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Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.
Sentencia — Sentencia
2026-10-08
Sección Primera
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Rad. 85001233300020240006301
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:
¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…
¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23
Sentencia — Sentencia
2026-02-05
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 85001233300020240010501
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva
Sentencia — Sentencia
2023-04-24
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 18001233100020130000801
ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve:
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado…
¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado…
¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de los miembros de la fuerza aérea
Sentencia — Sentencia
2023-08-22
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 76001233100020120052501
ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de los miembros de la fuerza aérea, al accionar negligente e imprudentemente sus armas de dotación oficial contra el vehículo que transportaba personal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca? Sí
En la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública, el uso de armas de dotación oficial contra un vehículo sin agotar las medidas eficaces disponibles constituye culpa grave. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el empleo de las armas es la última alternativa, de modo que el agente debe agotar previamente los medios menos lesivos para detener el vehículo. Segunda, la existencia de medidas eficaces, como dar una orden de pare, esperar que el vehículo reduzca su marcha o enviar personal de apoyo, excluye que el disparo sea una reacción justificada. En el caso, los servidores accionaron sus armas de manera voluntaria y negligente al percibir la llegada del vehículo, pese a contar con otras opciones. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la responsabilidad en repetición por culpa grave. En la práctica, la culpa grave en el uso de armas se acredita por la omisión de las alternativas previas, y no solo por el resultado del disparo.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer las acciones de repetición contra funcionarios públicos?
¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de reparación directa?
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los agentes del Estado que causaron el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2025-03-10
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 73001233100020070008802
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido en el proceso ni fuera alegada por las partes, el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio. Los plazos que el legislador establece para cada medio de control son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que su vencimiento sin que el interesado presente la solicitud judicial extingue el derecho de accionar y consolida las situaciones pendientes. La finalidad de estos plazos es otorgar seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo. En el caso concreto, la acción de reparación directa por la muerte de un civil fue presentada dentro del término legal, y la sentencia fue modificada. Como consecuencia práctica, la oportunidad de la acción de reparación directa debe verificarse de oficio en los procesos de daños con ocasión de operaciones militares, aun cuando la caducidad no haya sido discutida.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…
¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el interés general.
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 76001233100020100112702
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, considerando que el asunto sub lite versa sobre un caso de grave violación de los derechos humanos, por la muerte de un civil presentado como baja en combate, esto es, de un falso positivo? Sí
El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal ineludible con el propósito fundamental de otorgar seguridad jurídica y evitar la parálisis del tráfico jurídico que dejaría situaciones indefinidas en el tiempo mediante plazos legales orientados a la protección del interés general. Dentro de la acción de reparación directa por la muerte de un civil presentado como baja en combate por el Ejército Nacional, la Sala verifica la oportunidad de la demanda y analiza las solicitudes indemnizatorias por perjuicios inmateriales y daño psíquico o psicológico de los demandantes, confirmando la decisión del Tribunal a quo al no probarse la necesidad de tratamiento médico derivado del homicidio ocurrido el 5 de agosto de 2008.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…
¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, y conforme con los principios de necesidad, proporcionalidad…
MODIFICA