceso ni fuera alegada por las partes, el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio. Los plazos que el legislador establece para cada medio de control son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que su vencimiento sin que el interesado presente la solicitud judicial extingue el derecho de accionar y consolida las situaciones pendientes. La finalidad de estos plazos es otorgar seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo. En el caso concreto, la acción de reparación directa por la muerte de un civil fue presentada dentro del término legal, y la sentencia fue modificada. Como consecuencia práctica, la oportunidad de la acción de reparación directa debe verificarse de oficio en los procesos de daños con ocasión de operaciones militares, aun cuando la caducidad no haya sido discutida.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…
¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el interés general.
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 76001233100020100112702
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, considerando que el asunto sub lite versa sobre un caso de grave violación de los derechos humanos, por la muerte de un civil presentado como baja en combate, esto es, de un falso positivo? Sí
El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal ineludible con el propósito fundamental de otorgar seguridad jurídica y evitar la parálisis del tráfico jurídico que dejaría situaciones indefinidas en el tiempo mediante plazos legales orientados a la protección del interés general. Dentro de la acción de reparación directa por la muerte de un civil presentado como baja en combate por el Ejército Nacional, la Sala verifica la oportunidad de la demanda y analiza las solicitudes indemnizatorias por perjuicios inmateriales y daño psíquico o psicológico de los demandantes, confirmando la decisión del Tribunal a quo al no probarse la necesidad de tratamiento médico derivado del homicidio ocurrido el 5 de agosto de 2008.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…
¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, y conforme con los principios de necesidad, proporcionalidad…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado alterar el turno estricto de decisión
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 11001032600020190006300
LEY 1437 REPETICION
¿Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado alterar el turno estricto de decisión para proferir fallo anticipado en un proceso de repetición, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y el Acta n.º 15 del 5 de mayo de 2005, en razón de la naturaleza del asunto y de la prelación temática definida por la Sección? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede alterar el turno estricto de decisión para proferir fallo anticipado en un proceso de repetición, basándose en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y la Acta 15 del 5 de mayo de 2005, en virtud de la naturaleza del asunto y la prelación temática definida por la Sección. Esta facultad permite priorizar casos de repetición contra exfuncionarios públicos, contribuyendo a la celeridad procesal y a la descongestión de despachos judiciales, sin desconocer el principio de autonomía judicial.síntesis automática
También resuelve:
¿Al existir una condena judicial firme impuesta al Estado y acreditar que el exservidor público actuó con dolo o culpa grave en la producción del daño…
¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial personal del demandado en la acción de repetición, cuando se encuentra acreditado que el DAPRE pagó el capital de la condena impuesta en el proceso de…
¿Debe prosperar el medio de control de repetición contra el exdirector del DAPRE, al estar acreditada su calidad de agente estatal para la época de los hechos y configurarse el supuesto de la…
CONCEDE
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado para conocer, de un proceso de repetición
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 54001233100020020093501
ACCION DE REPETICION
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer, en segunda instancia, de un proceso de repetición cuando la apelación se interpone contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista es competente para interponer un proceso de repetición ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en primera instancia, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos casos, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y las modificaciones introducidas por las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. La entidad pública que resulta condenada en un proceso de reparación directa puede ejercer la acción de repetición contra el servidor público responsable del daño, siempre que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición se inicie desde el pago de la conciliación judicial o la condena, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva sobre el agente que dio lugar al daño, y la acción de repetición se rige por el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, independientemente de la fecha en que ocurrieron los hechos, siempre y cuando la Ley 678 de 2001 esté vigente al momento del ejercicio de la acción.síntesis automática
También resuelve:
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición inició con el pago de la conciliación judicial celebrada dentro del proceso de reparación directa?
¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el agente…
¿Es aplicable el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del C.C.A. para la acción de repetición cuando los hechos ocurrieron antes de la entrada…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos
Sentencia — Sentencia
2024-11-08
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020240001500
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad? Sí
El contratista no puede basar un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad, ya que la causal analizada no implica la configuración de un error in procedendo que comprometa la ritualidad de las actuaciones o vulnere las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La Sala declara infundado el recurso, al considerar que la función del juez de anulación no es intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento, sino limitarse a examinar si se han cumplido los requisitos formales y procesales establecidos. Además, las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral deben ser consideradas como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley, sin que el juez de anulación pueda revisar la pertinencia de dicha interpretación.síntesis automática
También resuelve:
¿La función del juez de anulación no es operar como superior jerárquico, ni intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento?
¿Las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral se muestran como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley?
¿Se considera que la demanda fue presentada dentro del término establecido para ello y que el análisis realizado por el panel arbitral no fue irrazonable?
INFUNDADO