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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada

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Fecha
2025-07-14
Radicado
76001233100020100112702
Número interno
53967
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPARACION DIRECTA
Actor
AMALIA SIERRA ORTIZ, JESUS ALIRIO BEDOYA
Demandado
-EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Regla de decisión

El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el interés general.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal ineludible con el propósito fundamental de otorgar seguridad jurídica y evitar la parálisis del tráfico jurídico que dejaría situaciones indefinidas en el tiempo mediante plazos legales orientados a la protección del interés general. Dentro de la acción de reparación directa por la muerte de un civil presentado como baja en combate por el Ejército Nacional, la Sala verifica la oportunidad de la demanda y analiza las solicitudes indemnizatorias por perjuicios inmateriales y daño psíquico o psicológico de los demandantes, confirmando la decisión del Tribunal a quo al no probarse la necesidad de tratamiento médico derivado del homicidio ocurrido el 5 de agosto de 2008.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, considerando que el asunto sub lite versa sobre un caso de grave violación de los derechos humanos, por la muerte de un civil presentado como baja en combate, esto es, de un falso positivo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 136

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio. Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL FALSO POSITIVO CASO FALSO POSITIVO INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DAÑO ANTIJURÍDICO CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA CONCEPTO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL NORMATIVA DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL PERSONA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS IMPUTABLE A LA FUERZA PÚBLICA DERECHO A LA VIDA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO APRECIACIÓN DE LA PRUEBA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO INDICIO APRECIACIÓN DEL INDICIO VALOR PROBATORIO DEL INDICIO PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL INFERENCIA LÓGICA ARMAS DE FUEGO USO DE ARMAS DE FUEGO USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD USO DE LA FUERZA PÚBLICA PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS AUTONOMÍA DEL JUEZ EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ CRITERIO DEL JUEZ DECISIÓN DEL JUEZ DIFERENCIA ENTRE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y PROCESO PENAL DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDAD PENAL DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FALLO DISCIPLINARIO VALOR PROBATORIO DEL FALLO DISCIPLINARIO SENTENCIA PENAL RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA CONCEPTO DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA ELEMENTOS DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA EFECTOS DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA PRUEBA TRASLADADA PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL PROCESO DISCIPLINARIO VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA PRUEBA DOCUMENTAL PRUEBA TESTIMONIAL MEDIOS DE PRUEBA INFORME DE LA POLICÍA NACIONAL OPERACIÓN MILITAR RESPONSABILIDAD EN LA OPERACIÓN MILITAR DOCUMENTO PÚBLICO CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRENSA ARTÍCULOS DE PRENSA DOCUMENTO PERIODÍSTICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO PUBLICACIÓN EN PRENSA VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA PERIÓDICO VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA TESTIMONIO EN ENTREVISTA POLICÍA JUDICIAL DILIGENCIA DE LA POLICÍA JUDICIAL FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL MIEMBROS DE LA POLICÍA JUDICIAL MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADO DE PRUEBA INDAGATORIA DILIGENCIA DE INDAGATORIA VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA VALOR PROBATORIO DE LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA VERSIÓN LIBRE DECLARACIÓN REALIZADA EN VERSIÓN LIBRE VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE JURAMENTO FALTA DE JURAMENTO DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO TESTIGO SOSPECHOSO TESTIMONIO SOSPECHOSO VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO TESTIMONIO DE OÍDAS TESTIGO DE OÍDAS VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIGO DE OÍDAS VALORACIÓN 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SERVICIO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO PRUEBA DE LA FALLA DEL SERVICIO EXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO ACREDITACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA PÚBLICA USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA USO INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PERJUICIO MORAL PERJUICIO MORAL POR MUERTE PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE HIJO PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE HERMANO PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR MUERTE INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN REITERACIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL LUCRO CESANTE PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE CONCEPTO DE LUCRO CESANTE PRESUPUESTOS DEL LUCRO CESANTE PRUEBA DEL LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE AYUDA ECONÓMICA SUFRIDA POR MUERTE DE LA VÍCTIMA RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE TRABAJADOR INDEPENDIENTE CALIDAD DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE ECONOMÍA INFORMAL PERJUICIO INMATERIAL EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL PERJUICIO INMATERIAL CLASES DE PERJUICIO INMATERIAL NEGACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO NEGACIÓN DE LA MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO DAÑO A BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA CONDENA NO PECUNIARIA PROCEDIBILIDAD DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA MEDIDAS DE SATISFACCIÓN GARANTÍA DE SATISFACCIÓN GARANTÍA DE NO REPETICIÓN PUBLICACIÓN DE SENTENCIA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DAÑO A LA SALUD IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA SALUD FALTA DE PRUEBA DAÑO PSÍQUICO PERTURBACIÓN PSÍQUICA TRATAMIENTO MÉDICO DICTAMEN PSICOLÓGICO DICTAMEN PSIQUIÁTRICO HOMICIDIO NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

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Titulación de la relatoría 68.336 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, considerando que el asunto sub lite versa sobre un caso de grave violación de los derechos humanos, por la muerte de un civil presentado como baja en combate, esto es, de un falso positivo? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio. Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (...) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia y precisó que, salvo para el caso de desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción. Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política". De modo que, de conformidad con lo señalado en la sentencia del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sub judice, los actores se enteraron de la muerte de (...) [la víctima] el 5 de agosto de 2008 cuando esta ocurrió, según se desprende de lo narrado en la demanda, sin que se haya advertido o alegado que de esta supieron en una fecha posterior; además, coincide con la del registro de su defunción (...). Por tanto, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la muerte (...) tuvo lugar el 5 de agosto de 2008 (...); ii) que el 13 de noviembre de 2009, los demandantes en el expediente No. 76001233100020100112700 presentaron la solicitud de conciliación, que se llevó a cabo el 5 de febrero de 2010, pero se declaró fallida por falta de acuerdo conciliatorio; iii) que el 5 de agosto de 2010, los demandantes en el expediente No. 76001233100020100158700 presentaron la solicitud de conciliación, que se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2010, pero se declaró fallida por falta de acuerdo conciliatorio; y; v) que las demandas radicadas con los No. 76001233100020100112700 y 76001233100020100158700, en su orden, se presentaron el 5 de agosto de 2010 y el 15 de septiembre de 2010, es decir, dentro de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la oportunidad para pronunciarse sobre la caducidad, consultar providencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093, C.P. Hernán Andrade Rincón. Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 22867, C.P. Danilo Rojas Betancourth; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Acerca del cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad, consultar providencia de 29 de enero de 2020, Exp. 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de daño antijurídico, consultar providencias de 11 de noviembre de 1999, Exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 27 de enero de 2000, Exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Referente a la imputación del daño antijurídico, consultar providencia de 18 de mayo de 2017, Exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCEPTO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / NORMATIVA DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / PERSONA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS IMPUTABLE A LA FUERZA PÚBLICA / DERECHO A LA VIDA / PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / INDICIO / APRECIACIÓN DEL INDICIO / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / INFERENCIA LÓGICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por la fuerza pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto legítimo de defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado, por lo que, frente a la verificación de las circunstancias propias de cada caso, ante el relato opuesto de las víctimas y la versión oficial de los agentes del Estado, el papel del juez consiste en establecer la mayor cercanía a la verdad material a partir de los postulados de la sana crítica, de la autonomía judicial y de la probabilidad e inferencia lógicas? Respuesta al problema jurídico: Si De vieja data la Sección Tercera de la Corporación ha reprochado las conductas desplegadas por la fuerza pública, de policía o militar, que puedan significar actos de ejecución extrajudicial de personas en condición de indefensión, ajenas al conflicto armado o de aquellas que hayan depuesto las armas y que por ende ya no participan en la confrontación con el Estado. En este sentir, se ha reiterado que los derechos a la vida y a la integridad física de las personas, además de encontrase expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de los que Colombia hace parte y conforman el bloque de constitucionalidad, pero que exigen del Estado la obligación de fomentar y adoptar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar que se presenten ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Ahora bien, dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por la fuerza pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto legítimo de defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado. El montaje puede entrañar, entre muchas posibilidades, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los subversivos y con el enfrentamiento; o calzarlas con botas de combate, entre otras. Asimismo, es de común ocurrencia en esta clase de eventos que las víctimas sean presentadas por los militares y anunciadas a los medios de comunicación como insurgentes o delincuentes abatidos en combate, a menudo reportados como NN´s, sepultados en fosas comunes sin previa identificación, pese a los medios existentes para obtener su individualización. Entonces, este tipo de situaciones se caracterizan porque en torno a ellas se realiza una verdadera mise en scene encaminada a aparentar que la muerte de una persona ajena al conflicto armado se produjo porque esta representaba una amenaza contra la sociedad o contra la vida e integridad de la población o de los integrantes de las fuerzas del orden, cuando en realidad su deceso ocurrió por actuaciones de agentes públicos que configuran una falla en el servicio por resultar arbitrarias, injustificadas o desproporcionadas y contrarias al mandato constitucional de protección de la vida, la seguridad e integridad de las personas. En estos eventos, prevalidas de su control sobre la escena donde ocurrieron los hechos, las autoridades alteran las pruebas, las suprimen, crean o implantan unas nuevas para enmascarar la verdad de lo sucedido y figurar que la víctima era un actor armado ilegítimo que estaba atentando contra la población o contra los agentes públicos, o que representaba una amenaza grave contra la vida e integridad de estos. Así, entre las múltiples maneras de alterar la verdad, la víctima es presentada, muchas veces, con armas o con uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas, aparentando que su muerte ocurrió en combate. (...) Por ello, comoquiera que por un lado los autores y partícipes de los hechos buscan esconder la verdad ofreciendo una apariencia diferente a la realidad y las víctimas no siempre tienen a su alcance todos los medios necesarios o las garantías para establecer y dar a conocer lo verdaderamente ocurrido, en este escenario la prueba indirecta cobra especial relevancia y en consecuencia las cargas probatorias resultan aligeradas para las víctimas, de manera que quienes por su condición no gozan de todas las garantías puedan lograr una justicia efectiva. Entonces, estos eventos encuentran su mayor acreditación en la prueba de carácter indiciario que, en su labor valorativa y mediante la inferencia lógica, construye el juez partiendo de la existencia de unos hechos debidamente conocidos y acreditados mediante prueba directa para, por medio de la aplicación de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, establecer aquellos supuestos fácticos que no están directamente demostrados y son desconocidos en el plenario. (...) En el mismo sentido, esta Subsección ha señalado que, en virtud de los principios de la sana crítica y la autonomía del juez en la valoración probatoria, los medios de prueba que ofrezcan una mayor probabilidad lógica con respecto a la ocurrencia de los hechos objeto de discusión, deben prevalecer en cada caso concreto (...). NOTA DE RELATORÍA: En relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a la vida de las personas, consultar providencias de 8 de julio de 2009, Exp. 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 23 de agosto de 2010, Exp. 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Referente a la responsabilidad patrimonial del Estado por ejecuciones extrajudiciales, consultar sentencia de 22 de agosto de 2022, Exp. 60452, C.P. Nicolás Yepes Corrales y sentencia de 31 de mayo de 2016, Exp. 38757, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Acerca de la valoración probatoria de las pruebas por el juez, consultar providencias de 30 de enero de 1998, Exp. 8661, C.P. Delio Gómez Leyva; de 10 de marzo de 2005, Exp. 27946, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 7 de abril de 2011, Exp. 20333, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 26 de julio de 2012, Exp. 23265, C.P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 93, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 248, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 249, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 1966 - ARTÍCULO 2, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 1966 - ARTÍCULO 6 ARMAS DE FUEGO / USO DE ARMAS DE FUEGO / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD / USO DE LA FUERZA PÚBLICA / PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA / PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, y conforme con los principios de necesidad, proporcionalidad, moderación y razonabilidad? Respuesta al problema jurídico: Si [D]ebe señalarse que el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de policía y militares únicamente puede tener lugar en los casos en que ello sea estrictamente necesario y mediando los principios de proporcionalidad, moderación y razonabilidad, teniendo en cuenta que sobre los agentes del Estado recae la obligación de mitigar los daños y evitar lesiones innecesarias que se puedan causar, garantizando la asistencia inmediata y servicio médico a las personas que resulten heridas o afectadas, así como les corresponde procurar que los familiares o allegados de éstas tengan conocimiento de lo sucedido en el plazo más breve posible. (...) A la sazón, se advierte que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, en cuyo efecto se hallan establecidos los mencionados principios de necesidad, proporcionalidad, moderación y razonabilidad, cuyo contenido limita la actuación oficial. Así, el criterio de necesidad implica que el uso de la fuerza y de armas de fuego únicamente resulta legítimo cuando se dirige a cumplir un fin superior y no exista una forma menos lesiva para proteger los bienes jurídicos tutelados. De modo que el principio de necesidad es la pauta fundamental en el ejercicio y uso de la fuerza y de las armas de fuego, que solo se legitima cuando su empleo resulta inevitable o cuando otros medios resultan ineficaces o no garantizan el objetivo previsto de donde la respuesta a la afectación debe resultar proporcional a esta. En idéntico sentido, la necesidad del uso de la fuerza y de las armas de fuego fundamenta y justifica su ejercicio en la proporcionalidad, pues será proporcional la actuación orientada a alcanzar un bien mayor o razonablemente equivalente a la magnitud de los intereses sacrificados, de manera que se ajuste a la dimensión o gravedad de la situación, en contraposición al interés legítimo perseguido. De igual modo, en atención al principio de proporcionalidad se exige que el uso de la fuerza y de armas de fuego debe atender criterios de moderación, de manera que en su despliegue se evite llegar a un punto extremo, lo cual implica la búsqueda del equilibrio entre la actuación de los agentes y el fin perseguido. Entonces, cuando con el uso de la fuerza o de las armas de fuego se desborda el principio de moderación y su ejercicio excede o no está debidamente equilibrado respecto del objetivo trazado, la actuación oficial pierde justificación, tornándose ilegitima. Ahora, de manera análoga se espera que el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los agentes del Estado se despliegue bajo el concepto de razonabilidad, que implica que solo se puede aplicar la fuerza o utilizar armas de fuego cuando se satisface y se concreta el principio de proporcionalidad, de modo que se establezca como razonable la justificación ofrecida para legitimar la reacción armada. NOTA DE RELATORÍA: Referente al uso de armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas militares, consultar providencia de 30 de enero de 2013, Exp. 24587, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y de la Corte Constitucional, C-022 de 23 de enero de 1996. AUTONOMÍA DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / CRITERIO DEL JUEZ / DECISIÓN DEL JUEZ / DIFERENCIA ENTRE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y PROCESO PENAL / DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDAD PENAL / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FALLO DISCIPLINARIO / VALOR PROBATORIO DEL FALLO DISCIPLINARIO / SENTENCIA PENAL / RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Los pronunciamientos de la Sección Tercera de esta Corporación en torno a los resultados de las investigaciones penales o disciplinarias surtidas por otras autoridades frente a la actuación de los agentes estatales involucrados en la producción de un daño antijurídico, deben llegar a las mismas conclusiones de la justicia ordinaria? Respuesta al problema jurídico: No [C]onviene precisar que los pronunciamientos de la Sección Tercera de esta Corporación en torno a los resultados de las investigaciones penales o disciplinarias surtidas por otras autoridades frente a la actuación de los agentes estatales involucrados en la producción de un daño antijurídico, no implican en modo alguno, que el proceso contencioso deba llegar a las mismas conclusiones de la justicia ordinaria. (...) Así las cosas, es claro que, tratándose de procesos distintos en cuanto a la naturaleza y fines, al objeto, a la causa, a las partes y a los principios y normas que los rigen, así como al tipo de responsabilidad que se debate, nada impide que se presenten decisiones distintas en el ámbito penal y en el de la responsabilidad administrativa. De tal manera, la decisión frente a la responsabilidad del Estado no está atada a lo resuelto por la justicia penal o disciplinaria, cuyas providencias solo constituyen parte del cúmulo probatorio con fundamento en el cual habrá de decidirse. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la autonomía del juez de lo contencioso administrativo, consultar providencias de 13 de agosto de 2008, Exp. 16533, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de octubre de 2012, Exp. 19062, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 31 de mayo de 2016, Exp. 38757, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / CONCEPTO DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / ELEMENTOS DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / EFECTOS DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿En todos los casos es posible que el Estado se exonere de responsabilidad si se acredita que el daño es imputable al hecho exclusivo de la propia víctima, el cual debe ser determinante en la producción del resultado o daño para que tenga efectos liberadores? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia y doctrina han sostenido que es posible que el Estado se exonere de responsabilidad extracontractual si se acredita que el daño que se pretende indemnizar e imputar es atribuible al hecho determinante y exclusivo de la propia víctima. (...) [C]uando se alega el hecho o la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, no cualquier actuación de esta puede generar un verdadero rompimiento de la imputación de la responsabilidad. Justamente, para que la culpa de la víctima rompa la imputación existente hasta ese momento entre una acción u omisión de la administración y un daño antijuridico, debe acreditarse que el hecho atribuible a la víctima fue determinante en la realización del mismo, y que fue un evento irresistible, imprevisible y exterior respecto del demandado. Entonces, cuando se cumplen estos elementos de juicio, se configura el hecho o la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad y, desde el punto de vista jurídico, impide realizar la imputación del daño a la Administración. En conclusión, para que el hecho o culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad tenga plenos efectos liberatorios, resulta determinante que la conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir, que el comportamiento de éste se erija como causa adecuada, decisiva y determinante en la producción o resultado del hecho lesivo. De lo contrario, cuando haya contribuido a su propia afectación debiendo o pudiendo evitarla, se configura un evento en el cual la exoneración podrá ser parcial, con fundamento en el artículo 2357 del Código Civil. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el hecho de la víctima como causal eximente de la responsabilidad, consultar providencias de 9 de junio de 2010, Exp. 17605, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 28 de abril de 2010, Exp. 18562, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 24 de marzo de 2011, Exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 22 de noviembre de 2017, Exp. 39848, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 1 de abril de 2019, Exp. 42671, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / PROCESO DISCIPLINARIO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA DOCUMENTAL / PRUEBA TESTIMONIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Deben valorarse por el juez las pruebas documentales y testimoniales trasladadas de las actuaciones disciplinarias y penales allegadas al plenario, dado que fueron debidamente solicitadas y decretadas en el expediente y de ellas se le corrió traslado a la entidad demandada, de manera que ambas partes procesales conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales y testimoniales trasladadas de las actuaciones disciplinarias y penales allegadas al plenario, dado que fueron debidamente solicitadas y decretadas en el expediente y de ellas se le corrió traslado a la entidad demandada, de manera que ambas partes procesales conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas. Adicionalmente, es de advertir que las probanzas fueron practicadas con audiencia de la entidad demandada, como lo exige el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la valoración probatoria de la prueba trasladada, consultar providencia de 11 de abril de 2012, Exp. 22667, C.P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229 MEDIOS DE PRUEBA / INFORME DE LA POLICÍA NACIONAL / OPERACIÓN MILITAR / RESPONSABILIDAD EN LA OPERACIÓN MILITAR / DOCUMENTO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Aunque la autenticidad del informe militar o de policía se halla en la certeza que se tiene de haberse elaborado y suscrito por el funcionario público, su alcance probatorio debe sujetarse al conjunto de los demás medios de prueba, dado que lo que se discute en el caso de autos es, precisamente, la legalidad de actuación desplegada por el Ejército Nacional? Respuesta al problema jurídico: Si [D]ebe advertirse la presunción de autenticidad de los informes militares y de policía obrantes en el plenario, según lo dispuesto por la Sección Tercera de esta Corporación, que ha señalado: “el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (artículo 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de P.C.”. Entonces, la autenticidad del informe militar o de policía se halla en la certeza que se tiene de haberse elaborado y suscrito por el funcionario público. No obstante, lo que se discute en el caso de autos es, precisamente, la legalidad de actuación desplegada por el Ejército Nacional, reportada por los informes de militares, de manera que su alcance probatorio se sujetará al conjunto de los demás medios de prueba. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la presunción de autenticidad del documento público, consultar providencia de 1 de agosto de 2010, Exp. 19056, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252 PRENSA / ARTÍCULOS DE PRENSA / DOCUMENTO PERIODÍSTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO / PUBLICACIÓN EN PRENSA / VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA / PERIÓDICO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿La información que aparece en los artículos de prensa únicamente tiene la capacidad de demostrar el registro mediático de unos hechos, sin que, por sí sola, constituya un medio idóneo que acredite la veracidad y autenticidad de su contenido, por lo que su eficacia probatoria descansa en la conexidad que se acredite con otros elementos probatorios que reposen en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s necesario precisar que las impresiones de las noticias de prensa allegadas al plenario se valorarán según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, en acreditación de la publicación de una nota o reportaje de periódico, pero anotando que ella sola no es suficiente para demostrar la veracidad y certidumbre de la información publicada. En otras palabras, la divulgación periodística, por sí sola, no otorga certeza de los hechos en ella contenidos, sino que ellos deben ser analizados en conjunto y concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, para constatar con certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las publicaciones periodísticas, consultar providencia de 29 de mayo de 2012, Exp. 11001-03-15-000-2011-01378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia; de 22 de febrero de 2018, Exp. 00942, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. TESTIMONIO EN ENTREVISTA / POLICÍA JUDICIAL / DILIGENCIA DE LA POLICÍA JUDICIAL / FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL / MIEMBROS DE LA POLICÍA JUDICIAL / MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN / FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Cuentan con valor probatorio las entrevistas efectuadas por agentes de policía judicial que recogen las versiones de personas determinadas que atestiguan de forma directa o indirecta un hecho sobre el cual se indaga penalmente? Respuesta al problema jurídico: No [E]s menester poner de presente que las entrevistas efectuadas por agentes de policía judicial recogen las versiones de personas determinadas que atestiguan de forma directa o indirecta un hecho sobre el cual se indaga penalmente, de conformidad con las normas que se consideran infringidas y que constituyen un delito, a fin de obtener información relevante que permita la reconstrucción de la realidad, adelantar las diligencias y proferir las decisiones judiciales correspondientes. Sin embargo, como las exposiciones que las personas rinden ante estos servidores no se realizan bajo la gravedad de juramento, están a merced de eventuales imprecisiones o tergiversaciones, situación que, en principio, impide al juez reconocerle a este tipo de medios una capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo dispuesto en los artículos 227 y 229 del CPC. Así las cosas, la Sala no otorga valor probatorio a las entrevistas recolectadas por los investigadores de la Policía Judicial. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 227, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229 TRASLADO DE PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCESO DISCIPLINARIO / INDAGATORIA / DILIGENCIA DE INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA / VERSIÓN LIBRE / DECLARACIÓN REALIZADA EN VERSIÓN LIBRE / VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE / JURAMENTO / FALTA DE JURAMENTO / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Cuentan con valor probatorio las declaraciones rendidas en las diligencias de versión libre o indagatorias, que hagan parte de la prueba trasladada de un proceso penal y disciplinario, aunque no sean sometidas a la formalidad del juramento? Respuesta al problema jurídico: No [S]e hace constar que las diligencias de versión libre e indagatorias rendidas en las actuaciones penales y disciplinarias por los militares objeto de dichas investigaciones no fueron rendidas bajo la gravedad del juramento, situación que impide al juez reconocerle a este tipo de medios una capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo dispuesto en los artículos 227 y 229 del CPC FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 227, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229 DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / TESTIMONIO DE OÍDAS / TESTIGO DE OÍDAS / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIGO DE OÍDAS / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO DE OÍDAS / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Aunque los testimonios que provienen de personas que tenían un vínculo de cercanía con las partes resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez, así como aquellos testimonios de oídas, sino que deben ser valorados con especial severidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada caso? Respuesta al problema jurídico: Si [D]ebe destacarse que los testimonios sospechosos serán valorados conforme lo ha manifestado esta Corporación, es decir, examinados de cara a las demás pruebas que reposan en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias del asunto litigioso. En este punto cabe anotar que frente a los testimonios sospechosos y aquellos considerados como de oídas, esta Corporación ha destacado que su valoración deberá efectuarse de manera conjunta con los medios de convicción acopiados en el proceso, pero con especial cuidado para efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de evitar que los hechos resulten distorsionados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de los testimonios sospechosos, consultar providencias de 28 de febrero de 2011, Exp. 20262, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Acerca del valor probatorio de los testimonios de oídas, consultar providencia de 7 de octubre de 2009, Exp. 17629, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. TERGIVERSACIÓN DE LA PRUEBA / ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / OCULTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / PRUEBA OCULTA / LUGAR DE COMISIÓN DEL DELITO / ACTOS DE LA FUERZA PÚBLICA / ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES Problema jurídico: ¿Constituye una transgresión al debido proceso y a los principios de legalidad y transparencia en la administración de justicia, el hecho de que personal militar restrinja el acceso de autoridades competentes a una escena donde presuntamente ocurrió un delito, dado que dicha conducta podría implicar la alteración de elementos materiales probatorios y obstaculización del esclarecimiento de los hechos? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l hecho de que los militares aseguraran el área y no permitieran el ingreso de otra autoridad legalmente competente para estar en la escena de un posible delito y reportarlo a su vez a la autoridad judicial, resultaba indicativo de la manipulación de dicha escena y del ocultamiento o de la ubicación de elementos que impidieran esclarecer la verdad de los hechos ocurridos. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del hecho indicador de la manipulación de la escena de un posible delito y el ocultamiento de pruebas necesarias para escalecer la verdad por parte de miembros de la fuerza pública, consultar providencia 23 de agosto de 2024, Exp. 51235, C.P. Nicolás Yepes Corrales. FLEXIBILIZACIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS IMPUTABLE A LA FUERZA PÚBLICA / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Resulta procedente que, en casos donde la parte demandante no tuvo control sobre los hechos ni acceso a la zona donde ocurrieron los acontecimientos, se aplique un estándar probatorio flexible que morigere la carga de la prueba, sin que ello implique una presunción de responsabilidad, pero que permita equilibrar las desigualdades procesales frente a la parte demandada que sí tuvo dominio de la situación? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala (...) considera justificado establecer en este caso un estándar probatorio flexible y favorable a la parte demandante por no haber tenido control sobre los hechos ni circunstancias, que sí lo tuvo la demandada por haber participado en ellos y haber tenido acceso y control de la zona donde ocurrieron los acontecimientos y, ante la dificultad de establecer una hipótesis del caso factible, lo cual ha sido admitido por esta Corporación en asuntos análogos al formulado en este proceso, sin que ello comporte, en modo alguno, la creación de una presunción de responsabilidad, pero sí permite la morigeración del régimen y carga de las pruebas de la demandante, lo que, sin embargo, no suple el deber de prueba que asiste a los extremos que integran la litis de establecer “el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, como lo prevé el artículo 177 del Código de procedimiento Civil. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la flexibilización probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos, consultar providencias de 14 de julio de 2016, Exp. 35029, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 30 de agosto de 2018, Exp. 56451, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 9 de abril de 2025, Exp. 54255, C.P. Nicolás Yepes Corrales; y de la Corte Constitucional, T-214 de 1 de julio de 2020, M.P. Alejandro Linares Cantillo; SU-060 de 21 de marzo de 2021, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177 INDICIO / CONCEPTO DE INDICIO / CLASES DE INDICIO / CLASIFICACIÓN DEL INDICIO / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO / LÓGICA DEL INDICIO / APRECIACIÓN DEL INDICIO / ESTRUCTURA DEL INDICIO / JUSTIFICACIÓN DEL INDICIO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Cuando no existe prueba directa que permita determinar con certeza la causa del daño, resulta posible que, a partir de la existencia y valoración de unos hechos probados, y, mediante la aplicación de las reglas de la experiencia, se establezca la existencia de otros que a priori se desconocen y establecer su causa? Respuesta al problema jurídico: Si [C]uando no existe prueba directa que permita determinar con certeza la causa del daño, como lo ha señalado esta Sala en situaciones similares, es posible que, a partir de la existencia y valoración de unos hechos debidamente probados y mediante la aplicación de las reglas de la experiencia, se establezca la existencia de otros que a priori se desconocen y que permiten establecer la causa, en este caso, si la víctima murió en un enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional o no. Al efecto, es menester poner de presente que según reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado el indicio es una prueba indirecta que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso, para así deducir determinadas consecuencias. Esa construcción indiciaria supone una exigente labor crítica, cuya apreciación debe ser en conjunto, en los términos del artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia entre sí y con los demás medios de prueba. Así, se tiene que el indicio está integrado por los siguientes elementos: i) los hechos indicadores, que son los hechos conocidos, los rastros o huellas que se dejan al actuar, que deben estar debidamente probados en el proceso; ii) una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica o de la ciencia, que es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento; iii) una inferencia mental, que es el razonamiento, la operación mental o el juicio lógico crítico que hace el juzgador, dando lugar a la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido; y iv) el hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación o inferencia mental. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los indicios y su valoración como pruebas, consultar providencias de 2 de mayo de 2007, Exp. 15700, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 10 de julio de 2013, Exp. 27913, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 1 de octubre de 2018, Exp. 53990, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 19 de noviembre de 2021, Exp. 54097, C.P. Nicolás Yepes Corrales; de 24 de abril de 2024, Exp. 52313, C.P. Nicolás Yepes Corrales. SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / NOCIÓN DEL SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / REQUISITOS DEL SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Puede el operador judicial acudir a las reglas de la experiencia como criterio auxiliar para la constatación de hechos controvertidos en el proceso, sin que ello implique una vulneración al principio de inmediación y al deber de fundamentación probatoria, siempre que dichas reglas se basen en prácticas sociales reiteradas y estén respaldadas por hechos demostrados? Respuesta al problema jurídico: Si [L]as reglas de la experiencia han sido definidas por la doctrina como aquel medio a través del cual puede acudir el operador judicial, en conjunto con su actividad intelectual, para llegar a la constatación del hecho objeto de la controversia. Sobre este punto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que las reglas de la experiencia se construyen sobre hechos, cuya cualidad es su repetición frente a los mismos fenómenos bajo determinadas condiciones para que así, puedan ser tenidas como el resultado de prácticas colectivas sociales que por lo consuetudinario se repiten dadas las mismas causas y condiciones y producen con regularidad los mismos efectos y resultados. Sobre este concepto también la Corte Constitucional ha precisado que una máxima de experiencia es principio de lógica o regla de la ciencia y que debe tener fuerza argumentativa complementada por la convergencia de los hechos demostrados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las reglas de la experiencia, consultar providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de 1 de junio de 2016, Exp. 45585; y de la Corte Constitucional, T-073 del 21 de marzo de 2023. MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA DE ABSORCIÓN ATÓMICA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / INDICIO / APRECIACIÓN DEL INDICIO / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO / DISPARO DE ARMAS DE FUEGO / ENFRENTAMIENTO ARMADO Problema jurídico: ¿Debe asumirse que una prueba de residuos de disparo positiva acredita que la víctima accionó un arma de fuego contra agentes estatales, cuando dicha prueba no es concluyente y no se encuentra respaldada por otros elementos de convicción dentro del proceso? Respuesta al problema jurídico: No [R]esultaría en una carga excesiva para la parte demandante, valorar sin objeción alguna la prueba de residuos de disparo que resultó positiva, para dar por hecho que la víctima accionó un arma contra los militares, pues como el mismo perito forense lo advirtió, esta no es definitiva. Igualmente, sobre el alcance de esta prueba, ya esta Sala se pronunció en un asunto parecido y sostuvo que, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, a través de las pruebas de absorción atómica solo es posible establecer la presencia de residuos de disparo en las manos del sospechoso, mas no la autoría del mismo, pues es posible que el hallazgo de plomo, antimonio, bario y cobre no sea la consecuencia de haber disparado un arma, así como que la ausencia de estos elementos puede ser el resultado de la prueba practicada en una persona que sí disparó un arma. De ahí que habrá casos en que dicha evidencia puede valorarse como una prueba indiciaria y, en conjunto con las demás practicadas en el proceso, para realizar el juicio de responsabilidad. No obstante, (...) las otras pruebas recaudadas en el proceso no permiten valorar los residuos de disparo en las manos de la víctima como un indicio, pues ninguna otra evidencia recaudada respalda o indica que el hoy occiso hubiera disparado un arma de fuego la noche del suceso. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del alcance de la prueba de residuos de disparo, consultar providencia de 9 de abril de 2025, Exp. 54255, C.P. Nicolás Yepes Corrales; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de 17 de febrero de 2010, Exp. 29734, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / NORMATIVA DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / MUERTE DE CIVIL / FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO / CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / PRUEBA DE LA FALLA DEL SERVICIO / EXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / ACREDITACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS IMPUTABLE A LA FUERZA PÚBLICA / USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA / USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a título de falla del servicio, por la muerte de un civil en un operativo militar, cuando se demuestra que el uso de la fuerza fue excesivo, arbitrario y desproporcionado, sin que existan pruebas que acrediten que la víctima haya disparado contra los uniformados, ni que haya pertenecido a un grupo armado ilegal? Respuesta al problema jurídico: Si Aproximadamente a las 10:00 pm del 5 de agosto de 2008, en inmediaciones de la hacienda Nohemí, a un lado de la vía que del corregimiento de Rozo conduce al casco urbano de Palmira, falleció (...) [la víctima], habiendo sido abatido junto a cuatro jóvenes más por miembros del Batallón de Ingenieros No. 3 “CR Agustín Codazzi” del Ejército Nacional mediante armas de fuego que le causaron heridas fatales. Según los uniformados, las víctimas eran miembros del grupo delincuencial conocido como “los 25”, quienes se enfrentaron a miembros del Ejército Nacional cuando pretendían cometer un secuestro. Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del Ejército Nacional sobre la muerte (...). Aseguran que él no formaba parte de ningún grupo criminal y que su muerte se produjo en un contexto de ejecución extrajudicial también denominado falso positivo. Sostienen que el daño fue causado por una falla en el servicio atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. (...) [A]nalizados los (...) hechos indicadores bajo los parámetros de la sana crítica y las reglas de la experiencia, es posible tener como hecho indicado que (...) [la víctima] falleció producto del uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército Nacional, dada la desigualdad entre la actuación militar y las condiciones de la víctima la que, además, no se probó que hubiera disparado contra los militares. Así, se demostró una privación arbitraria de la vida de la víctima – contraria a derecho – en cuanto lesiona este interés del más alto raigambre y amparo constitucional y convencional, cuya garantía posibilita el disfrute de los demás derechos y bienes de las personas, entre tanto que su menoscabo lo inhabilita. (...) Igualmente, además del sacrificio de la vida (...), se quebrantaron bienes de igual o similar relevancia, tales como la integridad personal, la honra, la presunción de inocencia de la víctima y el total desconocimiento de la dignidad de la persona humana. (...) Corolario de todo lo expuesto, se encuentra acreditada la falla en el servicio como criterio de imputación del daño antijurídico al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues sus miembros hicieron uso de la fuerza de forma arbitraria e ilegítima, contraria a la misión constitucional de proteger la vida de los residentes en Colombia (artículos 2, inciso 2 y 11 de la Constitución Política) e infringieron la ley (artículo 135 Código Penal), en especial instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Colombia en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Frente a lo anterior, además conviene precisar que no obra prueba alguna en el plenario que acredite el hecho o culpa de la víctima como causante del daño alegado por la entidad demandada. En suma, la Sala confirmará el sentido de la decisión proferida el 27 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 11, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2 INCISO 2, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 93, CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHO HUMANOS DE 1969 - ARTÍCULO 4.1, CONVENIO DE GINEBRA DE 1949 - ARTÍCULO 3, LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULO 135, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 1966 - ARTÍCULO 6 PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR MUERTE / PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE HIJO / PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE HERMANO / PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR MUERTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / REITERACIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer indemnización de perjuicios morales a favor de los familiares de la víctima fallecida, en atención al grado de relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la misma? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n sentencia del 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera de esta Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima (...). De conformidad con los registros civiles de nacimiento, en el expediente está acreditado que (...) [demandantes] eran los padres de [la víctima] y que (...) [demandante] era su hermano. En tal virtud, les corresponde por concepto de perjuicios morales la suma de 100 SMLMV, para cada uno de los demandantes [padres] (...) y 50 SMLMV para (...) [hermano]. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la indemnización de perjuicios morales en caso de muerte, consultar providencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / CONCEPTO DE LUCRO CESANTE / PRESUPUESTOS DEL LUCRO CESANTE / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE Problema jurídico: ¿El lucro cesante se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, el cual, requiere para su reconocimiento e indemnización que sea cierto y existente? Respuesta al problema jurídico: Si En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados. Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste debe ser cierto y existente, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba ayuda económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el lucro cesante, sus presupuestos y naturaleza, consultar providencias de 1 de marzo de 2006, Exp. 17256, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 21 de mayo de 2007. Exp. 15989, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE AYUDA ECONÓMICA SUFRIDA POR MUERTE DE LA VÍCTIMA / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / TRABAJADOR INDEPENDIENTE / CALIDAD DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE / ECONOMÍA INFORMAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante a favor de los familiares de la víctima, por la totalidad de los emolumentos que hubieran podido recibir como apoyo económico, aunque no se encuentre acreditado el monto de lo percibido por el fallecido antes de su muerte? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n la demanda se solicitó condenar a la accionada a pagar por lucro cesante las sumas dejadas de percibir por la víctima como ayudante de vehículo transportador de alimentos en favor de cada uno de sus padres. (...) [Los] testimonios acreditan la actividad productiva de la víctima, de la cual derivaba su sustento y el de su madre, su hermano (...) y su abuela. Sin embargo, solo los padres solicitaron indemnización por este rubro, por lo que, de acuerdo con las pruebas (...), se reconocerá a favor de la demandante (...), en su calidad de madre de la víctima, mas no del padre, pues no se demostró su dependencia económica o que la víctima le ayudara con su sustento. Esto de acuerdo con la jurisprudencia de unificación de esta Sección, según la cual cuando mueren los hijos entre los 18 y 25 años, sin dejar descendencia, a los padres se les reconoce lucro cesante si se demuestra la dependencia económica. En este caso, se sabe por la copia auténtica de su registro civil de nacimiento, que (...) nació el 20 de junio de 1988, por tanto, para la fecha de su muerte (5 de agosto de 2008) contaba con 20 años. Ahora, sobre el reconocimiento y liquidación del lucro cesante derivado de la contribución del hijo para el sostenimiento de sus padres, de vieja data la jurisprudencia de la Corporación tiene establecido como límite temporal del período de dependencia de los padres, “la fecha en que el hijo hubiera cumplido 25 años de edad, puesto que – salvo prueba en contrario- las reglas de la experiencia indican que ese es el momento hasta el cual los padres reciben ayuda económica de los hijos; se estima que a esa edad éstos últimos se emancipan del seno familiar y conforman su propia familia.”. En este orden de ideas, se advierte que (...) [la víctima] alcanzaría la edad de 25 años el 20 de junio de 2013. De lo anterior se infiere que el periodo indemnizable por concepto de lucro cesante a favor de los padres se cuenta desde la fecha de los hechos -5 de agosto de 2008-, hasta el 20 de junio de 2013, lo cual arroja un periodo total a indemnizar de 58,48 meses. Así, teniendo acreditado que (...) [la víctima] era una persona laboralmente activa y que contribuiría en el sustento de su casa materna durante 58,48 meses adicionales desde la fecha de su muerte, se advierte que no obra prueba sobre el ingreso base de liquidación devengado por la víctima (...). [S]e deduce que se trataba de una actividad informal, sin que se demostrara que la víctima tenía un contrato de trabajo. En otras palabras, dado que no se dispone de prueba concreta sobre el ingreso base de liquidación de la víctima, se adopta la tesis de hogaño sostenida por esta Corporación, según la cual, al tener probado que la víctima se dedicaba a una actividad productiva que le proporcionaba el sustento para él y su familia, se debe presumir que su ingreso era equivalente al valor del salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de esta sentencia, fijado en la suma de $1’423.500. Asimismo, en punto al ingreso base de liquidación se deben aplicar los criterios expuestos en la sentencia de unificación de 18 de julio de 2019, en los que se esbozó que el incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales procede siempre que: “i) así se pida en la demanda y ii) [que] se pruebe suficientemente que el afectado con la medida trabajaba como empleado al tiempo de [la ocurrencia del daño], pues las prestaciones sociales son beneficios que operaran con ocasión de una relación laboral subordinada”. En este orden de ideas, en punto al ingreso base de liquidación se descontará el 25% correspondiente al valor que la víctima destinaba para su propia subsistencia y no se reconocerá el 25% por prestaciones sociales, toda vez que (...) [la víctima] ejercía una actividad informal y no contaba con un contrato de trabajo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la indemnización por pérdida de ayuda económica por fallecimiento de un familiar, consultar providencia de de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. En relación con el límite temporal para la liquidación del lucro cesante derivado de la contribución del hijo para el sostenimiento de sus padres, consultar providencias de julio 19 de 2001, Exp. 13086, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 6 de julio de 2007, Exp. 16064, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de junio 9 de 2005, Exp. 15129, C.P. Ruth Stella Correa Palacios; de 6 de julio de 2005, Exp. 13406, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Acerca de la presunción de salario mínimo para liquidar el perjuicio material por lucro cesante, consultar providencia de 19 de julio de 2000, Exp. 11842, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Sobre los parámetros de liquidación del lucro cesante, consultar providencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 11 de noviembre de 2020, Exp. 50349, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 13 de agosto de 2021, Exp. 49571, C.P. Nicolás Yepes Corrales. PERJUICIO INMATERIAL / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL PERJUICIO INMATERIAL / CLASES DE PERJUICIO INMATERIAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL / DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN / MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO / NEGACIÓN DE LA MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO / DAÑO A BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO / BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer indemnización pecuniaria a favor de los demandantes a título de daño a la vida de relación, rubro indemnizatorio que en la actualidad se encuentra contemplado dentro de la categoría de perjuicio conocida como afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados; al considerar que esta indemnización se encuentra reservada únicamente para la víctima directa, según la relevancia del caso y la gravedad de los hechos? Respuesta al problema jurídico: No [L]a demanda solicitó condenar a la accionada a pagar, por daño a la vida de relación, 1.000 SMLMV para cada uno de los demandantes. Con relación a este rubro indemnizatorio, se advierte que los perjuicios reclamados por los demandantes forman parte de la más reciente categoría de perjuicio reconocida por la jurisprudencia como afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, que establece la compensación, de oficio o a petición de parte, a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano. Sin embargo, la jurisprudencia unificada fijó la posibilidad de reconocimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV única y exclusivamente para la víctima directa del daño, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral del daño. Así las cosas, es decir, toda vez que el reconocimiento pecuniario por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados se reservó única y exclusivamente para la víctima directa del daño, en el presente caso no es procedente el reconocimiento peticionado para cada uno de los demandantes, por cuanto estos acuden a la jurisdicción en calidad de víctimas de rebote o indirectas, y no de directos damnificados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la indemnización por afectación de bienes y/o derechos convencional y constitucionalmente amparados, consultar providencias de 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 28 de agosto de 2014, Exp. 28804, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / CONDENA NO PECUNIARIA / PROCEDIBILIDAD DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / MEDIDAS DE SATISFACCIÓN / GARANTÍA DE SATISFACCIÓN / GARANTÍA DE NO REPETICIÓN / PUBLICACIÓN DE SENTENCIA / DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN / DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO Problema jurídico: ¿Resulta procedente acceder a la solicitud de medidas de satisfacción y garantías de no repetición, como la publicación y divulgación de la sentencia condenatoria contra el Estado por la ejecución extrajudicial de un civil, cuando se determina que dichas medidas contribuyen a la construcción de la memoria histórica, al reconocimiento público del error cometido y a la prevención de hechos similares en el futuro? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n la demanda se solicitó como medida de satisfacción y garantía de no repetición que se condene a la demandada a que garantice la no repetición de los hechos ocurridos y a reconocer públicamente el error cometido con la muerte (…). El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a esta pretensión y condenó a la demandada a publicar la sentencia en un lugar visible en la sede principal de la entidad y a divulgarla por medios escritos físicos y magnéticos por todos los batallones y brigadas del Ejército Nacional. Dicha medida será confirmada por esta Sala de Subsección, dado que contribuye a la cimentación de la memoria histórica, con el propósito de que hechos como el objeto de la presente demanda no se repitan. DAÑO A LA SALUD / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA SALUD / FALTA DE PRUEBA / DAÑO PSÍQUICO / PERTURBACIÓN PSÍQUICA / TRATAMIENTO MÉDICO / DICTAMEN PSICOLÓGICO / DICTAMEN PSIQUIÁTRICO / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / HOMICIDIO / MUERTE DE CIVIL / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Debe el juez acceder a la pretensión de ordenar tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico especializado a los familiares de una víctima de ejecución extrajudicial, cuando se han practicado dictámenes periciales orientados a establecer las secuelas emocionales sufridas, pero se concluye que no se acreditó de forma suficiente el perjuicio psíquico, a pesar del contexto traumático y la naturaleza del hecho violento? Respuesta al problema jurídico: No [E]n la demanda se solicitó condenar a la accionada a brindar el tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico especializado que requirieran los demandantes. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó esta pretensión, con fundamento en que no se probó que los actores sufrieron un daño psicológico debido a la muerte (…). Pues bien, para la acreditación de este perjuicio, se practicó el dictamen psicológico y/o psiquiátrico realizado por un perito médico psiquiatra del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a algunos de los demandantes, que (…) fue con el fin de que “se dictamine qué secuelas o grado de deterioro para su vida normal sufrieron como consecuencia del homicidio (…) el 5 de agosto de 2008, si es posible su recuperación mediante terapias o qué clase de tratamiento debe realizarse, asimismo, sírvase expedir las cotizaciones de estas intervenciones”. (…) De ahí que, (…) no se probó que los demandantes sufrieran un daño psíquico o psicológico a causa de la muerte (…), que ameritara el tratamiento médico que solicitaron. Por tanto, la Sala confirmará la decisión del Tribunal a quo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000201001127021100103