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clave: "consejo_estado:providencia:73001233100020070008802-49112-sentencia-conflicto-armado"
titulo: "Consejo de Estado: se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-03-10"
radicado: "73001233100020070008802"
numero: "49112"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada

- **Título oficial / radicado:** Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-03-10
- **Radicado:** 73001233100020070008802
- **Número interno:** 49112
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPARACION DIRECTA
- **Actor:** OLIVA VARGAS CHAGUALA Y OTROS
- **Demandado:** -EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:73001233100020070008802-49112-sentencia-conflicto-armado
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/73001233100020070008802/3DB21CB44C7DFA4FECB601415AB99AD70F14AD074DEE3FF1DF8C769098A51199/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=730012331000200700088021100103

## Problema jurídico

¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
- ¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…
- ¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 136

## Extracto

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial.

## Síntesis temática

Aunque la caducidad no se haya discutido en el proceso ni fuera alegada por las partes, el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio. Los plazos que el legislador establece para cada medio de control son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que su vencimiento sin que el interesado presente la solicitud judicial extingue el derecho de accionar y consolida las situaciones pendientes. La finalidad de estos plazos es otorgar seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo. En el caso concreto, la acción de reparación directa por la muerte de un civil fue presentada dentro del término legal, y la sentencia fue modificada. Como consecuencia práctica, la oportunidad de la acción de reparación directa debe verificarse de oficio en los procesos de daños con ocasión de operaciones militares, aun cuando la caducidad no haya sido discutida.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, MUERTE DE CIVIL, ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL, USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, USO INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA, USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA, USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA, DELITO DE LESA HUMANIDAD, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, DAÑO ANTIJURÍDICO, CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO, CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, CONCEPTO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, NORMATIVA DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, PERSONA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, FALSO POSITIVO, CASO FALSO POSITIVO, DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS IMPUTABLE A LA FUERZA PÚBLICA, DERECHO A LA VIDA, VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, INDICIO, APRECIACIÓN DEL INDICIO, VALOR PROBATORIO DEL INDICIO, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL, INFERENCIA LÓGICA, ARMAS DE FUEGO, USO DE ARMAS DE FUEGO, PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD, USO DE LA FUERZA PÚBLICA, PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, AUTONOMÍA DEL JUEZ, EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ, CRITERIO DEL JUEZ, DECISIÓN DEL JUEZ, DIFERENCIA ENTRE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y PROCESO PENAL, DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDAD PENAL, DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ, VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FALLO DISCIPLINARIO, VALOR PROBATORIO DEL FALLO DISCIPLINARIO, SENTENCIA PENAL, RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, CONCEPTO DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, ELEMENTOS DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, EFECTOS DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, PRUEBA TRASLADADA, PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL, PROCESO DISCIPLINARIO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA, CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA, PRUEBA DOCUMENTAL, PRUEBA TESTIMONIAL, MEDIOS DE PRUEBA, PAGINA WEB DE LA RAMA JUDICIAL, PÁGINA WEB DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA RAMA JUDICIAL, PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PÁGINA WEB, JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, MENSAJE DE DATOS, VALOR PROBATORIO DEL MENSAJE DE DATOS, VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA, DOCUMENTO PÚBLICO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, INFORME DE LA POLICÍA NACIONAL, OPERACIÓN MILITAR, RESPONSABILIDAD EN LA OPERACIÓN MILITAR, CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO, AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO, PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO, PRENSA, ARTÍCULOS DE PRENSA, DOCUMENTO PERIODÍSTICO, PUBLICACIÓN EN PRENSA, VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO, PERIÓDICO, VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA, TESTIMONIO EN ENTREVISTA, POLICÍA JUDICIAL, DILIGENCIA DE LA POLICÍA JUDICIAL, FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL, MIEMBROS DE LA POLICÍA JUDICIAL, MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES, ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA, TRASLADO DE PRUEBA, VERSIÓN LIBRE, VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE, DECLARACIÓN REALIZADA EN VERSIÓN LIBRE, INDAGATORIA, DILIGENCIA DE INDAGATORIA, VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA, VALOR PROBATORIO DE LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA, JURAMENTO, FALTA DE JURAMENTO, DECLARACIÓN DE PARTE, VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DE PARTE, INTERROGATORIO DE PARTE, VALOR PROBATORIO DEL INTERROGATORIO DE PARTE, CONFESIÓN, AUSENCIA DE LA CONFESIÓN, INEXISTENCIA DE LA CONFESIÓN, DOCUMENTO PRIVADO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO, REQUISITOS DEL DOCUMENTO PRIVADO, AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO, FALTA DE FIRMA DEL DOCUMENTO, DOCUMENTO SIN FIRMA, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO SIN FIRMA, DOCUMENTO DE FECHA CIERTA, INEFICACIA DEL DOCUMENTO, TESTIMONIO EXTRAPROCESO, VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO EXTRAPROCESO, RATIFICACIÓN DEL TESTIMONIO, IMPROCEDENCIA DE LA RATIFICACIÓN DEL TESTIMONIO, TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIMONIO SOSPECHOSO, DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIMONIO DE OÍDAS, TESTIGO DE OÍDAS, VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIGO DE OÍDAS, VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO DE OÍDAS, CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CAMPESINO PRESENTADO COMO GUERRILLERO, FALLA DEL SERVICIO, CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO, EXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO, ACREDITACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO, EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL, CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONFLICTO ARMADO, DAÑO CAUSADO A CIVIL DURANTE CONFLICTO ARMADO, DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO, CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, CONFLICTO ARMADO INTERNO, VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, PERJUICIO MORAL, PERJUICIO MORAL POR MUERTE, PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE HIJO, PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE HERMANO, PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR MUERTE, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, PROCEDENCIA DEL PERJUICIO MORAL, TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, REITERACIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, LUCRO CESANTE, PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, PRESUPUESTOS DEL LUCRO CESANTE, PRUEBA DEL LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE AYUDA ECONÓMICA SUFRIDA POR MUERTE DE LA VÍCTIMA, MADRE, OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, PRESUNCIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE, CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE, CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE

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## Texto del documento

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / MUERTE DE CIVIL / ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA / DELITO DE LESA HUMANIDAD / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (...) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia y precisó que, salvo para el caso de desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción. Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política". En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la muerte (...) tuvo lugar el 29 de noviembre de 2006, según consta en la copia auténtica de su registro civil de defunción; y ii) que la demanda se presentó el 22 de marzo de 2007, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la oportunidad para pronunciarse sobre la caducidad, consultar providencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093, C.P. Hernán Andrade Rincón. Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 22867, C.P. Danilo Rojas Betancourth; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa con ocasión de los delitos de lesa humanidad, consultar providencia de 29 de enero de 2020, Exp. 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136
CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de daño antijurídico, consultar providencias de 11 de noviembre de 1999, Exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 27 de enero de 2000, Exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Referente a la imputación del daño antijurídico, consultar providencia de 18 de mayo de 2017, Exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCEPTO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / NORMATIVA DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / PERSONA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS IMPUTABLE A LA FUERZA PÚBLICA / DERECHO A LA VIDA / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / INDICIO / APRECIACIÓN DEL INDICIO / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / INFERENCIA LÓGICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por la fuerza pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto legítimo de defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado, por lo que, frente a la verificación de las circunstancias propias de cada caso, ante el relato opuesto de las víctimas y la versión oficial de los agentes del Estado, el papel del juez consiste en establecer la mayor cercanía a la verdad material a partir de los postulados de la sana crítica, de la autonomía judicial y de la probabilidad e inferencia lógicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
De vieja data la Sección Tercera de la Corporación ha reprochado las conductas desplegadas por la fuerza pública, de policía o militar, que puedan significar actos de ejecución extrajudicial de personas en condición de indefensión, ajenas al conflicto armado o de aquellas que hayan depuesto las armas y que por ende ya no participan en la confrontación con el Estado. En este sentir, se ha reiterado que los derechos a la vida y a la integridad física de las personas, además de encontrase expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de los que Colombia hace parte y conforman el bloque de constitucionalidad, pero que exigen del Estado la obligación de fomentar y adoptar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar que se presenten ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Ahora bien, dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por la fuerza pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto legítimo de defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado. El montaje puede entrañar, entre muchas posibilidades, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los subversivos y con el enfrentamiento; o calzarlas con botas de combate, entre otras. Asimismo, es de común ocurrencia en esta clase de eventos que las víctimas sean presentadas por los militares y anunciadas a los medios de comunicación como insurgentes o delincuentes abatidos en combate, a menudo reportados como NN´s, sepultados en fosas comunes sin previa identificación, pese a los medios existentes para obtener su individualización. Entonces, este tipo de situaciones se caracterizan porque en torno a ellas se realiza una verdadera mise en scene encaminada a aparentar que la muerte de una persona ajena al conflicto armado se produjo porque esta representaba una amenaza contra la sociedad o contra la vida e integridad de la población o de los integrantes de las fuerzas del orden, cuando en realidad su deceso ocurrió por actuaciones de agentes públicos que configuran una falla en el servicio por resultar arbitrarias, injustificadas o desproporcionadas y contrarias al mandato constitucional de protección de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

8 de agosto de 2014 de la Sección Tercera de esta Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima (...). De conformidad con los registros civiles de nacimiento, en el expediente está acreditado que (...) [las demandantes] en su orden, eran la madre y la hermana de la víctima. En tal virtud, respecto a la víctima, las demandantes se ubican en los niveles 1 y 2 de cercanía afectiva y, en consecuencia, corresponde reconocer por concepto de perjuicios morales la suma de 100 SMLMV (...) y 50 SMLMV (...), como en efecto lo reconoció el tribunal de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la indemnización de perjuicios morales en caso de muerte, consultar providencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / CONCEPTO DE LUCRO CESANTE / PRESUPUESTOS DEL LUCRO CESANTE / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El lucro cesante se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, el cual, requiere para su reconocimiento e indemnización que sea cierto y existente?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados. Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste debe ser cierto y existente, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba ayuda económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el lucro cesante, sus presupuestos y naturaleza, consultar providencias de 1 de marzo de 2006, Exp. 17256, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 21 de mayo de 2007. Exp. 15989, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE AYUDA ECONÓMICA SUFRIDA POR MUERTE DE LA VÍCTIMA / MADRE / OBLIGACIÓN ALIMENTARIA / PRESUNCIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA / ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante a favor de los familiares de la víctima, por la totalidad de los emolumentos que hubieran podido recibir como apoyo económico, aunque no se encuentre acreditado el monto de lo percibido por el fallecido antes de su muerte?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a demanda peticionó por perjuicios materiales, a título de lucro cesante, la suma de $57.883.641.03 para (...) [la madre de la víctima]. El Tribunal Administrativo del Tolima condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar por lucro cesante, la suma de $57.883.641.03 (...). En este orden de ideas, de cara al reconocimiento del lucro cesante la prueba documental y testimonial (…) obrante en el plenario es unánime en afirmar que (…) [la víctima] trabajaba como recolector de café y, en efecto, el día y hora de los hechos la víctima se encontraba en desarrollo de su actividad productiva. Lo anterior, pese a que no se tiene establecido el ingreso mensual devengado por la víctima. Asimismo, se tiene acreditado que (…) aportaba al sustento económico de su progenitora, tal y como lo afirman los residentes de la vereda Maracaibo. (…) [Los] testimonios acreditan la actividad productiva de la víctima, de la cual derivaba su propio sustento, así como el de su progenitora, aunque no ofrecen información certera sobre el valor mensual devengado en el desempeño de su labor. En otras palabras, no obra prueba sobre el ingreso base de liquidación devengado por la víctima, en razón a lo cual se debe dar aplicación a la tesis de hogaño sostenida por esta Corporación, presumiendo, con fundamento en el hecho probado de que la víctima se dedicaba a una labor productiva de la cual derivaba el sustento para sí y para su familia, que obtenía de su trabajo una suma equivalente al valor del salario mínimo legal. Asimismo, en punto al ingreso base de liquidación se deben aplicar los criterios expuestos en la sentencia de unificación de 18 de julio de 2019, en los que se esbozó que el incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales procede siempre que: “i) así se pida en la demanda y ii) [que] se pruebe suficientemente que el afectado con la medida trabajaba como empleado al tiempo de la detención, pues las prestaciones sociales son beneficios que operaran con ocasión de una relación laboral subordinada”. Igualmente, también debe aplicarse la jurisprudencia de la Corporación en la que se ha reconocido la presunción según la cual los hijos contribuyen al sostenimiento económico de sus padres hasta que estos alcanzan los 25 años de edad en virtud de la obligación alimentaria contenida en el numeral 3º del artículo 411 del Código Civil, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso. Pues bien, la Sala observa que la liquidación efectuada por el Tribunal Administrativo de Caldas cumple con los mencionados parámetros y fórmulas para liquidar el lucro cesante consolidado y futuro. Por lo anterior y teniendo en cuenta que la liquidación del lucro cesante que se realizó en primera instancia se calculó conforme a la jurisprudencia, el referido valor será actualizado aplicando para tal efecto la fórmula utilizada por esta Corporación (…).
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la liquidación del lucro cesante, consultar providencias de 18 de julio de 2019, Exp. 44572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 11 de noviembre de 2020, Exp. 50349, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 13 de agosto de 2021, Exp. 49571, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Acerca de la presunción según la cual los padres contribuyen al sostenimiento económico de sus hijos hasta que estos alcanzan los 25 años de edad, consultar providencia de 18 de marzo de 2010, Exp. 17047, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 411 NUMERAL 2

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia Conflicto Armado — Sentencia. 2025-03-10. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 73001233100020070008802. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:73001233100020070008802-49112-sentencia-conflicto-armado).
