Titulación de la relatoría 19.090 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / LEY 678 DE 2001 / CONDENA / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / HECHO DAÑOSO / SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la Ley 678 de 2001 porque el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre de 2009, por lo que, el demandante tiene que especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor o ex servidor público demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Régimen jurídico aplicable al asunto. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior (…). Por ende, como en este caso el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre de 2009, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001. En todo caso, al ente actor le asiste la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor o ex servidor público demandado. Como lo ha precisado la jurisprudencia administrativa, esta carga se impone como garantía del derecho de defensa y contradicción del demandado en repetición, el cual se encuentra en una posición procesal desventajosa, como consecuencia de la inversión probatoria que envuelven las presunciones de culpa grave y dolo previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001. Como efecto natural de la omisión de esta carga procesal, las presunciones de dolo y culpa grave referidas se han inaplicado, dando paso a un análisis general del elemento subjetivo de la responsabilidad por repetición.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de mano de 2007, exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de junio de 2018., exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 56777, C.P. Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, exp. 51498, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, sentencia del 22 de agosto de 2022, exp. 57229, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de diciembre de 2019, exp. 63292, C.P. Guillermo Sánchez Luque y Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, exp. 40755, C.P, Ramiro de Jesús Pazos. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencias C-279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt; sentencia C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny y sentencia C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DOLO / PRUEBA DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / SERVIDOR PÚBLICO / MEDIOS DE PRUEBA / CULPABILIDAD
Problema jurídico:
¿Puede probarse el dolo o la culpa grave del funcionario público con la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo condenatorio ata al juez que conoce de la repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
En punto al juicio de culpabilidad, viene oportuno recordar que la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo condenatorio no ata al juez de la repetición por tratarse, este último, de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del servidor que imposibilita extrapolar las conclusiones en torno a la circunstancia que motivaron la condena del organismo, en tanto se centra en la valoración de la conducta del agente conforme a las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron los medios probatorios allegados al proceso judicial que sustentó la pretensión de reembolso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez. Atinente al tema, ver, Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 26 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AGENTE DE POLICÍA / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / FUNCIONARIO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / NEXO DE CAUSALIDAD / INEXISTENCIA DE PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / CONDENA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / MUERTE DE PERSONA / MUERTE DEL CIUDADANO / MUERTE DE CIVIL / ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / ARMAS DE FUEGO / USO DE ARMAS DE FUEGO / RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL / ACTIVIDAD PELIGROSA / EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / DAÑO EN EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD PELIGROSA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / AGENTE DEL ESTADO / DAÑO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PROCESO PENAL / PROCESO DISCIPLINARIO / PRINCIPIO DE NECESIDAD MILITAR / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / CONCILIACIÓN JUDICIAL / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / ACUERDO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿El demandado en condición de patrullero de la Policía Nacional incurrió en una conducta gravemente culposa por desconocimiento del manual de uso de las armas con sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad, al accionar su revólver de dotación oficial durante un operativo policial, en el cual se causó la muerte a una mujer que se encontraba en la zona donde ocurrió la persecución?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto a la relación causal entre el comportamiento del patrullero y el daño que motivó la condena, observa la Sala que en la sentencia expedida en el proceso de reparación directa promovido por los familiares de la fallecida (…), se tomó en consideración que la muerte ocurrió el 12 de noviembre de 2009, fue causada por lesión con proyectil de arma de fuego, en la zona parietal izquierda de la cabeza, con trayectoria postero-anterior, derecha-izquierda, según acta de necropsia allegada a ese expediente. (…) De esta forma, el juez de la reparación directa fundó la decisión condenatoria en juicio objetivo de atribución de responsabilidad por la concreción del riesgo derivado del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es el uso de armas de fuego, al considerar que el proyectil y las vainillas “enviadas para estudio” fueron percutidas por los “patrulleros de la Policía”. La aplicación de dicho régimen supone que el daño devino por el ejercicio de una acción legítima del Estado encomendada a la Policía Nacional como “cuerpo armado permanente” encargado de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y asegurar la convivencia pacífica. En el juicio de culpabilidad, el análisis de las circunstancias en las que ocurrió el hecho dañoso que dio lugar a la condena resulta determinante para calificar la conducta del agente del Estado contra el que se ejerce la acción de repetición, pues la evaluación del comportamiento del servidor en el escenario del daño es lo que permite encuadrar su conducta como dolosa o gravemente culposa. Pero, al fundamentar el juicio de responsabilidad del Estado en un régimen objetivo de responsabilidad, el juez de reparación directa no se ocupó del análisis de las circunstancias en las que ocurrió el operativo policial que dio lugar al hecho dañoso, para determinar así si el uso de las armas se sujetó a los principios de necesidad y proporcionalidad. En ese orden, si bien la sentencia condenatoria tuvo por acreditado el nexo causal entre el daño y la actuación de los “patrulleros de la Policía”, las consideraciones que sustentaron la decisión carecen de los elementos de juicio necesarios para determinar que se configuró la conducta gravemente culposa atribuida a (…) en este juicio de culpabilidad. (…) [En el caso concreto] [L]os fallos disciplinario y penal no son suficientes para acreditar la causal de culpa grave atribuida al demandado, por las siguientes razones: (i) en ninguno de los procesos se realizó una prueba científica de las dos vainillas y el proyectil calibre 9 milímetros encontrados en el lugar donde ocurrió el hecho dañoso, que permitiera definir cuál de los proyectiles percutidos impactó el cuerpo de la occisa; (ii) no se hizo referencia al informe de gasto de munición, con el cual se dilucidaría cuantos proyectiles dispararon los policías que portaban pistolas calibre 9 milímetros durante el operativo policial; (iii) no existe certeza sobre los disparos que presuntamente realizó el hoy demandado, pues en el proceso disciplinario se afirmó que disparó en cuatro ocasiones, mientras que en el penal se aseveró que realizó dos disparos hecho que, además, no guardan coherencia con el inventario de los tres elementos encontrados en la escena de los hechos; (iv) las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en las providencias no desvirtúan el uso de las armas con sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad, primero, porque no se descartó la hipótesis de que el perseguido pudiera haber disparado en la huida y, segundo, porque las condiciones en las que ocurrió el hecho impedían prever la presencia de personas en el área, dado que la persecución ocurrió en la noche, en una zona boscosa y barrancosa, que impedía visibilizar la vivienda de la occisa por estar ubicada detrás de unos árboles. (…) Bajo esta perspectiva, resulta forzoso concluir que la respuesta al problema jurídico planteado es negativa, pues en el sub examine el organismo accionante no demostró que el policía (…) hubiera actuado con culpa grave, consistente en la infracción del manual sobre el uso de las armas bajo la sujeción de los principios de necesidad y proporcionalidad, ni la relación causal entre el comportamiento del patrullero y el daño que motivó la condena judicial conciliada.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 218
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / SENTENCIA JUDICIAL / PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / MEDIOS DE PRUEBA / VALIDEZ DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL
Problema jurídico:
¿Las sentencias judiciales pueden probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
Respuesta al problema jurídico: No
No pasa por alto la Sala, por demás, que, como lo ha sostenido la Sección Tercera desde el 3 de octubre de 2007, “[…] las sentencias son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales, pero no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. En cada proceso el juez debe fundarse en las pruebas allegadas al mismo (art. 174 CPC hoy 164 del CGP) y las partes deberán tener la oportunidad para contradecirlas
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, exp. 41001-23-31-000-1995-08354-01, C.P. Ruth Stella Correa; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2021, exp. 13001-23-31-000-2006-00358-02 (46393), C.P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 12 de abril de 2021, exp. 15001-23-31- 000-2011-00567-01 (63984), C.P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia del 25 de junio de 2021, exp. 13001-23-31-000-2002-00680-02 (42103), C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 174, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRINCIPIO DE MORALIDAD
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia en el caso sub examine, solo en lo relativo a la fijación de agencias en derecho a favor del demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]l no haberse decantado claramente el legislador, en el CPACA, por una exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas, “salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una de las partes, que el precepto legal no prevé. Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter patrimonial”, por medio del cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y inherentes a ella”. Si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso. La repetición, como “acción civil de carácter patrimonial” con “fines retributivo y preventivo”, supone un ejercicio razonable del derecho de acción, circunscribiéndolo a los eventos en que el organismo estatal vislumbre un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor acusado por infringir sus deberes funcionales o por la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, a partir de una comprobación certera de las circunstancias de hecho que sustentan la pretensión de reembolso. (…) La Sala procede, pues, a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del CGP, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto es, a las expensas, gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y agencias en derecho, los cuales deben ser “tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente”. En cuanto a las reglas para la imposición de la condena, la norma procesal general establece que procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas, la Sala observa que en este caso no procede su imposición por los componentes de expensas, porque no aparece demostrado en el expediente que la parte demandada hubiera incurrido en gastos por esos conceptos durante la segunda instancia. En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se encuentra demostrado que el apoderado del demandado presentó alegatos de conclusión en segunda instancia. En ese orden, la Sala fijará el monto de las costas por agencias en derecho a favor (…) en cuantía de un (1) S.M.M.L.V., con cargo al Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 12 de agosto de 2002, exp. 11001-03-15-000-2001-0127-01(REV-0127), C.P. Roberto Medina; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 13 de junio de 2000, exp. AC-10252, C.P. Ana Margarita Olaya; sentencia del 27 de abril de 2004, exp. 11001-03-15-000-2003-00311-01(S-311), C.P. Alfonso María Vargas; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de diciembre de 1993, exp, AC-1276, C.P. Alfonso María Vargas y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de noviembre de 1925, C.P. José A. Valverde R.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 362, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 363, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 70, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 3